Ecologistas denuncian al gobierno de Canarias por suavizar la normativa de costas en contra del bien público

Hablamos con el ecologista Honorio Galindo que ha hecho alegaciones al trámite de consulta pública previa sobre la iniciativa legislativa de la ley de gestión del litoral y las costas del Archipiélago (boc nº 53, de 13 de marzo de 2026) del Gobierno de Canarias. Además, el grupo Agonane-Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la ocupación de la playa de la Goleta (Waikiki) en favor del negocio de unos pocos que impiden el uso libre de la playa al pueblo. Un lugar ubicado en un sitio privilegiado que está bañado por un Lugar de Interés Comunitario (LIC marino) que debe cuidarse como un museo. Podcast Del Jable al Malpey/ 2026.04.21. I Parte. Presentación: Marusa Hernández y Sofía Menéndez. Sonido: Juanfra Rodríguez Introducción: “No se vende la playa...no se vende la raíz. No se compra la tierra donde nací feliz.... La patria no se alquila.... La playa es del pueblo devuélvanla ladrón...” versos de una canción del grupo de música dominicana Sabat Beatto.  Hoy hablamos de cómo están siendo vapuleadas las playas y la costa. Hay cambio climático, pero quizás los gestores prefieren seguir pensando que se puede seguir sacando partido de la arena y la naturaleza como si fuera un mercado de copas con los pies metidos en la orilla del mar. Concretamente está pasando en la playa de la Goleta, también llamada como Waikiki, en Corralejo, La Oliva. Hacemos una similitud del caos con la película de los hermanos Marx del tren que van quemando "más madera" para ir más rápido. Aquí en vez de traer madera, parece que el responsable de la playa- como Groucho Marx- gritará más mesas, más sillas, más cerveza, más sombrillas que son pocas... venga, venga hasta el mar. Curiosamente cuando todavía era competencia del Estado las costas canarias, en esta playa se precintaron las mesas y las sillas porque era ilegal servir copas en un lugar de Dominio Público Marítimo Terrestre, propiedad de todos. La batalla de sentar a los turistas a beber y el negocio de unos pocos supone un enorme deterioro ambiental de esta playa con unas preciosas vistas al Islote de Lobos. En verano de 2022, Ecologistas en Acción insertó en este lugar la bandera negra por la mala gestión en un espacio natural convertido en una zona sucia y ruidosa para que unos pocos hagan caja. “Hoy de nuevo en 2026, para entrar en la playa casi hay que pedir permiso, la ocupación por parte de mesas, sillas y sombrillas, impiden el uso libre de la playa. Sin embargo, el debate, curiosamente sigue en que la normativa está en un limbo, siempre a favor de vilipendiar y no cuidar la naturaleza y el bien público. Dónde está la voluntad política se preguntan los ecologistas. Las autoridades locales se escudan en que no tienen competencia para que la playa no se convierta en un extenso chiringuito, donde se sirven copas y comida en la arena de la playa”, afirman los miembros de Agonane-Ecologistas en Acción. Nuestro primer invitado Honorio Galindo que acaba además de presentar alegaciones a la consulta pública de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, asegura que con la Ley de costas en la mano esto no se puede permitir. Para Honorio Galindo el informe de consulta previa presenta una dicotomía insalvable. Mientras el preámbulo invoca la preservación del medio natural, el cuerpo de la iniciativa prioriza la "protección de asentamientos existentes". Pues bajo una apariencia de protección ambiental, se pretende dotar de un marco normativo "ad hoc" para consolidar ocupaciones privadas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), lo cual desvirtúa el fin último de la gestión litoral. En segundo lugar, según Honorio Galindo, vicepresidente también de la Plataforma Salvar Chira-Soria, se vulnera la jerarquía normativa de la Ley 22/1988 de Costas; porque cualquier iniciativa legislativa autonómica debe supeditarse a la legislación básica del Estado. El Art. 132.2 de la Constitución Española y la Ley de Costas (Ley 22/1988) establecen que el DPMT es inalienable e imprescriptible. “La normativa estatal prohíbe taxativamente el uso de domicilio en DPMT -añade- Así como la ocupación excepcional: Solo se permiten infraestructuras que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar o sean necesarias para la protección de la vida humana. Pretende el Gobierno de Canarias, mediante esta ley, realizar una "legalización encubierta" de establecimientos (como los hoteles en Dunas de Corralejo o núcleos de viviendas ilegales) que ya cuentan con expedientes de derribo firmes, lo cual supondría un fraude de ley y una invasión de competencias estatales”. La plataforma liderada por Honorio Galindo apuesta por la recuperación íntegra del litoral. La consolidación de asentamientos "caóticos y salvajes", como se describe en el borrador, ha generado una pérdida insostenible de biomasa, biodiversidad y un aumento de la contaminación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Principio de No Regresión Ambiental impide que una nueva ley autonómica reduzca los niveles de protección ya alcanzados por la normativa estatal previa. Legalizar lo que hoy es una infracción grave supondría un retroceso histórico en la protección de nuestras islas, afirma Honorio Galindo. Además de considerar la incompatibilidad con la Emergencia Climática, pues en un contexto de ascenso del nivel del mar y aumento de fenómenos costeros adversos, la prioridad legislativa no debe ser proteger "asentamientos", sino liberar el litoral para permitir el ajuste natural de los ecosistemas (resiliencia costera). Mantener infraestructuras privadas en primera línea de costa es una política temeraria que ignora los riesgos climáticos actuales.