El Congreso argentino define el futuro del decreto masivo de Milei

En esta edición, analizamos las repercusiones del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei y el rumbo al que quiere dirigir a Argentina. En otro orden, hablamos de la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú.El intento del Gobierno argentino de cambiar más de 300 leyes sin un debate en el Congreso, encendió las alarmas de prestigiosos juristas y dirigentes políticos por la atribución de poderes que le son propios al Ejecutivo. El decreto impulsado por Milei deberá ser legitimado o rechazado completamente por una comisión bicameral en el Parlamento. En caso de no tener los votos para poner en vigencia las medidas, deberán enviar las mismas iniciativas como proyectos de ley para que tengan el tratamiento correspondiente y con los plazos del Poder Legislativo. "Estamos llevando un debate interno dentro de nuestro partido sobre si debemos acompañar este decreto. Personalmente pienso que no es el método correcto", afirmó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gabriel Chumpitaz, en comunicación con Cara o Ceca. Sin embargo, el parlamentario anticipó que acompañaría las medidas en gran parte si ingresaran como proyectos de ley. "Creo que la inmensa mayoría de las propuestas que llevó adelante la Presidencia de la Nación son más que interesantes. Solo veo un problema en la metodología de implementación". Además, recordó que su partido enarbola la institucionalidad como valor. "Nuestro partido se llama Propuesta Republicana y hace del republicanismo una bandera. Dirigentes de nuestro partido como Patricia Bullrich [actual ministra de Seguridad] han criticado en varias oportunidades el uso de decretos del Gobierno anterior en situaciones de emergencia como la pandemia". Chumpitaz respaldó el protocolo para manifestaciones que intenta evitar los cortes de calle. "Plantea acciones de orden público y me parece correcto. Yo entiendo que existe el derecho a la protesta y me parece perfecto, pero no existe el derecho a joderle la vida a quien quiere trabajar, estudiar, transitar libremente. Una cosa es reclamar, otra es cometer un delito". Al margen del tratamiento político, quienes también observan de cerca estas medidas son los dueños de pequeñas y medianas empresas. "El DNU afecta la actividad salarial de la gente y deja librados los precios a los proveedores, que en general son oligopolios. Por ende, nos ataca doblemente: tendremos que comprar caro, pero luego nos costará ubicar los productos por la caída de la demanda", sostuvo Raúl Hutin, empresario textil y miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Perú, en la mira internacional por liberar a Fujimori La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Perú en desacato por la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori. Sin embargo, el Gobierno rechazó estas acusaciones a través de un comunicado de la Cancillería, donde señala que "no ha existido desacato alguno por parte del Estado". "Jurídicamente no hay manera de sustentar lo que se ha hecho. Es sumamente preocupante el estado de las cosas en cuanto a derechos humanos en el país", dijo a Cara o Ceca la politóloga peruana Eliana Carlín. "Esto data desde el 2017 cuando [el expresidente] Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) le otorgó un indulto que no cumplía con los requisitos necesarios y se notaba que era productor de una transacción política. Ahora la Corte IDH está siendo consistente con su postura", agregó.