Democracy now!

¿Es inminente una invasión rusa de Ucrania? En el centro de esta catástrofe evitable está la preocupación de Rusia por la creciente amenaza militar estadounidense a un paso de sus fronteras. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, a través de sus aliados de la OTAN, ha desplegado tropas y armamento en zonas cada vez más cercanas a Rusia, a pesar de la promesa que el secretario de Estado de Estados Unidos James Baker hizo al líder soviético Mikhail Gorbachev en 1990 de que Estados Unidos no se expandiría "ni un centímetro más hacia el este". En la actualidad, cerca de 100.000 soldados rusos están apostados a lo largo de la frontera con Ucrania y las Fuerzas Armadas ucranianas están en alerta máxima. Echando más leña al fuego, el presidente Biden ha puesto a 8.500 soldados estadounidenses en estado de máxima alerta para un potencial despliegue en la región y ha enviado armas a Ucrania. "Katrina vanden Heuvel, editora de la revista The Nation que escribe sobre Rusia hace treinta años, expresó a Democracy Now!: "Rusia - la Unión Soviética, en ese entonces - perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un miedo extendido, incluso en las generaciones más jóvenes, de quedar rodeados. Y, como saben, nosotros tuvimos nuestra doctrina Monroe. Tenemos nuestras esferas de influencia. ¿Qué pasaría si Rusia, de repente, decidiera desplegar soldados en México? Las fronteras son importantes, especialmente en la conciencia histórica de los rusos". "El papa Francisco dijo este miércoles: "Hoy les pido que oren por la paz en Ucrania". Haciendo referencia a la historia de Ucrania en el siglo XX, la máxima jerarquía de la Iglesia católica continuó: "Más de cinco millones de personas fueron aniquiladas durante la época de la última guerra. El pueblo ucraniano ha sufrido mucho, ha pasado hambre y sufrido muchas crueldades y merece la paz. […] ¡Por favor, nunca más guerra!". "Alrededor del 30% de los 50 millones de ciudadanos ucranianos son hablantes nativos de ruso, la mayoría originarios de la península de Crimea y de Dombás, una región situada al sureste del país, en la frontera con Rusia. Rusia anexó militarmente a Crimea en 2014, tras la erupción de las protestas conocidas como "Euromaidan", que tuvieron lugar en la plaza principal de Kiev y en otras ciudades del país y en las que los manifestantes exigían tener vínculos más estrechos con la Unión Europea. El debate nacional sobre si alinearse con el Este o con Occidente estalló en un conflicto militar. El enfrentamiento dejó cerca de 14.000 muertos y un millón y medio de personas desplazadas, y provocó que dos regiones de Dombás - Donetsk y Lugansk - declararan su independencia de Ucrania y se alinearan con Rusia. "Anatol Lieven, investigador principal del centro de estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft, ofreció su análisis de la situación a Democracy Now!: "La crisis ha llegado a este punto debido al profundo descontento de Rusia con el avance de la OTAN hacia sus fronteras y la amenaza de que la OTAN integre a Ucrania como miembro de la organización, algo que Rusia ve con los mismos ojos con los que Estados Unidos ve la aparición de alianzas militares hostiles en América Central". "Se considera que la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética durante el conflicto denominado "Crisis de los misiles de Cuba" de 1962 es lo más cerca que se ha estado de una guerra nuclear total. El entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, actuó de manera muy similar a la de Putin en la actualidad, implementando una política militar arriesgada para disuadir el despliegue de armas y tropas extranjeras a lo largo de la frontera nacional. "Además de la movilización de militares estadounidenses, tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN están enviando buques con armas a Ucrania. William Hartung, también miembro del Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha seguido durante mucho tiempo el crecimiento descontrolado del presupuesto del Pentágono y las ganancias de los fabricantes de armas que se benefician de la guerra. En conversación con Democracy Now!, Hartung expresó: "Estados Unidos ha enviado 2.700 millones de dólares en ayuda y entrenamiento militar a Ucrania desde 2014. El presidente Biden está hablando de un par de cientos de millones de dólares más. Y, sin dudas, seguirán aún más". "Estados Unidos, el país que más dinero destina a la OTAN, ha impuesto un compromiso de "inversión del 2% del PBI en Defensa" a los otros 29 países miembros de la OTAN, presionando a los países europeos para que aumenten sus gastos militares. La OTAN señala en su sitio web: "En 2014, tres aliados gastaron el 2% o más del PIB en Defensa; esto aumentó a 11 aliados en 2020 y la mayoría de los miembros de la organización han implementado planes a nivel nacional con el fin de cumplir con este objetivo para el 2024". Al respecto, Hartung agregó: "Las tensiones relacionadas con [Ucrania] presagian que los gastos militares y las adquisiciones de equipamiento militar se mantendrán altos". "Thich Nhat Hanh es uno de los activistas por la paz cuya voz se extrañará durante esta crisis. El legendario monje budista y líder espiritual murió la semana pasada en su país natal, Vietnam, a la edad de 95 años. "Considerado el fundador del denominado movimiento de "budismo comprometido", Thich Nhat Hanh se vio obligado a exiliarse de Vietnam en 1966 por oponerse a la guerra. En su libro "Vietnam: loto en un mar de fuego", escrito en 1967, Thich Nhat Hanh explicó cómo el movimiento de los jóvenes budistas estaba impulsando un mayor compromiso de las generaciones mayores. El renombrado activista escribió en dicho libro: "En la corriente de un río, no es el agua de adelante la que empuja al río, sino el agua de atrás la que actúa como fuerza motriz y empuja el agua de adelante". "Los medios estadounidenses ofrecen amplios espacios a analistas y políticos a favor de la guerra, tanto demócratas como republicanos, mientras que excluyen casi por completo a activistas por la paz de orientación progresista. Las congresistas Pramila Jayapal y Barbara Lee, referentes del ala progresista del Partido Demócrata, advirtieron al Gobierno de Biden que "no hay una solución militar" a la crisis. "Los movimientos populares deben exigir ya una vía diplomática para asegurar la paz, antes de que sea demasiado tarde y se desate la guerra."

Amy Goodman y Denis Moynihan La democracia estadounidense está en crisis, ya que los republicanos partidarios de Trump y de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos intentan restringir o incluso eliminar el principio básico del sistema democrático de “una persona, un voto”. El expresidente Donald Trump está impulsando el declive de la democracia al esparcir la “Gran Mentira” de que Joe Biden le ganó las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta. Innumerables auditorías, más de 60 presentaciones judiciales y secretarios de Estado tanto demócratas como republicanos confirmaron que el presidente Biden derrotó a Trump por más de siete millones de votos. Sin embargo, miembros en diversos puestos de poder dentro de la estructura del Partido Republicano —desde el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta operadores políticos a nivel estatal y local— se han sumado también a las acusaciones infundadas de Trump. Cómplices de su Gran Mentira, estos republicanos están limitando la participación de votantes; promoviendo la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales; y usando dinero de origen dudoso para asegurarse de obtener el poder y mantenerlo de manera indefinida, aun cuando el electorado del Partido Republicano se ha reducido. En la actualidad hay dos proyectos de ley en el Senado de Estados Unidos que pretenden frenar este camino hacia el autoritarismo: la Ley de Libertad de Voto y la Ley del Derecho al Voto John R. Lewis. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado, estas legislaciones sobre los derechos electorales. Para la aprobación en el Senado, los senadores demócratas tendrán que superar primero el obstruccionismo republicano. La regla del obstruccionismo legislativo se ha utilizado durante mucho tiempo para bloquear leyes relacionadas con los derechos civiles en el Senado y ahora no es diferente. Según las reglas parlamentarias, se necesita una mayoría de 60 votos de los 100 que tiene el Senado para derrotar una medida obstruccionista, una barrera actualmente infranqueable debido a la cantidad de senadores que integran el Bloque Republicano. Los demócratas podrían recurrir a una anulación parcial o “exención” especial de la regla del obstruccionismo, que permitiría que los demócratas puedan aprobar estas legislaciones electorales por mayoría simple. Para ello se necesitaría el voto a favor de los 50 miembros del bloque demócrata del Senado y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris Sin embargo, tanto el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental como la senadora Kyrsten Sinema, de Arizona —ambos miembros del sector conversador del Partido Demócrata— han anticipado que se opondrán a esa maniobra parlamentaria para eludir el obstruccionismo. En un importante discurso que pronunció el miércoles pasado en la ciudad de Atlanta, el presidente Biden abogó por la anulación temporal del obstruccionismo para promover estos proyectos de ley que protegen el derecho al voto: “¿Quieren estar del lado del Dr. [Martin Luther] King o de George Wallace? ¿Quieren estar del lado de John Lewis o de Bull Connor? ¿Quieren estar del lado de Abraham Lincoln o de Jefferson Davis?”. Bull Connor era un cruel supremacista blanco que se desempeñó como comisionado de seguridad pública de la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, durante la mayor parte de la era de la lucha por los derechos civiles. La referencia de Biden a Bull Connor evoca un artículo que Martin Luther King escribió en la revista The Nation en marzo de 1964, cuando los activistas presionaban por la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. En el artículo, Luther King escribió: “Como estaba previsto, el proyecto de ley sobrevivió de manera intacta en la Cámara de Representantes. Ahora pasó al Senado, donde se avecina una confrontación legislativa que recuerda a la lucha en Birmingham. Bull Connor se convirtió en un peso demasiado pesado para la conciencia de Birmingham. Hay hombres en el Senado que planean perpetuar las injusticias que Bull Connor defendió de manera tan vil. Las armas [de Connor] eran la manguera de alta presión, la porra y los perros rabiosos; el arma de [los senadores] es el obstruccionismo. Si Estados Unidos está tan harto de ellos como lo estaba de Bull Connor, saldremos victoriosos”. El ensayo de Martin Luther King salió a la luz cuatro meses después del asesinato del presidente Kennedy y nueve meses antes de que King recibiera el Premio Nobel de la Paz. “A 101 años de la [Proclamación de] Emancipación, no hacemos más que pedirles a los senadores que enfrenten el desafío del obstruccionismo en memoria de los héroes de Birmingham”, continuó King en ese artículo, invocando la poderosa memoria de las cuatro niñas afroestadounidenses que el 15 de septiembre de 1963 murieron a causa del ataque con bomba de índole racista contra la Iglesia Bautista de la Calle 16 de Birmingham, así como también el recuerdo de dos jóvenes más que fueron asesinados durante las protestas y disturbios que se sucedieron inmediatamente. King continuó: “El tributo más apropiado para las niñas de Birmingham sería que el Senado, por primera vez en la historia, derrote al obstruccionismo y vote en defensa de los derechos civiles. Las niñas muertas no resucitarán, pero los niños de hoy podrán tener un futuro. Los asesinos que aún andan por las calles seguirán impunes, pero al menos serán derrotados”. En esa ocasión, la estrategia obstruccionista finalmente fracasó y la Ley de Derechos Civiles se convirtió en ley, seguida por la formidable Ley de Derecho al Voto de 1965, o VRA, por sus siglas en inglés. La Ley de Derecho al Voto revolucionó la participación política de los afroestadounidenses en Estados Unidos, especialmente en el sur, y la derecha nunca dejó de atacarla. Dos fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos —el del “caso del condado de Shelby contra Holder” en 2013 y el del “caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata” en 2021— socavaron piezas claves de la Ley de Derecho al Voto y desencadenaron una avalancha de maniobras de manipulación de los distritos electorales y de leyes diseñadas para reducir la participación electoral. Ello provocó que millones de votantes de centros urbanos de mayoría demócrata y de comunidades de color fueran privados de su derecho al voto. Cliff Albright —activista del estado de Georgia y cofundador de Black Voters Matter, una organización que defiende los derechos electorales de la comunidad afroestadounidense— habló el viernes con Democracy Now! desde la ciudad de Atlanta: “Frederick Douglass nos dijo hace mucho tiempo: 'El poder no concede nada si no se le exige'”. En el que sería el cumpleaños número 93 de Martin Luther King, es hora de exigir que el Senado de Estados Unidos anule la regla racista del obstruccionismo y apruebe legislaciones significativas que protejan los derechos electorales de los estadounidenses.

Amy Goodman y Denis Moynihan Al cumplirse un año de la insurrección que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump incitó a miles de sus simpatizantes a irrumpir violentamente en el Capitolio con la intención de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las amenazas a la democracia continúan en el centro de la escena. Mientras el Partido Republicano se sume en el culto de Trump, activistas progresistas de todo el país luchan para ampliar los derechos electorales y garantizar el desarrollo de elecciones libres y justas. Uno de los principales baluartes de la democracia es la libertad de prensa. Lamentablemente, con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo. Julian Assange es el fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Wikileaks expuso los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como también sus prácticas de tortura en Guantánamo y otros abusos de poder, al publicar miles de documentos militares y gubernamentales secretos estadounidenses que los principales medios de noticias de diversas partes del mundo —incluidos los periódicos The New York Times, The Washington Post y The Guardian— utilizaron como base para publicar reportajes que luego fueron ampliamente galardonados. Mientras lucha contra el intento del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje y hackeo de información, Assange se encuentra encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, que ha sido descrita como la “versión británica de la prisión de la bahía de Guantánamo”. Si es extraditado, el fundador de Wikileaks podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión. Este miércoles se cumplieron 1.000 días de reclusión de Julian Assange en Belmarsh y un grupo de activistas se congregó frente a la prisión para conmemorar la fecha y exigir su liberación. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange pasó casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado político. Entre los manifestantes se encontraba Stella Moris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos menores. Como parte de su campaña por la liberación de Assange, Moris concurrió a la cumbre contra el cambio climático que se desarrolló en noviembre en Glasgow. En esa ocasión dijo a Democracy Now!: “Realmente todo esto ha comenzado a afectarlo. Cada día es una lucha para él. No se vislumbra un final. Esta [situación] puede continuar así durante años”. Stella Moris anunció la vigilia de protesta por los 1.000 días de encarcelamiento de Assange en un tuit que incluye una grabación de audio supuestamente realizada dentro de la celda de la prisión de Belmarsh donde está recluido Assange. En dicha grabación, los gritos de los reclusos, los ladridos de los perros guardianes y el sonido incesante de puertas de metal que se abren y cierran pintan una imagen cruda de las duras condiciones que se viven dentro de Belmarsh. En su conversación con Democracy Now!, Stella Moris agregó: “El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha dicho que Julian está siendo torturado psicológicamente. Su salud física se ha deteriorado muchísimo. Lo están matando. Si muere, es porque lo mataron. Lo están torturando hasta la muerte”. Stella Moris reveló recientemente que Julian Assange sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en prisión el 27 de octubre, el primer día de su audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Londres. Ese tribunal finalmente falló a favor del Gobierno estadounidense para que Assange pueda ser extraditado. Assange está actualmente solicitando permiso a ese mismo tribunal para apelar el fallo ante la Corte Suprema del Reino Unido. Las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios en todo el mundo han ido en aumento. El Comité para la Protección de los Periodistas declaró que, al 8 de diciembre, 24 periodistas habían sido asesinados en el cumplimiento de su deber en 2021 y se cree que otras ocho muertes estuvieron relacionadas con el trabajo periodístico. Asimismo, 293 periodistas fueron encarcelados durante 2021, lo que constituye una cifra récord. El 9 de diciembre pasado, el presidente Joe Biden inauguró la “Cumbre por la Democracia”, organizada por la Casa Blanca, con las siguientes palabras: “Medios de comunicación libres e independientes. Esa es la base de la democracia. Así es como la población se mantiene informada y como los Gobiernos rinden cuenta de sus actos. En todo el mundo, la libertad de prensa está amenazada”. Las palabras del presidente Biden son ciertas, pero suenan huecas, ya que su Departamento de Justicia busca encerrar en prisión a Julian Assange de por vida, por el simple hecho de desempeñar justamente las funciones de la prensa libre que Biden elogia. Refiriéndose a los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por los valientes informes que llevaron a cabo mientras estaban bajo la amenaza de sus Gobiernos, el director ejecutivo adjunto del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Robert Mahoney, dijo el 10 de diciembre: “El mismo día que se honra a los periodistas con el Premio Nobel de la Paz, un tribunal del Reino Unido dictamina que Estados Unidos puede extraditar a Julian Assange, un fallo que daña gravemente al periodismo. […] La obstinada persecución del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks ha sentado un precedente legal dañino para la prensa […]. Esta semana, en su Cumbre por la Democracia, el Gobierno de Biden se comprometió a apoyar al periodismo. Para ello, podría comenzar por eliminar la amenaza que ahora enfrentan los periodistas de investigación de todas partes del mundo de ser juzgados según la Ley de Espionaje”. Una coalición de 24 organizaciones internacionales —incluidas Human Rights Watch, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Freedom of the Press Foundation, PEN America y Reporteros sin Fronteras— instaron al Gobierno de Biden a detener el juicio contra Assange, afirmando que este “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es la conducta de muchos periodistas en su día a día, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que la ciudadanía necesita que hagan”. La democracia está bajo ataque. El presidente Biden debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa, que actualmente se necesita más que nunca, y abandonar la persecución contra Julian Assange.

Amy Goodman y Denis Moynihan El arzobispo Desmond Tutu murió el día después de Navidad a la edad de 90 años. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el arzobispo sudafricano fue uno de los líderes de la lucha contra el apartheid, el brutal sistema de segregación racial que se instauró en Sudáfrica hasta 1992. Después de la histórica caída del apartheid y de que Nelson Mandela fuera elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, Tutu presidió la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde abogó por la justicia restaurativa en lugar de la retribución. Posteriormente, Tutu continuó denunciando las injusticias y manifestándose alrededor del mundo en defensa de la justicia, la paz, la igualdad de derechos de las mujeres y de las personas homosexuales, así como también en solidaridad con el pueblo palestino, ente otras causas sociales. Nacido en Sudáfrica en 1931, Tutu creció bajo leyes racistas impuestas durante siglos de colonialismo. En 1948, el Partido Nacional —un partido político extremista y defensor de la supremacía blanca— ganó por amplia mayoría las elecciones nacionales que se llevaron a cabo ese año e instituyó el régimen del apartheid en el país. Cuando era estudiante universitario a principios de la década de 1950, Tutu conoció a Nelson Mandela. Ambos recién volverían a reunirse unos 40 años más tarde, luego de que Mandela pasara 27 años en prisión. Tutu se convirtió en sacerdote de la Iglesia anglicana y rápidamente ascendió posiciones en el clero. Presidió el Consejo de Iglesias de Sudáfrica y lo transformó en una importante organización de derechos humanos. El arzobispo también movilizó a la comunidad nacional e internacional en contra del apartheid, e impulsó el boicot económico internacional contra el Gobierno de Sudáfrica. Al testificar ante el Congreso de Estados Unidos en 1984, Tutu denunció el apoyo del Gobierno del expresidente Ronald Reagan al Gobierno de Sudáfrica: “En mi opinión, el apartheid es un [sistema] tan perverso, inmoral y anticristiano como el nazismo. Por tanto, el apoyo y la colaboración del Gobierno de Reagan [hacia ese sistema] es igualmente inmoral, perverso y totalmente anticristiano “. Poco después, ese mismo año, el Arzobispo Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz. En la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en 2001 en la ciudad de Durban, Sudáfrica, Tutu habló sobre la importancia de la acción de los movimientos populares de Estados Unidos para revertir el apoyo de Reagan al régimen de segregación racial. Tutu expresó: “Los Gobiernos no siempre representan a sus pueblos. Intentamos persuadir al Gobierno de Reagan para que imponga sanciones contra Sudáfrica. Y la Casa Blanca comandada por Reagan se opuso firmemente a eso. Apelamos entonces al pueblo [estadounidense]. Y su respuesta fue fantástica. Como resultado, se logró cambiar el clima predominante en relación con el apartheid en Estados Unidos. No solo hicieron que se aprobara la legislación contra el apartheid, sino que también lograron anular el veto presidencial”. El arzobispo Tutu se refería al veto de Reagan a la Ley Integral contra el Apartheid (The Comprehensive Anti-Apartheid Act) de 1986, que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos por abrumadora mayoría. El Senado, que en ese entonces estaba controlado por los republicanos, anuló el veto de Reagan con una votación de 78 votos a favor y 21 en contra. En 2007, en un discurso que pronunció en la iglesia Old South Church de la ciudad de Boston, Tutu expresó: “El régimen del apartheid fue derrotado, como siempre pasa con los opresores, porque es una regla del universo moral. El bien y el mal no son lo mismo. No puede ser que el mal, la injusticia y la opresión tengan la última palabra. No. La bondad, la justicia y la libertad finalmente prevalecerán”. El arzobispo pronunció ese discurso en Boston poco después de que la Universidad de Santo Tomás (St. Thomas University), del estado de Minesota, le retirara la invitación que le había hecho para hablar en un evento debido a la inquebrantable solidaridad demostrada por Tutu hacia los palestinos. Ante las duras críticas de la opinión pública, la universidad católica dio marcha atrás y emitió a Tutu una disculpa y una nueva invitación. Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en 2008, Tutu se explayó sobre su posición con respecto a Israel y Palestina. El arzobispo contó que, durante una visita a la región, Israel le impidió ingresar a Gaza: “Ver esos controles de seguridad y la arrogancia de esos jóvenes soldados me recordó el tipo de experiencias que sufríamos en Sudáfrica. Cuando era obispo de Johannesburgo y viajaba en automóvil con mi esposa desde el centro de la ciudad hasta el suburbio de Soweto, donde vivíamos, teníamos que atravesar un muro y presentar permisos para poder movernos libremente en nuestra tierra natal. Ese extraordinario muro [entre Israel y Palestina] me hizo recordar nuestras experiencias en Sudáfrica”. En su obra autobiográfica “Un largo camino hacia la libertad”, Nelson Mandela escribe que Tutu “luchó desinteresadamente contra el mal del racismo durante los días más terribles del apartheid”. En dicho libro, Mandela describe también la reunión que mantuvo con Tutu tras ser liberado de la prisión: “Cuando saludé al arzobispo Tutu, le di un gran abrazo; tenía frente a mí a un hombre que había inspirado a toda una nación con sus palabras y con su coraje, que había revivido la esperanza de la gente durante los tiempos más oscuros”. Nos encontramos nuevamente ante tiempos oscuros: el autoritarismo está en aumento, la desigualdad económica es cada vez mayor, hay un apartheid de las vacunas en plena pandemia y la emergencia climática se ha agravado. En un discurso pronunciado ante jóvenes activistas durante la cumbre contra el cambio climático de las Naciones Unidas que se celebró en la ciudad danesa de Copenhague en 2009, Tutu dijo: “Se equivocan los que piensan que los ricos van a salvarse —ja ja ja—: o nadamos todos juntos o nos hundimos todos juntos”. Además de sus características carcajadas, en su ejemplar arenga de resistencia, Tutu también prodigó expresiones de alegría y compasión: “Tenemos un solo mundo y queremos dejarle a esta preciosa y maravillosa generación joven un mundo maravilloso. Nosotros, los veteranos, queremos dejarles un mundo hermoso. Es una cuestión moral. Es una cuestión de justicia”.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Nadie veía venir esto. Nadie en todo el mundo. ¿Quién lo vio venir?”. El presidente Joe Biden utilizó estas palabras para referirse a la irrupción de la variante ómicron del Covid-19 en una entrevista concedida el miércoles a la cadena de noticias ABC. De hecho, mucha gente la vio venir. Especialistas de la salud y activistas de todo el mundo han estado advirtiendo durante más de un año que mientras gran parte de la población mundial permanezca sin vacunarse, es seguro que variantes más agresivas del virus persistan y se desarrollen. Mientras comenzamos a transitar el tercer año de la pandemia, ya se cuentan más de 277 millones de casos y 5,4 millones de muertes en todo el mundo. La variante ómicron se está propagando a una velocidad sin precedentes. Incluso las personas completamente vacunadas y con dosis de refuerzo se están contagiando. Aun así, la vacunación sigue siendo la mejor forma de evitar caer gravemente enfermos o morir a causa de la COVID-19. Sin embargo, las vacunas siguen fuera del alcance de gran parte de la población mundial. Muchas de las vacunas y tratamientos efectivos se desarrollaron gracias al dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes, al trabajo de científicos de instituciones de salud pública y a otros recursos públicos. No obstante, las corporaciones farmacéuticas sacan un rédito exorbitante por la venta de estos productos fundamentales para salvar vidas y retienen las fórmulas de las vacunas mientras millones continúan enfermándose y muriendo. La codicia no debería determinar el curso de esta pandemia. “Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debería poder dictar quién vive y quién muere, o ejercer una influencia tan grande que determine si la economía mundial prospera o se paraliza. Pero Moderna está haciendo precisamente eso”, afirmó Diana Kearney, asesora legal y de defensa de los accionistas de la organización Oxfam America. Kearney hizo estas afirmaciones en un comunicado que acompaña la demanda que presentó Oxfam esta semana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés. El argumento central de la demanda presentada por Oxfam ante la SEC es una disputa que existe entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En julio, Moderna presentó una solicitud de patente para la vacuna contra la Covid-19 que solo menciona a los científicos que trabajan para la empresa, pero los Institutos Nacionales de Salud alegan que tres de sus propios científicos —John Mascola, Barney Graham y Kizzmekia Corbett—, financiados con fondos públicos, desempeñaron un papel clave en el descubrimiento de la vacuna. Si el Gobierno de Estados Unidos logra demostrar que tiene derechos sobre la patente, Moderna perdería cierto control sobre cómo se fabrica y distribuye la vacuna. Oxfam compró acciones de Moderna y, por lo tanto, tiene derechos de accionista. Como empresa que cotiza en bolsa, Moderna debe presentar documentos exhaustivos a la SEC e informar a sus inversores y a la población sobre las finanzas de la empresa, además de explicar los riesgos a los que se enfrenta. En su demanda, Oxfam alega que Moderna ha estado mintiendo sobre la gravedad del conflicto de patentes que tiene con los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está ocultando un proceso legal pendiente que podría causar una caída significativa en el precio de sus acciones. El uso estratégico del derecho bursátil por parte de Oxfam es parte de una estrategia más amplia para lograr la equidad en el acceso a las vacunas. Se trata de la Alianza Vacunas para el Pueblo, una coalición mundial que reclama que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 sea considerado como un bien común, y que estas sean distribuidas de manera justa a todos, en todas partes y de forma gratuita. Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes clave de la campaña. En conversación con Democracy Now!, Prabhala expresó: “A menos que algo cambie drásticamente en el suministro de vacunas, estamos condenados a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras, donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios para fabricar una vacuna de ARNm. Al respecto, Prabhala explicó: “Si la tecnología de ARNm que Pfizer, BioNTech y Moderna han desarrollado e implementado… se compartiera con cierto número de estas 120 empresas, podríamos vacunar al mundo en aproximadamente seis meses. No es teórico. De hecho, se basa en un modelo de asociación que empresas como Moderna tienen con fabricantes muy similares, excepto que están ubicados en España en lugar de Bangladesh, Senegal o Túnez”. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de las personas en países de altos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos, menos de una décima parte de la población ha recibido una dosis. Todavía hay países, principalmente en África, donde la tasa de vacunación es igual o menor al uno por ciento. Prabhala afirmó: “[El levantamiento de las restricciones de las patentes] reduce el dominio de Moderna, Pfizer y BioNTech sobre estas vacunas y socava las exorbitantes decenas de miles de millones de dólares de ganancias e ingresos que pueden obtener vendiéndoles las vacunas a los países pobres en los próximos años, una vez que hayan terminado con los países ricos”. Achal ofrece una solución: “El presidente Biden puede llevar a Moderna a la Casa Blanca, sentar a sus ejecutivos a la mesa, decirles que tenemos leyes que pueden obligarlos a hacer lo que les pedimos que hagan, pero que preferimos que simplemente lo hagan, encontrarle la vuelta al acuerdo y luego dar por cerrado el asunto y atribuirse el mérito de vacunar al mundo”. Vacunar al mundo es la forma de salir de esta pandemia. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.

Amy Goodman y Denis Moynihan En Estados Unidos, una serie de tornados devastadores azotaron Kentucky y los estados vecinos el viernes por la noche. La mega tormenta, llamada “de supercélulas”, recorrió más de 320 kilómetros y dejó muerte y destrucción a su paso. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos había estado emitiendo advertencias y alertas de condiciones climáticas extremas durante más de 36 horas. En la fábrica de velas Mayfield Consumer Products, los trabajadores del turno de la noche estaban asustados. Si bien el dueño de la empresa lo desmiente, la cadena NBC News informó que los supervisores amenazaron a los trabajadores con que iban a ser despedidos si se retiraban más temprano de lo habitual para buscar refugio en otro lugar. Ocho trabajadores murieron y varios resultaron heridos cuando un gran tornado de fuerza EF4 arrasó las instalaciones de la fábrica. En el estado de Illinois, seis trabajadores de un centro de distribución de Amazon perdieron la vida tras el derrumbe parcial del edificio. El número total de muertes en seis estados del país ha ascendido a 90. Los daños materiales y la pérdida de vidas a causa de esta tormenta es otro síntoma más de cómo nuestra adicción a los combustibles fósiles continúa calentando el planeta y generando desastres. La directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, Deanne Criswell, dijo a la cadena de noticias CNN: “La severidad y la cantidad de tiempo que estos tornados permanecieron en tierra no tienen precedentes. […] Esta será nuestra nueva normalidad. Los efectos que estamos viendo del cambio climático son la crisis de nuestra generación”. Michael Mann, director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad del Estado de Pensilvania, reforzó ese último punto durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now!: “Lo que ocurrió no fue un desastre natural. Fue un desastre impulsado por el cambio climático causado por los humanos. Se registraron vientos de más de 480 kilómetros por hora. Se encontraron escombros a más de 9.100 metros de altura en la atmósfera y el tornado recorrió una distancia de unos 320 kilómetros, algo que nunca antes habíamos visto”. Mientras el presidente Biden visitaba la ciudad de Mayfield este miércoles, una enorme tormenta de viento se desplazó desde las Montañas Rocosas hasta los estados de las Llanuras, envolviendo a los viajeros en nubes de polvo que los dejaron sin visibilidad y provocaron que varios camiones volcaran sus acoplados en medio de la ruta. Las altas temperaturas récord que se registraron en varios estados exacerbaron la potencia de la tormenta, que dejó a medio millón de personas sin electricidad y causó tornados en el estado de Minesota, un fenómeno meteorológico que nunca antes se habían registrado en diciembre en ese estado. Mientras tanto, a unos 13.000 kilómetros de distancia, en Kampala, la ciudad capital de Uganda, la activista Vanessa Nakate está al frente de la lucha por la justicia climática. Nakate fundó el movimiento Youth for Future Africa después de participar en el movimiento de huelgas estudiantiles por el clima Fridays for Future, liderado por la joven activista ambiental sueca Greta Thunberg. Durante el Foro Económico Mundial de Davos que se desarrolló en enero de 2020 en Suiza, Vanessa posó junto a Greta y otras jóvenes activistas contra el cambio climático, pero la foto que se publicó en la prensa solo incluyó a las cuatro adolescentes blancas, dejando afuera a Vanessa. La agencia de noticias Associated Press afirmó que una casa que aparecía detrás de Vanessa hizo que ese lado de la foto quedara abarrotado y se tuviera que recortar, pero Nakate lo tomó como un ejemplo más del racismo profundamente interconectado con la crisis climática. El título del nuevo libro de Nakate, “A Bigger Picture: My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis” (Un panorama más amplio: mi lucha por hacer oír una nueva voz africana frente a la crisis climática) está inspirado en ese incidente. “Por primera vez en mi vida entendí la definición de la palabra 'racismo'”, explicó Vanessa en un video publicado en redes sociales, y agregó en Democracy Now!: “África es el continente con menos emisiones de dióxido de carbono, pero somos los más afectados por la crisis climática. Eliminar nuestras voces no cambiará nada. Muchos creen que nuestras voces están ausentes, pero no estamos ausentes. Simplemente no nos escuchan”. La trayectoria de Vanessa como activista ha sido meteórica. Pasó de organizar una pequeña protesta en Kampala en enero de 2019 con cinco hermanos y primos a hablar ante 100.000 activistas en la gran manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Glasgow en noviembre en el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Su libro no es solo una arenga apasionada por la acción climática, sino también una guía práctica sobre cómo el movimiento por la justicia climática puede y debe aunar las voces de los más afectados por la emergencia generada por el cambio climático. En su libro, en las redes sociales y en sus discursos públicos, Vanessa Nakate amplifica los nombres y las voces de otros jóvenes activistas africanos contra el cambio climático, revelando un sector vibrante pero en gran parte ignorado del movimiento. En su entrevista con Democracy Now!, Vanessa afirmó: “No podemos tener justicia climática si las voces de las comunidades más afectadas son continuamente acalladas. No se trata solo de borrar mi historia o mi experiencia; se borra, literalmente, la existencia de las dificultades que atraviesa mi país y los problemas que enfrentamos las personas que vivimos allí debido a la crisis climática”. Un fracaso clave de las conversaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas sobre el que escribe Vanessa ha sido el incumplimiento por parte de los países ricos de la promesa de crear un fondo de 100.000 millones de dólares al año para ayudar a las naciones más pobres a adaptarse al cambio climático y a construir economías basadas en el uso de las energías renovables. El profesor Michael Mann coincide con Nakate al respecto: “No queremos que [los países en vías de desarrollo] impulsen su desarrollo económico a través del uso de los combustibles fósiles. No podemos permitirnos que eso suceda. Por tanto, tenemos que proporcionarles el financiamiento y los recursos para desarrollar tecnologías de energía limpia. Eso significa que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países industrializados deben apostar y liderar el esfuerzo para que eso suceda”. La emergencia climática está generando catástrofes en todas partes del mundo, desde tornados en Kentucky hasta inundaciones en Uganda. Detener el cambio climático irreversible es aún posible, pero solo si se toman medidas urgentes y coordinadas que nos incluyan a todos.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Debemos evitar la adquisición de una influencia injustificada, sea o no buscada, por parte del complejo industrial-militar”. – Presidente Dwight Eisenhower, 1961 Ante la presión de los grupos de interés asentados en Washington, DC, el plan de estímulo económico Reconstruir Mejor del presidente Joe Biden, que preveía un gasto de 3,5 billones de dólares a lo largo de diez años, se redujo a un desembolso de 1,75 billones de dólares. Sin embargo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, sin mayores reparos y en un clima de armonía bipartidista, un cuantioso presupuesto anual de Defensa de 768.000 millones de dólares. Eso equivale a unos ocho billones de dólares durante diez años, un monto significativamente más grande que el asignado para la ley Reconstruir Mejor. La Ley de Autorización de Defensa Nacional está ahora en el Senado, donde se están impulsando enmiendas de gastos adicionales para esta legislación considerada “imprescindible”. Si los presupuestos son un indicador de los valores de una sociedad, está claro entonces lo que es importante para Estados Unidos: las armas y la guerra. El presupuesto del Pentágono aprobado en la Cámara de Representantes supera por 24.000 millones de dólares el monto solicitado por el Gobierno de Biden y, según el medio Político, es “un paso clave para deshacerse de armas obsoletas y ayudar al Pentágono a transitar hacia las llamadas tecnologías armamentistas emergentes”. El complejo industrial-militar seguramente estará muy satisfecho con esta noticia. Abundan en los medios informes sobre armamento de alta tecnología que Rusia, China y otros supuestos adversarios están probando y desplegando. Rusia acaba de probar un misil destructor de satélites, que logró impactar de forma directa en uno de sus satélites en desuso. Según se informa, China hizo una prueba de un misil “hipersónico” capaz de lanzar un ataque nuclear sorpresivo y preventivo contra Estados Unidos. “Estados Unidos gasta [en armamento] diez veces más que Rusia y aproximadamente tres veces más que China”, expresó en Democracy Now! William Hartung, director del Proyecto Armas y Seguridad del Centro de Política Internacional. Hartung es autor de un reciente informe titulado “Arming Repression: U.S. Military Support for Saudi Arabia, from Trump to Biden” (Armas para reprimir: el apoyo militar de Estados Unidos a Arabia Saudí, de Trump a Biden).También ha escrito el libro “Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex” (Los profetas de la guerra: Lockheed Martin y la creación del complejo industrial-militar). En su conversación con Democracy Now!, Hartung continuó: “[Estados Unidos] tiene 13 veces más ojivas nucleares activas en su arsenal que China. Contamos con once portaaviones de un tipo que China no tiene. Tenemos 800 bases militares estadounidenses en todo el mundo, mientras que China tiene tres. Por tanto, la idea de que China y Rusia son amenazas militares para Estados Unidos es principalmente un invento para aumentar el presupuesto militar del país. Hasta ahora, desafortunadamente —al menos en los pasillos del Congreso y en el entorno del Gobierno de Biden— ese relato ha tenido éxito”. El presupuesto militar incluye un monto jamás solicitado hasta la fecha para la investigación de nuevos sistemas de armamento, la guerra cibernética, la inteligencia artificial y el desarrollo de robots asesinos. Steve Goose, director de la división de armas de la organización Human Rights Watch y cofundador de la Campaña para detener a los robots asesinos, una coalición de organizaciones no gubernamentales que busca detener el uso de estos robots, expresó en Democracy Now!: “Los robots asesinos son cosa del futuro, pero no del futuro lejano. [En estas armas] no es el ser humano quien decide a qué apuntar y cuándo apretar el gatillo; es el propio sistema armado el que lo hace a través de la inteligencia artificial, los sensores y los algoritmos. No se trata solo de un nuevo tipo de arma; es una nueva forma de guerra, que no será precisamente agradable para la humanidad”. Las Naciones Unidas celebrará la semana próxima en la ciudad de Ginebra una conferencia sobre armas convencionales en la que se debatirá sobre las normas que regirán el uso de los robots asesinos. Sobre la postura que Estados Unidos tiene sobre este tema, Steve Goose afirma: “[Estados Unidos] rechaza que se dispongan prohibiciones o restricciones respecto al desarrollo y la adquisición de armas totalmente autónomas”. En una conferencia que se llevó a cabo esta semana, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, expresó: “El país que domine la inteligencia artificial, la integre en las operaciones militares y la combine con la robótica va a tener una ventaja extraordinaria”. Y agregó: “Nuestra capacidad para efectuar disparos de largo alcance con precisión no tiene precedentes. Podemos atacar en cualquier parte del mundo, con niveles muy refinados de precisión”. Lamentablemente, las constantes afirmaciones del Pentágono y sus adeptos acerca de las armas de precisión, las llamadas “bombas inteligentes”, han demostrado ser falsas una y otra vez en todo el mundo. Así lo indican los cadáveres de civiles muertos por armamento estadounidense, deshumanizados y calificados como “daños colaterales”. El periódico The New York Times informó recientemente sobre un ataque aéreo ocurrido en marzo de 2019 en la ciudad siria de Baghuz, que inicialmente se dijo que tenía como objetivo a combatientes del Estado Islámico. En esa ocasión, se lanzó una bomba de 226 kilos sobre una reunión en la que participaban mujeres y niños. Minutos después, los sobrevivientes fueron atacados con dos bombas de 907 kilos cada una. El ataque, ordenado por una unidad de operaciones especiales secreta conocida como Task Force 9, provocó la muerte de al menos 80 personas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el ataque. Airwars —una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de las acciones militares y los daños que ocasionan a la población civil en zonas de conflicto como Siria, Irak y Yemen— ha registrado casi 60.000 muertes de civiles en los últimos 15 años, una cifra que solo contabiliza los ataques aéreos reportados de manera oficial. Después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara esta semana la Ley de Autorización de Defensa Nacional, el recientemente electo congresista de Nueva York Jamaal Bowman, miembro del ala progresista del Partido Demócrata, publicó en Twitter: “En una votación de 363 votos a favor y 70 en contra, la Cámara de Representantes acaba de aprobar fácilmente 770.000 millones de dólares para el Pentágono. Es asombroso lo rápido que el Congreso aprueba fondos relacionados con las armas, pero no podemos lograr que apruebe fondos para garantizar el acceso a la vivienda, la atención médica y la justicia para nuestros veteranos, ni invertir en programas sólidos de empleo para distritos como el mío”. ¿Reconstruir mejor o construir más bombas? La elección es clara.

Amy Goodman y Denis Moynihan Wampanoag, Massachusett, Nipmuc, Mohegan, Pequot, Narragansett, Passamaquoddy, Miꞌkmaq. Estos son solo algunos de los pueblos originarios que conforman lo que actualmente se denomina Nueva Inglaterra, región donde se celebró la primera cena de Acción de Gracias hace 400 años, en el otoño boreal de 1621. El mito de esa comida compartida se ha ido transformando a lo largo de los siglos, hasta convertirse en una representación de la amistad y la cooperación entre los colonos ingleses que se asentaron en la ciudad de Plymouth, en el estado de Massachusetts, y los miembros de la tribu Wampanoag que habían estado allí durante al menos 10.000 años. Si bien ese encuentro fue pacífico, en el mejor de los casos fue una tregua simbólica en el curso del genocidio que los colonos europeos estaban llevando a cabo contra las poblaciones nativas. Mientras las familias estadounidenses se reúnen en todo el país para celebrar el Día de Acción de Gracias de 2021, las comunidades indígenas que han sobrevivido a siglos de violencia, desplazamiento y racismo sistémico continúan en pie de lucha, defendiendo la tierra, el agua y su propia existencia. Esos primeros 100 colonos, popularmente conocidos como “peregrinos”, llegaron al territorio del pueblo Wampanoag en 1620. Después de atravesar el primer invierno, asolados por las enfermedades y el hambre, el número de esos colonos se redujo a 54. Los indígenas acudieron en su ayuda y les enseñaron a cultivar los productos locales. Llegado el momento de la cosecha, los colonos lograron almacenar suficiente comida para sobrevivir el siguiente invierno y organizaron un banquete para celebrarlo. Mientras tanto, los Wampanoag acababan de sufrir una epidemia que había durado varios años y diezmado a varias poblaciones nativas de la región, por lo que, según creen los historiadores, la tribu buscó una asociación estratégica con los colonos. En ese entonces, el rey Jacobo I de Inglaterra fomentaba el proceso de colonización e incluso afirmaba que la epidemia mortal que había sufrido el pueblo Wampanoag había resultado beneficiosa. En una proclama emitida en 1620, el rey Jacobo calificó a esa epidemia como una “peste maravillosa” que había provocado “la destrucción, la devastación y el despoblamiento de todo ese territorio”. El historiador Bernard Bailyn, fallecido el año pasado a la edad de 97 años, describió a esa época como “los años bárbaros”, ya que los llamados “peregrinos” cometían masacres y montaban campañas militares cada vez más crueles contra las comunidades nativas para quedarse con sus tierras. Luego del rey Jacobo I, otros líderes se expresaron sobre el genocidio en curso de una manera más diplomática e implementaron iniciativas coloniales como la denominada “Destino Manifiesto” y la Ley de Reorganización Indígena de 1934 que cimentaron el sistema moderno que promueve el empobrecimiento y abandono de las reservas indígenas. Uno de los reclamos que enumeró la Declaración de Independencia de Estados Unidos contra el rey Jorge III fue su apoyo a los supuestos ataques que “indios salvajes y despiadados” perpetraban contra los colonos. Desde 1777 hasta 1868, Estados Unidos firmó al menos 368 tratados con naciones originarias y no cumplió con ninguno de ellos. Canadá tiene un historial similar en ese sentido. Las comunidades indígenas de ambos países no han dejado de exigir que se respeten esos tratados y la soberanía de los pueblos nativos. En noviembre de 1969, un grupo de activistas indígenas estadounidenses ocupó la prisión federal de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, que estaba cerrada y abandonada, y emitió un manifiesto de carácter sarcástico. En esa proclama, los activistas “exigían” que Alcatraz se convirtiera en una reserva, ya que tenía todas las características de una: estaba aislada; no contaba con sistema de agua corriente ni saneamiento; no había acceso a la atención médica, a la educación ni al empleo; y sus ocupantes serían tratados como prisioneros. La ocupación duró 19 meses, involucró a miles de personas e inspiró a los pueblos indígenas de América del Norte a exigir justicia. Posteriormente, en 1973, un grupo de activistas del recién fundado Movimiento Indígena Estadounidense tomó el control de Wounded Knee, una pequeña localidad situada en la reserva indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. La ocupación impulsó la solidaridad internacional por los derechos indígenas. En 2016, la resistencia indígena llegó a la primera plana de los medios mundiales cuando las tribus Lakota y Dakota establecieron campamentos en la reserva Standing Rock para oponer resistencia a la construcción del oleoducto Dakota Access. Luego de que la empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer Partners, atacara a golpes a los defensores indígenas del agua y azuzara perros contra ellos, el número de ocupantes de los campamentos aumentó de manera drástica a más de 10.000 personas, entre las que se contaban representantes de más de 200 naciones y tribus indígenas. El oleoducto finalmente se construyó, pero había surgido una nueva era de resistencia indígena. En la actualidad se están construyendo varios oleoductos para transportar el petróleo extraído de las arenas bituminosas del oeste de Canadá, lo que implica el traslado del combustible fósil más contaminante del mundo a través de territorios indígenas y ecosistemas frágiles. La resistencia liderada por indígenas contra el oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el norte del estado de Minesota lleva varios años en curso. La líder de la tribu Anishinaabe, Winona LaDuke, ha estado en la primera línea de esa resistencia. LaDuke criticó al presidente Joe Biden por no tomar ninguna medida contra la construcción de la Línea 3 de Enbridge. En una entrevista con Democracy Now!, la activista se refirió a la decisión de Biden de designar a Deb Haaland como Secretaria del Interior, la primera persona indígena en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos: “Joe, no designes en tu gabinete a personas indígenas solo para quedar bien. Déjalas hacer su trabajo. Este Gobierno colonial necesita el aporte de la comunidad indígena. Es la forma de que las cosas cambien”. En la provincia canadiense de Columbia Británica, la nación soberana de Wet’suwet’en viene llevando adelante una lucha contra la construcción del gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TC Energy, un proyecto que costará miles de millones de dólares. Esta semana, la policía federal canadiense puso fin a un bloqueo de varios meses de duración en el sitio de perforación del gasoducto. La policía irrumpió violentamente, con un hacha y una motosierra, en una de las casillas montadas por los activistas y arrestó a los defensores de la tierra que estaban dentro. Luego, la policía quemó completamente la casilla. El mito de esa exuberante comida que los colonos y los indígenas compartieron hace 400 años sigue enmascarando y ocultando la miseria que sufren las comunidades indígenas, desde la pobreza, hasta el abuso de sustancias, pasando por la actual epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Pero las comunidades nativas, resilientes y organizadas, se han puesto en pie de lucha y continúan resistiendo. Demos gracias por eso. © 2021 Amy Goodman

Amy Goodman y Denis Moynihan “Salvaje aquí, incontrolable, La naturaleza reina y rige todo” Estos versos pertenecen al poeta más famoso de Escocia, Robert Burns, y fueron escritos en 1787. Ojalá los delegados que asistieron a la COP26 —la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que concluyó el sábado pasado en Glasgow— hubieran escuchado sus palabras. Las negociaciones terminaron con la aprobación de un documento denominado “Pacto Climático de Glasgow”, que muchos activistas contra el cambio climático califican de fracaso. Asad Rehman, miembro del movimiento COP26 Coalition, dijo a Democracy Now!: “[El acuerdo] debería haberse denominado 'Pacto suicida de Glasgow' para los más pobres del mundo. Porque no nos mantiene por debajo del umbral de 1,5 grados Celsius. De hecho, nos acerca a los tres grados Celsius. Logran meter tantas ambigüedades en este tipo de acuerdos, que las negociaciones sobre cambio climático terminan siendo una farsa”. Un borrador inicial del acuerdo de la COP26 instaba por primera vez en la historia a “eliminar en forma gradual el uso del carbón y de los subsidios para los combustibles fósiles”. Pero los grandes países emisores de gases de efecto invernadero y los ejércitos de lobistas de la industria de los combustibles fósiles lograron suavizar, incluso, esa formulación. En su lugar, se llama a la “reducción progresiva del uso de carbón como fuente de energía y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”. Por lo tanto, se puede continuar con la quema del carbón, el combustible fósil más contaminante, con la promesa de que la polución resultante se “reducirá” con la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono, un proceso cuya eficacia no ha sido probada. Y las mismas empresas de combustibles fósiles —que durante tanto tiempo han obtenido ganancias mientras sembraban información falsa sobre el cambio climático— continuarán disfrutando de generosos subsidios pagados por los contribuyentes. ​​ La joven activista filipina por la justicia climática Mitzi Jonelle Tan dijo a Democracy Now!: “Esta cumbre fue una traición. Y me resulta doloroso, porque sabemos que Filipinas es un país muy afectado por la crisis climática y que año tras año, mes tras mes, estamos sufriendo los impactos del cambio climático”. Filipinas —descrito como el país del mundo más vulnerable a las tormentas— se ha visto muy afectada por una sucesión de tifones especialmente destructivos, impulsados por el cambio climático, que han asolado el país durante la última década. “Todos los países deberían eliminar gradualmente la industria de los combustibles fósiles. Eso no solo incluye al carbón, sino también al petróleo y al gas, a los que Estados Unidos y el Reino Unido convenientemente retiraron del texto [del acuerdo final de la COP26]”, expresó Mitzi Jonelle Tan. Activistas indígenas de la Amazonía, defensores de la tierra, también estuvieron en la cumbre climática de Glasgow. La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, es denominada “el pulmón del planeta” por el papel vital que desempeña en la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. En conversación con Democracy Now!, Domingo Peas, líder indígena de la Nación Achuar, de la Amazonía ecuatoriana, expresó: “Tenemos que, primero, antes de transición ecológica, tenemos que hacer transición humana. Primero yo el cambio, mi forma de pensar, mi trabajo con corazón. A eso he venido, para invitar a la juventud, a las mujeres, a los profesionales, a todo el mundo, porque es hora de trabajar juntos. El camino es único”. Domingo continuó: “Nosotros, los indígenas de Perú y de Ecuador, las 30 naciones y pueblos, hemos definido ya basta de petróleo. Pero también, todos estos territorios, toda la zona verde, estamos hablando de 35 millones de hectáreas, que son zona intacta, que hay mucha biodiversidad, donde están seres vivos, que están ahí visibles e invisibles, que no hablan en este momento, no pueden hablar aquí, por eso estoy aquí, para hablar en nombre de ellos”. Estados Unidos y los países europeos construyeron su enorme riqueza quemando carbón de manera desenfrenada durante más de siglo y medio, una forma barata pero contaminante de lograr el crecimiento. Estados Unidos sigue siendo el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Según datos de 2017, casi duplica el total de gases emitidos por China hasta la fecha. Mientras tanto, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial en la actualidad. En los últimos años, Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de las naciones de la Unión Europea han podido disminuir su dependencia del carbón y se han orientado hacia el uso del petróleo, el gas extraído mediante “fracking” y las fuentes de energía renovables. Los países pobres y en vías de desarrollo no han contribuido de manera significativa a la crisis climática, pero son los que más están sufriendo sus efectos. Para recuperarse de los desastres naturales, adaptarse al cambio climático y construir economías orientadas hacia un futuro sin emisiones de carbono, estos países necesitan dinero. Se esperaba que la COP26 cumpliera con la promesa hecha hace ya tiempo de brindar asistencia financiera para abordar estas necesidades, pero no fue así. En la COP15 que tuvo lugar en la ciudad de Copenhague en 2009, Estados Unidos y otros países desarrollados prometieron aportar 100.000 millones de dólares anuales, desde 2020 hasta 2025, a los países en vías de desarrollo y a los más vulnerables a la crisis climática. Solo una pequeña parte de esos fondos se ha materializado, gran parte de ellos en forma de préstamos, no como ayuda para abordar la crisis climática. Mientras tanto, un consorcio de países africanos estimó recientemente que el verdadero costo para responder de manera efectiva al cambio climático implicaría alrededor de 1.3 billones de dólares por año. Los grandes emisores son los que deben pagar y Estados Unidos debe liderar ese camino. Robert Burns murió en 1796, cuando la era del carbón estaba comenzando. La nueva Makar, o poeta nacional de Escocia, es Kathleen Jamie. Inspirada en el río Clyde, que atraviesa la ciudad de Glasgow, Jamie escribió esta semana un poema titulado “Lo que dijo el río Clyde después de la COP26”, que termina así: “Soy un río, claro, pero puedo tomar decisiones. A partir de hoy, decido mantener a flote, como a un pequeño barquito de papel, las esperanzas de los jóvenes que cantan en mi ribera, con temor en sus ojos brillantes. Así que escuchen esto: ¡si les fallan, se las verán con mi caudal!”.

Amy Goodman y Denis Moynihan El calentamiento global provoca plagas globales. En 2018, los fuertes ciclones del océano Índico que azotaron Omán y Yemen crearon las condiciones de propagación de una plaga de langostas del desierto. Los enjambres de langostas crecieron vertiginosamente durante 2019 y 2020, dos de los años más calurosos registrados hasta la fecha. Enjambres de hasta 80 millones de insectos se han extendido por Etiopía, Eritrea y Somalia y, a partir de la semana pasada, también por Kenia. Estos enjambres consumen por día una proporción de cultivos de alimentos básicos suficiente para alimentar a 35.000 personas. Los científicos han relacionado el crecimiento de las plagas de langostas con el cambio climático. Mientras tanto, en Glasgow, los lobistas de la industria de los combustibles fósiles están pululando como enjambres de langostas en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2021, conocida como COP26. Los resultados de esta conferencia, que ha sido descrita como “la última y mejor esperanza” para el clima, están lejos de ser suficientes para evitar una catástrofe climática irreversible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) emitió, justo antes de la COP26, el “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021”. El informe advierte que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordados por los países hasta el momento nos llevan a un aumento catastrófico de la temperatura global de alrededor de 2,7 grados Celsius, lo que constituye un incremento mucho mayor que los 1,5 grados establecidos como objetivo en el Acuerdo de París de 2015. Las declaraciones críticas hacia la COP26 de parte de activistas, tanto dentro como fuera del recinto donde se lleva a cabo la conferencia, van desde que esta cumbre no es sino “más de lo mismo” hasta que es un “completo fracaso”. El caótico manejo del evento por parte del Reino Unido, la imposición de estrictos requisitos de visa para el ingreso al país y el incumplimiento del prometido plan de vacunación previo a la cumbre para los asistentes de países con baja disponibilidad de vacunas han hecho que esta sea la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados en sus 30 años de historia. Si bien las dificultades de acceso generalizadas han provocado que miles de personas no pudieran participar de la conferencia, más de 500 lobistas de la industria del petróleo, el gas y el carbón han transitado por la alfombra roja del evento. Un informe de la organización ambientalista y de defensa de los derechos humanos Global Witness afirma que si estos lobistas representaran a un país, serían la delegación más grande de la COP26. ”Quienes intentan prender fuego la mesa, no deberían sentarse en ella”, dijo a la prensa Pascoe Sabido, investigador y activista del Observatorio Europeo de Empresas. Y agregó: “Esta es la misma industria que ha pasado los últimos 50 años negando la crisis climática y postergando o bloqueando las acciones para detener sus efectos, entonces ¿cómo diablos se les permite asistir [a la cumbre]? Solo si echamos a estos grandes contaminadores, podremos hacer que estas conversaciones sobre el clima concluyan con compromisos que se acerquen a las metas necesarias [para frenar el cambio climático]”. A pesar de la presencia de este ejército de lobistas de la industria de los combustibles fósiles, se evidencian algunos avances en el proceso oficial. En el borrador del acuerdo final de la cumbre publicado este martes se incluye la palabra “carbón” por primera vez en 30 años y se insta a los países a “acelerar la eliminación gradual del uso del carbón, así como también de los subsidios a los combustibles fósiles”. En relación con este borrador, el reconocido ambientalista nigeriano Nnimmo Bassey expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Decir que los países deberían desacelerar gradualmente el uso del carbón y luego eliminar, también de forma gradual, los subsidios para los combustibles fósiles significa que esta COP cree que el uso de los combustibles fósiles debería continuar”. Bassey agregó: “La tendencia es que un documento en borrador se diluye luego aún más, de modo que el documento final puede llegar a decir que no hay que eliminar nada, ni quitar los subsidios, [ni siquiera de forma gradual]”. Nnimmo Bassey hizo estas declaraciones el día que se conmemoraba el vigésimo sexto aniversario de la ejecución del renombrado activista ambiental nigeriano Ken Saro-Wiwa, que fue acusado de cargos falsos y ahorcado, junto a otros ocho activistas, con el fin de silenciar su eficaz campaña contra la extracción de petróleo de la empresa Shell en el delta del río Níger. El planeta sufre también otra plaga: la de los asesinatos de ambientalistas, defensores de la tierra y del agua y activistas por la justicia climática, que han sido más de 1.000 desde la firma del Acuerdo de París en 2015. El científico británico experto en clima Kevin Anderson, de la Universidad de Manchester, ha señalado durante mucho tiempo que, mientras las ”celebridades” de las cumbres climáticas se reúnen todos los años en las COP y logran poca cosa, el clima no negocia. Anderson dijo a Democracy Now!: “Si queremos cumplir con el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, tal como dijo [el presidente de Estados Unidos], Joe Biden, a principios de este año, las matemáticas y la física nos dicen que, con las emisiones actuales, es probable que en ocho años se llegue al umbral de los 1,5 grados Celsius […]. La lucha de los activistas y de los movimientos de la sociedad civil que tienen un compromiso a nivel local están mucho más alineados con lo que la ciencia está pidiendo”. Fuera del fuertemente vigilado centro de convenciones de la COP26, la sociedad civil que Anderson elogia también se ha hecho sentir con una marcha masiva de más de 100.000 personas, una contracumbre de cuatro días y cientos de paneles y eventos en la ciudad de Glasgow y vía Internet. El portavoz principal del movimiento COP26 Coalition, Asad Rehman, fue invitado a participar en la cumbre oficial. Decepcionado ante la falta de avance en las negociaciones, rompió el discurso que había preparado y dijo, en cambio: “Los más ricos han ignorado el llamamiento moral y político de hacer lo que les corresponde. Las promesas rotas que van desparramando por la COP26 ya no engañan a nadie. Estamos decepcionados y enojados, pero aún tenemos esperanza. Sabemos que es la gente común la que cambia la historia y nosotros la cambiaremos”.

Amy Goodman y Denis Moynihan La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2021, conocida como COP26, ha comenzado a celebrarse en la ciudad escocesa de Glasgow, luego de haber sido aplazada por un año debido a la pandemia de COVID-19. La Conferencia de las Partes, o COP, por sus siglas en inglés, es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, el Reino Unido, anfitrión de la COP de este año, ha establecido requisitos de ingreso que están resultando insuperables para muchos activistas y observadores de los países del llamado “Sur Global”. Los críticos señalan que esta será la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados de la historia de las cumbres –su primera edición fue en 1992–, debido al apartheid de las vacunas y los requisitos de visa sumamente obstructivos que ha establecido el Reino Unido. Se estima que 30.000 personas se han congregado en Glasgow para asistir a la cumbre, y que miles de activistas por la justicia climática, en su mayoría de Europa, están llegando para movilizarse en los alrededores del recinto donde se desarrolla la conferencia y reclamar medidas drásticas contra el cambio climático. Asad Rehman es director ejecutivo de la organización War on Want y principal portavoz del movimiento COP26 Coalition, que está organizando una gran marcha y manifestación en Glasgow, seguida de una contracumbre de cuatro días. En una entrevista con Democracy Now!, Rehman expresó: “Esta cumbre del clima ha sido promocionada como la cumbre de los 1,5 grados [Celsius]. La ventana se está cerrando en ese objetivo, que, si se sobrepasa nos llevará a un cambio climático catastrófico. Pero la realidad es que los líderes mundiales, en particular los de los países más ricos, vienen haciendo promesas tan débiles que esta cumbre bien podría llamarse ‘la cumbre de los 3 grados [Celsius]’”. La cifra de 1,5 grados Celsius refiere al nivel que el calentamiento global causado por la actividad humana debería aumentar como máximo la temperatura promedio de la superficie de la Tierra con respecto a los niveles preindustriales. El principal objetivo que se estableció en el Acuerdo de París de 2015 fue limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si se cumple ese objetivo, los científicos aseguran que los impactos del cambio climático podrían detenerse, e incluso revertirse. Si se supera ese umbral de 1,5 grados, las consecuencias serán probablemente irreversibles. Dipti Bhatnagar, coordinadora de justicia climática y energía de la organización Amigos de la Tierra Internacional, es una de las activistas a las que resultó casi imposible entrar al Reino Unido. Bhatnagar conversó con Democracy Now! desde Maputo, la capital de Mozambique: “De manera deliberada, el Gobierno del Reino Unido ha organizado esta COP para que sea un espacio realmente excluyente. Saben que si la sociedad civil progresista del Sur Global no está ahí para exigirles a los poderosos que se pasean por los salones de la cumbre que rindan cuentas de sus actos, será mucho más fácil para ellos seguir adelante con el [mecanismo de los] mercados de carbono, sin poner sobre la mesa la financiación o la reducción de las emisiones”. Según un informe reciente de Amigos de la Tierra y de otras organizaciones, la llamada propuesta de las “cero emisiones netas” es “una gran estafa”, nada más que “una argucia para ocultar la inacción y trasladar la carga de la reducción de emisiones y de la prevención de la contaminación a comunidades históricamente explotadas”. Brianna Fruean, una activista contra el cambio climático de Samoa, de 23 años de edad, habló en la sesión de apertura de la COP26 y pidió una acción climática urgente para que su país —una pequeña nación insular de baja altitud ubicada en el Pacífico sur— no sea destruido por el aumento del nivel del océano. En una entrevista con Democracy Now!, Fruean dijo: “En el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se pronostica que los atolones de escasa elevación subsistirán a lo sumo una década más [antes de quedar sumergidos por el incremento del nivel del mar]. Una década si tenemos suerte, dada la trayectoria en la que estamos. Eso significaría el fin de nuestras islas más pequeñas”. En la COP15 que se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague en 2009, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció, con gran fanfarria, que los países ricos crearían un fondo de 100.000 millones de dólares al año para 2020, con el fin de ayudar a las naciones más pobres a adaptarse al cambio climático y a construir economías basadas en el uso de las energías renovables. Asad Rehman habló con Democracy Now! acerca de la implementación de este fondo: “Han llegado a esta convención con solo una quinta parte de ese monto. De esa parte, el 80% corresponde a préstamos que van a generar deuda a los países receptores de esos fondos. Están cambiando las reglas en lo que respecta a la asistencia financiera. Sabemos que se avecina un cambio. La lucha ahora es por ver qué tipo de cambio será”. El Acuerdo de París ni siquiera menciona el carbón, el petróleo o el gas, por lo que se ha conformado un movimiento que propone la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, inspirado en el tratado de no proliferación nuclear. Gran parte de la energía y la dirección del movimiento por la justicia climática proviene de jóvenes de todo el mundo. Greta Thunberg, la activista sueca de 18 años que impulsó el movimiento global de huelgas estudiantiles por el clima Fridays for Future, criticó las negociaciones sobre el clima que se han venido desarrollando durante décadas. En la reunión preparatoria de la COP26, que tuvo lugar en la ciudad de Milán en octubre, Thunberg expresó: “Reconstruir mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para el 2050, bla, bla, bla. Neutralidad de carbono, bla, bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Palabras. Palabras que parecen fabulosas, pero que hasta ahora no han conducido a ninguna acción. Nuestros sueños y esperanzas se ahogan en sus palabras y promesas vacías”. Estos líderes juveniles de diversas regiones del mundo, como Brianna Fruean, de Samoa, y Vanessa Nakate, de Uganda, le aportan al activismo su experiencia personal de primera mano con la emergencia climática y un profundo compromiso con la organización interseccional y la justicia global. En su entrevista con Democracy Now!, Asad Rehman concluyó: “Ahora le toca a la gente. El poder de la gente es la única solución que queda”.

Amy Goodman y Denis Moynihan Las huelgas de hambre son actos de protesta poderosos. A lo largo de su vida, Mahatma Gandhi participó en unos 20 ayunos públicos. En 1917, 32 mujeres sufragistas estadounidenses que protestaban frente a la Casa Blanca por el derecho al voto fueron arrestadas y sometidas a condiciones de reclusión inhumanas. Cuando un grupo de ellas se declaró en huelga de hambre, fueron alimentadas contra su voluntad de manera violenta. En 1981, diez presos políticos, miembros del IRA, el Ejército Republicano Irlandés —entre ellos Bobby Sands—, murieron tras varios días de huelga de hambre, que realizaron a modo de protesta contra la ocupación británica en Irlanda y por el trato que recibían en la prisión de alta seguridad de Maze, en Irlanda del Norte. Mientras tanto, según se informa, de los siete palestinos que actualmente permanecen en huelga de hambre en una prisión israelí, algunos están al borde de la muerte. El ayuno es una táctica de lucha difícil y particularmente peligrosa: implica nada menos que dejar de alimentarse para desafiar a los poderosos que niegan la justicia. Un grupo de jóvenes estadounidenses también se encuentra actualmente en huelga de hambre y, al igual que las sufragistas hace más de cien años, están llevando a cabo sus protestas frente a la Casa Blanca. Estos jóvenes son miembros del movimiento en defensa del clima Sunrise Movement y están instando al presidente Joe Biden a tomar medidas drásticas para abordar la crisis del cambio climático. “Estoy en huelga de hambre por mi familia, por mi futuro y por las promesas que hizo el presidente [Biden] a los jóvenes que lo pusieron en el cargo”, dijo el activista contra el cambio climático Kidus Girma durante una entrevista con Democracy Now!, en el octavo día de su ayuno, pocos días después de que lo hospitalizaran con un nivel de azúcar en sangre peligrosamente bajo. “El presidente debe poner a los niños del futuro y a los de hoy en el centro de su agenda; no a los directivos de Exxon o a los representantes que cabildean a favor de los intereses de los multimillonarios del petróleo y el gas”. Abby Leedy, otra de las activistas del movimiento Sunrise que se sumó a la huelga de hambre, criticó al senador demócrata conservador de Virginia Occidental Joe Manchin, quien, actuando a contramano de su propio bloque, logró retirar gran parte de las disposiciones a favor de la energía renovable que el proyecto de ley de gastos públicos de Biden contenía inicialmente. Leedy confrontó a Manchin cuando el senador salía de un evento con donantes empresariales: Abby Leedy: “Tendré que crecer en medio de una emergencia climática catastrófica si usted continúa bloqueando [la creación de un] Cuerpo Civil del Clima… Las emisiones de metano…”. Senador Joe Manchin: “Estamos cambiando el clima… Estados Unidos… ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar un segundo? ¿Cómo te llamas?”. Abby Leedy: “Mi nombre es Abby”. Senador Joe Manchin: “Abby, déjame decirte que en Estados Unidos hemos tomado más medidas [contra el cambio climático] que cualquier otro país. Todas las emisiones provienen de Asia…”. Abby Leedy: “Senador Manchin, si Estados Unidos de América no reduce sus emisiones en al menos un 50%, tendré que crecer bajo una incesante emergencia climática. Llevo siete días en huelga de hambre…”. Senador Joe Manchin: “Llama a mi oficina”. El senador Manchin es el congresista estadounidense que recibe más donaciones de la industria del petróleo, el gas y el carbón y ha ganado millones de dólares con la empresa de corretaje relacionada con la industria del carbón que él mismo fundó en Virginia Occidental y que ahora dirige su hijo. Uno de sus principales donantes es la empresa Energy Transfer LP, propietaria del controvertido oleoducto Dakota Access. Mientras tanto, en el centro de la ciudad de Nueva York, otro grupo de activistas en huelga de hambre reclama un cambio. Se trata de un grupo de taxistas que han montado una protesta las 24 horas del día, los siete días de la semana, frente a la sede del Gobierno Municipal. Los taxistas exigen que la ciudad implemente programas de ayuda financiera para miles de conductores devastados por la deuda acumulada debido al costo de las licencias para conducir taxis, que fue inflado de manera artificial por el gobierno local. Muchos conductores compraron las licencias —o medallones, como se las conoce por su aspecto— por más de un millón de dólares. Sin embargo, con la incursión de las aplicaciones de viajes compartidos como Uber y Lyft, estas licencias ahora solo valen alrededor de 100.000 dólares. Miles de taxistas de la ciudad de Nueva York están actualmente sumidos en grandes deudas y al menos nueve han muerto por suicidio. Augustine Tang es uno de los taxistas que participa de la huelga de hambre. En su sexto día de ayuno, dijo a Democracy Now!: “Estoy haciendo esta huelga de hambre por las 6.000 familias que se han visto afectadas por esta crisis del sistema de licencias para conducir taxis. Estos hombres y mujeres han invertido en la ciudad [de Nueva York] y han trabajado como taxistas durante 20, 30 o 40 años de sus vidas, solo para que les quiten la posibilidad de contar con una buena jubilación, sumado a que muchos están al borde de perder sus viviendas y sus trabajos”. La protesta de los taxistas fue organizada por la Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva York, que ha desarrollado un plan de reestructuración de las deudas relacionadas con las licencias. Dicho plan cuenta con el respaldo de casi todos los legisladores del área metropolitana de Nueva York, incluidos la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, se sumó también a la huelga de hambre de los taxistas y habló con Democracy Now! sobre las consecuencias que sufrió después de ayunar durante ocho días: “No podía dormir, tenía hambre constantemente, momentos de visión borrosa, estrés, dolores de cabeza: las mismas consecuencias físicas que los conductores de taxis dicen que sufren por cargar con estas deudas millonarias, por no poder cuidar de sus familias y no ver ninguna salida a su situación”. En Irlanda del Norte, antes de morir en 1981 después de 66 días en huelga de hambre, Bobby Sands dijo: “Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos”. Mediante este duro acto de negarse a sí mismos la comida, activistas de todo el mundo están alimentando la causa de la justicia.

Amy Goodman y Denis Moynihan La pandemia de COVID-19 está remitiendo lentamente en Estados Unidos —al menos entre las personas vacunadas—, pero otra epidemia letal continúa fuera de control: la muerte de personas de color a manos de la policía. Una base de datos en línea del periódico The Washington Post informa que 7.216 personas murieron a manos de la policía desde 2015, 914 de ellas en lo que va de 2021. Los afroestadounidenses tienen dos o tres veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de efectivos policiales. Mientras tanto, día a día crecen con mayor fuerza los movimientos que exigen que los oficiales de policía violentos rindan cuentas de sus actos. Se han logrado algunos avances al respecto, como lo demuestra el desarrollo de los casos de Ahmaud Arbery, Roger Greene y Elijah McClain. Nada traerá a esas personas de vuelta, pero que los agentes responsables de esas muertes rindan cuentas por sus acciones puede prevenir futuras muertes a manos de la policía. En su libro “The Condemnation of Blackness” (La condena de la negritud), el historiador y escritor Khalil Gibran Muhammad afirma: “Hay un hilo a lo largo de la Historia que conecta a los linchamientos del pasado con las prácticas policiales de la actualidad”. El “Museo del legado: de la esclavitud al encarcelamiento masivo” ubicado en la ciudad de Montgomery, estado en Alabama, muestra de manera dolorosa y contundente cómo las prácticas de linchamiento fueron fundamentales para aterrorizar a la población afroestadounidense tras la abolición de la esclavitud. La muerte violenta de Ahmaud Arbery ocurrida el 23 de febrero de 2020, captada en video por uno de los perpetradores acusados, tiene todas las características de esos linchamientos de hace un siglo. Esa soleada tarde de domingo, en los suburbios de la localidad de Brunswick, en el estado de Georgia, Ahmaud se encontraba haciendo ejercicio cuando Gregory McMichael y su hijo Travis lo vieron pasar corriendo e inmediatamente tomaron sus armas y se lanzaron a perseguirlo en su camioneta. Un vecino llamado William “Roddie” Bryan se unió a la persecución en su propia camioneta y filmó el incidente con un teléfono celular. El padre y el hijo afirman que estaban intentando hacer un “arresto ciudadano” de Ahmaud Arbery, quien se resistió a él con razón. Travis McMichael disparó dos veces su arma y le causó la muerte a Arbery. El mayor de los McMichael es un ex oficial de policía del condado de Glynn que trabajó como investigador en la oficina de la fiscal Jackie Johnson, ex fiscal de distrito del Circuito Judicial de Brunswick. Johnson fue recientemente imputada por haber ordenado a la policía que no arrestara a Travis McMichael y por direccionar el caso hacia un fiscal que ella sabía que iba a actuar de manera benigna con los acusados. Después de que el video filmado con el celular se hiciera público, fue un tercer fiscal quien finalmente presentó los cargos de asesinato contra los McMichael y Bryan. Este lunes comenzó la selección del jurado en el juicio contra los tres hombres acusados por la muerte de Arbery. El 10 de mayo de 2019, oficiales de una unidad de la policía estatal de Luisiana conocida como “Tropa F”, tristemente célebre por sus prácticas violentas, participaron en una persecución a alta velocidad del automovilista afroestadounidense de 49 años Ronald Greene. Inicialmente los oficiales informaron que Greene había muerto tras estrellarse contra un árbol. Más tarde dijeron que Greene se había enfrascado en una lucha con ellos y que había muerto camino al hospital. Más de dos años después del incidente, la agencia de noticias Associated Press publicó imágenes impactantes de las cámaras corporales de los policías que muestran una realidad totalmente distinta a la reportada. “Oficial, tengo miedo. ¡Soy tu hermano! ¡Tengo miedo!”, suplica Greene mientras los policías estatales lo golpean brutalmente, le disparan con una pistola eléctrica y lo arrastran por el suelo mientras vociferan amenazas e insultos. Poco después, Greene estaba muerto. En junio pasado ocurrió un hecho sumamente destacable: el policía estatal afroestadounidense Carl Cavalier acudió a la prensa y dio a conocer notas del agente de policía que investigó la muerte. Ese agente había recomendado que al menos uno de los policías involucrados fuera arrestado, pero luego los oficiales superiores de la policía estatal intervinieron para impedir que haya arrestos. El denunciante, Carl Cavalier, ha sido suspendido y, según algunos informes, ha sido despedido, aunque la policía estatal sostiene que todavía continúa en su cargo. En conversación con un canal de televisión de la ciudad de Baton Rouge, Cavalier afirmó: “En mi opinión, todavía tenemos asesinos en el trabajo”. Fiscales federales están investigando un posible encubrimiento de los hechos, en el que se sospecha que están involucrados altos mandos jerárquicos de dicha fuerza policial. El 24 de agosto de 2019 el joven Elijah McClain fue arrestado violentamente por la policía en la ciudad de Aurora, estado de Colorado. McClain retornaba caminando a su casa luego de comprar algunas cosas en la tienda de la esquina cuando agentes de policía lo detuvieron de manera violenta. En pocos segundos, lo derribaron y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven suplicó: “¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! Soy introvertido; soy diferente. No mato ni a una mosca. No como carne. Soy vegetariano”. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante, que le provocó un ataque cardíaco. McClain nunca recuperó el conocimiento y murió pocos días después. Tenía 23 años de edad. El caso de McClain pasó desapercibido hasta que irrumpieron las protestas que se desataron en los días posteriores al asesinato de George Floyd por parte de agentes de policía en mayo de 2020. Las protestas en reclamo de justicia racial eran cada vez más frecuentes y numerosas en Aurora, un suburbio de la ciudad de Denver. El gobernador de Colorado, Jared Polis, facultó al fiscal general del estado a investigar el caso de McClain y, en septiembre de 2021, tres oficiales de policía y dos paramédicos fueron imputados por homicidio involuntario, homicidio negligente criminal y agresión. Esta semana, la ciudad de Aurora llegó a un acuerdo con la familia McClain, del que no se revelaron detalles. Estamos experimentando un cambio tectónico en la conciencia pública sobre la violencia generalizada de la policía, en especial la dirigida hacia jóvenes negros. También hay una creciente disposición a llevar a juicio a los policías involucrados en operativos violentos con desenlace fatal. Sin embargo, la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial no pudo ser aprobada en el Senado de Estados Unidos; y esta semana, dos veredictos de la Corte Suprema a favor de la doctrina de la “inmunidad calificada” han dificultado aún más la posibilidad de llevar a los policías a los tribunales. A pesar de la resistencia de estas poderosas instituciones de Estados Unidos, será la ciudadanía comprometida, tanto de personas documentadas como indocumentadas, la que pondrá fin a esta epidemia de muertes a manos de la policía.

“El viaje a las estrellas” del actor William Shatner oculta otras travesías mucho más peligrosas a través del desierto Amy Goodman y Denis Moynihan La serie de televisión “Star Trek”, “Viaje a las estrellas”, volvió a la primera plana de las noticias esta semana, ya que William Shatner —el actor que interpretó al capitán Kirk en la clásica serie de los años 60— viajó este miércoles al espacio a la edad de 90 años en un nuevo vuelo de turismo espacial organizado por la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. En esta remota región del oeste del estado de Texas, a pocos kilómetros de la llamativa plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales de Bezos, todos los días se llevan a cabo travesías de otro tipo. Se trata del difícil cruce desde México a Estados Unidos que cientos de migrantes hacen a pie a través del desierto de Chihuahua, muchos de ellos huyendo de la violencia, la crisis climática y la pobreza. En el suelo de ese desierto, muy por debajo de la nave espacial que transportaba hacia lo alto a sus privilegiados pasajeros, yacen muchas vidas perdidas. La travesía a pie bajo el sol abrasador, a través de la arena, las rocas y los cactus, se ha vuelto aún más difícil debido al control militarizado de la frontera ejercido por el resquebrajado sistema de inmigración estadounidense. Miles de migrantes han muerto al intentar el cruce. Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo y no se supo más nada de él. La desaparición de Armando en el desierto se ha abordado anteriormente en esta columna, también haciendo referencia a la estructura espacial de Blue Origin cercana al pueblo de Van Horn, en Texas. En julio, el calor del desierto era abrasador y Jeff Bezos estaba embarcado en una competencia espacial contra-reloj —que muchos apodaron la “carrera espacial de los multimillonarios”— con Richard Benson, el otro multimillonario que se lanzó a las alturas con otros pasajeros a bordo de su propia nave para experimentar unos minutos de ingravidez en el espacio. Los breves viajes espaciales de estos multimillonarios recibieron atención mundial y fueron ampliamente aclamados. Ojalá la atención mediática que estuvo puesta sobre esa región hubiera hecho que los medios enfocaran sus cámaras hacia esos otros viajes, terrestres y mucho más peligrosos, que hacen los migrantes a través del desierto. Armando vivió durante una década en Estados Unidos. Tenía trabajo y formó una familia. Sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Sin embargo, nunca obtuvo documentación legal y fue deportado en 2016. Su hijo mayor, Derek, contó a Democracy Now! la génesis del fatídico viaje que emprendió Armando en mayo pasado: “No tener cerca a mi padre fue difícil para mí, porque crecí y pasé casi toda mi infancia muy cerca de mi papá”, explicó Derek. “Un día estábamos hablando por teléfono y le pregunté si podía regresar [a Estados Unidos] porque simplemente lo quería tener junto a mí. No había podido verlo durante cuatro años”. Alexis Corona formaba parte del pequeño grupo de migrantes que viajaba hacia el norte con Armando. En conversación con el canal de televisión Telemundo, Corona contó: “Él decía que ya no podía caminar y que iba a buscar la manera para ver si lo podían rescatar. De hecho, él quedó a escasas 8 o 9 millas. Adelante nos agarró migración y nosotros les explicamos cómo estaba, que no podía caminar, que se había quedado con poca agua, con poca comida. Y la reacción de ellos fue: ‘Ah, entonces, si ya se quedó atrás, pues ahí que se quede’”. Derek aún estaba en comunicación con su padre en ese momento. Armando le había enviado algunos mensajes de voz a su hijo, en los que describía la ropa que llevaba puesta, contaba que no tenía agua y que sentía que no podía continuar. El padre de Derek también había enviado una foto en la que se veía, a lo alto de la cumbre que tenía por delante, una estructura de gran tamaño. La estructura es casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Eagle Peak y Armando parece estar ubicado en la ladera sur, en el condado de Hudspeth, no lejos de la ciudad de El Paso. Entrevistado para el documental “Missing in Brooks County,” (Desaparecidos en el condado de Brooks, en español), el agente de la Patrulla Fronteriza Alex Jara admitió: “Ya no los llamamos personas. Los llamamos 'cuerpos'. Porque si los denominas 'personas', eso comenzará a afectarte”. En el condado de Brooks se encuentra uno de los puestos de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que operan lejos de la frontera, ya bien dentro de territorio estadounidense. Eso hace que los migrantes que carecen de documentación se alejen de la única carretera principal del condado de Brooks y se adentren en el desierto para evitar ser capturados. Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas (STHRC, por sus siglas en inglés), con sede en el condado de Brooks, dijo a Democracy Now!: “La migración se ha intensificado desde el comienzo del Gobierno de Biden. Aquí tengo a familias, provenientes de diversos países, que todavía están buscando a sus seres queridos desaparecidos. El número [de desaparecidos] ha aumentado. En lo que va del año, y solamente en el condado de Brooks, se han recuperado 99 cuerpos y restos esqueléticos”. Las temperaturas medias en el desierto son más frías en esta época del año, pero viajar sin la ayuda de un guía a través de este árido y desolado territorio sigue siendo peligroso. Seguirá habiendo más muertes evitables. Activistas por los derechos de los inmigrantes están presionando a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para que incluyan un plan de regularización de la ciudadanía para los residentes indocumentados en el proyecto de ley denominado Reconstruir Mejor. La aprobación de este proyecto de ley está siendo bloqueada por los senadores demócratas conservadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona —otro estado fronterizo donde se encuentra el igualmente peligroso desierto de Sonora—. Está bien mirar hacia el cielo y alcanzar las estrellas, como lo hizo el actor canadiense William Shatner, quien cuenta con los beneficios que brinda poseer el estatus de residencia permanente. Pero la crisis que atravesamos actualmente no se resolverá con viajes al espacio, sino con personas que aúnan esfuerzos aquí en la tierra, con los pies bien firmes en el suelo.

Amy Goodman y Denis Moynihan "Facebook se ha convertido en una empresa de alcance mundial cuyo valor de mercado supera el billón de dólares. Sus plataformas permiten que las personas de todo el mundo se conecten en línea con familiares y amigos, compartan fotos y den "me gusta" a las publicaciones de los demás. Pero detrás de esta fachada benévola e inofensiva se encuentra una vasta red de información de la que Facebook obtiene ganancias al promover la discordia, la violencia y la trata de personas. Sus plataformas también causan que muchas personas jóvenes, en particular niñas y adolescentes, se sientan mal consigo mismas y, en algunos casos, sufran depresión y tengan pensamientos suicidas. Y Facebook lo sabe. Una filtración sin precedentes de documentos internos de la empresa propició la publicación de una serie de artículos con revelaciones explosivas en el periódico The Wall Street Journal. La denunciante que dio a conocer los documentos, Frances Haugen, hizo el domingo su primera aparición pública para exponer su caso en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS; y este martes testificó ante un subcomité de la Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos. "Lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflicto de intereses entre lo que era bueno para sus ganancias y la seguridad de los usuarios", expresó Haugen. "Y Facebook resolvió estos conflictos una y otra vez a favor de sus propias ganancias. El resultado ha sido más división, más daño, más mentiras, más amenazas y más combate. Esta peligrosa conversación en línea conduce a una violencia real que daña a las personas y que, incluso, provoca muertes". "Se estima que Facebook tiene tres mil millones de usuarios en todo el mundo, y también es propietaria de las redes sociales Instagram y WhatsApp, que entre ambas suman otros tres mil millones de usuarios. La red social Instagram, popular entre los adolescentes, anima a los usuarios a publicar selfis y vídeos. La cantidad de seguidores que una persona tiene, el número de "me gusta" y "no me gusta", así como las veces que una publicación es compartida, pesan mucho en la psique de muchos de estos usuarios jóvenes, a menudo de manera negativa. "El siguiente intercambio entre Haugen y el periodista Scott Pelley en el programa "60 Minutes" ilustra muy bien este problema. "Scott Pelley comentó: "En un estudio, el 13,5% de las adolescentes entrevistadas dijo que Instagram aumenta los pensamientos suicidas; y el 17% de las entrevistadas señaló que dicha red social empeora los trastornos alimentarios". "Frances Haugen respondió: "Lo que es sumamente lamentable es que la propia investigación de Facebook indica que las jóvenes que comienzan a consumir este contenido relacionado con los trastornos alimentarios se deprimen cada vez más. Y, a su vez, eso hace que usen la aplicación cada vez con mayor frecuencia. Es un ciclo de retroalimentación en el que odian sus cuerpos cada vez más. El estudio interno de Facebook concluye que Instagram no solo es peligrosa para las adolescentes, sino que les hace daño; es claramente peor que otras redes sociales". "Entre los documentos obtenidos por The Wall Street Journal en la filtración se encuentra una diapositiva de una presentación interna de Facebook/Instagram de 2019 titulada "Análisis profundo de la salud mental de los adolescentes". En ella, los investigadores de la empresa admiten que la plataforma empeora "los problemas de imagen corporal en una de cada tres adolescentes". Se muestra luego una lista de cómo funciona este círculo. La diapositiva detalla: "Las adolescentes precisaron las formas en que Instagram daña su salud mental: - presión para ajustarse a los estereotipos sociales - presión para igualar el dinero y la imagen corporal de los influencers - necesidad de sentirse aprobados: cantidad de vistas, "me gusta" y seguidores - conflictos con las amistades, hostigamiento y discursos de odio - sobresexualización de las niñas - anuncios inapropiados dirigidos a grupos vulnerables". "La mira de Facebook en los adolescentes se ha comparado con el accionar de las grandes empresas tabacaleras, que durante décadas ocultaron las propiedades dañinas y adictivas de los cigarrillos, a la vez que captaban a fumadores cada vez más jóvenes. "La destructiva red de contenido tóxico impulsada a través de Facebook e Instagram va mucho más allá. Como revelan los documentos filtrados, Facebook sabe desde hace años que sus plataformas son utilizadas por organizaciones criminales. Los cárteles mexicanos de la droga han utilizado la red social para captar a jóvenes y convertirlos en asesinos, así como también para publicar vídeos en los que celebran sus actos violentos. "Asimismo, las organizaciones de trata de personas usan Facebook para reclutar trabajadores domésticos para puestos laborales en Medio Oriente. Confiscan los pasaportes de estas personas, muchas de las cuales provienen de África, y luego venden sus contratos de trabajo. Estos trabajadores son a menudo sometidos a condiciones similares a la esclavitud, y a algunos incluso les colocan grilletes para evitar que se escapen. "En las zonas de conflicto, Facebook ha desempeñado un papel clave en avivar las llamas del odio racial y étnico, alentando la violencia que ha contribuido a asesinatos masivos y a la limpieza étnica contra poblaciones minoritarias como los musulmanes rohinyá en Birmania y contra el pueblo de Tigray en Etiopía. "Facebook sabe que su plataforma está causando daños, pero se ha negado a tomar medidas. El propio director ejecutivo del gigante tecnológico, Mark Zuckerberg, ha intervenido y ha apartado a los investigadores de la empresa que sugieren soluciones que podrían afectar la rentabilidad de Facebook. Facebook y Zuckerberg se niegan a contratar más supervisores de contenido - especialmente en idiomas distintos del inglés, que constituyen los idiomas de la gran mayoría de los usuarios - o ajustar el algoritmo secreto que impulsa las enormes ganancias de la empresa. "Lo que realmente impacta aquí es la cantidad de mentiras descaradas que se repiten una y otra vez", expresó en una entrevista con Democracy Now! Jessica González, codirectora ejecutiva de la organización Free Press, que trabaja por la democratización de los medios de comunicación. "Esto demuestra con claridad que Facebook no está capacitado para regularse a sí mismo y que necesitamos que el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos intervengan y brinden transparencia y responsabilidad". "Nosotros - nuestra atención y el tiempo que pasamos en estos sitios y aplicaciones - son el producto que Facebook vende a los anunciantes. Debemos exigir que la empresa rinda cuentas de sus actos. Es necesario que el Congreso intervenga y que se tomen medidas antimonopolio para controlar a esta red mundial en expansión que obtiene ganancias a partir del dolor".

Amy Goodman y Denis Moynihan La bahía de Guantánamo, ubicada en el extremo sur de Cuba, alberga la tristemente célebre prisión militar estadounidense de Guantánamo, conocida como “Gitmo”, donde 779 hombres han permanecido detenidos, en su gran mayoría sin cargos, y han sido torturados a lo largo de los últimos veinte años. Uno de estos prisioneros, el yemení Mansoor Adayfi —o el “detenido 441”— estuvo encarcelado allí durante 14 años, hasta 2016. Adayfi está actualmente exiliado en Serbia, lugar a donde Estados Unidos lo obligó a asentarse luego de su liberación de Guantánamo a pesar de no tener ninguna conexión con ese país. Adayfi acaba de publicar un libro de memorias, en el que describe el horror que se vive en Guantánamo y cómo él y sus compañeros de prisión mantuvieron la cordura, crearon lazos solidarios y sobrevivieron. Mansoor Adayfi habló con Democracy Now! desde Belgrado. No dejó de sonreír y de reír durante la conversación que mantuvimos con él, a pesar de haber soportado años de tortura y encarcelamiento arbitrario. Aprendió la mayor parte de su inglés casi fluido de los guardias de Guantánamo. Respecto a la gran diversidad que había entre los prisioneros con los que tuvo que convivir, nos dijo: “Había alrededor de 50 nacionalidades, 20 idiomas e historias de vida diferentes. Las personas que estaban en Guantánamo eran artistas, cantantes, médicos, enfermeros, buzos, mafiosos, drogadictos, docentes, investigadores, poetas. Esas culturas tan diversas interactuaron unas con otras, se fusionaron y formaron lo que denominamos la 'cultura de Guantánamo' y lo que yo llamo 'el hermoso Guantánamo'”. Las elocuentes memorias de Mansoor Adayfi publicadas en el libro “Don’t forget us here: lost and found at Guantánamo” (No se olviden de los que estamos aquí. Perdidos y encontrados en Guantánamo) son un testimonio profundamente personal del horror que vivió en la prisión. También constituyen una dura denuncia contra la crueldad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de las personas que tenían a su cargo el manejo de la prisión, incluido el general Geoffrey Miller, un implacable defensor de las prácticas de tortura que también estuvo a cargo de la prisión de Abu Ghraib en Iraq, así como contra la serie de presidentes y comandantes en Jefe que estuvieron al mando de Estados Unidos desde 2002: George W. Bush, Obama, Trump y ahora Biden. “Por favor, déjame llevarte de viaje por Guantánamo”, escribe en la introducción del libro Mansoor Adayfi. “Ajústate el cinturón y prepárate. Seré tu guía, pero no te preocupes, no tendrás que usar el overol naranja, ni los grilletes, ni la capucha. Todas las noches podrás dejar atrás las rejas y las celdas de aislamiento y reincorporarte a tu vida. Pero creo que retornarás junto a mí para ver un lado de Guantánamo que pocas personas han tenido posibilidad de experimentar, donde hay mucho dolor, sí, pero también hay momentos inesperados de belleza y alegría que te dejarán sin aliento. Este es mi Guantánamo”. Nacido en el seno de una familia numerosa en un área rural de Yemen, Mansoor tuvo un buen desempeño en la escuela y cuando cumplió los 18 años de edad fue enviado a Afganistán para ayudar con un proyecto de investigación. Así nos cuenta lo que le sucedió en ese país: “Un día, después del 11 de septiembre, fui secuestrado por líderes tribales afganos. Desde los aviones estadounidenses se tiraban panfletos en los que se ofrecían grandes recompensas de dinero en efectivo [por entregar sospechosos]. Me vendieron a la CIA como un general de Al Qaeda, un egipcio de mediana edad, involucrado en los atentados del 11 de septiembre. Me llevaron a un centro clandestino de detención, donde me torturaron durante más de dos meses”. Mansoor nunca olvidará lo que padeció en ese centro clandestino: “Nadie sabe cuántas personas murieron realmente allí. No había ninguna limitación en las torturas que podían infligirte. Permanecer colgado del techo de la celda, boca abajo, durante mucho tiempo, incluso con los ojos vendados y desnudo. Permanecer parado, sin descanso. Estábamos las veinticuatro horas del día sometidos a prácticas como la privación del sueño, nos golpeaban, nos sometían a la práctica del ahogamiento simulado”. Con grilletes y encapuchado, Adayfi fue trasladado en avión desde Afganistán a Guantánamo, en un viaje de 40 horas de duración. Sus captores le colgaron un letrero alrededor del cuello con la leyenda “Golpéenme” y los guardias a bordo obedecieron y lo golpearon durante todo el viaje. En la cárcel de Guantánamo, el maltrato continuó. Con el tiempo, los reclusos se organizaron y comenzaron una huelga de hambre. “Nuestros cuerpos eran el campo de batalla, porque los estadounidenses nos torturaban, nos maltrataban y nos golpeaban en el cuerpo; y nosotros también castigamos nuestros propios cuerpos con la huelga de hambre, tratando de resistir. Era un viaje lento hacia la muerte”. Mansoor Adayfi sufrió innumerables golpizas y horrendos interrogatorios a manos de los guardias de la prisión. Aún así sentía compasión por quienes regresaban de la guerra en Irak o Afganistán: “Vi cómo volvían esos guardias, muchos de ellos estaban mentalmente destruidos. Ver a una persona quebrantada es más doloroso que cualquier otra cosa”. Una de las guardias lo conmovió profundamente cuando se rehusó a acatar una orden directa de llevar a Mansoor a un interrogatorio. “Era una cuestión de vida o muerte, pero tienes que mantener viva la esperanza”, reflexionó Mansoor. “Ese lugar fue diseñado para quitarte toda esperanza”. Mansoor Adayfi lleva puesta —en una actitud desafiante— una bufanda naranja, a pesar de que un psicólogo de la prisión de Guantánamo y un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja le dijeron que usar el color naranja podría desencadenarle una situación de estrés postraumático. “En Guantánamo aprendí que nunca te debes quedar callado”, dijo Mansoor Adayfi, el detenido 441, a Democracy Now! “Si guardas silencio, el opresor te oprimirá aún más. Así que nunca me quedaré callado”.

Amy Goodman y Denis Moynihan ¿Tu teléfono celular te está espiando? Ante la omnipresencia y el uso cada vez más generalizado de los teléfonos móviles, las agencias gubernamentales de Inteligencia han destinado gran cantidad de recursos para hackearlos, atentando de manera remota contra la privacidad de las personas en nombre de la seguridad nacional. Actualmente hay una incipiente industria en crecimiento que genera enormes ganancias a empresas que operan en las sombras y que se especializan en desarrollar formas cada vez más innovadoras para infectar dispositivos digitales con software espía. Activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos de todo el mundo han sido vigilados de esta forma y, en varios casos, detenidos, torturados o asesinados. El laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, un proyecto que se dedica a la investigación en temas de seguridad informática con sede en la Universidad de Toronto, reveló que más de 1.650 millones de iPhones y otros dispositivos de Apple habían estado expuestos, de manera completa y casi indetectable, al software de espionaje Pegasus, producido por el Grupo NSO, una empresa privada israelí. Según las investigaciones, los usuarios de los dispositivos hackeados ni siquiera tenían que hacer clic en ningún enlace o archivo malicioso, lo que se conoce como un ataque de “cero clic”. El software Pegasus otorga acceso ilimitado a todo el contenido del dispositivo infectado, desde los mensajes de chat hasta los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Además, permite tener el control del micrófono y la cámara del teléfono, y comparte la ubicación del teléfono en tiempo real. En conversación con Democracy Now!”, el director de Citizen Lab, Ronald Diebert, expresó: “El Grupo NSO es una empresa mercenaria de cibervigilancia con sede en Israel. La empresa apareció por primera vez en nuestro radar en 2016, cuando descubrimos que los Emiratos Árabes Unidos la estaban utilizando para espiar a un defensor de los derechos humanos llamado Ahmed Mansoor. Desde entonces, nosotros —al igual que otras organizaciones— hemos documentado gran cantidad de usos indebidos de la tecnología de esta empresa”. Según los fundadores del Grupo NSO, el software en cuestión solo se utiliza de manera legal, para capturar criminales, terroristas, pedófilos y otras personas por el estilo. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras 155 organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en tecnología no consideran que eso sea cierto y han emitido una carta conjunta en la que piden una moratoria inmediata a la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia. Las organizaciones declaran en la carta: “El software espía del Grupo NSO se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos a gran escala en todo el mundo. […] Ha quedado claro que su tecnología posibilita la comisión de abusos sistemáticos […]. Si las recientes acusaciones sobre el uso del [software] Pegasus son parcialmente ciertas, entonces esa línea roja se ha cruzado una y otra vez con total impunidad”. Entre los casos citados por Amnistía Internacional, se encuentra el de Cecilio Pineda Birto, un periodista mexicano asesinado a tiros el 2 de marzo de 2017. Pineda Birto había estado recibiendo amenazas de muerte y la misma mañana de su fallecimiento había anunciado la futura difusión pública de un informe acerca de funcionarios locales corruptos que estaban en connivencia con figuras del crimen organizado. En 2021, el número de teléfono de Pineda apareció en una lista filtrada que contenía más de 50.000 números de teléfono de todo el mundo, potenciales objetivos de espionaje del software Pegasus. Tras una investigación conjunta, la organización periodística sin fines de lucro Forbidden Stories y Citizen Lab brindaron información sobre la lista filtrada, que incluía a cientos de periodistas y activistas, así como a muchos líderes mundiales. “Si no se hace nada para detener la comercialización de esta tecnología, no serán solo 50.000 objetivos. Serán 50 millones”, dijo el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden al periódico The Guardian. “Y eso va a suceder mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros espera. Hay que detener la comercialización de esta tecnología [para que eso no ocurra]”. El programa informático Pegasus se usó para espiar los teléfonos de algunos miembros de la familia de Jamal Kashoggi, el disidente saudí y periodista del periódico The Washington Post, tanto antes como después de que Kashoggi fuera brutalmente asesinado por un equipo de sicarios saudíes dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Otra víctima del software de espionaje del Grupo NSO es Omar Radi, un periodista independiente de Marruecos que durante mucho tiempo ha informado sobre la corrupción, la expropiación de tierras y las violaciones contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno marroquí. En 2020, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se demostraba que el iPhone de Radi había sido infiltrado por el software Pegasus. “Pegasus es un programa silencioso. No lo sientes”, dijo en julio de 2020 Omar Radi a Democracy Now!, solo dos semanas antes de ser arrestado por la policía marroquí. “Puede usar tu micrófono, tu teclado, tu pantalla y obtener cualquier información almacenada en tu teléfono. No tengo idea de la cantidad de información que han robado de mi teléfono”. Radi fue condenado recientemente a seis años de prisión. Retomemos la conversación que tuvimos con el director de Citizen Lab, Ron Deibert: “El Grupo NSO es simplemente una de las muchas empresas mercenarias de software espía que existen a nivel mundial. Los Gobiernos que tienen mucho dinero pueden adquirir este tipo de despotismo tecnológico como un servicio. Hasta ahora nunca habíamos visto algo así: nunca habíamos visto la privatización de este tipo de espionaje digital”. La empresa Apple lanzó una actualización de software que supuestamente soluciona este problema. Pero seguramente los hackers encontrarán otras vulnerabilidades en los sistemas operativos de estos dispositivos digitales. Si no se prohíbe la comercialización y el uso de Pegasus y de otros programas espía similares, muchos defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas seguirán siendo vulnerados, espiados, golpeados, arrestados y asesinados.

Amy Goodman y Denis Moynihan Las imágenes que muestran el momento en que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos montados a caballo azotan a migrantes haitianos mientras estos intentan cruzar el río Bravo hacia Texas en busca de asilo conmocionaron al mundo esta semana. Ante la llegada de unos 15.000 refugiados que se resguardaron debajo de un puente en la ciudad fronteriza de Del Río, en Texas, el presidente Biden respondió con una campaña de deportaciones masivas. El Gobierno de Biden fletó varios aviones con destino a Haití para deportar a una gran cantidad de ciudadanos haitianos, a pesar de la convulsión política que vive ese país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio y el devastador terremoto del pasado 14 de agosto. Para ello, el presidente Biden invocó una política anti-inmigrantes implementada por el expresidente Donald Trump en virtud del Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que dispone que las autoridades de inmigración expulsen del país a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. “¿Qué diablos estamos haciendo?”, preguntó la congresista demócrata del estado de California Maxine Waters, acompañada por otros miembros del Bloque Negro del Congreso, durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el martes en la ciudad de Washington D.C. “Lo que hemos visto nos remonta a cientos de años atrás. Lo que presenciamos es peor que lo que pasó durante la época de la esclavitud: otra vez vaqueros azotando a personas negras —haitianas— con las riendas de sus caballos, empujándolas hacia el río, mientras se tropiezan y caen en el agua, cuando todo lo que están tratando de hacer es escapar de la violencia que viven en su país”. Otras voces críticas se sumaron a la de la congresista Waters. El miércoles por la mañana, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, renunció a su cargo. En su carta de renuncia, obtenida por la cadena PBS, Foote escribió: “No puedo seguir vinculado a la inhumana y contraproductiva decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. […] El enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente erróneo y mis recomendaciones al respecto han sido ignoradas y descartadas”. La dura carta de Foote continúa: “La población de Haití, sumida en la pobreza, rehén de la violencia, los secuestros, los robos y las masacres cometidas por pandillas armadas bajo un Gobierno corrupto que transa con ellas, simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin que eso provoque una nueva tragedia humana que podría ser evitada”. “El desmoronado Estado haitiano es incapaz de proporcionar seguridad o servicios básicos, y [la llegada de] más refugiados alimentará aún más la desesperación y el crimen. La migración a nuestras fronteras solo seguirá creciendo si sumamos más miseria inaceptable en Haití”, agrega el ex enviado especial a Haití en su carta de renuncia. También han surgido reportes que señalan que las autoridades estadounidenses colocaron esposas en las manos y grilletes en los pies a algunos de los migrantes haitianos y que la cantidad de vuelos de deportación está aumentando a unos siete por día. En 1492, Cristóbal Colón tocó tierra en la isla que bautizó con el nombre de “La Española” y, en nombre de España, sometió al pueblo indígena taíno a un brutal genocidio mientras extraía la mayor riqueza posible de esas tierras. España trajo personas esclavizadas de África para reemplazar a los indígenas que mataron. En 1697, Francia tomó el control de la mitad occidental de la isla, formando lo que luego se convertiría en Haití; mientras que la colonia española conocida como Santo Domingo, que luego sería República Dominicana, permaneció en la mitad oriental. La violencia y la opresión continuaron, y Haití se convirtió en la colonia más rentable de Francia. Aproximadamente el 85% de la población de Haití estaba conformada por personas esclavizadas, y la tortura, los azotes y las ejecuciones se utilizaban como instrumentos habituales de control. Las revoluciones que surgían en otras partes del mundo no pasaron desapercibidas para los haitianos, entre ellas la exitosa rebelión que se desató contra los británicos en las 13 colonias que luego se transformarían en Estados Unidos, y la Revolución francesa ocurrida en 1789. De hecho, los haitianos lucharon en la Revolución estadounidense. El Reino Unido ocupó la actual ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, durante la Guerra de la Independencia y el Ejército Continental rebelde, al mando de George Washington, sitió la ciudad en 1779. Francia envió barcos y tropas para ayudar a los rebeldes, entre ellos unos 500 a 900 soldados de color reclutados en Haití. Los Chasseurs-Volontaires de Saint-Domingue, como se los llamaba, eran principalmente libertos haitianos de ascendencia africana. Muchos de esos combatientes haitianos murieron durante los enfrentamientos. En 2007, fue inaugurado en la ciudad de Savannah un monumento en honor a estos soldados haitianos. Los haitianos esclavizados se levantaron contra sus opresores franceses en 1791. Lucharon contra el que entonces se consideraba el ejército más grande del planeta, comandado por Napoleón, pero salieron victoriosos y en 1804 fundaron Haití, la “primera república negra” del mundo. Estados Unidos se negó a reconocer a la nueva nación de Haití, temiendo que el exitoso levantamiento de esclavos inspirara revueltas similares en Estados Unidos. En 1825, Haití se vio obligado a pagar reparaciones a Francia, lo que causó estragos en la economía haitiana durante más de 100 años. Desde la década de 1950, una seguidilla de dictaduras, golpes de Estado, asesinatos, intromisiones políticas y ocupaciones de Estados Unidos, así como también una serie de terremotos, huracanes y sequías, han convertido a Haití en la nación más pobre del hemisferio occidental. Dada la magnitud y la duración del sufrimiento del pueblo haitiano, es sorprendente que solo 15.000 refugiados se hayan reunido bajo ese puente de Del Rio, en Texas. El Gobierno de Biden tiene la oportunidad de cambiar de dirección, de dejar a un lado los látigos y grilletes que los haitianos han soportado durante más de 500 años y cumplir con la promesa de una vida mejor para los pobres y expatriados simbolizada en ese imponente monumento que Francia le regaló a Estados Unidos: la Estatua de la Libertad.

Amy Goodman y Denis Moynihan “¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar, por favor! ¡No puedo respirar, por favor!”. Esta súplica quedó grabada en las cámaras corporales de los policías de la ciudad estadounidense de Aurora, en el estado de Colorado que abordaron violentamente a Elijah McClain, un joven afroestadounidense de 23 años de edad que retornaba caminando a su hogar luego de comprar unas latas de té helado en la tienda de la esquina de su casa. Eran las 10:43 p.m. del 24 de agosto de 2019. Los operadores de la línea de emergencias de la ciudad de Aurora habían recibido la llamada de una persona que denunciaba la presencia de “un hombre negro sospechoso que llevaba un pasamontañas y que actuaba raro”. Un oficial que acudió al lugar luego de la llamada se acercó a McClain y le dijo: “Deténgase, tengo derecho a detenerlo, ya que está actuando de manera sospechosa”. En diez segundos, los oficiales derribaron a Elijah y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven dijo entre sollozos: “Mi nombre es Elijah McClain. […] Soy introvertido. Soy diferente. […] ¡Solo soy diferente! ¡Eso es todo!”. Elijah continuó: “¿Por qué me están atacando? No uso armas. Ni siquiera mato moscas. No como carne. […] Soy vegetariano. No juzgo a nadie […]. Respeto la vida de todos”. Sin embargo, el arresto violento continuó: los agentes inmovilizaron a Elijah a través de dos llaves de estragulamiento carotídeo sucesivas y una “llave de martillo” sobre su brazo, que causó dolor y lesiones en el hombro del joven. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar diagnosticó de forma errónea que McClain sufría del síndrome de “delirio agitado” y le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante. Elijah logró gritar: “No puedo sentirme. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deténganse, por favor! […] Estoy intentando… ¡Por favor, ayúdenme!”. Esas fueron las últimas palabras que pronunció Elijah McClain. A los 18 minutos de haber sido abordado y atacado por la policía, Elijah McClain, joven masoterapeuta y talentoso violinista, —esposado, maltratado y aspirando su propio vómito— sufrió un paro cardíaco. Después de una reanimación tardía que lo dejó con muerte cerebral, McClain pasó varios días en el hospital, inconsciente y conectado a un respirador artificial. Murió el 30 de agosto de 2019. Casi dos años más tarde, mucho después de que funcionarios de Aurora dictaminaran que los agentes de policía y los paramédicos no habían cometido ningún delito, un gran jurado convocado por el ahora fiscal general de Colorado, Phil Weiser, emitió una acusación formal de 32 cargos penales contra los responsables de la muerte del joven. Tres oficiales de policía, Randy Roedema, Nathan Woodyard y Jason Rosenblatt, y dos paramédicos, Jeremy Cooper y Peter Cichuniec, fueron acusados el miércoles de homicidio culposo, homicidio por negligencia criminal y otros cargos de agresión. En 2020, el agente Rosenblatt fue despedido por haber escrito “ja, ja, ja” al comentar una foto en la que otros oficiales de Aurora recreaban de manera burlona la maniobra de estrangulamiento usada contra Elijah McClain. Los otros cuatro acusados fueron suspendidos sin goce de sueldo esta semana luego de que se anunciaran los cargos en su contra. Sheneen McClain, la madre de Elijah, dijo a un medio de la ciudad de Denver: “Estoy agradecida de que hayan visto lo que yo vi. [Mi hijo] nunca debería haber sido detenido, nunca debería haber sido maltratado, nunca debería haber sido esposado y nunca deberían haberle dado ketamina”. La muerte de Elijah McClain a manos de la policía atrajo la atención nacional durante las masivas protestas que estallaron después del asesinato de George Floyd, perpetrado por la policía de la ciudad de Mineápolis el 25 de mayo de 2020 —el Día de los Caídos—, nueve meses después de la muerte de Elijah. Miles de manifestantes bloquearon autopistas de Aurora en señal de protesta; en una de las manifestaciones algunos de ellos fueron embestidos por un automóvil y recibieron disparos. Uno de los momentos más conmovedores de las protestas que se sucedieron en todo el mundo tras la muerte de Floyd tuvo lugar el 27 de junio de 2020. Ese día, frente al Centro Municipal de Aurora, se realizó una vigilia musical, en la que un gran grupo de violinistas se juntó para interpretar música clásica en honor a la vida de Elijah McClain. Elijah amaba la música y solía ir a un refugio de animales para tocar el violín y consolar a los gatos abandonados que allí se encontraban. La policía antidisturbios de Aurora reprimió violentamente la vigilia. La lucha de la familia McClain para lograr justicia para Elijah, sumada a las masivas y constantes protestas que se realizaron, fueron claves para que el gobernador de Colorado, Jared Polis, emitiera una orden ejecutiva que facultaba al Fiscal General del estado a investigar los pormenores de la muerte del joven. La acusación presentada el miércoles fue el resultado de esa investigación. Durante los últimos dos períodos legislativos, la representante estatal de Colorado Leslie Herod impulsó tres proyectos de ley de responsabilidad policial, que el gobernador Polis convirtió en ley. En conversación con Democracy Now!, la representante Herod afirmó: “Fue la voz de Sheneen y su lucha lo que llevó a que el estado de Colorado aprobara estas leyes de responsabilidad policial, las de mayor alcance e impacto que hay en Estados Unidos hasta el momento”. Estas leyes, continuó Herod, “estipulan que la [administración] de ketamina constituye un uso [indebido] de la fuerza por parte de la policía y nos aseguran que podamos tener Investigaciones Especiales cuando alguien muere a manos o bajo la dirección de las fuerzas del orden. [Con estas leyes también] prohibimos las maniobras de estrangulamiento y terminamos con la inmunidad calificada [de los agentes de policía]”. La representante Herod explicó dónde y cómo se enteró de la muerte de Elijah. Fue durante una protesta que se realizó en junio de 2020 luego del asesinato de George Floyd. “Una mujer pequeña y tranquila dio un paso adelante de la multitud y se acercó. Le entregué el megáfono. Ella dijo '¿Por qué están aquí ahora por alguien que murió en otro estado, pero cuando le pedí ayuda a la gente de Colorado para apoyar a mi hijo no apareció nadie?'. La multitud se volvió hacia mí y la persona organizadora del evento me preguntó: '¿Quieres que le retiremos el micrófono?'. Yo le contesté: 'No, quiero tener esta conversación'. Le pregunté a la mujer quién era su hijo. Cuando ella dijo “Elijah McClain”, supe que su voz debía ser escuchada. A partir de ese momento, trabajamos codo a codo para aprobar las leyes de responsabilidad policial”. Las luchas populares no solo inspiran el cambio, son la clave para lograrlo.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Me pongo de pie hoy con el corazón apesadumbrado, lleno de tristeza por las familias y sus seres queridos que fueron asesinados y heridos esta semana”. Así se expresaba, emocionada y con voz temblorosa, la congresista demócrata de California Barbara Lee desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 14 de septiembre de 2001, tres días después de los devastadores ataques del 11 de septiembre. El país estaba conmocionado por la muerte de más de 3.000 personas, y el presidente de entonces, George W. Bush, comenzaba ya a hacer sonar los tambores de guerra. Lee pronunció estas palabras en el debate —de cinco horas de duración— que tuvo lugar en la Cámara baja sobre la concesión de amplios poderes de guerra al presidente para usar la fuerza militar en represalia por los ataques. El Senado ya había aprobado la autorización en una votación unánime de 98 votos a favor y ninguno en contra. Ese 14 de septiembre, Barbara Lee sería la única miembro del Congreso en votar en contra de la guerra. La votación final en la Cámara de Representantes fue 420 a 1. “Solo los más tontos o los más despiadados podrían no comprender el dolor que ha paralizado al pueblo estadounidense y a millones de personas en todo el mundo”, continuó Lee. “Este terrible ataque contra Estados Unidos me ha hecho confiar en mi brújula moral, en mi conciencia y en mi Dios para orientarme. El 11 de septiembre cambió el mundo. Ahora nos acechan nuestros miedos más profundos. Sin embargo, estoy convencida de que la acción militar no evitará otros actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos”. Barbara Lee había preparado su discurso a toda prisa. La congresista pensaba que la resolución iba a pasar antes por el Comité de Servicios Armados, pero el presidente republicano de la Cámara de Representantes la puso directamente a consideración del pleno de la Cámara baja. En un evento patrocinado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés), a pocos días del vigésimo aniversario del 11 de septiembre, la Congresista Lee contó a Democracy Now!: “Tuve que bajar corriendo al recinto. Estaba tratando de ordenar mis pensamientos… Solo tuve tiempo de garabatear algo en una hoja de papel”. Esas palabras que Barbara Lee anotó a las apuradas en un papel resonaron fuerte en el recinto de la Cámara baja: “Por más difícil que sea esta votación, algunos de nosotros debemos exhortar a la moderación. Nuestro país está de luto. Hagamos una pausa, tan solo un minuto, y pensemos bien en las repercusiones que tendrán las decisiones que tomemos hoy, para que esto no se salga de control’”. Las cosas se salieron efectivamente de control. El Instituto Watson de la Universidad de Brown calcula que al menos 801.000 personas, casi la mitad de ellas civiles, han muerto por la violencia de guerra directa posterior al 11 de septiembre en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán. Miles de militares y contratistas estadounidenses han muerto o han resultado heridos. Asimismo, el Instituto estima que la cifra que los contribuyentes estadounidenses han tenido que pagar por esas acciones de guerra supera largamente los ocho billones de dólares. En “Punto de inflexión”, un nuevo y abarcativo documental de cinco capítulos sobre la respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre, la congresista Lee reflexiona sobre la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar —o AUMF, por sus siglas en inglés— contra la que ella fue la única voz disidente. “La Autorización para Usar la Fuerza Militar se ha utilizado más de 41 veces en unos 19 países que no tuvieron ninguna relación con los hechos del 11 de septiembre. […] Se ha empleado en todo el mundo como base para usar la fuerza y para bombardear y participar en operaciones militares. Eso es inconstitucional. Allana el camino para una guerra perpetua”. La congresista Lee votó valientemente en contra de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar hace veinte años, cuando todavía ardían los escombros en la Zona Cero, en el Pentágono y en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de United Airlines se estrelló mientras los pasajeros y la tripulación luchaban contra los secuestradores del avión. Inmediatamente después de la votación, Lee comenzó a recibir amenazas de muerte y se la acusó de traidora y de antiestadounidense. Pero también recibió otro tipo de mensajes: “De hecho, el 40% de las 60.000 comunicaciones [que recibí] fueron muy positivas. Personas de todo el mundo, entre ellas el obispo [Desmond] Tutu y [la escritora y activista estadounidense] Coretta Scott King, me enviaron mensajes muy positivos”. En ese momento, Barbara Lee era una de las miembros más recientes del Congreso de Estados Unidos y una de las pocas mujeres afroestadounidenses en ocupar una banca en la Cámara de Representantes o en el Senado. Cuando Democracy Now! le preguntó de dónde sacó el coraje para adoptar esa posición tan difícil, Lee contestó: “Soy una mujer negra en Estados Unidos”. Luego la congresista contó una historia que rara vez comparte en entrevistas, sobre el día en que nació, en la ciudad de El Paso, en Texas: “Mi madre necesitaba hacerse una cesárea y fue al hospital. [Al principio] no la admitieron porque era negra”, contó la Congresista Lee. “Ella estaba inconsciente y tuvieron que sacarme del vientre de mi madre con unos fórceps. Por poco muero en el parto. Y mi madre casi muere al tenerme. Creo que todo lo que sigue después de eso no es un gran problema”. El 14 de septiembre de 2001, la congresista Barbara Lee cerró su histórico discurso con una súplica por la paz y la diplomacia que todos deberíamos recordar: “Ha sido muy difícil para mí decidir este voto. Pero hoy, durante la dolorosa y emotiva ceremonia en homenaje a las víctimas de los ataques, comprendí que debía oponerme a esta resolución. Hago mías las palabras que pronunció de forma tan elocuente un miembro del clero: 'Al actuar, no nos convirtamos en el mal que deploramos'”. © 2021 Amy Goodman

Amy Goodman y Denis Moynihan Grandes incendios forestales están incinerando bosques en el oeste de Estados Unidos y en otras partes del mundo como Turquía, Grecia y Siberia, destruyendo millones de hectáreas, quemando pueblos enteros y cubriendo vastas regiones con columnas de humo que se extienden por miles de kilómetros. El término “megasequía” se utiliza actualmente para describir a las sequías que duran décadas, que resecan y desertifican el paisaje y provocan que los niveles de agua de los embalses, que antes rebosaban, estén ahora peligrosamente bajos y amenacen con dejar ciudades enteras sin agua. En Alemania y China, una serie de tormentas torrenciales vertieron recientemente el equivalente a un año de lluvia en cuestión de días, causando inundaciones que arrastraron a cientos de personas a la muerte y desplazaron a otras miles de sus hogares. Los huracanes y tifones están ocurriendo antes de lo previsto, con mayor frecuencia y fuerza, devastando países insulares y comunidades costeras. “La influencia de la actividad humana en el sistema climático es ahora un hecho indiscutible” afirma el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, ganador del Premio Nobel de la Paz, en su sexto informe de evaluación sobre el cambio climático, recientemente publicado. Es su primera revisión importante de esta amenaza medioambiental desde 2013. El informe destaca además que “en 2019 las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono fueron las más altas en al menos dos millones de años”. El secretario general de la ONU, António Guterres, describió al informe como un “código rojo para la humanidad”. El documento presentado consta de 4.000 páginas y ofrece una síntesis detallada de más de 14.000 artículos científicos, minuciosamente revisados por 234 expertos de 66 países. Los expertos contaron con la ayuda de más de 500 autores colaboradores y recibieron más de 78.000 comentarios editoriales antes de la publicación. El informe incluye la advertencia de que “a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, la meta de limitar la temperatura global del planeta a cerca de 1,5 grados Celsius o incluso a 2 grados Celsius será imposible de alcanzar”. Esas dos temperaturas definen lo que los científicos, los legisladores, los líderes mundiales y los activistas contra el cambio climático han identificado durante mucho tiempo como el estrecho margen para mantener el calentamiento global dentro de un rango seguro. Es decir, los límites de temperatura inferior y superior del calentamiento global causado por los humanos, que nosotros, como especie, podemos permitir que ocurra si queremos mantener un planeta habitable. Según este nuevo informe del IPCC, ya hemos aumentado la temperatura del planeta en aproximadamente 1,2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Si bien este nivel puede parecer pequeño, ya ha tenido impactos en el planeta. El experto en clima Bob Kopp, uno de los autores del informe del IPCC, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “No deberíamos pensar en esto como si hubiera una línea mágica en un grado y medio [Celsius] o en cualquier otro nivel por debajo del cual estamos a salvo y por encima del cual no lo estamos. Cualquier nivel de calentamiento […] aumenta los riesgos a los que nos enfrentamos”. En 2015, casi todas las naciones del mundo firmaron el Acuerdo de París, el histórico tratado sobre el clima que afirmó el compromiso de cada país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más de cinco años después, aún no se han acordado las reglas en base a las cuales se implementará dicho acuerdo. Estados Unidos —como el país más rico del mundo y uno de los mayores contaminantes históricos del planeta— tiene la responsabilidad de actuar, no solo para hacer su propia transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía más limpias, sino para ayudar a financiar esa transición a nivel mundial. Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió tomar medidas ambiciosas para abordar la crisis del cambio climático, en marcado contraste con su predecesor, Donald Trump, que es un gran negacionista del cambio climático. Después de asumir el cargo, Biden bloqueó de inmediato la construcción del oleoducto Keystone XL, pero permitió que el oleoducto Dakota Access siguiera funcionando. En otra decepción para los activistas contra el cambio climático, Biden también se negó a detener la construcción del oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el estado de Minesota, en donde en los últimos meses miles de personas se han unido a las protestas lideradas por las comunidades indígenas para reclamar por la detención de la construcción del oleoducto y muchas han sido violentamente arrestadas. El presidente de Estados Unidos también ha instado a los países integrantes de la OPEP a aumentar la producción de petróleo para reducir los costos del combustible. Sin embargo, Biden ha incluido elementos de un New Deal ecológico en su programa denominado “Reconstruir mejor”, estableciendo estándares nuevos y más altos para la eficiencia energética y la energía limpia. Asimismo, ha ampliado los incentivos para la generación de electricidad mediante fuentes de energía limpia y para la fabricación de vehículos eléctricos y el uso de energías limpias en la industria; y ha creado un Cuerpo Civil del Clima, un programa gubernamental que creará nuevos empleos destinados a combatir la crisis climática. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, el senador Bernie Sanders, acaba de presentar una propuesta presupuestaria de 3,5 billones de dólares para financiar estas iniciativas y otras en el mismo sentido. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se ha comprometido a aprobar el proyecto de ley para mediados de septiembre utilizando el “procedimiento de reconciliación”, un proceso legislativo para la aprobación de presupuestos que solo requiere una mayoría simple y que evitaría el obstruccionismo republicano. Mientras tanto, la ONU sigue adelante con los planes de realizar en noviembre de este año la COP26, la próxima cumbre mundial contra el cambio climático que fue cancelada en 2020 debido a la pandemia y que se llevará a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow. “La COP26 de Glasgow será quizás la cumbre climática más importante que habremos tenido hasta el momento”, dijo el científico bangladesí experto en clima Saleemul Huq a Democracy Now! “Es hora de que los países ricos hagan lo que acordaron hacer en París: mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius y proporcionar 100 mil millones de dólares al año a los países en desarrollo para que puedan abordar el cambio climático. Prometieron hacer todo eso, pero no cumplieron con su palabra”. Los costos de hacer la transición hacia una sociedad libre de combustibles fósiles y con energías renovables serán enormes. Pero los costos de la inacción son infinitamente más altos, no solo en términos económicos, sino en sufrimientos, desplazamientos, destrucción y muertes. Los movimientos populares que luchan por la justicia climática, muchos liderados por jóvenes, están creciendo en todo el mundo. Esa es, en última instancia, la mayor esperanza de cambio que tenemos durante esta ventana crucial y cada vez más estrecha para salvar el planeta.

La protesta de la congresista Bush, que en el pasado fue una persona sin techo, obliga a la Casa Blanca a extender la prohibición de los desalojos. Amy Goodman y Denis Moynihan En Estados Unidos, los inquilinos han tenido una cierta protección contra los desalojos durante la pandemia de COVID-19 a través de una combinación de leyes federales aprobadas por el Congreso en proyectos de ley de ayuda económica de emergencia y una moratoria a los desalojos emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta amalgama de protecciones se derrumbó el sábado, día en que los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonaron raudamente el Capitolio rumbo a sus hogares en sus estados de origen para comenzar el largo receso de agosto. La mayoría de los congresistas; no todos. La congresista Cori Bush, del estado de Misuri, no se fue a ninguna parte ese sábado. La congresista Bush, que en el pasado fue una madre soltera sin techo, decidió acampar en las escalinatas del recinto parlamentario a modo de protesta contra la expiración de la última moratoria a los desalojos. A ella se le unieron decenas de partidarios y otras congresistas del sector progresista del Partido Demócrata, como Ayanna Pressley, del estado de Massachusetts, e Ilhan Omar, del estado de Minesota. El martes, en medio de la creciente presión que ejercía su protesta, el Gobierno de Biden extendió por dos meses más la prohibición temporal de los desalojos establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “No podía alejarme de aquí e irme de vacaciones, al receso, sabiendo que millones de personas podrían terminar en la calle”, dijo la congresista Bush a Democracy Now! desde las escalinatas del Capitolio. “[Estoy aquí] para asegurarme de que entre siete y once millones de personas no se vean forzadas a abandonar sus hogares. No puede ser que nuestros legisladores, nuestro Gobierno y los funcionarios gubernamentales que tienen algún tipo de incidencia en relación con esta crisis opten por no hacer nada al respecto”. La prohibición de los desalojos durante una pandemia es una medida muy acertada. Las personas que son desalojadas de sus viviendas a menudo se ven obligadas a quedarse en lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llaman “entornos de aglomeración” donde el coronavirus puede propagarse a gran velocidad. A la prohibición de los desalojos se ha sumado la asistencia para pagar el alquiler, incluida en los paquetes de ayuda económica por el coronavirus. Dicha asistencia asegura que los propietarios de viviendas puedan recibir su renta incluso si los inquilinos están sin trabajo. Sin embargo, de los 47.000 millones de dólares asignados por el Congreso de Estados Unidos para la asistencia de alquiler, solo se han desembolsado unos 3.000 millones de dólares. Las autoridades políticas se culpan unas a otras por este desordenado y caótico programa de ayuda para pagar el alquiler. El Congreso culpa a la Casa Blanca por solo darles dos días para aprobar una nueva moratoria a los desalojos. La Casa Blanca dice que tiene las manos atadas luego del fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos dictó en junio, en el que el juez Brett Kavanaugh escribió: “Se necesitará una autorización clara y específica del Congreso (a través de una nueva ley) para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades extiendan la moratoria [a los desalojos]”. Los republicanos culpan al Gobierno de Biden por no desembolsar los fondos, pero los proyectos de ley bipartidistas que asignaron los 47.000 millones de dólares para ayudar a las personas a pagar el alquiler delegan en gran medida los detalles de los programas a cada uno de los estados del país. Mientras tanto, el sector progresista del Partido Demócrata culpa en parte a los llamados demócratas “moderados” del fracaso en aprobar la moratoria. Según el sector progresista, estos demócratas moderados están protegiendo los intereses de los grandes propietarios. Después de que el medio The Daily Poster informara que Grant Marcus, el patrocinador multimillonario de Biden y un conocido magnate inmobiliario, donó un millón de dólares al Comité de Acción Política de la mayoría demócrata de la Cámara baja —un comité que recauda dinero para ayudar a los demócratas a ser elegidos para el Congreso—, la congresista demócrata Rashida Tlaib, de Detroit, pidió a dicho comité que devuelva cualquier donación proveniente de Marcus. A medida que la congresista Cori Bush continuaba acampando en las escalinatas del Capitolio, aumentaba también la presión sobre la Casa Blanca para tomar medidas. El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una nueva y modificada moratoria a los desalojos, dirigida al 90% de los condados de Estados Unidos que tienen altas tasas de contagios de COVID-19. “Soy una activista. Trabajo por la comunidad”, dijo la Representante Bush. “Comencé mi activismo en 2014, después de la muerte de Michael Brown [a manos de un agente de policía] en la ciudad de Ferguson. Reclamamos justicia por esa muerte durante más de 400 días. Después de eso, seguimos protestando durante años contra las injusticias relacionadas con la brutalidad policial y la crisis de la vivienda. Si luché contra esas injusticias en St. Louis, no podía ahora estar aquí y ser indiferente a la atrocidad que está ocurriendo; no podía no hacer nada y dejarlo pasar”. Como activista experimentada, la congresista Bush sabe que no es suficiente con reaccionar a las situaciones de crisis. Tres días antes de que expirara la moratoria a los desalojos, la congresista Bush presentó la Resolución 568 de la Cámara de Representantes. “La Declaración de Derechos para las Personas sin Vivienda establece protecciones de derechos civiles”, explicó Bush. “De qué se trata la dignidad de los vecinos que no tienen hogar. […] Los derechos de cada persona sin techo, de cada persona que no tiene dónde vivir deben ser protegidos. Esas personas deben gozar de la misma dignidad que las personas que tienen un techo”. Las filiales de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Alabama y Georgia presentaron una petición ante un tribunal federal para anular la nueva prohibición de los desalojos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Mientras tanto, los contagios de la variante delta del coronavirus están aumentando de forma exponencial en todo Estados Unidos y los hospitales del país están al tope de su capacidad. Más del 99% de las muertes recientes por COVID-19 corresponden a personas que no están vacunadas. La pandemia ha puesto de manifiesto lo que activistas como la congresista Cori Bush han sabido desde siempre: tanto la vivienda como el cuidado de la salud son derechos humanos y ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos estemos protegidos.

Amy Goodman y Denis Moynihan A principios de la década de 1960, en el estado de Misisipi, el Ku Klux Klan colgó un cartel de ”Buscado” en el que ofrecía una recompensa para la persona que capturara, vivo o muerto, a Bob Moses, un luchador afroestadounidense por los derechos civiles. Moses desafió a sus posibles asesinos y se dedicó a transformar el sur de Estados Unidos y el país entero con su brillante trabajo como activista comunitario. Ayudó a cientos de votantes a registrarse en los padrones electorales y capacitó a personas de diversas comunidades locales para que pudieran hacerlo por sí mismas. Su enfoque práctico y su profunda convicción en la acción no violenta han cambiado la vida de millones de personas. Tenemos que llorar la pérdida de Moses, pero su muerte también debe servir como un llamado a la acción en un momento en el que los derechos electorales por los cuales él y otras tantas personas arriesgaron sus vidas, y por los cuales muchas murieron, están nuevamente bajo ataque. A partir de su trabajo en el Comité de Coordinación Estudiantil No Violento, Bob Moses se dio cuenta de que el movimiento por los derechos civiles no solo tenía que centrarse en los estados del sur de Estados Unidos, donde regían las leyes segregacionistas de Jim Crow, sino que también tenía que ser un movimiento que abarcara todo el país. Moses también entendió que la educación era la clave para la liberación y, más tarde, en la década de 1980, lanzó el proyecto Álgebra, en el que utilizó la enseñanza de las matemáticas en comunidades marginadas como herramienta de organización. En una entrevista con Democracy Now!, Moses expresó: “En el movimiento por los derechos civiles pudimos luchar contra la segregación en tres campos muy distintos de la vida del país. En primer lugar, en el ingreso a los establecimientos y servicios de acceso público. En segundo lugar, en el derecho al voto y en el acceso a las estructuras políticas del país. Y, en tercer lugar —y este es un hecho menos reconocido—, en el acceso a la propia estructura nacional del partido”, agregó en referencia al histórico momento en el que la delegación del Partido Demócrata por la Libertad de Misisipi, que estaba formado en gran medida por personas afroestadounidenses, desafió la hegemonía del Partido Demócrata de Misisipi, conformado exclusivamente por blancos, en la Convención Nacional Demócrata de 1964. Bob Moses nació y se crió en el barrio neoyorkino de Harlem, vivió en viviendas subsidiadas por el Estado y asistió a la escuela pública. Luego de la prematura muerte de su madre a la edad de 43 años, Moses abandonó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard para regresar a su casa y cuidar de su padre enfermo. A los 25 años, inspirado por las noticias que transmitían los medios de comunicación sobre el desafío a la segregación que estaban llevando adelante estudiantes afroestadounidenses en todo el sur del país al entrar y sentarse en las barras de los bares, algo que tenían prohibido las personas afroestadounidenses, Moses se mudó a la ciudad de Atlanta. Una vez allí pronto fue nombrado secretario de campo del Comité de Coordinación Estudiantil No Violento y más tarde director de las operaciones del comité en Misisipi. En 1961, el 70% de los habitantes negros de Misisipi vivían en el campo, eran pobres y tenían, en promedio, solo cinco años de escolaridad. Solo el 7% estaba registrado para votar y la mayoría de los inscriptos no votaba por temor a sufrir represalias violentas. Moses y otros miembros del comité capacitaron a las comunidades afroestadounidenses locales sobre cómo desafiar las pruebas de alfabetización, los impuestos electorales, la violencia y la intimidación que enfrentaban al intentar registrarse para votar. El propio Moses fue brutalmente golpeado en las escalinatas de un juzgado mientras ayudaba a un grupo de personas a registrarse y, más tarde, junto con otros miembros del comité, fue encarcelado durante más de un mes acusado de delitos graves. En otra ocasión, un miembro del Ku Klux Klan baleó el automóvil en el que se encontraba Moses, hiriendo gravemente al conductor del vehículo. En 1964, Bob Moses fue uno de los principales organizadores de la campaña “Verano de la libertad”, en la que cientos de estudiantes universitarios del norte de Estados Unidos, en su mayoría blancos, viajaron a los estados del sur del país para ayudar a los afroestadounidenses a registrarse para votar y ejercer así su derecho al voto. El 21 de junio de 1964, tres estudiantes de la comitiva fueron asesinados: James Chaney, Andrew Goodman y Michael “Mickey” Schwerner. Los activistas fueron asesinados por supremacistas blancos locales y enterrados en una fosa común que no se encontró hasta 44 días después. Poco después, Moses desvió su atención de los derechos civiles y comenzó a enfocarse en el creciente movimiento contra la guerra. En 1966, para evitar ser reclutado por el Ejército, Moses se fue, junto con su familia, primero a Canadá y luego a Tanzania, en donde se dedicó a enseñar a escolares. Regresó a Estados Unidos después de que el presidente Jimmy Carter concediera amnistía a quienes se habían negado a participar en el reclutamiento. En Estados Unidos, Moses reanudó sus estudios en Harvard y, luego, preocupado porque la escuela de sus hijos no enseñaba álgebra, se convirtió en profesor de matemáticas. Fundó el proyecto Álgebra para brindar educación matemática de calidad a todos los niños y niñas, y recibió una beca MacArthur, un programa que todos los años premia a residentes estadounidenses que demuestran méritos excepcionales. El proyecto Álgebra busca convertir a cada estudiante interesado en las matemáticas en un referente del activismo comunitario. Moses expresó en Democracy Now!: “En Estados Unidos tenemos una educación que podemos llamar ‘para aparceros’. En el delta del Misisipi, a los aparceros se les asignaba cierto tipo de trabajo, por lo que la idea era que solo necesitaban cierto tipo de educación. Traslademos eso a esta era de la informática y tendremos siervos en nuestras ciudades, tal como había siervos en el delta del Misisipi en la era industrial. Necesitamos una enmienda constitucional, algo que sencillamente diga que todos los niños y niñas que viven en el país son niños y niñas del país y tienen derecho a una educación pública de calidad”. A lo largo y ancho de Estados Unidos se están aprobando e impulsando leyes que restringen la participación electoral. Sin embargo, el presidente Joe Biden hace caso omiso a los llamamientos generalizados para poner fin a la regla del obstruccionismo legislativo, una regla históricamente utilizada para perpetuar la segregación racial. El fin del obstruccionismo permitiría que legislaciones nacionales que protegen el derecho al voto puedan ser aprobadas por el Congreso. “En los años 60”, Bob Moses afirmó, “luchamos para que el país viviera de acuerdo con sus ideales. Y esta generación va a tener que hacer lo mismo ahora”. Bob Moses, descansa en paz. El legado de tu lucha continúa. © 2021 Amy Goodman

En el desierto del oeste de Texas, los multimillonarios se elevan al espacio mientras los migrantes mueren debajo al intentar cruzar la frontera Amy Goodman y Denis Moynihan El pueblo de Van Horn, situado al oeste de Texas, fue noticia esta semana por ser el sitio desde donde se lanzó el vuelo espacial privado en el que viajó Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon. Bezos hizo un viaje suborbital de diez minutos en su cápsula espacial New Shepard, junto con su hermano y otras dos personas. Durante la corta odisea, que costó aproximadamente 2,5 millones de dólares por minuto, la nave lanzó a Bezos y a sus acompañantes a una gran altitud, por encima del implacable desierto de Chihuahua que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Para estos embelesados turistas espaciales que experimentaron unos minutos de ingravidez en el espacio, este fue el viaje de sus vidas. Cientos de kilómetros más abajo, una incontable cantidad de personas enfrenta un viaje mucho más arduo y peligroso a través del abrasador desierto al intentar cruzar a pie la frontera desde México hacia Estados Unidos en busca de refugio. Muchos de estos migrantes, exhaustos y deshidratados, terminan perdiendo la vida en ese árido y desolado territorio. Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo. Durante más de una década, Armando fue uno de los más de doce millones de residentes indocumentados de Estados Unidos, una población que ha sido perseguida y hostigada de manera constante. Sin embargo, la economía de Estados Unidos colapsaría sin el aporte y trabajo de estos migrantes. Antes de ser deportado en 2016, Armando tuvo dos hijos con su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Después de pasar cinco años sin su padre —años claves para su formación y desarrollo—, el hijo mayor le pidió a Armando si podía ir a Estados Unidos a visitarlos. Su padre le prometió que encontraría la manera de hacerlo. Todo lo que sabemos de la travesía de Armando por el desierto proviene de sus breves mensajes de voz y de una sola foto que le envió a su hijo por mensaje de texto. En el mensaje, Armando describía la ropa que llevaba puesta: una sudadera negra y pantalones azules. ¿Intuía Armando que iba a tener que ser rescatado o que quizás su cuerpo iba a tener que ser identificado? La foto fue tomada desde la base de una colina. La pendiente que Armando tenía por delante parecía sumamente difícil. Iba a tener que ascender la ladera a través de una frondosa capa de hierba seca, con rocas afiladas, cactus y arbustos espinosos ocultos en medio de ella. Justo detrás de la alta y distante cumbre se podía ver una estructura grande, redonda y blanca, hecha por humanos. Dado que Armando estaba en el condado de Hudspeth, al sureste de la ciudad de El Paso, la estructura era casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Pico del Águila. El ascenso al Pico del Águila prometía ser extenuante. Armando ya le había dicho a su hijo adolescente que se había quedado sin agua, que su teléfono celular estaba casi sin batería y que no creía que iba a poder continuar. Si hubiera llegado a la torre del radar y desde allí hubiera seguido por la sinuosa carretera que conduce al norte, Armando quizás habría tenido que caminar otros 32 kilómetros, sin comida ni agua, para llegar a la carretera Interestatal 10. “No creo que pueda llegar a la cima de la montaña”, dijo Armando en uno de los mensajes de audio que le envió a su hijo. Su voz delataba cansancio y era difícil escuchar su mensaje a través del ruido del viento. En una conversación telefónica con Democracy Now!, Fernando García, director de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, expresó: “Más de 10.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera en los últimos 25 años. Ese es un precio demasiado alto a pagar para migrar a Estados Unidos”. García ha dedicado varios años de su vida a ayudar a los migrantes a lo largo de la frontera. “Ahora que la custodia de la frontera es tan estricta”, agregó Fernando García, “la gente está cruzando la frontera en lugares aún más remotos, al este de El Paso, a través de un territorio sumamente hostil. No hay nada en esa zona […], la gente se está muriendo camino a la carretera 10”. García, quien se reunió recientemente con la vicepresidenta Kamala Harris en la frontera, critica al Gobierno de Biden por continuar con el programa denominado “Título 42” del presidente Trump. Este poco conocido artículo de la ley de salud de Estados Unidos permite deportar migrantes sin el debido proceso durante una crisis de salud pública. Desde que Trump invocó la ley el 20 de marzo de 2020, cientos de miles de migrantes han sido expulsados del país. En el pasado, los migrantes que se encontraban en riesgo en el desierto podían entregarse a la Patrulla Fronteriza y al menos obtener una audiencia ante un juez de inmigración. García comentó a Democracy Now! que ahora, si son atrapados, los migrantes son expulsados de inmediato del país, por lo que están tomando rutas cada vez más peligrosas para atravesar el desierto. La administradora y coordinadora de manejo de emergencias del condado de Hudspeth, Joanna MacKenzie, dijo al medio Border Report que al menos seis migrantes murieron en esa peligrosa zona solo en las últimas dos semanas, mientras aumentan las temperaturas y los equipos de rescate escasean. Muchos de los migrantes que pierden sus vidas durante el trayecto no llegan ni siquiera a formar parte de las estadísticas. La deportación de Armando durante la presidencia de Obama inició una separación de cinco años entre él y sus hijos. Ahora, la crueldad de la política de inmigración de Estados Unidos puede también condenar a estos dos adolescentes a quedarse huérfanos de padre para siempre. Los medios de comunicación del mundo se reunieron en el pueblo texano de Van Horn y enfocaron sus cámaras hacia la nave espacial de Jeff Bezos, proporcionándole al hombre más rico del mundo una enorme y gratuita cobertura mediática de su aventura. Debajo de su mirada, fuera de la órbita de sus cámaras, podrían yacer, lamentablemente, los restos de Armando Alejo Hernández y de muchos otros migrantes. Armando no aspiraba viajar al espacio, solo quería cerrar el espacio —ese cruel espacio impuesto por el Gobierno de Estados Unidos— entre él y sus hijos.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Don’t mess with Texas” (No se metan con Texas) dice un eslogan popular del estado de la “estrella solitaria” que los legisladores republicanos claramente están ignorando. El gobernador Greg Abbott convocó una sesión legislativa especial, con la intención de aprobar una draconiana ley que restringe la participación electoral en el estado. Quienes se oponen a la ley han denominado a esta sesión legislativa especial como la “sesión de la restricción [electoral]”. En respuesta a dicha sesión, casi casi todo el bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas abandonó el estado para que el Partido Republicano no alcanzara el quórum necesario para aprobar la ley. Al menos cincuenta legisladores estatales demócratas viajaron a la ciudad de Washington D.C. Desde allí están presionando al Congreso para que apruebe la Resolución 1 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también conocida como “Ley para el Pueblo”. Esta ley ampliaría, en lugar de reducir, el número de personas que votan en las elecciones en Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a la filial de la cadena de televisión ABC en la ciudad de Austin: “Tan pronto como [los legisladores] regresen al estado de Texas, serán arrestados y encerrados dentro del recinto del Capitolio de Texas hasta que hayan cumplido con su trabajo”. Desde la ciudad de Washington, el legislador demócrata Trey Martinez Fischer, representante de la ciudad de San Antonio en la Cámara de Representantes de Texas, dijo en Democracy Now!:”No me gusta que me digan que me van a poner un cerco o que me encerrarán como si yo fuera propiedad de alguien. Eso es algo especialmente sensible para los legisladores que representamos a las minorías”. Los proyectos de ley que limitan el derecho al voto afectarían de manera desproporcionada a las personas de color y a los residentes de grandes centros urbanos como Houston, la cuarta ciudad más poblada del país y una de las más diversas. Dichas legislaciones eliminan los centros de votación habilitados las 24 horas y la posibilidad de votar desde los vehículos. Asimismo, prohíben a los funcionarios electorales que envíen a los ciudadanos boletas de votación a distancia que no hayan sido solicitadas y exigen la presentación de un documento de identidad con fotografía para poder votar. Los republicanos afirman que la razón fundamental de los proyectos de ley que ellos denominan de “integridad electoral” es combatir el fraude electoral, que en repetidas ocasiones se ha demostrado que es casi inexistente. La representante estatal demócrata Jasmine Crockett, quien es afroestadounidense, también habló con Democracy Now! desde la capital de Estados Unidos: “El fiscal general [de Texas], que está constantemente buscando encontrar alguna irregularidad electoral, dijo que ha habido 44 casos [de irregularidades] no en las elecciones de 2020, sino a lo largo de varios años, ¡44 casos! Comparemos esa cifra con el hecho de que tenemos 30 millones de personas en el estado de Texas y que 700 de ellas han muerto a causa de la última tormenta invernal. Entonces ¿tenemos que hablar sobre la integridad de nuestra red eléctrica o sobre la integridad de nuestro sistema electoral?”. La falla del sistema eléctrico de Texas durante la ola de frío del invierno pasado, que tuvo consecuencias devastadoras para el estado, no está en la agenda de la sesión especial de la legislatura estatal de Texas. Los intentos por restringir aún más el derecho al voto en Texas se producen luego de que se aprobaran otras diecisiete leyes similares en diversos estados del país, como es el caso de Georgia. En las elecciones presidenciales de 2020, la participación masiva de votantes de la comunidad afroestadounidense y de otras minorías en Georgia fue decisiva para la victoria electoral de Biden en ese estado. Posteriormente, en una elección especial, los demócratas Jonathan Ossoff y el reverendo Raphael Warnock desbancaron a los senadores republicanos en funciones de Georgia, lo que otorgó el control del Senado al Partido Demócrata. Warnock buscará su reelección en 2022. Hasta hace poco, las restricciones y barreras de índole racista contra el derecho al voto aprobadas en los estados de Texas, Georgia y otros lugares podrían haber sido derogadas al amparo de la Ley del Derecho al Voto que fue aprobada en 1965, después de décadas de lucha y derramamiento de sangre del movimiento por los derechos civiles. Sin embargo, la cada vez más ultraconservadora Corte Suprema de Estados Unidos no cesa de destripar esa ley. Primero, el alto tribunal, bajo la presidencia de John Roberts, eliminó el requisito de “preautorización” establecido en la sección 5 de la ley. Esto ocurrió tras el fallo —de 5 votos a favor y 4 en contra— que la Corte Suprema dictó en el “caso del condado de Shelby contra Holder” de 2013. La sección 5 de la ley exigía que ciertos estados con antecedentes de obstrucción del derecho al voto de las minorías raciales tuvieran que presentar cualquier cambio en sus leyes de votación al Departamento de Justicia del gobierno federal para su “preautorización”. El 1 de julio de este año, la Corte Suprema socavó otra pieza clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965, la sección 2, en su decisión emitida en el “caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata”, en la que se hizo notar el peso de la mayoría conservadora de la Corte. El republicano Mark Brnovich, ex cabildero de la industria de las cárceles privadas, es actualmente el fiscal general del estado de Arizona. Brnovich defendió una ley de Arizona que dificulta el voto de los ciudadanos de color en bastiones demócratas como el condado de Maricopa, el condado más poblado y diverso del estado. Muchos de los legisladores demócratas de Texas que están actualmente en la ciudad de Washington D.C. se han unido a otros referentes progresistas que están presionando al presidente Biden y al Congreso para que eliminen la regla de obstruccionismo legislativo del Senado. Se considera que esta regla es el principal obstáculo que impide la aprobación de la Ley Para el Pueblo. Biden no mencionó el obstruccionismo en el discurso que brindó esta semana sobre el derecho al voto, su principal discurso sobre el tema hasta el momento. El congresista demócrata del estado de Carolina del Sur James Clyburn ha propuesto establecer una excepción de uso del obstruccionismo específicamente para los proyectos de ley vinculados con el derecho al voto. El representante Martinez Fischer puntualizó: “Este es un partido largo. Es una maratón. No estamos buscando un éxito de la noche a la mañana. Tenemos que continuar peleando este partido. Nuestras acciones de hoy están inspiradas en las acciones de Frederick Douglass, de las sufragistas y de todas las personas que lucharon por la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965”. Las palabras de Martinez Fischer rememoran las que Martin Luther King pronunció hace ya varios años: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. Los líderes republicanos, como el gobernador Abbott, saben que no pueden ganar elecciones con sus políticas, por lo que tratan incesantemente de reducir el número de quienes pueden votar en su contra. Pero esta vez, un grupo de legisladores del estado de la “estrella solitaria” se ha plantado firme: “No se metan con Texas”.

Amy Goodman y Denis Moynihan Con la ratificación de la decimotercera enmienda a la Constitución de Estados Unidos en diciembre de 1865 se abolió la esclavitud. ¿Pero realmente se abolió? Una nueva enmienda constitucional, llamada “Enmienda de Abolición”, que fue presentada recientemente en el Congreso tiene como objetivo resolver este sorprendente interrogante de una vez por todas. La sección 1 de la decimotercera enmienda establece: “Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte haya sido debidamente condenada, existirá dentro de Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción”. La frase “excepto como castigo por un delito” generó que cientos de afroestadounidenses anteriormente esclavizados fueran arrestados y encarcelados. De esa manera se les arrebató su nueva libertad, conseguida con gran esfuerzo, y se los condenó nuevamente a la esclavitud en forma de trabajo penitenciario. Esta práctica continúa actualmente en todo Estados Unidos con la moderna y multimillonaria industria del trabajo penitenciario, que funciona tanto dentro del sistema penitenciario federal como en los centros de detención locales y en el sistema de cárceles privadas. El senador Jeff Merkley y la congresista Nikema Williams tienen la intención de poner fin a esto. La enmienda constitucional propuesta por los dos legisladores demócratas establece que “ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria pueden imponerse como castigo por un delito”. La congresista Williams cree que es posible que la enmienda se apruebe. En conversación con Democracy Now!, Williams, quien reemplazó al fallecido John Lewis en el Congreso, expresó: “Creo que la enmienda tiene posibilidades de ser aprobada con el apoyo de ambos partidos. Hemos visto que algunos republicanos están dispuestos a afrontar la historia de nuestra nación […] para poner fin, de una vez por todas, a esa excepción que nuestra Constitución establece respecto a la esclavitud”. Es posible que Williams tenga razón. Este martes, 67 miembros republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a 218 demócratas para aprobar el proyecto de ley HR 3005. Si es aprobada por el Senado, esta ley ordenaría reemplazar un busto del juez Roger Brooke Taney —expresidente de la Corte Suprema de Estados Unidos y acérrimo defensor de la esclavitud— por un busto del primer magistrado afroestadounidense en ese alto tribunal, el juez Thurgood Marshall. Taney fue el autor del tristemente célebre fallo que se dictó en 1857 en el caso Dred Scott contra Sandford. Ese dictamen privó a todos los habitantes afroestadounidenses del derecho a la ciudadanía; expandió la esclavitud a todos los territorios que en ese entonces pertenecían a Estados Unidos; y significó un impulso fundamental del proceso que llevó al país a la guerra civil. El proyecto de ley HR 3005 también dispone que se retiren del Congreso de Estados Unidos todas las estatuas de personas que hayan servido voluntariamente a la Confederación, así como las estatuas de tres notorios partidarios de la supremacía blanca. Una de ellas es la de Charles Brantley Aycock, el exgobernador del estado de Carolina del Norte que en 1898 fue uno de los principales organizadores de la masacre de Wilmington y del derrocamiento violento del gobierno de la ciudad, que era liderado por una coalición birracial. Otro de los monumentos que se retirarían es el de James Paul Clarke, un poderoso político del estado de Arkansas de los años posteriores a la Guerra Civil que era un famoso supremacista blanco. Dado que Arkansas ya aprobó el reemplazo de la estatua de Clarke y la de otra figura racista del siglo XIX por estatuas del músico Johnny Cash y de la activista de los derechos civiles Daisy Bates, este proyecto de ley solo haría efectivos y aceleraría esos reemplazos. Finalmente, la iniciativa de ley también dispone la remoción de la estatua del famoso político racista de Carolina del Sur, John C. Calhoun, quien se desempeñó como vicepresidente, senador y congresista de Estados Unidos, así como secretario de Estado y de Guerra. Calhoun murió en 1850. Se considera que Calhoun fue una de las figuras intelectuales clave que impulsó a los estados del sur a la secesión y la guerra civil, así como también se cree que fue el creador de la regla del obstruccionismo legislativo, con el fin de defender la esclavitud. Si bien la representante Nikema Williams deposita sus esperanzas en los 67 republicanos que votaron para retirar del Capitolio estos vestigios de la esclavitud, cabe señalar también que 120 republicanos votaron para mantenerlos donde están. Merkley y Williams presentaron su enmienda el mismo día en que el presidente Biden promulgó otro proyecto de ley bipartidista, el que establece el 19 de junio como feriado nacional. La celebración anual conocida como “Juneteenth”, o Día de la Liberación, conmemora el 19 de junio de 1865, día en que un oficial del Ejército de la Unión anunció a las personas esclavizadas que residían en la ciudad de Galveston, en el estado de Texas, que eran libres. Este anuncio sucedió dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación, tras la finalización de la Guerra Civil. Al conocer la noticia de que eran al fin libres, las personas esclavizadas de Galveston comenzaron a celebrar, y la tradición de celebrar ese acontecimiento ha perdurado incólume durante 156 años. Dos semanas después de Juneteenth, los estadounidenses celebran el Día de la Independencia, que conmemora el día en que las 13 colonias originales rompieron formalmente con la monarquía británica. De las 56 personas firmantes de la Declaración de Independencia, al menos 41 de ellas poseían esclavos. Frederick Douglass, un reconocido líder del movimiento abolicionista que nació en la esclavitud, se hizo las siguientes preguntas durante un célebre discurso que pronunció en 1852: ¿Qué tengo que ver yo, o quienes represento, con su independencia nacional? […] La rica herencia de justicia, libertad, prosperidad e independencia que sus Padres Funddores les legaron, es compartida por ustedes, no por mí. La luz del sol, que a ustedes dio vida y sanación, a mí me ha traído azotes y muerte. Este Cuatro de Julio es suyo, no mío”. Para muchas de las más de dos millones de personas actualmente encarceladas en Estados Unidos, el trabajo forzoso es un hecho ineludible de sus vidas, desde aquellas personas que trabajan en las cocinas de las prisiones o en el campo hasta los prisioneros del estado de California que arriesgan sus vidas combatiendo los incendios forestales. Aprobar la “Enmienda de Abolición” es un paso necesario para que Estados Unidos asuma y enfrente de manera frontal y honesta el perdurable legado de esclavitud sobre el que el país fue construido.

Amy Goodman y Denis Moynihan El término “delta” en ciencias y matemáticas denota una diferencia o una brecha; como el delta entre dos valores. En geografía, el delta es el lugar donde un río se encuentra con el mar, se dispersa y alcanza la mayor extensión de todo su curso. En referencia a la pandemia de COVID-19, delta es una variante altamente contagiosa del virus SARS-CoV-2 que está arrasando poblaciones no vacunadas en todo el mundo. Inicialmente denominada por los científicos como B.1.617.2, la variante delta es más contagiosa que otras y puede provocar cuadros más graves de COVID-19. La mejor protección contra esta u otras variantes del coronavirus es vacunarse. En países ricos como Estados Unidos, donde más del 62% de la población objetivo ha recibido al menos una dosis de la vacuna, las tasas de nuevos casos de COVID-19 y las muertes por la enfermedad son las más bajas desde marzo de 2020 y continúan disminuyendo. Por el contrario, en los países más pobres del mundo, solo entre el 0,3% y el 0,9% de la población ha recibido una dosis de la vacuna y el virus se está propagando de forma descontrolada. Este delta entre ricos y pobres es el resultado del “apartheid” de las vacunas. Mientras persista esta inequidad, ninguno de nosotros estará realmente a salvo. “La pandemia ha mutado”, dijo recientemente en Democracy Now! Achal Prabhala, coordinador del proyecto AccessIBSA, que promueve el acceso a los medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica. “Lo que antes era una calamidad de alcance mundial es ahora en gran parte un problema de los países en desarrollo”. Prabhala habló con DN! desde su casa en India, que es el país donde se detectó por primera vez la variante delta. India, con una población de 1.400 millones de habitantes, está experimentando un brote devastador de casos de COVID-19 y está registrando hasta 4.000 muertes por día a causa de la enfermedad. Prabhala continuó: “Nuestro sistema de salud pública simplemente no puede brindar un tratamiento adecuado a las personas de este país”. A pesar de las malas noticias, Achal Prabhala tiene esperanzas. Días atrás, el activista indio copresidió una sesión de la Cumbre por el Internacionalismo de las Vacunas, que se llevó a cabo aproximadamente una semana después de la cumbre del G7 que tuvo lugar en el Reino Unido. La cumbre, organizada por la Internacional Progresista, fue convocada con carácter de urgente y contó con la participación de los gobiernos de Argentina, México, Bolivia, Cuba y Venezuela, representantes de los gobiernos regionales de Kisumu, Kenia y el estado indio de Kerala, así como también líderes políticos, activistas sociales y otras personalidades de más de 20 países. En conversación con Democracy Now!, Carina Vance Mafla, ex ministra de Salud de Ecuador, que presidió junto a Prabhala la sesión, expresó: “Buscamos una alternativa a un sistema que básicamente ha permitido que las vacunas contra la COVID-19 estén por completo concentradas en los países de mayores ingresos. Tenemos frente a nosotros soluciones prácticas que podrían resolver esta terrible desigualdad que estamos viendo a nivel mundial”. Los participantes de la cumbre acordaron explorar una amplia gama de soluciones para abordar la pandemia. Estas incluyen una colaboración abierta para desarrollar tecnologías para la producción de vacunas contra la COVID-19; la fijación de precios justos y “solidarios” para dichas vacunas; compartir recursos en materia de regulación y capacidad de fabricación para acelerar la producción de vacunas y equipos médicos. Finalmente, también se hizo un llamamiento para sumarse a una campaña de desobediencia colectiva e ignorar el sistema de monopolio de las patentes impuesto por las grandes corporaciones farmacéuticas multinacionales y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los líderes de los países del G7 se comprometieron durante la última cumbre a donar mil millones de dosis de vacunas, pero la agencia de noticias Bloomberg informó que la cifra real de las donaciones, sin contar las dosis ya prometidas, es en realidad más cercana a las 613 millones de dosis. Según se estima, se necesitan entre nueve y once mil millones de dosis para vacunar completamente a todos los habitantes del planeta. Achal Prabhala señaló sobre este plan de donación de vacunas: “[Esas vacunas] llegarán a estos países pobres recién a fines de 2021 o principios de 2022. Tengamos en cuenta que el mes pasado hubo un promedio de […] 15.000 muertes por día en todo el mundo. Cuando vemos este tipo de cifras, un día de retraso, una semana de retraso, un mes de retraso, un año de retraso es casi criminal”. En octubre de 2020, India y Sudáfrica propusieron una suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 que están amparados por el acuerdo comercial conocido como TRIPS, un acuerdo sobre aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual suscrito por los países miembro en el marco de la OMC. En mayo, el Gobierno de Biden sorprendió a muchos al respaldar la propuesta sobre la exención de las patentes. Dicha suspensión requeriría el consentimiento unánime de los 164 países miembros de la OMC. Los grupos activistas temen que ello no podría obtenerse antes de la próxima conferencia ministerial de la organización que se llevará a cabo a principios de diciembre. La revista The New England Journal of Medicine publicó el miércoles un informe especial sobre las variantes de la COVID-19, en el que advierte que “las vacunas se están distribuyendo con lentitud, en parte debido a las limitaciones en la capacidad de producción y en parte debido al 'nacionalismo de las vacunas'”. La revista médica agregó que “el desarrollo de las vacunas […] debería considerarse como una iniciativa internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud que ayude a que los beneficios lleguen a todo el mundo”. Terminar con el apartheid de las vacunas no puede esperar al calendario de la OMC. La donación de vacunas por parte de los países ricos se necesita con urgencia. Pero las naciones pobres y en vías de desarrollo, y países como Cuba y Venezuela que padecen las agobiantes sanciones de Estados Unidos, quizás simplemente tengan que recurrir a esa desobediencia colectiva que propone la Internacional Progresista. Si lo hacen, el apoyo de los movimientos populares de Estados Unidos y de otros países privilegiados cuyas poblaciones ya están vacunadas será esencial, y eso podrá salvarnos a todos.

Amy Goodman y Denis Moynihan Hace 50 años, el famoso denunciante Dan Ellsberg filtró una serie de archivos secretos comúnmente conocidos como los “Papeles del Pentágono”. Fue un valiente acto en defensa de la verdad por el que más tarde se enfrentó a una posible condena a cadena perpetua. Desde entonces, Ellsberg no ha dejado de luchar por sus convicciones. En mayo pasado, solo unas semanas después de cumplir 90 años, el exconsultor del Pentágono reveló otro informe clasificado de seguridad nacional. Ellsberg habló recientemente en un panel moderado por Amy Goodman que se realizó en la Universidad de Massachusetts y en el que también participó el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden. La conferencia se denominó “Truth, Dissent, & the Legacy of Daniel Ellsberg” (La verdad, el disenso y el legado de Daniel Ellsberg)”. “Permítanme decir una verdad que he guardado durante 50 años”, dijo Ellsberg, antes de leer un informe secreto de 1958 que revela la intención de las autoridades estadounidenses de lanzar una guerra nuclear. “Copié ese informe. Lo guardé en 1969 en mi caja fuerte ultrasecreta. Y lo he tenido desde entonces”. Ellsberg trabajó para la corporación RAND y como asesor del Gobierno de Kennedy. También formó parte del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos y había participó en varias misiones de guerra en Vietnam. En 1969, inspirado por el creciente movimiento contra la guerra y contra el reclutamiento militar, Ellsberg fotocopió los Papeles del Pentágono, unas 7.000 páginas de documentos secretos sobre la decisiones que tomó Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Como no pudo encontrar ningún senador estadounidense que estuviera dispuesto a recibir y hacer públicos los documentos, Ellsberg optó por filtrarlos al periódico The New York Times. El periódico publicó su primer artículo sobre los Papeles del Pentágono el 13 de junio de 1971. Dos días después, un tribunal federal aceptó la solicitud del presidente Richard Nixon de dictar una orden judicial que obligaba al periódico a cesar la publicación. Después de que se hizo pública la identidad de la persona que había filtrado los documentos, Ellsberg y su esposa Patricia pasaron a la clandestinidad, pero Ellsberg continuó distribuyendo copias de los documentos a otros periódicos. El asesor de Seguridad Nacional de Nixon, Henry Kissinger, calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”. Por su parte, Nixon dijo durante una conversación grabada que entabló en el Despacho Oval con su fiscal general: “Tenemos que vigilar el objetivo principal. El objetivo principal es Ellsberg. Tenemos que atrapar a este hijo de puta”. El 30 de junio, la Corte Suprema falló a favor del periódico The New York Times, prohibió la censura gubernamental de la prensa y permitió que continuara la publicación de los documentos secretos del Pentágono. Temiendo nuevas revelaciones, Nixon intensificó su campaña contra el denunciante. En una conversación con Democracy Now!, Ellsberg dijo. “Entraron ilegalmente al consultorio de mi expsicoanalista, mandaron a 12 excombatientes cubanos que participaron de la invasión de Bahía de los Cochinos para que me dejaran incapacitado en las escalinatas del Capitolio. El 3 de mayo escucharon mis conversaciones telefónicas de manera ilegal, sin orden judicial”. Cuando la conducta irregular del Gobierno de Nixon fue puesta en evidencia, el juez desestimó el caso de espionaje contra Ellsberg. El ejemplo de Dan Ellsberg ha animado a otros denunciantes, entre ellos Edward Snowden, quien, mientras era contratista de la Agencia de Seguridad Nacional participó en el desarrollo del programa secreto y global de vigilancia masiva del Gobierno de Estados Unidos. Snowden filtró una gran cantidad de documentos en 2013 y desde entonces ha vivido en el exilio en Rusia. En la conferencia del 1 de mayo, Snowden habló sobre los denunciantes que lo inspiraron y dijo al respecto: “Todos ellos se enfrentaron a un gran riesgo personal para que la ciudadanía conociera la verdad que le estaban ocultando de forma intencional con fines políticos. Con el tiempo te das cuenta de que eso es más correcto que ir a la oficina todos los días, permanecer en silencio y perpetuar un sistema de injusticia”. Snowden agregó también: “[Los denunciantes] Reality Winner, Daniel Hale, Chelsea Manning, Thomas Drake, Terry Albury y otras personas que se animaron a revelar la verdad en las últimas décadas han reivindicado la estrategia de Daniel Ellsberg, porque el abuso de poder no es algo que vaya a desaparecer”. Reality Winner trabajaba como contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuando filtró información a la prensa que describía una supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Winner fue arrestada en 2017 y sentenciada a cinco años de prisión por violar disposiciones de la Ley de Espionaje. Estuvo en prisión durante más de cuatro años y el 2 de junio pasó a una vivienda de transición, donde cumplirá los seis meses restantes de su condena. Su familia está pidiendo un indulto. Daniel Hale se declaró culpable de filtrar documentos clasificados sobre el programa secreto que disponía la utilización de aviones no tripulados para cometer asesinatos selectivos en Afganistán, Siria e Irak, en del que participó mientras se desempeñaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hale será sentenciado a mediados de julio. La revelación que Dan Ellsberg hizo el 1 de mayo fue sobre un conflicto ocurrido en 1958 entre China continental y Taiwán por la disputa de varias islas pequeñas. Ellsberg reveló que Estados Unidos elaboró planes para lanzar armas nucleares contra China con el fin de apoyar a Taiwán. El informe que divulgó Ellsberg muestra que Estados Unidos sabía que un ataque contra China podría provocar un contra-ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, lo que significaba la muerte de millones de personas. A los 90 años, Ellsberg sigue defendiendo incansablemente los derechos de los denunciantes y la libertad de prensa. Ha pedido al Gobierno de Biden que retire las acusaciones contra Daniel Hale y Julian Assange, el fundador del sitio web de denuncia WikiLeaks que publicó informes clasificados que documentan la existencia de crímenes de guerra. Ellsberg concluyó su reciente entrevista en Democracy Now! diciendo: “Yo, más que nadie, he podido constatar la importancia y la necesidad de la Primera Enmienda [de la Constitución de Estados Unidos], nuestra excepcional Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Sin esas libertades, no hay democracia”.

Amy Goodman y Denis Moynihan 3, 200 y 419. Estos son los números que ayudan a explicar el actual agravamiento de la crisis climática. El “419” se refiere al nivel de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, medido en partes por millón, según el último informe emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, cuyas siglas en inglés se pronuncian como el nombre de Noé, el personaje del Antiguo Testamento que predijo una catástrofe climática y fue ignorado hasta que era muy tarde. La cifra mencionada significa que la concentración atmosférica de dióxido de carbono está un 50% por encima de los niveles preindustriales y que hemos alcanzado la concentración más alta en más de cuatro millones de años. Para poner este “419” en contexto, el nombre de la organización ambientalista 350.org se desprende del consenso científico acerca de que las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono no deben superar las 350 partes por millón para evitar que el planeta enfrente una catástrofe climática irreversible. El número “3” refiere a la Línea 3 de la empresa Enbridge, un oleoducto actualmente en construcción, que transportaría diariamente casi un millón de barriles de petróleo desde los yacimientos de arenas alquitranadas de Canadá hacia Estados Unidos. La ruta trazada del oleoducto pasa por territorios indígenas del norte del estado de Minesota y en su recorrido atraviesa decenas de ríos, arroyos, humedales y arrozales silvestres. Por último, 200 es el número aproximado de defensores del agua que fueron detenidos el 7 de junio, día en que se realizó la acción de desobediencia civil más grande hasta la fecha contra la construcción del oleoducto Línea 3. Actualmente está en marcha una movilización liderada por mujeres indígenas, que recuerda las masivas protestas que se realizaron en 2016 en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access en territorios de la tribu Lakota no cedidos al Gobierno de Estados Unidos. Winona LaDuke, una reconocida activista del pueblo anishinaabe y una de las principales líderes de la lucha contra el oleoducto, dijo a Democracy Now!: “El oleoducto forma] un corredor completamente nuevo que atraviesa nuestro territorio y nuestros principales arrozales silvestres, nuestros lechos de almejas, nuestros peces, todo nuestro territorio. Nos hemos movilizado y hemos intentado todos los procesos formales para detener esto. Junto a esta gran cantidad de mujeres defensoras del agua y nuestras tribus, hemos pasado siete años en estos procesos regulatorios. Por eso hemos venido a manifestarnos y miles de personas se han unido a nosotros”. Las protestas incluyeron una marcha de más de 1.500 personas hacia el lugar donde la Línea 3 cruzaría el famoso río Misisipi, muy cerca de su nacimiento. Río abajo, otros 500 defensores del agua marcharon hacia una estación de bombeo del oleoducto ubicada al norte de la ciudad de Park Rapids. Allí, 24 activistas se encadenaron a maquinaria pesada y otros 24 se encadenaron a una gran lancha a motor llevada hasta la entrada del predio en un tráiler para formar una barrera y bloquear el acceso de vehículos al sitio. Luego de algunas horas, la policía, proveniente de 31 jurisdicciones diferentes, según se informó, intensificó las tácticas de dispersión y finalmente desplegó el Dispositivo Acústico de Largo Alcance, o LRAD por sus siglas en inglés, con la intención de interrumpir la acción de desobediencia civil. Un helicóptero de la Patrulla Fronteriza y Control de Aduanas de Estados Unidos pasó por encima de los manifestantes en vuelo rasante y produjo una tormenta de piedra y arena. Winona LaDuke agregó en la entrevista con Democracy Now!: “Lo que tenemos es una crisis política, ambiental y de derechos humanos. Hemos presentado peticiones a todas las agencias federales y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Parece que Joe Biden está esperando que un grupo de indígenas y mujeres mayores terminen lastimados en el norte de Minesota antes de que este sea un asunto suficientemente importante para entrar en la órbita de su consideración”. El presidente Biden tiene la potestad de cancelar la construcción del oleoducto Línea 3, por lo que los defensores del agua, además de ocupar la ruta de construcción del oleoducto, están organizando una campaña masiva para presionar al Gobierno de Biden. La organización popular surte efecto. Así lo demostró la declaración emitida el miércoles por la empresa canadiense TC Energy, anteriormente TransCanada, en la que se anuncia que la empresa ha cancelado de manera formal la construcción del oleoducto Keystone XL. Una de las primeras medidas que tomó Biden al asumir como presidente fue revocar el permiso para la construcción del Keystone XL. Enbridge parece comprender el poder que tienen los movimientos populares. En un fragmento de su informe anual de 2020, la compañía admite que “un mayor activismo ambiental contra la construcción y operación del oleoducto podría provocar retrasos en las obras, una menor demanda de nuestros productos y servicios, un aumento de las regulaciones y revocaciones o demoras en los permisos y derechos de paso”. Mientras los defensores del agua continúan llegando al territorio que circunda la naciente del río Misisipi, Biden se encuentra en Europa realizando su primer viaje al extranjero como presidente. Su gira incluye la reunión del G7, un grupo conformado por países ricos e industrializados, que incluye a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Estos países son actualmente responsables de más de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, según los activistas contra el cambio climático, dichos países están eludiendo de manera colectiva sus compromisos de financiar y proporcionar recursos para enfrentar la contaminación que han causado. Mientras tanto, se está realizando un encuentro virtual para planificar la COP26, la próxima cumbre mundial contra el cambio climático que fue cancelada en 2020 debido a la pandemia y que se llevará a cabo en noviembre de este año en la ciudad escocesa de Glasgow. La activista ambiental sueca Greta Thunberg ha dicho que boicoteará dicho encuentro si los países ricos no toman medidas rápidas para distribuir vacunas a los países más pobres, y muchas otras organizaciones internacionales están considerando unirse a ella. ¿Cuántos defensores del agua deben ser arrestados antes de que los líderes mundiales, entre ellos y primordialmente el presidente Biden, se comprometan seriamente a tomar medidas rápidas y justas para la eliminación gradual de los combustibles fósiles? ¿A qué nivel peligroso de concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera compartida debemos llegar? Los números no mienten y el tiempo corre.

Amy Goodman y Denis Moynihan Sabemos que Estados Unidos está superando la pandemia de COVID-19 cuando el ritmo de los tiroteos masivos en el país vuelve a la “normalidad”. Hasta el 2 de junio se han registrado 244 tiroteos masivos en Estados Unidos en 2021. Esa cifra representa entre uno y dos tiroteos por día. No se sabe cuándo ni dónde ocurrirá la próxima masacre, pero sí se tiene la certeza de que ocurrirá. Y luego otra, y otra. Como resultado de esta gran cantidad de situaciones en las que ocurren tiroteos masivos en Estados Unidos, el país tiene ahora datos y estadísticas relacionados con estos crímenes, que muestran una correlación entre los tiroteos masivos y la violencia intrafamiliar. La mayoría de los hombres que perpetran los tiroteos masivos (los hombres cometen al menos el 97% de esos incidentes) también tienen antecedentes de violencia en el hogar. Esta información, junto con la implementación de medidas sensatas y de aplicación efectiva para controlar la posesión de armas de fuego podrían ayudar a detener la epidemia de tiroteos masivos que azota a la sociedad estadounidense y salvar muchas vidas de mujeres que están en riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas. Era la madrugada del 26 de mayo y los trabajadores de la instalación de trenes ligeros de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, en la ciudad de San José, en California, preparaban los trenes que debían entrar en funcionamiento en la mañana. El empleado Samuel Cassidy, de 57 años, llegó a la instalación ferroviaria. Una hora después comenzó a disparar desenfrenadamente y mató a nueve de sus compañeros de trabajo antes de quitarse la vida. Cassidy llevaba consigo tres pistolas y unos 32 cargadores, algunos de ellos prohibidos en el estado de California. Las autoridades registraron su casa y encontraron allí otra decena de armas. Las pistolas que usó el tirador para perpetrar la matanza estaban todas correctamente registradas y habían sido compradas de manera legal. Cecilia Nelms, la exesposa de Cassidy, le dijo al periódico The New York Times que él le había repetido varias veces que quería matar a sus compañeros de trabajo. “Ojalá pudiera matarlos”, decía. Nelms y Cassidy se divorciaron en 2004, después de diez años de matrimonio. Durante ese tiempo, Cassidy se volvió cada vez más propenso a tener arrebatos de ira incontrolable hacia su esposa. En 2009, Samuel Cassidy solicitó una orden de restricción contra una ex novia. En su comparecencia ante el tribunal, la ex novia de Cassidy se defendió de las acusaciones en su contra y detalló las ocasiones en las que él la había violado y otras en las que había intentado hacerlo. La mujer también describió episodios de cambios de humor y violentos estallidos de rabia relacionados con el consumo de alcohol de Cassidy. Julia Weber, directora de implementación de la organización Giffords Law Center y experta en políticas sobre violencia doméstica, dijo a Democracy Now!: “El vínculo que existe entre la violencia con armas de fuego y la violencia intrafamiliar es particularmente letal. […] Más de un millón de mujeres en Estados Unidos son sobrevivientes de ataques con armas de fuego perpetrados por sus parejas masculinas. Al menos unas 600 mujeres al año son asesinadas por sus parejas como resultado de la violencia con armas de fuego. Eso significa que muere una mujer por ese motivo cada 14 horas, más o menos”. La Giffords Law Center es una organización cuyo objetivo es prevenir la violencia con armas de fuego. Fue cofundada por la excongresista Gabby Giffords, quien recibió un disparo en la cabeza en la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, mientras se reunía con electores en el estacionamiento de un centro comercial el 8 de enero de 2011. Giffords pudo sobrevivir, pero sufrió lesiones cerebrales que aún continúa tratando de superar. Ese día, el atacante mató a seis personas e hirió a otras doce. Julia Weber describió algunas de las acciones que ayudarían a evitar que los perpetradores de violencia intrafamiliar cometan actos de violencia masiva: “Debemos quitarles las armas a las personas a las que se les ha prohibido poseer armas. Debemos asegurarnos de que se verifiquen los antecedentes de todos los compradores de armas del país, de manera que cada vez que una persona que tiene prohibido adquirir armas o municiones efectivamente no pueda hacerlo. También debemos hacer un trabajo mucho mejor para abordar la misoginia y la violencia de género desde el principio; debemos ser conscientes de que el prejuicio de género puede generar un daño real”. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Indianápolis concluyó que “los maltratadores de género masculino que matan a sus parejas con armas de fuego tienen muchas más probabilidades de quitarles la vida a otras personas también”. La investigación también compendia algunos hallazgos anteriores que muestran que “la presencia de un arma de fuego en el hogar aumenta hasta cinco veces el riesgo de muerte en situaciones de violencia de género”. En 2020, el medio Bloomberg News publicó un estudio que analizó 749 tiroteos masivos y que concluyó que el 60% de esos tiroteos fueron perpetrados durante un acto de violencia intrafamiliar o por un hombre con antecedentes de violencia doméstica. Bloomberg News también descubrió que los tiroteos cometidos por personas que ejercen violencia de género provocan un mayor número de muertes. La pandemia de COVID-19 obligó a que una infinidad de mujeres quedaran atrapadas en sus casas a merced de sus abusadores, lo que provocó un aumento de las llamadas a las líneas telefónicas que atienden a las víctimas de violencia doméstica. La pandemia también generó un aumento en la compra de armas. El grupo de investigación Small Arms Analytics informó que solo en 2020 se vendieron más de 26 millones de armas en Estados Unidos, un país que ya contaba con más de 300 millones de armas. Para acabar con los tiroteos masivos es necesario dar dos pasos fundamentales: el primero, negar a los hombres que golpean y abusan de las mujeres en el hogar la libertad que disfrutan actualmente para comprar y poseer armas; el segundo, tomar en serio la violencia contra las mujeres, fortaleciendo las leyes y las instituciones que las protegen de sus abusadores.

Amy Goodman y Denis Moynihan Hace cien años, en la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma, una violenta turba de personas blancas incendió por completo el próspero barrio afroestadounidense de Greenwood, conocido como el “Wall Street negro”, por ser sede de una gran cantidad de prósperos comercios dirigidos por personas de color. La violencia surgió tras un enfrentamiento que tuvo lugar frente al tribunal de Tulsa, donde una multitud de personas blancas se había congregado para secuestrar y linchar a un hombre afroestadounidense que estaba allí detenido y que había sido acusado injustamente de agredir sexualmente a una mujer blanca. Un grupo de residentes negros de Greenwood llegó al lugar para detener el linchamiento. Se produjeron disparos y, tras ellos, la turba blanca procedió a devastar Greenwood. Fueron 18 horas de asesinatos masivos, incendios y saqueos que luego se conocerían como la “Masacre Racial de Tulsa de 1921”. Se estima que alrededor de 300 afroestadounidenses murieron y más de mil resultaron heridos durante los trágicos hechos. Asimismo, se calcula que 10.000 personas se quedaron sin hogar tras el terrorífico ataque de la turba racista contra la población negra. Algunos integrantes de la turba contaban con apoyo y armamento de las propias fuerzas del orden de Tulsa y otros eran miembros del Ku Klux Klan. Se utilizaron aviones para lanzar dinamita y bombas incendiarias sobre Greenwood, lo que provocó que 35 manzanas del distrito quedaran completamente destruidas por el fuego. Más de 1.250 viviendas y una infinidad de negocios fueron arrasados. El número real de muertos de esta terrible matanza nunca se sabrá, ya que los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes o arrojados al río. La Masacre Racial de Tulsa de 1921 fue uno de los mayores actos de terrorismo racista en la historia de Estados Unidos. La población blanca de Tulsa hizo todo lo posible por ocultar la verdad de los hechos y se intimidó a los afroestadounidenses para que guardaran silencio. Los esfuerzos realizados en las últimas décadas para que este terrible evento sea recordado como corresponde en la historia de Estados Unidos están dando sus frutos, y la conmemoración del centenario tal vez logre, por fin, que estos trágicos incidentes formen parte de los currículos escolares y universitarios, así como de la conciencia colectiva estadounidense. Este centenario sucede apenas una semana después del primer aniversario de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis. Las dos fechas marcan hitos dentro de una cronología de violencia que, como sociedad, ya no podemos seguir tolerando. Recientemente, un subcomité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió en la ciudad de Washington D.C. para abordar el perdurable impacto de la masacre de Tulsa. En esa ocasión, una de las oradoras fue Viola Fletcher, una mujer afroestadounidense de 107 años, aún sumamente lúcida y vivaz, que es la sobreviviente de mayor edad de la masacre. Fletcher expresó ante el comité: “Nunca olvidaré lo que vi cuando salimos de nuestra casa. La violencia de esa turba de racistas blancos. Todavía veo a esos hombres negros cayendo abatidos por los disparos y a sus cuerpos negros tirados en la calle. Todavía huelo el humo y veo el fuego. Todavía veo cómo se queman los negocios de la comunidad negra. Todavía escucho los aviones volando por encima. Escucho los gritos. No hay un solo día que no reviva la masacre”. Viola Fletcher continuó explicando el impacto que la tragedia tuvo en su vida: “Cuando mi familia se vio obligada a abandonar Tulsa, no pude seguir estudiando. No pude terminar la escuela, no pasé de cuarto grado. La mayor parte de mi vida trabajé como empleada doméstica al servicio de familias blancas. Nunca gané mucho dinero. Hasta el día de hoy, apenas puedo cubrir mis necesidades diarias”. Los otros dos sobrevivientes de la masacre sobre los que se tiene noticia y aún viven son el hermano de Fletcher, Hughes Van Ellis, de 100 años, y Lessie Benningfield “Madre” Randle, de 106 años, quienes también testificaron ante el Congreso. “Madre” Randle expresó: “La mayor parte de mi vida he sido pobre. Me quitaron las oportunidades [de progresar]. Y mi comunidad, la comunidad negra del norte de Tulsa, aún está devastada. No la reconstruyeron. Está vacía. Es un gueto”. Greenwood y el Wall Street Negro demostraron que los descendientes de las personas esclavizadas podían prosperar si solo se les daba la oportunidad. Tras huir de la violencia supremacista blanca que se desató en el sur profundo de Estados Unidos en los años posteriores a la época de la Reconstrucción, los descendientes de esclavos pudieron acceder a algunas tierras en el estado de Oklahoma y formaron más de una docena de poblaciones negras a principios del siglo XX. Cuando Oklahoma se convirtió en estado en 1907, la primera ley que se aprobó fue una legislación que impuso la segregación racial en todos los viajes en tren. A ella siguieron más leyes segregacionistas, conocidas como “leyes de Jim Crow”. A pesar de ello, el barrio de Greenwood se convirtió en un próspero centro comercial afroestadounidense, lo que permitió a los descendientes directos de esclavos desarrollar negocios y acumular riquezas. Un estudio de la organización Human Rights Watch realizado en 2019 concluyó que la tasa de pobreza de la comunidad negra en Tulsa es del 34%, casi tres veces mayor que la de la población blanca. El estudio también encontró que el índice de pobreza es aún más alto en el área norte de Tulsa, donde se encuentra el barrio de Greenwood. “Ninguna persona blanca fue condenada por ningún delito relacionado con el asesinato de personas o la destrucción de la propiedad en el distrito de Greenwood. Ninguna”, señala el investigador y ensayista Hannibal Johnson en “Tulsa Burning” (Tulsa en llamas), un nuevo documental sobre la masacre lanzado por el canal de televisión History Channel, que cuenta con la dirección de Stanley Nelson y la producción ejecutiva de la estrella de la NBA Russell Westbrook, quien jugó durante años para el equipo Oklahoma City Thunder. Los cimientos de ladrillo de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Vernon en la avenida Greenwood es la única estructura previa a la masacre de 1921 que aún perdura. Aún continúan los esfuerzos para localizar las fosas comunes donde fueron enterradas las víctimas. La Masacre Racial de Tulsa comenzó el 31 de mayo de 1921, hace un siglo. Las reparaciones a los sobrevivientes de la matanza y a sus descendientes están aún pendientes.

Amy Goodman y Denis Moynihan La insurrección del 6 de enero en Estados Unidos fue una forma de intentar derrocar la democracia: se incitó a una turba a asaltar el Capitolio y se amenazó con matar a líderes clave que se atrevieron a renegar de la “gran mentira” de Trump acerca de que Biden había ganado las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta. Aunque durante la insurrección varias personas perdieron la vida o resultaron heridas y edificios públicos resultaron dañados, el Congreso de Estados Unidos igualmente logró certificar los votos del Colegio Electoral, con un retraso de solo doce horas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó la insurrección como la “amenaza más peligrosa para la democracia” que ha presenciado hasta el momento: “Según el FBI, la principal amenaza de terrorismo doméstico en Estados Unidos proviene de extremistas que tienen motivaciones raciales o étnicas, específicamente de aquellos que defienden la superioridad de la raza blanca”. Actualmente está en marcha un plan más sofisticado para socavar la democracia. En todo el país, las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano están apurando la aprobación de diversos proyectos de ley que tienen como objetivo restringir la participación electoral. Estas iniciativas, junto con la manipulación partidista de los distritos electorales que podrá realizarse a partir de los resultados del censo que se realizó en 2020, podrían borrar un siglo y medio de luchas y avances para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, podría poner al gobierno estadounidense bajo el control permanente de una minoría supremacista blanca. El Centro Brennan para la Justicia ha estado siguiendo de cerca estos proyectos de ley que obstaculizan el voto. Hasta el 1 de abril, el centro había contado la asombrosa cantidad de 361 iniciativas de este tipo en 47 estados del país. Los estados de Georgia y Arizona ya han promulgado importantes leyes que restringen el derecho al voto. Ambos estados fueron bastiones republicanos durante décadas. En las elecciones de 2020, Joe Biden ganó en ambos estados, al igual que los candidatos demócratas al Senado Mark Kelly, en Arizona; y Jon Ossoff y Raphael Warnock, en Georgia. La victoria electoral de Biden en esos estados y la pérdida de esos tres escaños en el Senado, que provocó que los republicanos perdieran el control de la Cámara Alta, fue una derrota devastadora para el Partido Republicano. Poco después de las elecciones, el senador republicano del estado de Carolina del Sur Lindsey Graham declaró en el canal Fox News: “Si los republicanos no impugnan el resultado [de las elecciones] y cambian el sistema electoral de Estados Unidos, nunca más se elegirá a otro presidente republicano”. Los legisladores republicanos tomaron nota de la advertencia de Graham e inundaron el país con proyectos de ley sorprendentemente similares entre sí, diseñados para restringir e impedir la participación electoral. Para ello han contado con la ayuda del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, por sus siglas en inglés, uno de los principales grupos de lobby de derecha del país. En 1980, el difunto activista conservador Paul Weyrich, cofundador de la organización de derecha The Heritage Foundation, expresó con claridad una directriz clave de la estrategia electoral republicana: “Nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente cuando la población que vota disminuye”. Ari Berman, periodista de la revista Mother Jones y autor del libro “Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America” (Entréguennos las urnas: La lucha moderna por los derechos electorales en Estados Unidos), dijo en una entrevista con Democracy Now!: “El asunto aquí no es ‘Demócratas versus Republicanos’. Es ‘Republicanos versus democracia’. Están dificultando la participación electoral de todos los votantes”. Estos proyectos de ley impulsados por los republicanos apuntan a restringir la participación de votantes tradicionalmente demócratas, principalmente de las comunidades de color de los centros urbanos. Para ello se ha recurrido a diversas tácticas. Entre ellas, excluir ciudadanos del padrón electoral; prohibir el voto a las personas que han recibido una condena por delitos graves; exigir la presentación de un documento de identidad con fotografía para poder votar y dificultar el proceso de registro de votantes. Otras tácticas incluyen disminuir de manera drástica las posibilidades para emitir el voto anticipadamente o por correo; reducir o eliminar la posibilidad de votar sin bajarse del vehículo para aquellas personas a las que se les dificulta la movilidad y limitar la cantidad de sitios para la recepción de las papeletas de voto por correo y el número y la capacidad de los lugares de votación. También hay un esfuerzo concertado para volver a instalar una táctica que se utilizaba en la época de las leyes segregacionistas de Jim Crow: la intimidación a los votantes por parte de los denominados “observadores electorales”, grupos de seguidores del Partido Republicano que se apostan en los centros de votación para “vigilar” el proceso electoral. El gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, acaba de promulgar un proyecto de ley que podría eliminar a más de 100.000 personas del padrón de votación anticipada del estado. En el estado de Georgia, antes de las elecciones de 2018, se excluyó del padrón electoral a una cantidad aún mayor de votantes, a instancias del entonces candidato republicano a gobernador Brian Kemp, quien se desempeñaba en ese momento como secretario de Estado de Georgia y tenía a su cargo supervisar las mismas elecciones que luego ganaría por un estrecho margen. En el primer discurso que brindó en el hemiciclo del Congreso como senador por el estado de Georgia, el reverendo demócrata Raphael Warnock dijo: “Soy de un estado que eliminó a 200.000 personas del padrón electoral un sábado por la noche. Sabemos lo que está sucediendo aquí: algunas personas no quieren que algunas otras personas voten”. La draconiana ley electoral recientemente promulgada en el estado de Georgia, denominada “Ley de integridad electoral”, implementó una gran cantidad de métodos para vulnerar el derecho al voto. Incluso tipificó como delito entregar comida o agua a los votantes que se encuentran esperando en la fila su turno para votar. El estado de Florida promulgó un proyecto de ley similar, que incluye también la prohibición de entregarles a los votantes comida o agua en los centros de votación. El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, enfureció a las cadenas de noticias del estado al concederle al programa de televisión “Fox & Friends”, el favorito de Trump, según se dice, la transmisión exclusiva de la ceremonia de promulgación de la ley. Sin embargo, las noticias sobre la muerte de la democracia podrían ser en gran medida exageradas, gracias al impulso y la fuerza que está cobrando el activismo de base para proteger el derecho al voto. Las organizaciones Public Citizen, Common Cause, Black Voters Matter, Indivisible y otras agrupaciones están instando al Congreso a que apruebe una histórica legislación a favor de la democracia este año. La Resolución 1 de la Cámara de Representantes, también conocida como “Ley Para el Pueblo 2021”, restablecería y ampliaría las protecciones instituidas en la Ley de Derecho al Voto de 1965, ocho años después de que la Corte Suprema revocara parte de esa histórica Ley de Derecho al Voto en una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra. Esta ley convertiría inmediatamente en ilegales a la mayoría de estos proyectos de ley de restricción del derecho al voto. Una presión pública fuerte y masiva será fundamental para que la Ley Para el Pueblo sea aprobada en el Senado. El difunto congresista John Lewis, un ícono de la lucha por el derecho al voto en Estados Unidos, escribió en su último ensayo, publicado el día de su funeral, en julio del año pasado: “La democracia no es un estado. Es un acto. Cada generación debe hacer su parte […]. Debe meterse en lo que yo llamo 'buenos problemas', problemas necesarios”.

En sus clases de antropología, las universidades de Princeton y Pensilvania utilizan huesos de niñas asesinadas Amy Goodman y Denis Moynihan El pasado racista de la ciudad de Filadelfia resurgió en las últimas semanas luego de que se divulgara públicamente que los huesos de una o dos niñas afroestadounidenses, muertas en un operativo de la policía de la ciudad en 1985, se estaban utilizando sin el conocimiento de sus familias en un curso en línea de la Universidad de Princeton denominado “Huesos reales: aventuras en antropología forense”. El 13 de mayo se cumplen 36 años del día en que la ciudad de Filadelfia bombardeó a sus propios ciudadanos. Ese día de 1985, la policía rodeó la sede y casa colectiva de la organización MOVE, un grupo radical que luchaba por la liberación negra, que se negaba a cumplir la orden de desalojar las instalaciones. La policía inundó de agua el edificio, lanzó gases lacrimógenos e inició un intenso ataque con armas automáticas, sin poder desalojar a los residentes. Finalmente, los agentes de policía lanzaron una bomba sobre la casa desde un helicóptero, lo que provocó la muerte de once personas: seis adultos y cinco menores. Tras la explosión, el fuego se extendió, quemó la manzana entera y destruyó por completo más de sesenta viviendas. Una redada anterior contra la organización, ocurrida en 1978, había terminado con una lluvia de disparos por parte de la policía y un oficial muerto. Los miembros de MOVE afirmaron que ellos no dispararon un solo tiro y que el agente murió a causa de los propios disparos de la policía. Sin embargo, nueve miembros de MOVE fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato del oficial. Una de las integrantes de MOVE sentenciadas a prisión, Debbie Africa, dio a luz en secreto en su celda, apenas cinco semanas después de su sentencia. Debbie se las arregló para mantener a su hijo, Mike Africa, con ella durante tres días antes de alertar a los guardias. Siete de los nueve miembros de MOVE condenados en aquel momento se encuentran actualmente en libertad, después de cumplir 40 años en prisión. Otros dos murieron en la cárcel. El mes pasado, Abdul-Aliy Muhammad, miembro de una organización de base de Filadelfia, se enteró de que los huesos de una o dos de las niñas que fallecieron durante el ataque a MOVE de 1985, Tree y Delisha Africa, estaban siendo utilizados en un curso en línea impartido por la Universidad de Princeton, junto con el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, comúnmente conocido como “Museo Penn”. “Los huesos son 'jugosos', por lo que se puede decir que parecen de una persona recientemente fallecida. Tienen mucho brillo. Si lo hueles, en realidad no huele mal, pero huele un poco grasiento”. Así se expresaba Janet Monge, curadora del Museo Penn, mientras manipulaba los huesos en una clase transmitida por video. “Conocí a ambas niñas, Tree y Delisha”, dijo en Democracy Now! Mike Africa, quien ahora tiene cerca de 40 años, al hablar sobre el descubrimiento de los huesos. “Tree era muy amable y responsable, y siempre la llamaban para que ayudara a los otros niños por ser la mayor”. Mike continuó: “Todos éramos huérfanos poco convencionales porque todos nuestros padres estaban presos. La madre de Tree y los dos padres de Delisha estaban en la cárcel. Mis padres también lo estaban”. Luego de una investigación oficial que se realizó poco después del ataque, los restos de Tree fueron supuestamente enterrados junto con los de su media hermana Zanetta. Según informes de prensa, los restos de los otros menores, incluida Delisha, fueron entregados más tarde a un senador estatal que dirigía una funeraria y que los enterró en fosas comunes. Si los huesos de Tree y Delisha fueron sepultados en 1985, ¿cómo terminaron en manos de Janet Monge 36 años después? Inmediatamente después del bombardeo, la Oficina de Medicina Forense de Filadelfia convocó a Alan Mann, un profesor de antropología de la Universidad de Pensilvania, para que ayudara a identificar los cuerpos que habían sido recuperados de los escombros de la casa colectiva de MOVE. Janet Monge era en ese entonces una estudiante de posgrado que trabajaba con Mann. Más tarde, Ali Z. Hameli —un patólogo forense contratado por la ciudad para realizar una investigación posterior en profundidad sobre los restos de las once víctimas— contradijo los hallazgos de Mann. Hameli criticó a la Oficina de Medicina Forense por manipular de manera incorrecta los restos de las víctimas. La oficina, por razones desconocidas, entregó algunos de los restos a Mann. Al parecer, este los conservó durante décadas, y los trasladó de la Universidad de Pensilvania a la Universidad de Princeton. Alan Mann, ahora jubilado, inicialmente dijo que no tenía los restos óseos de Tree y Delisha Africa; luego se informó que los había transferido hace poco a una funeraria de Filadelfia. Abdul-Aliy Muhammad se enteró de la existencia de estos huesos, que ha sido descrita como un “secreto a voces” en la comunidad antropológica, cuando intentaba facilitar la repatriación a sus lugares de origen de los cráneos de personas esclavizadas que se encuentran en la denominada “Colección Morton” del museo. Al igual que los 22.000 restos humanos que están en posesión de la Universidad de Harvard y los cerca de 30.000 restos humanos del Instituto Smithsoniano, los cráneos de la Colección Morton son un sombrío testimonio del racismo institucional. Hacia el final de la entrevista, Mike Africa dijo: “Nuestra comunidad ha estado sufriendo durante más de 36 años por el bombardeo”. En cuanto a lo que debería suceder con los restos de sus amigas de la infancia, Tree y Delisha, afirmó: “Eso lo decidirán sus padres”. En noviembre de 2020, el Concejo Municipal de la ciudad de Filadelfia emitió una disculpa por el ataque de 1985 contra la sede de la organización MOVE. Pero la comunidad de MOVE debe recibir una reparación por todos los crímenes que se han cometido contra ella: las golpizas a sus miembros, el bombardeo a su sede y, ahora, la manipulación infame de los restos óseos de las víctimas.

Atropello y fuga: el intento de Biden de evadir su responsabilidad en la masacre del pueblo palestino Amy Goodman y Denis Moynihan Los contribuyentes estadounidenses que quieren ver el dinero de sus impuestos en acción no necesitan más que mirar hacia la Franja de Gaza, el territorio sitiado donde viven dos millones de palestinos y al que el ex primer ministro conservador británico David Cameron describió como “una prisión al aire libre”. Israel ha lanzado una vez más una de sus terribles y periódicas campañas de bombardeos contra los sufridos y asediados habitantes de Gaza, una campaña que ya ha dejado cientos de muertos, incluidos una gran cantidad de menores. Desde hace varios años, los analistas israelíes usan como metáfora para referirse a estas masacres la expresión “cortar el césped”, en alusión a la estrategia militar de debilitamiento y desgaste permanente que está detrás de ellas. Los ataques israelíes de estos días han causado importantes daños a 17 hospitales y clínicas, incluida la única instalación en Gaza donde se realizan pruebas de diagnóstico de la COVID-19; varias escuelas han sido destruidas; cientos de miles de habitantes se han quedado sin servicio de agua potable; y un edificio de gran altura, que albergaba a diversos medios de comunicación, como la cadena Al Jazeera y la agencia de noticias Associated Press, ha quedado completamente en ruinas. Estados Unidos ha permitido que ocurran estas masacres al proporcionar año tras año miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel y brindarle un acceso privilegiado a armas sofisticadas. En un reciente comunicado de prensa, la organización de derechos humanos Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz, en español) formuló la siguiente pregunta a los judíos estadounidenses: “¿Seguiremos negando lo que sucede y permitiendo que en nuestro nombre se sigan cometiendo masacres e implementando un régimen de apartheid y limpieza étnica? ¿O, en cambio, nos comprometeremos con esta dura realidad y abrazaremos con todo nuestro ser el desafío de practicar fielmente el teshuvá y reparar estos daños?”. Israel ha tenido durante mucho tiempo un fuerte y enérgico apoyo de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos. Ahora, con una generación nueva y más diversa de representantes electos, la resistencia popular a la ocupación israelí de Palestina está teniendo una voz en Washington. “Soy la única estadounidense de origen palestino en el Congreso, y mi mera existencia ha trastocado el status quo”, dijo la congresista demócrata de Detroit Rashida Tlaib durante un emotivo discurso que pronunció en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. “Les hago recordar a mis colegas que los palestinos realmente existimos, somos humanos, tenemos sueños. Somos madres, hijas, nietas. Buscamos justicia y no pedimos disculpas por luchar contra la opresión en todas sus formas”. La congresista Tlaib dio su discurso el día de la celebración de la Fiesta del Fin del Ayuno, la festividad religiosa musulmana que se celebra al finalizar el mes sagrado del Ramadán y solo dos días antes de la conmemoración palestina del Día de la Nakba. La Nakba, que en español significa “la catástrofe”, fue la violenta expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras, que ocurrió tras la fundación de Israel el 15 de mayo de 1948. Desde entonces, Israel ha expandido sistemáticamente la ocupación militar ilegal de tierras palestinas, ha matado a miles de palestinos inocentes y encarcelado a decenas de miles de ellos sin ninguna imputación de cargos en su contra. Nada de esto podría haber ocurrido sin la aprobación y firme respaldo de Estados Unidos. En el pasado, Rashida Tlaib podría haber sido una voz solitaria. Pero ahora ella no está sola, hay una gran cantidad de gente que la respalda. Los congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortéz, de Nueva York, y Mark Pocan, del estado de Wisconsin, se unieron a Tlaib para presentar en el Congreso una resolución conjunta contra la venta por parte de Estados Unidos al Estado de Israel de las denominadas “bombas inteligentes” —municiones de ataque directo conjunto, o JDAMS, por sus siglas en inglés— fabricadas por la empresa Boeing, una operación por un valor de 735 millones de dólares. El senador Bernie Sanders también ha presentado una resolución similar en el Senado. John Ossoff, el primer senador judío electo por el estado de Georgia, encabeza un grupo de 28 senadores demócratas que reclaman un alto el fuego en Gaza, tanto por parte de Israel como por parte de la organización Hamas, cuyos cohetes han matado a doce personas en territorio israelí. En todo Estados Unidos, miles de personas han salido a las calles para exigir un alto el fuego. El martes, el presidente Biden viajó a Detroit, el distrito de origen de Rashida Tlaib, para visitar la planta donde se fabricarán los vehículos totalmente eléctricos de la empresa automotriz Ford. Tlaib recibió al presidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto. La Radio Pública Nacional de Estados Unidos informó que un asistente de Tlaib resumió de esta forma los comentarios que la congresista le hizo a Biden: “Los derechos humanos de las y los palestinos no son una moneda de cambio. Deben protegerse, no negociarse […]. Estados Unidos no puede seguir otorgando al Gobierno de derecha de Netanyahu miles de millones de dólares [en ayuda militar] cada año para cometer crímenes contra los palestinos. No se pueden tolerar atrocidades como los bombardeos a las escuelas y mucho menos llevarlas a cabo con armas suministradas por Estados Unidos”. En el discurso que pronunció en la planta de Ford, Biden elogió a Tlaib y agregó: “Rezo para que su abuela y su familia estén bien”. Las abuelas palestinas que viven bajo la ocupación israelí no necesitan las oraciones de Biden; necesitan su intervención. Cuando Biden estaba a punto de realizar una prueba de conducción de una camioneta eléctrica en la planta automotriz, tuvo este intercambio con una periodista: “Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta rápida sobre Israel antes de que se vaya, ya que es un tema tan importante?”. “No, no puede. No… A menos que se ponga delante del coche cuando pise el acelerador”, respondió Biden. Y agregó: “Solo estoy bromeando”. Inmediatamente después, el presidente arrancó la camioneta y, según se dice, se alejó a casi 130 kilómetros por hora. Para los millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí, cada día es como si fueran atropellados por un camión conducido por el Gobierno estadounidense. La reciente campaña de ataques de Israel contra la Franja de Gaza ha despertado en todas partes del mundo una solidaridad activa con el pueblo palestino y su resistencia, rechazando esta vez lo que el difunto académico y activista palestino Edward Said describió como la “tolerancia gregaria con el estado de las cosas”.

Licencia para matar: las leyes contra el derecho a la protesta en Estados Unidos amparan a los conductores que atropellen manifestantes Amy Goodman y Denis Moynihan Estados Unidos parece estar avanzando lentamente hacia la normalidad a medida que aumenta la administración de vacunas contra la COVID-19 y luego de las recientes recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que indican que las personas vacunadas pueden hacer actividades al aire libre sin necesidad de usar mascarilla. Sin embargo, muchas legislaturas estatales del país están intentando que un aspecto de nuestra sociedad no vuelva a la normalidad: la protesta social. Sacudidas por la potencia y la intensidad de las protestas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial que estallaron a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía de la ciudad de Mineápolis en 2020, las legislaturas estatales controladas por los republicanos están aprobando leyes específicamente dirigidas a criminalizar la protesta y restringir el derecho a disentir. Al mismo tiempo, y de manera escalofriante, muchas de estas leyes incluyen disposiciones que legalizan el uso de la violencia contra los manifestantes y otorgan inmunidad a las personas que atropellen con sus vehículos a los manifestantes. “Estas son leyes realmente extremas”, expresó Nick Robinson, asesor legal del Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro, en una entrevista con Democracy Now!. “Por ejemplo, en el estado de Florida, conforme a esta nueva ley, si estás con 25 o más personas o si estás obstruyendo el tráfico, estarías cometiendo un delito grave o un delito de desorden público agravado y podrías enfrentar hasta 15 años de cárcel… Y cinco años en prisión si causas daño a un monumento. De acuerdo a la ley de Florida, el solo hecho de manchar un monumento confederado implica un cargo sumamente grave”. “Están anunciando el comienzo de la temporada. Es una licencia para cazar”, dijo Susan Bro a Democracy Now! La hija de Bro, Heather Heyer, fue asesinada el 12 de agosto de 2017 mientras se manifestaba de forma pacífica contra la marcha supremacista blanca “Unite the Right” realizada en la ciudad de Charlottesville, estado de Virginia. James Alex Fields Jr., un neonazi de 24 años, arremetió con su auto contra la multitud de manifestantes antirracistas, y mató a Heather e hirió al menos a otras 35 personas. Susan Bro dirige ahora la Fundación Heather Heyer, creada en memoria de su hija, una fundación que proporciona becas a estudiantes que trabajan por la justicia social. El asesino de Heather Heyer cumple actualmente en prisión dos sentencias de cadena perpetua. Susan Bro dijo que revive el ataque letal a su hija todos los días: “Los amigos de Heather volaron por el aire. El joven caballero cuyo zapato terminó colgado del parachoques delantero del automóvil era uno de los amigos de Heather, Marcus Martin. Martin estaba detrás de ella, pero había dos personas entre ambos. Al momento del incidente, atinó a alargar la mano y a apartar a [su prometida], Marissa, del camino. [El joven] se ha lamentado una y otra vez de no haber podido hacer lo mismo con Heather. Yo le dije siempre: ‘Marcus, no podías ayudar en eso’. Tengo una fotografía que muestra la fracción de segundo previa al momento en el que [el conductor] atropella a Heather. He visto imágenes de él embistiendo a Heather, pero mi cerebro no lo puede asimilar, ni siquiera ahora. Es increíble decir que eso no es un crimen, que no es un delito… ¿Desde cuándo permitimos que la gente se convierta en juez, jurado y verdugo? Porque eso es lo que esto significa: vamos a cazar manifestantes”. La serie actual de leyes contra el derecho a manifestación sigue la misma línea de las leyes que cobraron impulso a raíz de las masivas protestas lideradas por comunidades indígenas contra el oleoducto Dakota Access en 2016. Desesperados por evitar otras protestas masivas de ese tipo, muchos estados han promulgado leyes de “protección de oleoductos”, que criminalizan el tipo de desobediencia civil no violenta que está en el centro de la resistencia de la tribu sioux de Standing Rock. Pero no son solo los republicanos los que están impulsando este tipo de leyes. La gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, promulgó recientemente una ley que prohíbe el ingreso a áreas próximas a tuberías y a otras “instalaciones de infraestructura crítica”. Kansas es uno de los 16 estados donde los republicanos tienen una mayoría a prueba de veto en la legislatura estatal. La agencia Associated Press informó que el proyecto de ley de Kansas “fue presentado a pedido de la Asociación Estadounidense de Productores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM, por sus siglas en inglés)”. Las industrias del petróleo, el gas y otras industrias contaminantes, así como también algunos otros grupos empresarios, están impulsando muchas de estas leyes antiprotesta, con la ayuda del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, por sus siglas en inglés, uno de los principales grupos de lobby de derecha del país. La protesta social ha sido el motor que ha impulsado todos los cambios sociales significativos en Estados Unidos. El derecho a disentir está consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Estas peligrosas leyes que vulneran el derecho a la protesta a lo largo y a lo ancho del país deben ser resistidas y revocadas.

George Floyd, Cariol Horne y el deber de los agentes de policía de intervenir ante casos de brutalidad policial Amy Goodman y Denis Moynihan El Día de los Caídos del año pasado, cuando el sol del atardecer se posaba sobre la intersección de las avenidas 38 y Chicago de la ciudad de Mineápolis, el oficial de policía Derek Chauvin presionaba su rodilla contra el cuello de George Floyd. Esposado y respirando con dificultad, Floyd llamaba “señor” al oficial. Floyd repitió la frase “¡no puedo respirar!” más de 20 veces. “¡Mamá, te amo!”, gritó luego. Minutos después, murió. Chauvin mantuvo la presión de su rodilla contra el cuello de Floyd durante tres minutos más, tiempo en el cual George Floyd podría haber sido reanimado. En total, la rodilla de Chauvin permaneció sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos, el tiempo suficiente para apagar los 46 años de vida de George Floyd. Por unanimidad, los doce miembros del jurado encontraron a Derek Chauvin culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Es la primera vez en la historia del estado de Minesota que un oficial de policía blanco es condenado por matar a un afroestadounidense. George Floyd podría estar vivo hoy, si alguno de los otros tres agentes que se encontraban en la escena hubiera intervenido. Esos tres policías, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, pronto enfrentarán sus propios juicios por “instigar y asistir” a Chauvin en el asesinato de George Floyd. El caso de George Floyd fue mencionado en un fallo reciente de la Corte Suprema del estado de Nueva York. “Citando las palabras del Dr. Martin Luther King, Jr., 'siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto'”, escribió el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York Dennis Ward al fallar a favor de la oficial de policía de la ciudad de Buffalo Cariol Horne en una demanda por su despido de la fuerza en 2008. En 2006, Cariol Horne, una oficial de policía afroestadounidense de la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, respondió a una llamada para ayudar a otro oficial en un arresto que se estaba llevando a cabo. Lo que sucedió después cambió su vida de forma radical. “Fui a la casa de Neal Mack, ubicada en el número 707 de la avenida Walden”, contó Cariol Horne a Democracy Now! esta semana. Allí vio que un compañero estaba tratando con brutalidad a un hombre afroestadounidense. “Cuando entré a la casa vi cómo lo esposaban y le daban un puñetazo en la cara. Luego de que sacamos a Neal Mack de la casa fue cuando [el oficial de policía] Gregory Kwiatkowski comenzó a estrangularlo. Ahí fue cuando impedí que siguiera con la maniobra de estrangulamiento y cuando [Kwiatkowski] me golpeó en la cara […]. Luego fui a la comisaría e informé al jefe sobre lo ocurrido. A partir de ese momento comenzó una investigación interna y me convertí en el objetivo”. Cuando Horne tomó a Kwiatkowski del brazo para evitar que continuara estrangulando a Mack, el agente Kwiatkowski la golpeó con tanta fuerza que Horne tuvo que recurrir tiempo después a una cirugía reconstructiva. A pesar de eso, después de la investigación interna, fue Horne quien fue despedida, no Kwiatkowski. En ese momento, a Horne le faltaban solo unos pocos meses para alcanzar la antigüedad necesaria para jubilarse con la pensión completa. Quedarse sin empleo siendo madre de cinco hijos y justo cuando había estallado la crisis económica mundial fue catastrófico. Se quedó sin hogar y terminó viviendo en su auto. Neal Mack afirma que Cariol Horne le salvó la vida. Años más tarde, [el oficial] Kwiatkowski fue a la cárcel por golpear a cuatro adolescentes que estaban esposados. Horne organizó una campaña en apoyo a la aprobación de la denominada “ley de Cariol” en la ciudad de Buffalo. Esta ley dispone que los agentes de policía tienen el deber de intervenir, ya sea que estén en servicio o en su tiempo libre, cuando ven a otro agente hacer uso de la fuerza de forma irrazonable o excesiva contra un civil. La legislación también protege contra cualquier tipo de represalias a los agentes que intervienen ante casos de brutalidad policial. Mientras las manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos de la policía se extendían por todo el mundo, el Concejo Municipal de Buffalo aprobó la ley de Cariol y el alcalde la promulgó. La ley de Buffalo también permitió que los oficiales de policía que habían sufrido represalias por intervenir soliciten una compensación, que fue lo que hizo Cariol Horne. Ella entabló una demanda y la ganó. El fallo del juez Dennis Ward ordena que se le devuelva su derecho a recibir la pensión y que se le pague retroactivamente. Refiriéndose a George Floyd, Ward escribió en el fallo: “Uno de los problemas en todos estos casos es el papel que asumen los otros agentes que se encuentran en la escena y, en particular, su complicidad al no intervenir para salvar la vida de una persona a la que se le está aplicando una fuerza física irrazonable”. “El mérito de la oficial Horne es que no se limitó a permanecer al margen, sino que tomó la decisión de intervenir, a pesar de la sanción que terminó sufriendo por haberlo hecho”, continúa el escrito del juez Ward. “Si bien los Eric Garner y los George Floyd del mundo nunca tuvieron una ‘segunda oportunidad’, al menos aquí se puede hacer algo para enmendar lo ocurrido”. El ritmo de las muertes a manos de la policía en Estados Unidos, con un promedio de tres por día, no ha disminuido desde que estallaron las protestas tras la muerte de George Floyd. Cariol Horne está promoviendo que la “ley de Cariol” se apruebe en ciudades y estados de todo el país. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debate la “Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial” de 2020. Esta ley, entre otras cosas, prohibiría las maniobras de estrangulamiento y establecería el deber de los agentes de la policía federal de intervenir ante casos de brutalidad policial. Derek Chauvin va a ir a prisión por el asesinato de George Floyd en gran parte debido a las acciones y los testimonios de quienes pasaban ocasionalmente por la zona, desde una niña de nueve años de edad hasta la adolescente que grabó el vídeo del crimen. Ojalá que la valentía de esas personas inspire a que se adopte en todo Estados Unidos el deber de los agentes de policía de intervenir para evitar la brutalidad policial, en lugar de instigarla y ser cómplices de ella.

¿Terminará Biden con la “guerra eterna” de Estados Unidos en Afganistán? Amy Goodman y Denis Moynihan El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció el retiro de todas las tropas estadounidenses de lo que llamó la “guerra eterna” en Afganistán para el 11 de septiembre. “Solo los afganos tienen el derecho y la responsabilidad de dirigir su país”, dijo Biden desde la misma sala de la Casa Blanca desde donde el presidente George W. Bush anunció la invasión estadounidense de Afganistán en octubre de 2001. En las dos décadas que transcurrieron desde entonces, más de 100.000 civiles afganos han muerto a consecuencia de la guerra, así como también 45.000 miembros del ejército y la policía afganos y al menos 3.500 soldados estadounidenses y de la coalición. Zaher Wahab conoce bien el impacto que la invasión y la ocupación han tenido en su país de origen, Afganistán. Wahab es un profesor universitario especializado en educación de larga trayectoria y divide su tiempo entre Estados Unidos y Afganistán. Desde la invasión de 2001 ha estado ayudando a reconstruir el sistema educativo de Afganistán que se ha visto fuertemente deteriorado. “La invasión, la ocupación y el consiguiente derramamiento de sangre han destruido el país, su economía, sus instituciones, su infraestructura, su educación, su forma de vida y las relaciones entre los diferentes grupos étnicos”, expresó Wahab en Democracy Now!. “Esta ocupación ha sido lisa y llanamente una catástrofe”. Wahab continuó: “Estados Unidos y sus aliados nunca deberían haber atacado y ocupado Afganistán. Estuvo mal. Fue ilegal. Es posible que para Estados Unidos esta guerra termine, pero no así para Afganistán. El conflicto se intensificará. Es por esto que es necesario constituir de inmediato una fuerza de paz de la ONU”. Todavía no hay ningún plan para constituir una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y una demanda central de los talibanes en las negociaciones de paz en curso es el retiro completo de las fuerzas extranjeras antes del 1 de mayo, la fecha fijada por el expresidente Trump. El demorado retiro de las tropas estadounidenses anunciado por Biden podría empezar para ese entonces, ¿pero será tan completo como se prometió? “[El retiro de tropas] no incluye a las miles de personas que forman parte de los equipos de operaciones especiales de Estados Unidos y de la OTAN y de los equipos de la CIA, así como tampoco a las decenas de escuadrones de bombarderos y aviones de combate, ya sean tripulados o no tripulados, que se encuentran en el área”, dijo Matthew Hoh en Democracy Now! Hoh es un ex miembro del Cuerpo de Infantes de Marina de EE.UU. que participó en la ocupación de Irak y luego ocupó un importante puesto en el Departamento de Estado en Afganistán En 2009, renunció a su cargo en Afganistán, a modo de protesta por la escalada de la guerra que ordenó el expresidente Obama en aquel momento. Actualmente es miembro emérito del Centro de Política Internacional. “La probabilidad de que Estados Unidos siga militarmente involucrado en el conflicto es bastante alta, aún en el caso de que se retiren los 3.500 efectivos estadounidenses y las tropas de la OTAN”. En la entrevista con Democracy Now!, Hoh agregó: “La devastación que ha sufrido el pueblo afgano es difícil de imaginar. Ha habido millones y millones de personas refugiadas. Cerca del 70% de los afganos tienen que subsistir con un dólar al día. Prácticamente no existe ninguna industria en Afganistán”. La estimación más reciente del costo financiero para Estados Unidos de la guerra en Afganistán durante los últimos 20 años, hecha por el Proyecto Costos de la Guerra, de la Universidad de Brown, es de 2,3 billones de dólares, lo que podría haber servido para construir grandes obras de infraestructura, tanto en Afganistán como en Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos compró armas, construyó bases que pronto serán abandonadas y envió y desplegó sus soldados una y otra vez. El costo del cuidado de los veteranos heridos y de la deuda por el dinero que se pidió prestado para librar la guerra seguirá recayendo sobre las espaldas de los contribuyentes estadounidenses durante décadas. Esto no incluye los miles de millones de dólares que se gastaron para armar a los muyahidines afganos en su lucha contra el ejército soviético invasor durante la década de 1980: un gasto en armas y entrenamiento que décadas más tarde terminaron usándose en contra de Estados Unidos y sus aliados. El 14 de septiembre de 2001, días después de los ataques de Al Qaeda en Estados Unidos, la congresista de California Barbara Lee habló en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde expresó su oposición a la acción militar contra Afganistán. “No nos convirtamos en el mal que deploramos”, expresó antes de emitir el único voto contra la Resolución de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, que permanece vigente hasta el día de hoy. Esta semana, Lee celebró el anuncio de Biden de retirar las tropas de Afganistán y agregó: “Este es el resultado de décadas de arduo trabajo por parte de activistas, defensores y miembros del Congreso comprometidos a poner fin a nuestras guerras eternas. […] Debemos aprovechar este impulso para limitar las atribuciones del Ejecutivo en cuanto a los poderes de guerra […] y devolver ese poder a manos del Congreso y del pueblo”. Lee también lidera un grupo de 50 miembros de la Cámara de Representantes que enviaron una carta al presidente Biden, instándolo a recortar el presupuesto del Pentágono. En un comunicado al respecto, Lee expresó: “Mientras nos enfrentamos a una pandemia mundial y a una crisis económica sin precedentes, las necesidades de las familias estadounidenses superan con creces la necesidad de continuar alimentando nuestro inflado presupuesto de defensa militar”. El fin de la guerra en Afganistán es solo un comienzo. A esa acción deberían sumarse de inmediato medidas de reparación para el pueblo afgano. El presidente Biden también debería poner fin a las intervenciones militares de Estados Unidos en otros lugares, comenzando por Irak, y reducir el presupuesto militar. Después de décadas de guerra, démosle una oportunidad a la paz.

Estados Unidos debería enviar al mundo vacunas, no bombas Amy Goodman y Denis Moynihan La pandemia de COVID-19 exige una respuesta colectiva y global que pocas veces se requirió en la historia de la humanidad. Es probable que los 132 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y las 3 millones de muertes sean cifras subestimadas y que la cantidad real de casos y muertes sea mucho mayor. También han surgido variantes más contagiosas, lo que ha provocado un aumento alarmante de los casos. Los virus no respetan las fronteras y, en un planeta cada vez más interconectado, la necesidad de un enfoque cooperativo para enfrentar esta emergencia de salud pública es imperativa. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, tiene la responsabilidad moral de facilitar la disponibilidad de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 en todo el mundo. En cambio, el Gobierno de Biden eligió el camino de lo que se denomina “nacionalismo de las vacunas”, almacenando y acaparando dosis y bloqueando los intentos para suspender, aunque sea de forma temporal, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, que están en poder de compañías farmacéuticas con fines de lucro. Mientras tanto, todo sigue como de costumbre en la industria armamentista de Estados Unidos, que vende anualmente más de 160.000 millones de dólares en armas y municiones en todo el mundo. El presidente Joe Biden prometió administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en el cargo y logró llegar a esa cifra en casi la mitad de ese tiempo. Es probable que los requisitos de elegibilidad para recibir la vacuna para mayores de 16 años se eliminen a nivel nacional en unas semanas, y ya han comenzado los ensayos clínicos en menores, incluso en bebés de tan solo seis meses. Biden facilitó un acuerdo entre las compañías competidoras Merck y Johnson & Johnson para acelerar la producción de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, y la farmacéutica Pfizer acaba de anunciar el desarrollo de un tratamiento de administración oral contra la COVID-19. Sin embargo, si se permite que el virus se propague de forma desenfrenada en otras partes del mundo y mute hacia variantes más letales, nadie estará a salvo. La vacunación en el continente europeo viene demorada. Haití aún no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna, y decenas de otros países, como Malí, Papúa Nueva Guinea y Armenia, solo han administrado unos pocos cientos de dosis hasta la fecha. Sudáfrica, donde se detectó por primera vez una de las nuevas variantes del coronavirus, que ha demostrado ser más mortal, solo ha vacunado a alrededor del 0,5% de su población de casi 60 millones de personas. Mientras tanto, India, uno de los principales productores de vacunas del mundo, detuvo de forma abrupta las exportaciones de vacunas para enfrentar su propio aumento récord de casos de COVID-19. Parte de la culpa de toda esta situación recae en el expresidente Donald Trump, que efectivamente saboteó la respuesta inicial del mundo ante la pandemia. En primer lugar, comenzó el proceso para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud; luego se negó a participar en el programa Covax, una iniciativa de cooperación mundial cuya finalidad es garantizar una distribución justa, rápida y equitativa de las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas de la COVID-19. Una vez investido en el cargo, el presidente Biden volvió a comprometerse de inmediato con la Organización Mundial de la Salud y prometió aportar cuatro mil millones de dólares para el mecanismo Covax. Este es un buen comienzo, pero está muy lejos de ser suficiente. China y Rusia han elegido el camino de la denominada “diplomacia de las vacunas”, entregando vacunas gratuitamente o con descuento a las naciones más necesitadas. Estados Unidos está muy atrás. Por el momento, solo donó varios millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que estaban en peligro de expirar. Un paso importante que debería tomar el Gobierno de Biden sería el de retirar las objeciones a la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19, derechos amparados por la Organización Mundial del Comercio. Esta suspensión temporal de las patentes permitiría un rápido aumento de la producción de vacunas asequibles a nivel mundial, tal como ocurrió luego del acuerdo entre las farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson, pero a gran escala y acorde a lo que exige el grave momento actual de la pandemia. Al pedido inicial de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio para la exención temporal de las patentes se han sumado otros 60 países. Como la decisión en la Organización Mundial del Comercio debe tomarse de forma unánime, cualquier país, como Estados Unidos, puede impedir la aprobación de la suspensión y seguir protegiendo así los intereses de quienes especulan con la pandemia. Si bien Estados Unidos puede estar fallando en el despliegue del llamado “poder blando” de la diplomacia de las vacunas, continúa sobresaliendo en el despliegue del “poder duro”. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, también conocido como Sipri por sus siglas en inglés, informó que las ventas mundiales de armas crecieron un 8,5% entre 2018 y 2019. En su informe, el Sipri detalla: “En 2019, las cinco principales empresas productoras de armamento tenían su sede en Estados Unidos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics”. Agrega el informe del Sipri: “Estas cinco empresas juntas registraron ventas de armas por 166 mil millones de dólares en un año. En total, doce empresas estadounidenses aparecen entre las 25 principales vendedoras de armamento de 2019, lo que representa el 61% de las ventas de armas combinadas de las 25 principales”. Inexplicablemente, el Pentágono anunció esta semana, justo pocos días después del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, que Estados Unidos continuará con la política de Trump de expandir el uso de minas terrestres en todo el mundo. La información pública brindada por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono confirma que las ventas de armas estadounidenses continúan a buen ritmo. Por ejemplo, Brasil le acaba de comprar a la empresa Raytheon torpedos por un valor de 70 millones de dólares. Esta compra ocurre cuando Brasil enfrenta un aumento devastador de muertes por COVID-19, los hospitales del país se están quedando sin suministros básicos y quienes se encargan de las sepulturas están trabajando hasta altas horas de la noche para hacer espacio ante el creciente número de cadáveres. ¡Imaginen si esos 70 millones de dólares se usaran para luchar contra la pandemia en lugar de para luchar contra otros países! En vez de vender armas de guerra, la prioridad número uno de Estados Unidos debería ser la salud pública mundial. Sería la forma más eficaz, por lejos, de mejorar la seguridad nacional del país.

El juicio a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd: coraje y compasión de los testigos, de un lado; crueldad policial, del otro Amy Goodman y Denis Moynihan Nueve minutos y 29 segundos. Ese es el tiempo que Derek Chauvin, el ex oficial de policía de la ciudad de Minneapolis, quien ahora enfrenta un juicio por matar a George Floyd, mantuvo su rodilla presionada contra el cuello de Floyd el pasado Día de los Caídos. Floyd estaba esposado, tirado boca abajo en el pavimento, sin prestar resistencia y respirando con dificultad, mientras suplicaba por su vida. Las imágenes del incidente grabadas por una adolescente con su teléfono móvil desencadenaron protestas a lo largo y ancho del mundo en reclamo de justicia para George Floyd y por el fin de la brutalidad policial y el racismo sistémico. A lo largo del juicio contra Chauvin, vemos morir a George Floyd, una y otra vez, mientras se reproducen ante el jurado diferentes imágenes del hecho registradas por teléfonos móviles, cámaras de vigilancia y cámaras corporales de la policía. Quienes fueron testigos presenciales describen con sombrío detalle una escena de linchamiento moderno —a plena luz del día— de un hombre afroestadounidense por parte de la policía. Si bien los testimonios reflejan de manera contundente la violencia policial, también exponen otra faceta de nuestra sociedad que, a pesar de las horribles circunstancias, debemos celebrar: el coraje y la compasión de los transeúntes que presenciaron el hecho, que se arriesgaron a enfrentarse a policías armados e intentaron desesperadamente salvar la vida de un extraño. Una de las transeúntes que brindó su testimonio en el juicio fue Darnella Frazier: “Escuché a George Floyd decir: '¡No puedo respirar! Por favor, quítate de encima. ¡No puedo respirar!'”. Frazier tenía solo 17 años de edad cuando grabó a los oficiales Derek Chauvin, J. Alexander Keung y Thomas Lane mientras inmovilizaban a Floyd en el suelo, y a Tou Thao mientras los cubría, todos robándole a Floyd su vida. La testigo continuó: “Pedía por su mamá. Estaba sintiendo mucho dolor. Parecía que sabía que todo había terminado para él. Estaba aterrorizado. Estaba sufriendo. Se trataba de un grito de ayuda. Cuando miro a George Floyd, veo a mi papá, veo a mis hermanos, veo a mis primos y a mis tíos, porque todos son negros. Tengo un padre negro, un hermano negro, amigos negros. Veo lo que le pasó a él y sé que podría haberle pasado a cualquiera de ellos. En el video de Frazier, se escucha a Donald Williams, un luchador profesional de artes marciales afroestadounidense, implorar a los oficiales que dejen de presionar el cuello de Floyd. “¡No reacciona, hermano! […] ¡Toma su pulso! Toma su pulso, Thao. Thao, toma su pulso. ¡Thao, toma su pulso, hermano!”. Conocedor de las técnicas de estrangulamiento, Williams le gritó a Chauvin que dejara de hacer lo que se denomina “estrangulamiento de sangre”, una maniobra de restricción que corta el flujo de sangre al cerebro. Williams afirmó que Chauvin hizo contacto visual con él al escuchar el término, lo que indica que Chauvin sabía lo que estaba haciendo. El fiscal le preguntó a Williams sobre la llamada al teléfono de emergencias que hizo después de que el cuerpo de George Floyd fuera retirado en una ambulancia: “Llamé a la policía porque creí haber sido testigo de un asesinato”. Genevieve Hansen, una bombero blanca y técnica en urgencias médicas del Departamento de Bomberos de Mineápolis, que se encontraba dando un paseo fuera de su horario laboral cuando vio a Chauvin arrodillado sobre el cuello de George Floyd, describió sus intentos de intervenir: “Me identifiqué de inmediato, porque noté que Floyd necesitaba atención médica. No tardé en darme cuenta de que su nivel de conciencia estaba alterado. Por mi entrenamiento sabía que en esos casos se necesita atención médica de inmediato. Por tanto, dejé de concentrar mi atención en el Sr. Floyd y me enfoqué en cómo acceder al paciente y brindarle atención médica, o cómo instruir a los oficiales a que lo hicieran, pero los oficiales no me dejaron intervenir. Recuerdo que me ofrecí a indicarles lo que debían hacer o les dije 'Si no tiene pulso, hay que hacerle compresiones'. Y eso tampoco se hizo”. El fiscal Matthew Frank le preguntó entonces a Hansen: “¿Eso es lo que quería hacer usted?”. Hansen respondió entre sollozos: “Es lo que habría hecho por cualquiera. Se los supliqué y estaba desesperada”. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Charles McMillian, que tenía 60 años en el momento del asesinato y fue uno de los primeros en detenerse cuando ocurrió el incidente. La policía ya le había apuntado con un arma a Floyd, lo había esposado y, a pesar de las súplicas de Floyd porque era claustrofóbico, lo estaban metiendo en el asiento trasero de una patrulla. En el registro de video, se escucha que McMillian le grita a Floyd: “¡No puedes ganar!”, a lo que Floyd le contesta: “¡No estoy tratando de ganar!”. Esa fue la última conversación que tendría George Floyd. Sin poder contener el llanto, McMillian expresó: “Porque he tenido interacción con la policía, tengo claro que una vez que te meten las esposas, no puedes ganar”. En conversación con Democracy Now!, Mel Reeves, editor del periódico Minnesota Spokesman-Recorder, el periódico de propiedad afroestadounidense más antiguo del estado, expresó: “La gente se detuvo, pero solo porque la policía la detuvo”. Volvamos al testimonio de Darnella Frazier: “He pasado noches despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más, por no intervenir físicamente y salvarle la vida”. Cada uno de los testigos carga con el trauma de haber presenciado el asesinato de George Floyd. Este juicio nos muestra el profundo poder de la bondad humana, en cruda yuxtaposición con la crueldad demostrada por Derek Chauvin y los otros oficiales. Sin embargo, la bondad de los extraños no es suficiente para detener la violencia policial. Es hora de implementar leyes de aplicación efectiva y efectuar una revisión radical de los procedimientos policiales. Los movimientos populares y la organización de base son elementos clave para forzar ese cambio sistémico.

Prohibir las armas de asalto en Estados Unidos es urgente y necesario Amy Goodman y Denis Moynihan Las masacres ocurridas recientemente en la ciudad de Boulder, en Colorado, y en el área metropolitana de la ciudad de Atlanta, en Georgia, con un saldo de diez y ocho muertos, respectivamente, son solo dos casos más de la violencia sin sentido con armas de fuego facilitada por la Asociación Nacional del Rifle, los fabricantes de armas y los políticos corruptos a quienes ellos controlan. A continuación brindamos un breve recordatorio de otras matanzas recientes ocurridas en Estados Unidos, por si alguien lo necesita: Escuela secundaria de Columbine, Colorado, 1999: 15 muertos, 24 heridos. Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech), 2007: 33 muertos, 17 heridos. Cine Aurora, Colorado, 2012: 12 muertos, 70 heridos. Templo sij de la ciudad de Oak Creek, Wisconsin, 2012: 7 muertos, 4 heridos. Escuela Primaria Sandy Hook, Connecticut, 2012: 28 muertos, 2 heridos. Iglesia Africana Metodista Episcopal (AME) Emmanuel, ciudad de Charleston, Carolina del Sur, 2015: 9 muertos, 1 herido. Discoteca Pulse de la ciudad de Orlando, Florida, 2016: 50 muertos, 53 heridos. Ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, 2017: 61 muertos, 411 heridos. Escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland, Florida, 2018: 17 muertos, 17 heridos. Wal-Mart de la ciudad de El Paso, Texas, 2019: 23 muertos, 23 heridos. Ciudad de Dayton, Ohio, 2019: 10 muertos, 27 heridos. Estas son solo algunas de las masacres más notorias, cada una de ellas rodeadas en su tiempo por un número incontable de otros tiroteos, con saldos de tres, cuatro o cinco muertos. También vidas perdidas en actos de violencia, pero que no dejaron la cantidad de cadáveres suficientes para integrar la lista de los tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos. Todas estas matanzas se perpetraron con poderosas armas de fuego semiautomáticas, casi todas ellas armas de asalto. Es por eso que necesitamos con urgencia una prohibición federal de este tipo de armas en Estados Unidos. Poco después de la matanza en el supermercado de Boulder, el representante estatal de Colorado Tom Sullivan expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Lo que hacen los rifles de asalto es convertir en “masivos” a estos tiroteos. Aquí, en Colorado, en 2013, se aprobaron cinco proyectos de ley para prevenir la violencia con armas de fuego. Se aprobó la ley que requiere la verificación de antecedentes de los compradores de armas de fuego. Se aprobaron también proyectos de ley para limitar los cargadores de alta capacidad, para que la persona que quiera comprar un arma pague el trámite de verificación de antecedentes; se hicieron cosas para abordar la violencia doméstica, se estableció que el trámite para obtener el permiso de portación oculta de un arma debe realizarse en persona… Pero cualquiera puede hacer un viaje de 20 minutos, cruzar al estado de Wyoming, comprar lo que quiera sin problemas y volver aquí. Por eso es imperativo lograr que el Gobierno federal trabaje con nosotros en este tema”. El camino de Tom Sullivan para lograr un control de armas más estricto y ser electo en un cargo público fue difícil. Su hijo Alex fue asesinado en la masacre del cine Aurora el día que celebraba su cumpleaños número 27. Luego de cansarse de que los políticos ignoraran una y otra vez sus pedidos para aprobar leyes que regulen la compra y tenencia de armas, Sullivan se postuló él mismo como candidato. Primero perdió las elecciones, pero luego terminó ganando en un distrito que había estado en manos de los republicanos durante décadas. Poco después del tiroteo masivo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, y dada la ausencia de una legislación nacional para abordar los tiroteos masivos recurrentes, el Concejo Municipal de Boulder aprobó ordenanzas que prohibían la venta y posesión de armas de asalto y los cargadores de municiones de alta capacidad. Apenas unos días antes de la matanza ocurrida esta semana en Boulder, un juez estatal había bloqueado esas ordenanzas, legalizando así justamente el arma que se utilizó en la masacre. Ahora, la legislatura estatal de Colorado —controlada por los demócratas— está considerando prohibir las armas de asalto en todo el estado. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador demócrata Jared Polis, quien ha residido en Boulder durante mucho tiempo y contó que solía hacer compras en el supermercado King Soopers donde ocurrieron los hechos. A las pocas horas de la masacre de Boulder, mientras los cuerpos de las víctimas aún permanecían en el piso del supermercado, la congresista republicana de Colorado Lauren Boebert, cuya defensa del derecho ilimitado a poseer armas roza lo maníaco, envió a sus seguidores un polémico correo electrónico de recaudación de fondos en el que utilizó la enérgica expresión “¡Claro que NO!” para referirse a las propuestas de control de armas. Boebert es dueña de un restaurante en la ciudad de Rifle, en Colorado, llamado “Shooters Grill” (“Parrilla de los tiradores”, en español), en el que alienta a sus empleadas a llevar armas colgadas de la cintura mientras atienden a los clientes. También como respuesta a la masacre, la Asociación Nacional del Rifle publicó en Twitter el texto de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho a poseer y portar armas. Mientras tanto, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Distrito dictaminó el martes que las leyes estatales que prohíben la “portación visible” de armas de fuego son constitucionales. El fallo, que en sus 215 páginas hace un racconto pormenorizado de la historia de la regulación de las armas en la época de la colonia y llega hasta el desarrollo de la Segunda Enmienda, debería ser de lectura obligatoria. “La Segunda Enmienda no garantiza un derecho general sin restricciones a portar armas en público de manera visible para la autodefensa individual”, concluyó el tribunal. En Washington D.C., el presidente Joe Biden ha expresado su apoyo a una prohibición nacional de las armas de asalto. Sin embargo, con la estrecha mayoría demócrata en el Senado, la aprobación de un proyecto de ley de control de armas necesitaría el apoyo del senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, que está a favor de la posesión de armas, así como una decisión unánime de todo el bloque demócrata del Congreso, incluidos el senador Manchin y la senadora demócrata conservadora de Arizona Kirsten Sinema, para eliminar o modificar las reglas de procedimiento que permiten las maniobras obstruccionistas por parte del bloque opositor. Así las cosas, la legislación para regular la tenencia de armas tiene un difícil camino por delante para convertirse en ley. En el cierre de la entrevista con Democracy Now!, Tom Sullivan concluyó: “Unas 100 personas mueren cada día en Estados Unidos a causa de la violencia con armas de fuego. De esas personas, 22 son muertes por suicidio de veteranos de guerra. Pero, también, más de 200 personas resultan heridas a diario por disparos accidentales, y muchos de ellos son menores”. A Sullivan ninguna legislación le traerá de regreso a su hijo Alex. Eso tampoco podrá pasar con los millones de muertos que la violencia con armas de fuego ha provocado en Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, una prohibición nacional de las armas de asalto de aplicación efectiva podría prevenir hechos de violencia como esos en el futuro.

Estados Unidos necesita terminar ya con el obstruccionismo legislativo Amy Goodman y Denis Moynihan El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han iniciado una gira por todo el país, denominada “La ayuda ya está aquí”, para promocionar el paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense hace dos semanas. Esta primera victoria legislativa del Gobierno de Biden podría llegar a ser la última. La minoría republicana en el Senado parece estar firmemente dispuesta a recurrir a la táctica del obstruccionismo para bloquear cualquier iniciativa de ley promovida por los demócratas. El obstruccionismo legislativo no es un derecho consagrado en la Constitución del país; podría modificarse o eliminarse mediante una votación por mayoría simple en el Senado. La necesidad de eliminar esta táctica de bloqueo de leyes nunca ha sido más urgente. El Partido Republicano está llevando a cabo un ataque sin precedentes contra la democracia en todo el país. Según el último recuento, los legisladores republicanos han presentado al menos 253 proyectos de ley destinados a restringir el derecho al voto en 43 estados del país; restricciones que afectan principalmente a los votantes de color. A su vez, existe también la certeza de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos recurrirán, en forma extrema, a la manipulación partidista de la delimitación de los distritos electorales. El obstruccionismo legislativo ha permitido durante mucho tiempo a los supremacistas blancos proteger y extender la esclavitud, la segregación, las leyes discriminatorias de la época de Jim Crow y todas sus manifestaciones modernas, desde la restricción del derecho al voto hasta el encarcelamiento masivo. Cuando se fundó el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado solo se requería una mayoría simple para aprobar un proyecto de ley. En 1805, el vicepresidente Aaron Burr, mientras enfrentaba cargos de asesinato por provocar la muerte de Alexander Hamilton en un duelo, sugirió que el Senado eliminara la llamada “regla de la cuestión previa”, una forma de moción de orden que permitía solicitar la finalización inmediata del debate para pasar a la votación, ya que casi nunca se usaba. Esa pequeña modificación creó una laguna fatal en los procedimientos del Senado y permitió que el partido minoritario bloqueara el avance de cualquier iniciativa de ley extendiendo de forma interminable los debates a través de lo que más tarde se denominó el obstruccionismo legislativo. En 1841, el senador del estado de Carolina del Sur John Calhoun, quizás el defensor más acérrimo de la esclavitud en la historia de Estados Unidos, se dio cuenta de que podía unirse a otros senadores esclavistas, que eran minoría en el Senado, para dilatar los procedimientos legislativos con largos discursos y otros obstáculos procedimentales. En conversación con Democracy Now!, el exasesor del Senado Adam Jentleson, autor del libro “Kill Switch: The Rise of the Modern Senate and the Crippling of American Democracy” (Botón de emergencia: El surgimiento del Senado moderno y la mutilación de la democracia estadounidense), expresó: “Durante los primeros 200 años de su existencia, el Senado era controlado por la mayoría. Aunque la estrategia del obstruccionismo comenzó a desarrollarse ya en la época de Calhoun, todo lo que los senadores podían hacer en ese entonces era retrasar la aprobación de un proyecto de ley. Alargaban los discursos en el hemiciclo de la cámara, pero finalmente tenían que rendirse”. Eso cambió después de la Primera Guerra Mundial. Los senadores de los estados del sur se enfocaron en las leyes contra los linchamientos y a lo largo de los años lograron bloquear 200 intentos para designar formalmente el linchamiento como un delito federal. El senador de Kentucky Rand Paul bloqueó él solo la aprobación de la Ley Emmet Till contra los Linchamientos en junio de 2020, a pesar de que el proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara de Representantes por 400 votos a favor y 4 en contra. En el pasado, los miembros del Partido Demócrata por los Derechos de los Estados, más conocido como los “Dixiecrats”, encabezados por el senador de Carolina del Sur Strom Thurmond, también recurrieron a la táctica del obstruccionismo para impedir el avance de importantes leyes relacionadas con los derechos civiles. Thurmond ostenta el récord del discurso obstruccionista más largo de la historia de Estados Unidos: habló durante 24 horas y 18 minutos para retrasar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1957. Antes de resultar aprobada, la Ley de Derechos Civiles de 1964 tuvo que superar 75 días de maniobras dilatorias. La estrategia obstruccionista se ha utilizado cada vez más para bloquear no solo las leyes relacionadas con los derechos civiles, sino prácticamente todos los proyectos de ley de corte progresista. De la manera en que funciona actualmente, un senador ni siquiera necesita tomar la palabra o estar presente en el recinto para frenar un proyecto de ley; con solo hacer una llamada telefónica a una autoridad del recinto o alguien de su equipo de asesores y manifestar su objeción al proceso se activa la maniobra obstruccionista. Por lo tanto, un solo senador tiene el poder de aniquilar en secreto cualquier legislación, incluso un proyecto de ley con un apoyo público abrumador. El bloque demócrata del Congreso espera poder aprobar una gran cantidad de proyectos de ley en los próximos meses: La Ley Para el Pueblo y la Ley John Lewis de Avance del Derecho al Voto, para proteger los derechos electorales; la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial; proyectos de ley para aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora; e importantes iniciativas de ley de infraestructura que incluirán elementos del llamado New Deal Ecológico para combatir el catastrófico cambio climático. Las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Debbie Dingell acaban de presentar el Proyecto de Ley Medicare para Todos, una iniciativa de ley que en medio de la pandemia de la COVID-19 cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía. Ninguno de estos proyectos de ley tiene posibilidades de avanzar si no se pone fin a las reglas que permiten las maniobras obstruccionistas en el Senado. Para ello se necesita que los 50 senadores demócratas voten a favor de modificar estas reglas y actualmente los demócratas conservadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kirsten Sinema, de Arizona, han anticipado que se opondrán al final absoluto del obstruccionismo. El presidente Biden ha apoyado públicamente la necesidad de retornar a la antigua práctica del “discurso obstruccionista”, es decir, que los senadores tengan que tomar la palabra y hablar sin interrupción en el Senado si quieren bloquear una votación sobre un proyecto de ley, en lugar de simplemente registrar su voluntad de objeción. El senador Manchin afirma que está abierto a apoyar esta posición de Biden y, presumiblemente, la senadora Sinema también lo estaría. El senador del estado de Kentucky y líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, amenazó con que, si los demócratas toman medidas para eliminar el obstruccionismo, su partido podría recurrir a una estrategia de “tierra arrasada”. McConnell, como hace 180 años lo hacía el archidefensor de la esclavitud John Calhoun, ejerce su poder con una crueldad casi sin precedentes en la historia del Senado de Estados Unidos. La estrategia del obstruccionismo legislativo ha sido una herramienta de los supremacistas blancos durante demasiado tiempo. Estamos ante una oportunidad única para acabar con ella. Para la creciente y diversa mayoría de estadounidenses, el obstruccionismo se ha convertido en un impedimento intolerable para el progreso, y debe terminar ya.

El Plan de Rescate Económico y su enfoque radical para combatir la pobreza infantil en Estados Unidos Amy Goodman y Denis Moynihan La aprobación de la llamada “Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021” no solo es una victoria significativa para el presidente Joe Biden y para la ajustada mayoría demócrata del Congreso. El paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares incluye, entre otras medidas, los tan prometidos pagos directos de 1.400 dólares para la mayoría de de la población estadounidense, una extensión de la prestación federal suplementaria por desempleo de 300 dólares por semana, y miles de millones de dólares para apoyar a los Gobiernos estatales y tribales que se encuentran en dificultades. También hay cambios en el Crédito Tributario por Hijos, que, a primera vista, podría parecer solo una modificación más de nuestro inmensamente complejo código tributario. De hecho, el espíritu del lenguaje introducido entre las páginas 359 y 379 del proyecto de ley de 628 páginas establece un cambio profundo en la forma en que, como sociedad, enfrentamos la pobreza. Este cambio se asemeja a la creación del sistema de Seguridad Social en la época del New Deal, que fue fundamental para ayudar a las personas de edad avanzada después de la Gran Depresión. Se espera que esta mejora temporal de las condiciones del Crédito Tributario por Hijos reduzca a la mitad el número de menores que viven en la pobreza en Estados Unidos y que ayude especialmente a la población infantil de las comunidades de color. El Centro de Estudios sobre Pobreza y Políticas Sociales de la Universidad de Columbia estima que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense sacará de la pobreza a casi 14 millones de estadounidenses, incluidos 5,7 millones de menores. Esta iniciativa contra la pobreza, que aumenta los pagos en efectivo a las familias pobres sin ningún tipo de condiciones, aunque es solo temporal, indica una apuesta por una democracia con un mayor énfasis en lo social, al estilo de las democracias europeas. Todo el dolor y las muertes que se sufrieron durante el primer año de la pandemia podrían dar paso a un renovado sentido de lucha compartida. Stephanie Kelton, profesora de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Stony Brook y exasesora del senador Bernie Sanders, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Esta ley va a cambiar por completo la vida de decenas de millones de personas en este país. Por primera vez en sus vidas, muchas personas van a ver de un momento a otro más dinero que nunca en sus cuentas bancarias. Podrán pagar todas sus facturas, en lugar de resolver cuál posponer este mes y cómo intentar ponerse al día más tarde”. Según lo establecido en la ampliación del Crédito Tributario por Hijos las familias recibirán un reembolso anual de 3.600 dólares por cada hijo menor de seis años y de 3.000 dólares por cada hijo de entre 6 y 17 años de edad, lo que representa un aumento en relación con el monto actual del beneficio, que se encuentra en 2.000 dólares por hijo. Es importante destacar que este nuevo beneficio ha sido definido como “reembolsable en su totalidad” de manera universal. De acuerdo a las disposiciones que rigen los créditos fiscales tradicionales, el beneficio completo solo está disponible para las familias que deben pagar en impuestos sobre la renta un monto que es como mínimo igual al del crédito, por lo que solo los contribuyentes más ricos pueden acceder al monto total reembolsable. Ahora, todos los contribuyentes que estén por debajo del umbral de ingresos obtendrán el crédito completo en forma de pagos directos del Estado. No tendrán que esperar a la devolución anual de impuestos, en algún momento de 2022, como ha sido la práctica hasta ahora. En cambio, el proyecto de ley dispone que el Departamento del Tesoro deberá realizar pagos periódicos del reembolso directamente a los beneficiarios, a partir de julio. Por lo tanto, los padres y tutores elegibles obtendrán el dinero directamente en su bolsillo para gastarlo como mejor les parezca. La profesora Kelton agregó: “Muchos países tienen programas como este. Tienen un beneficio por hijo y brindan un apoyo mensual a familias con ciertos niveles de ingresos. Enviar pagos directos a familias con hijos les permite a los padres cubrir los gastos de los hijos, que son, por supuesto, increíblemente altos en este país”. El paquete de ayuda económica por el coronavirus se aprobó sin un solo voto republicano. En comparación, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), que estableció un paquete de de rescate de 2 billones de dólares y fue aprobada hace apenas un año atrás, cuando la pandemia causaba estragos en el país, recibió el apoyo unánime tanto de demócratas como de republicanos en el Senado. En esa ocasión, el consenso bipartidista en la Cámara de Representantes fue tan completo que se prescindió de la votación nominal. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que cuenta con el apoyo de la enorme mayoría de la población, de todo el espectro político, pudo ser aprobada por el Senado mediante el uso del llamado “procedimiento de reconciliación”. Este intrincado mecanismo permite que los proyectos de ley relacionados con el presupuesto se aprueben por mayoría simple, en lugar de los 60 votos en 100 que requiere el procedimiento habitual. Muchos republicanos, a pesar de su ruidosa oposición al proyecto de ley, ahora se están atribuyendo el mérito de sus muchos beneficios. Después de la aprobación de la iniciativa de ley, el senador republicano del estado de Misisipi Roger Wicker publicó en Twitter: “Estos fondos garantizarán que las pequeñas empresas puedan sobrevivir a la pandemia, ya que las ayudará a adaptar sus operaciones y mantener a sus empleados en la nómina”. El senador Wicker votó en contra del proyecto de ley. La pobreza infantil puede tener efectos devastadores a largo plazo en la vida de los menores que la sufren. Las situaciones de pobreza hacen que sea difícil para esos niños y niñas obtener una nutrición adecuada y un buen estado de salud, acceder a la educación, vivir en un entorno seguro y hasta incluso jugar, una actividad que es fundamental para el desarrollo en la primera infancia. A medida que vamos saliendo de lo peor de la pandemia, el enfoque radical de la Ley de Rescate Estadounidense para combatir la pobreza infantil brindará una ayuda fundamental a las personas que más la necesitan. El gran desafío ahora es ver si las disposiciones de la ley pueden hacerse permanentes y si de aquí en adelante trataremos a cada menor vulnerable como si fuera de nuestra propia familia.

Las restricciones del derecho al voto y la táctica de obstruccionismo legislativo: más monumentos confederados para derribar Amy Goodman y Denis Moynihan En Estados Unidos, el precepto democrático del gobierno de la mayoría, expresado a través de un desordenado y caprichoso sistema electoral, con reglas diferentes en cada estado y cada condado del país, parece haber sobrevivido a los cuatro años de presidencia de Donald Trump. El poder real, sin embargo, reside en una arraigada y abrumadoramente blanca minoría republicana. Es cierto que el Partido Demócrata —a través del gran trabajo de los movimientos populares para movilizar a los votantes— alcanzó la Casa Blanca, logró arrebatarle al Partido Republicano el control del Senado y retuvo la mayoría, por un estrecho margen, en la Cámara de Representantes. A pesar de eso, los republicanos del Senado, mediante la táctica del obstruccionismo legislativo, un vestigio de la época de la esclavitud, todavía tienen el poder de vetar casi todas las propuestas de nueva legislación federal. Un ejemplo es el caso de la Resolución 1 de la Cámara de Representantes, también conocida como Ley Para el Pueblo 2021. La Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley el miércoles por la noche, mientras los congresistas se apresuraban a terminar sus tareas para salir de Washington lo antes posible debido a los informes de amenazas de posibles actos violentos por parte de simpatizantes de Trump defensores de la supremacía blanca y de la teoría conspirativa QAnon. La Resolución 1 de la Cámara de Representantes ha sido descrita como la iniciativa de ley más amplia en pos de la democracia de las últimas décadas. Si se aprueba, mejoraría el sistema de empadronamiento de votantes y ampliaría las posibilidades para emitir el voto; pondría fin a la manipulación partidista, con sesgo racial, en la delimitación de los distritos electorales; obligaría a divulgar los datos de todos los donantes de las campañas electorales, aumentaría los fondos de contrapartida financiados por la administración pública para los candidatos al Congreso; e impondría estrictas normas de ética y transparencia a los miembros del Congreso y de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se supone que un proyecto de ley a favor de la democracia sería muy bien visto en la democracia más antigua del mundo. Sin embargo, ningún republicano votó a favor de la iniciativa. Y a menos que los 50 miembros demócratas del Senado se unan para poner fin a la táctica del obstruccionismo legislativo, lo que podría hacerse con una aprobación por mayoría simple, la Resolución 1 de la Cámara de Representante y muchos otros proyectos de ley que se presentarán en el futuro morirán a manos de la minoría republicana del Senado. El difunto activista conservador Paul Weyrich, cofundador de la organización de derecha The Heritage Foundation, expuso la directriz clave de la estrategia republicana en 1980: “No quiero que todo el mundo vote. Las elecciones no se ganan con el voto de la mayoría. Nunca ha sido así en la historia de nuestro país, y no es así ahora. De hecho, para ser francos, nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente cuando la población que vota disminuye”. La estrategia republicana se basa en restringir la participación de votantes. Las legislaturas estatales controladas por los republicanos han lanzado un ataque sin precedentes contra el derecho al voto, intentando revertir los avances que se han hecho en relación con este derecho, ganado con esfuerzo durante el último siglo y medio. Más de 250 proyectos de ley para limitar la participación electoral han sido presentados en las legislaturas estatales. En un caso presentado esta semana sobre la restricción de la participación electoral en el estado de Arizona, se espera que la Corte Suprema, actualmente de mayoría republicana, también imponga su sesgo partidista en este punto clave de la democracia, destruyendo lo que queda de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Al exponer sus argumentos contra la resolución de un tribunal inferior respecto a las tácticas de restricción del derecho al voto en el estado de Arizona, el abogado del Partido Republicano de Arizona declaró con franqueza, siguiendo la misma línea de razonamiento de Weyrich: “[El fallo] nos pone en desventaja competitiva en relación con los demócratas. La política es un juego de suma cero”. La Cámara de Representantes de Georgia aprobó el proyecto de ley HB531 esta semana, en una votación que siguió de forma rigurosa las líneas partidarias. La legisladora estatal demócrata de Georgia Jasmine Clark describió al proyecto de ley como un “manual para limitar la participación electoral”: “Este proyecto de ley reduce, restringe y limita todos y cada uno de los aspectos de nuestras elecciones”. El proyecto de ley HB531 incluye disposiciones que requerirían la presentación de un documento de identidad con fotografía para obtener la autorización para votar por correo; limitarían el número de buzones para la entrega de los votos por correo y exigiría que los buzones se instalen en espacios cerrados, lo que limitaría el acceso a ellos. La ley también restringiría en gran medida la votación anticipada; y, quizás lo más importante, reduciría o eliminaría la votación anticipada los domingos, un día en el que tradicionalmente los afroestadounidenses suelen ir a votar en gran número después de asistir a las celebraciones religiosas, una acción colectiva que es conocida como “Almas a las urnas”. En diálogo con Democracy Now!, Ari Berman, escritor y periodista de la revista Mother Jones, dijo: “Esta es una nueva forma de leyes de corte segregacionista, del estilo de las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. Están apuntando a los métodos de votación que suelen utilizar mayoritariamente los votantes negros, en estados como Georgia. Estos métodos lograron que haya una participación récord de votantes en las últimas elecciones y ayudaron a que en Georgia ganara el Partido Democráta y obtuviera los dos senadores por el estado en las elecciones de segunda vuelta que se realizaron a principios de 2021. En todo el país estamos viendo cómo los republicanos están mellando la democracia. […] Están manipulando al extremo la delimitación de los distritos electorales para tratar de mantener el poder en las legislaturas estatales y recuperar el control de la Cámara de Representantes en 2022. Están usando la táctica del obstruccionismo legislativo, de modo que 41 senadores republicanos, que representan solo el 21% del país, pueden bloquear cualquier iniciativa, desde el aumento de un salario mínimo a 15 dólares la hora hasta una legislación para recuperar la Ley del Derecho al Voto”. Sin embargo, los republicanos no son los únicos que restringen la participación electoral de las personas de color. La congresista demócrata del estado de Misuri Cori Bush, activista de Black Lives Matter y madre soltera que durante una época vivió en la calle, presentó una enmienda a la Resolución 1 de la Cámara de Representantes para conceder el derecho al voto a las personas privadas de libertad que han sido condenadas por delitos graves. Actualmente, solo los estados de Vermont y Maine y el Distrito de Columbia permiten la participación electoral de los reclusos. La congresista demócrata del estado de Massachusetts Ayanna Pressley, una de las integrantes del “escuadrón” más progresista del Partido Demócrata, propuso reducir a 16 años la edad mínima para votar. Ambas enmiendas presentadas por estas mujeres afroestadounidenses progresistas podrían haber aumentado significativamente la participación electoral en las comunidades de color. Sin embargo, ambas propuestas fracasaron porque la mayoría de los representantes demócratas se unieron a los republicanos para rechazarlas. La organización de los movimientos populares permitió que los demócratas obtuvieran esta estrecha ventaja para aprobar proyectos de ley de corte progresista, desde proteger y expandir el derecho al voto hasta proporcionar atención médica universal y un salario digno. Ahora más que nunca hay que presionar para que los representantes de la minoría no utilicen las maniobras obstruccionistas de la época esclavista para bloquear cada propuesta de ley progresista que se presente.

El “apartheid” de las vacunas nos pone a todos en peligro: si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos Amy Goodman y Denis Moynihan “He recibido personalmente más dosis de la vacuna contra la COVID-19 que 130 países”, dijo el Dr. Craig Spencer al referirse a las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 que recibió recientemente como médico de la sala de emergencias. En 2014, el Dr. Spencer contrajo el ébola cuando se encontraba luchando contra la epidemia en Guinea, África. El doctor conoce la vital importancia de los protocolos de salud pública, del equipo de protección personal y de las vacunas: “Hace apenas unas semanas, uno de los pocos países del África subsahariana que comenzó a vacunar a su población fue Guinea, y recibió 25 dosis; no 2.500, ni 25.000, sino solo 25”. En una entrevista con Democracy Now!, el Dr. Spencer, que es director de salud global en medicina de emergencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, dijo: “Por suerte yo he recibido la vacuna, pero mis amigos que trabajan en una clínica en el sur de Burundi, en África oriental, quizás tengan que esperar hasta 2022 o 2023”. El problema que el Dr. Spencer describe en forma tan sentida y personal ha sido denominado como “apartheid de las vacunas” o “nacionalismo de las vacunas”. Las naciones ricas, como Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, negociaron la adquisición de miles de millones de dosis de las potenciales vacunas mientras éstas aún estaban en desarrollo. En cambio, las naciones más pobres, donde vive el 85% de la población mundial, han quedado a la deriva, obligadas a esperar los envíos de vacunas del programa Covax, un mecanismo de cooperación mundial coordinado por la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Spencer señala que algunos países ricos han comprado incluso dosis suficientes para vacunar a toda su población varias veces: “Podemos retener las dosis y acumularlas, o podemos pensar en cómo vacunar a las poblaciones vulnerables de otras partes del mundo. Hay 59 millones de trabajadores de la salud en el mundo. Podríamos tomar una proporción muy pequeña de las dosis que hemos encargado y podríamos ayudar a coordinar un programa con la Organización Mundial de la Salud y con otros organismos internacionales de salud para vacunar a las personas más vulnerables del mundo, para que no solo estemos seguros nosotros, sino que también lo estén las personas de otras partes del mundo”. Un impedimento clave para la vacunación generalizada de la población mundial es la escasez en el suministro de las dosis de vacunas, agravada por la codicia de los países ricos. La mayoría de las vacunas disponibles han sido desarrolladas por corporaciones farmacéuticas privadas con fines de lucro, que poseen patentes sobre las vacunas, lo que les otorga el control monopólico sobre la producción de estos medicamentos tan necesarios para salvar vidas. Estas corporaciones se aseguran grandes ganancias, a pesar de haber recibido, en algunos casos, miles de millones de dólares en subsidios públicos para el desarrollo de las vacunas. Esta explotación de la pandemia con fines de lucro es posible por la aplicación estricta de tratados mundiales, principalmente el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Varios países, encabezados por India y Sudáfrica, han pedido a la Organización Mundial del Comercio que se suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías relacionadas con el coronavirus. Esta exención permitiría a instalaciones públicas y privadas de todo el mundo producir, en forma masiva, vacunas y otros artículos relacionados protegidos por patentes, como jeringas y equipos de protección personal. Junto con otros países ricos, Estados Unidos —primero bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump, y ahora también bajo el Gobierno del presidente Joe Biden— han boicoteado este pedido de suspensión de los derechos de propiedad intelectual. Una coalición creciente de movimientos, coordinada por la organización Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos de los consumidores, está presionando a Biden para revertir esta destructiva política. La congresista demócrata Jan Schakowsky, del estado de Illinois, dijo a Democracy Now!: “[La suspensión de las patentes] sería algo muy significativo para el mundo. Estamos gastando miles de millones de dólares adicionales para sostener el turismo, para ayudar a las aerolíneas, para reforzar nuestra economía. Todo eso no servirá de nada si no podemos protegernos del virus porque no vamos a ayudar a la comunidad internacional. Hay cientos de organizaciones de todo el mundo, organizaciones de la salud, de defensa de los derechos humanos y ONGs, que están exhortando a que se apruebe esta suspensión de las patentes. Sé que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, también se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que esta exención es importante para nosotros mismos. También es por nuestro propio interés”. El punto que señala la congresista Schakowsky es vital: si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos. El virus de la COVID-19 muta rápidamente. Las variantes altamente contagiosas se están extendiendo por todo el mundo, incluidas las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, a las que ahora se agrega la variante de la ciudad de Nueva York. Si el virus no se contiene a nivel mundial, continuará mutando y propagándose a través de las poblaciones desprotegidas. Esto podría provocar que nuestro suministro actual de vacunas sea ineficaz, y que el planeta se hunda nuevamente en una pandemia catastrófica. Fatima Hasan sabe lo que significa el término “apartheid de las vacunas”. Hasan es una activista sudafricana defensora de los derechos humanos que luchó para que los países pobres pudieran tener acceso a medicamentos vitales contra el VIH/sida. La activista escribió lo siguiente en un artículo para la revista Foreign Policy de esta semana: “Ha surgido una forma perniciosa de “apartheid” en torno al acceso a las vacunas, basada en gran medida en la riqueza y la geografía. La respuesta a la pandemia no debería tener que depender de la cooperación voluntaria, sino de medidas de emergencia, incluidas las medidas compulsivas, como sucede en tiempos de guerra”. La Organización Mundial del Comercio se reunirá a principios de marzo para debatir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Como la decisión debe tomarse por consenso, cualquier país puede impedir la aprobación de la suspensión. Miles de millones de dólares en posibles daños económicos y millones de vidas están en juego. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, con el mayor número de muertes por COVID-19 —más de medio millón hasta el momento— debería liderar los esfuerzos para lograr que todo el planeta pueda tener acceso a las vacunas y a los tratamientos contra el coronavirus, fundamentales para salvar vidas.

La “estrella solitaria”, en soledad: El calentamiento global sumerge a Texas en una helada profunda y mortal Amy Goodman y Denis Moynihan Texas, el orgulloso estado independiente de la “estrella solitaria”, está sufriendo una catástrofe humanitaria provocada por el negacionismo empecinado de sus autoridades sobre la crisis del cambio climático y por la falta de regulaciones federales. El calentamiento del aire sobre el Ártico probablemente fue la causa por la que el vórtice polar —una enorme masa de aire frío que se forma sobre el Polo Norte— se desplazó hacia el sur y provocó un frío glacial sin precedentes en Texas y los estados circundantes. Millones de personas se han quedado durante días sin electricidad, agua y calefacción, y cerca de 40 personas han muerto. Una segunda tormenta invernal azotó el estado cuando salía del vórtice. En una entrevista con el canal Fox News, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, culpó falsamente al sistema de energía renovable por la falla de la red eléctrica del estado: “Esto muestra por qué un New Deal ecológico tendría consecuencias nefastas para nuestro país”. Sin embargo, incluso el propio departamento de energía de Abbot refutó sus afirmaciones. El aire helado que cubrió la región apagó aproximadamente la mitad de las turbinas eólicas de Texas, pero, aun así, eso solo representó el 13% de la pérdida total de energía. La principal causa de la catástrofe fue el congelamiento de la infraestructura de combustibles fósiles, que paralizó plantas de carbón, petróleo y gas natural, e incluso también instalaciones de generación de energía nuclear. Las mentiras del gobernador Abbott pueden agradar a los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles que le donan dinero, pero no ayudarán a los millones de texanos que luchan por sobrevivir en el frío glacial, ni tampoco protegerán a Texas de los eventos climáticos extremos que seguramente continuarán ocurriendo en el futuro. El propio estado de Texas tiene, en gran parte, la culpa de los graves efectos generados por la falla de su red eléctrica. La mayor parte del territorio continental de Estados Unidos obtiene energía de dos redes eléctricas centrales: una en la zona este y la otra en el oeste. En cambio, Texas opera su propia red eléctrica, aislada de las demás y a menudo descrita como una “isla”. En 1935, como parte del New Deal, el presidente Franklin Delano Roosevelt promovió la creación de la Comisión Federal de Energía para regular la electricidad interestatal. Las compañías eléctricas de Texas se rebelaron, decidieron actuar solas y mantener dentro del estado la generación de su propia energía eléctrica. Con el transcurrir de los años, el sistema se convirtió en el actual Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés). Al ser uno de los estados más extensos del país y contar con reservas significativas de petróleo, gas y carbón dentro de sus fronteras, además de mucho sol y viento, Texas está quizás mejor posicionado que cualquier otro estado para intentar la independencia energética. Pero, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Durante décadas, ERCOT hizo alarde de su éxito y lo atribuyó a su devoción por el libre mercado y al hecho de no estar sujeto a la regulación federal. Las autoridades de energía eléctrica de Texas se jactan sin cesar de la capacidad de ERCOT para alimentar todos los aires acondicionados del estado durante los veranos, famosos por sus altas temperaturas. Pero los productores de energía nunca habían tenido incentivos para gastar dinero en acondicionar sus instalaciones para el invierno. Y cuando el frío ártico de esta semana apagó todas sus plantas de energía, Texas no pudo obtener electricidad de fuentes fuera del estado, lo que provocó una cascada de calamidades que golpeó especialmente a los sectores de bajos ingresos y las comunidades de color. Poco después de que se restableciera la energía eléctrica, Democracy Now! entrevistó al profesor Robert Bullard, conocido como el “padre de la justicia ambiental”, que comentó: “Ahora somos la estrella solitaria en soledad. El impacto de esta tormenta es mucho mayor que simples cortes de energía e inconvenientes para aquellos sectores que históricamente se han visto afectados por la inseguridad energética y la pobreza energética”. Puesto que los apagones afectaron las plantas de potabilización de agua, las autoridades sanitarias de las ciudades y los pueblos de Texas han pedido a sus habitantes que hiervan el agua del grifo para consumirla. Pero muchas familias no pueden hervir el agua sin electricidad. Circulan relatos de personas que han roto sus muebles para quemarlos y así poder calentarse. El profesor Robert Bullard agregó: “Creo que la gente está sufriendo mucho: no tienen electricidad, ni dinero, ni agua, ni medio de transporte para llegar a las tiendas de comestibles, en las que escasea el agua embotellada o los alimentos de primera necesidad. La gente quiere ver acciones y respuestas, e incluso los propios funcionarios estatales piden que se abra una investigación por el mal manejo de la situación. Pero una investigación real tendría que empezar por las personas que hoy están a cargo. Creo que el hecho de que Texas no forme parte del sistema eléctrico interestatal ha sido un claro fracaso, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Somos un estado fallido en este momento”. Todo esto está sucediendo en medio de la pandemia de la COVID-19. En busca de calor, la población texana está acudiendo en masa a espacios cerrados, arriesgando una posible exposición al coronavirus. Mientras tanto, las redes de distribución de vacunas —que ya estaban teniendo dificultades— se han interrumpido y los centros de vacunación se han cerrado temporalmente. No está claro cuántas dosis de vacunas, que requieren refrigeración, tendrán que desecharse debido a la falla de la red eléctrica independiente de Texas. Texas es también el estado con la mayor cantidad de población carcelaria del país, y los reclusos han sufrido especialmente los efectos de esta crisis. La falta de calefacción y agua corriente, así como la escasez de alimentos, están empeorando las condiciones de vida ya desesperantes. Varios funcionarios electos de Texas, como el gobernador del estado, Greg Abbot, los senadores estatales Ted Cruz y John Cornyn, y el fiscal general Ken Paxton, todos republicanos, son dedicados negacionistas del cambio climático. Cuando Texas comience lentamente a descongelarse y vuelva a recuperar el calor, la luz y el agua, su población tendrá que decidir si se une a la lucha global contra el cambio climático causado por la acción humana, o si insiste, contra viento y marea, en actuar en soledad.

La supremacía blanca también debería ser juzgada en el juicio político contra Trump Amy Goodman y Denis Moynihan La nación está reviviendo el violento ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos en el histórico segundo juicio político contra Donald Trump, en el que los congresistas demócratas están presentando pruebas contundentes contra el expresidente. Los nueve legisladores designados por la Cámara de Representantes para actuar como fiscales en el juicio político a Trump han presentado varios videos y otras pruebas que detallan la campaña de mentiras que Trump llevó a cabo durante meses, en la que sostenía que Biden había ganado las elecciones presidenciales de forma fraudulenta. De acuerdo a la acusación presentada por los demócratas, esa campaña y la constante incitación a la violencia por parte de Trump condujeron al ataque al Capitolio. La acusación contra Trump ha sido meticulosa y completa, pero casi no aborda una rasgo fundamental de la insurrección: la supremacía blanca. Incluso en el caso de que al menos 67 senadores voten a favor de condenar a Trump por el cargo de incitación a la insurrección, el único cargo por el cual es acusado, y aunque más de la mitad de los senadores voten para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público, este juicio no ayudará a avanzar en la lucha contra el racismo sistémico en el país. El Capitolio de Estados Unidos sería un lugar apropiado para lanzar un movimiento antirracista. Una profusa y riquísima retórica de exaltación de la libertad, la justicia y la igualdad ha llenado los sagrados salones del recinto parlamentario durante más de dos siglos. Sin embargo, como nos recordó el miércoles la congresista de las Islas Vírgenes Stacey Plaskett, una de las legisladoras que integra el equipo de fiscales del juicio político: “Este capitolio […] fue concebido por nuestros padres fundadores, pero fue construido por esclavos […]”. En los videos que muestran la irrupción en el Capitolio de la turba violenta incitada por Trump, muchos ataviados con banderas confederadas, banderas nazis y otros símbolos de la supremacía blanca, podemos vislumbrar la famosa Rotonda, la Cripta debajo de ella y el Salón Nacional de las Estatuas. Cada uno de los cincuenta estados envía al Capitolio dos estatuas de figuras representativas de su historia, que se colocan a lo largo de todas las instalaciones del edificio, ya que el Salón de las Estatuas solo puede alojar 35 estatuas. De las 22 estatuas enviadas por los once estados confederados, al menos 15 honran a dueños de esclavos y diez a líderes o generales confederados. En junio pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió una carta al Comité Conjunto de la Biblioteca, el comité del Congreso encargado del Salón de las Estatuas, pidiendo que se retirasen las estatuas de los líderes confederados. Sin embargo, la ley requiere que los estados que enviaron las estatuas aprueben la remoción o reemplazo de dichas estatuas. El estado de Virginia estuvo de acuerdo y retiró su estatua del general Robert E. Lee, líder del ejército confederado. En su lugar se colocará una estatua de Barbara Johns, una activista estudiantil afroestadounidense por los derechos de los estudiantes. Cuando era adolescente, Johns organizó una huelga en su escuela secundaria, en protesta por las miserables condiciones de su escuela y contra la segregación racial en el sistema público de educación. A esto siguió una causa judicial, que se convirtió en parte del histórico caso “Brown contra el Consejo de Educación” en el que la decisión de la Corte Suprema determinó el fin de la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos. En una entrevista con Democracy Now!, el profesor de Historia Ibram X. Kendi dijo: “Hizo falta la Guerra Civil para que terminara la esclavitud. La Guerra Civil fue entre los estados de la Unión y los Estados Confederados de América… A propósito, el vicepresidente de los Estados Confederados era Alexander Stephens, que, según pude ver, tiene una estatua en el Salón de las Estatuas del Capitolio. Alexander Stephens dijo —creo que en 1862— que la Confederación se basaba en la 'gran verdad de que los negros no son iguales a los blancos' y que ’la esclavitud de los negros y su subordinación a la raza superior” era 'su condición normal y natural'”. El Capitolio no solo exhibe estatuas de líderes confederados muertos. El estado de Carolina del Norte honra a Charles Brantley Aycock, quien era solo un niño durante la Guerra Civil. Aycock dedicó su vida a la defensa de la supremacía blanca. Fue uno de los principales organizadores de la masacre de Wilmington de 1898, cuando una turba de 2.000 racistas blancos armados atacó la ciudad de Wilmington, obligó a renunciar a los miembros electos del Gobierno local, liderado por una coalición birracial, destruyó varios negocios, incluido el único periódico dirigido por afroestadounidenses, y mató a entre 60 y 300 residentes negros. ¿Cuál fue el castigo de Aycock? Fue elegido gobernador del estado de Carolina del Norte y en ese cargo impulsó leyes que privaron a los afroestadounidenses de su derecho al voto. También hay muchas estatuas en honor a los llamados Padres Fundadores, varios de los cuales fueron dueños de esclavos. Entre ellas, la de George Washington, así como también la de Jonathan Trumbull del estado de Connecticut, y la de George Clinton, el primer gobernador del estado de Nueva York. Los profesores de historia Ibram Kendi y Keisha Blain acaban de publicar una notable antología titulada “Cuatrocientas almas: Historia colectiva del Estados Unidos afrodescendiente, 1619-2019”. La antología reúne a 80 destacados escritores, académicos y activistas afroestadounidenses, cada uno de los cuales contribuyó con un ensayo que cubre un período de cinco años de esos 400 años de historia afroestadounidense. En conversación con Democracy Now!, la profesora Keisha Blain dijo sobre el libro: “Estábamos pensando en cómo conectar el pasado con el presente. Y este ensayo nos ayuda a contextualizar la historia y a comprender mejor algunos de los desafíos que aún restan por enfrentar al día de hoy, para ver cómo se conectan esos desafíos con el período de la esclavitud”. Recién después de que los partidarios racistas de Trump, con sus banderas confederadas, fueran retirados del Capitolio, dejando tras de sí cinco muertos y más de 140 policías heridos, la Guardia Nacional ingresó al edificio. Varios soldados afroestadounidenses se sacaron fotos con una de las estatuas más nuevas del Capitolio: la de la activista por los derechos civiles Rosa Parks. Estos homenajes sí que son importantes. El Senado debería condenar al expresidente Donald Trump. Pero demandará mucho más trabajo y esfuerzo lograr superar las raíces profundas de la insurrección, el racismo y la supremacía blanca, dos causas que Trump ha abrazado y explotado durante toda su vida.

Pauli Murray y los derechos de las personas negras trans brillan en el Festival de Cine de Sundance Amy Goodman y Denis Moynihan ¿Quién es Pauli Murray? La pionera figura del Derecho y el activismo afroestadounidense por la igualdad racial y de género fue homenajeada esta semana en el Festival de Cine de Sundance con el estreno del documental “Mi nombre es Pauli Murray”. La película fue dirigida por Julie Cohen y Betsy West, el dúo responsable del documental RGB, nominado al Oscar 2018, sobre la fallecida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien fue profundamente influenciada por Murray. Entre el material de archivo incluido en la película se encuentra un testimonio de Murray que da nombre al documental: “Mi nombre es Pauli Murray y mi foco ha estado puesto siempre en los derechos humanos. Toda mi historia personal ha sido una lucha por alcanzar los estándares de excelencia en una sociedad que ha estado dominada por la idea de que los negros eran intrínsecamente inferiores a los blancos y de que las mujeres eran intrínsecamente inferiores a los hombres”. Pauli Murray, que falleció en 1985, nació bajo el nombre de Anna Pauline Murray en 1910, quedó huérfana en 1923 y fue criada por unos parientes. En la edad adulta adoptó el nombre de género neutro “Pauli”. Los diarios y cartas de Murray, que se encuentran en la Universidad de Harvard, reflejan su lucha de toda la vida con la identidad de género y la discriminación infligida con demasiada frecuencia contra las personas que no se sienten identificadas con los patrones de género. Delores Chandler, quien se dedica al trabajo social en la ciudad de Durham, Carolina del Norte, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Referirse a Pauli con pronombres de género neutro, en lugar de los pronombres femeninos, implica reconocer la complejidad, la plenitud y la amplitud de quién era Pauli como persona”. En lugar del pronombre masculino o femenino, he y she en inglés, Chandler prefiere que se use el pronombre plural de género neutro they/them cuando se refieren a su persona y eso hace también cuando habla de Pauli Murray. En una carta de 1943 dirigida a su tía Pauline Fitzgerald Dame, Pauli Murray escribió: “No sé si tengo razón yo o si la sociedad (o alguna autoridad médica) tiene la razón. Solo sé cómo me siento y qué es lo que me hace feliz. Cada vez que alcanzo una meta en mi carrera, aparece este conflicto para derribarme. Y como las leyes de la sociedad no me protegen, soy vulnerable a cualquier enemigo o persona que quiera o no quiera hacerme daño”. Las luchas personales de Pauli forjaron su camino y la convirtieron en una notable estratega y activista legal, profesora, escritora, poeta y, finalmente, sacerdote de la Iglesia episcopal. En 1940, quince años antes de que Rosa Parks realizara su legendaria protesta contra la segregación en los autobuses de la ciudad de Montgomery, Pauli Murray y una amiga se sentaron en la sección exclusiva para blancos de un autobús del estado de Virginia y se negaron a moverse de sus asientos. Este incidente del autobús, que incluyó la detención de Pauli y su compañera, fue lo que inspiró a Murray a dedicarse al Derecho y a la lucha por los derechos civiles en el ámbito de la justicia. La cineasta Julie Cohen contó en su entrevista con Democracy Now!: “A principios de la década de 1940, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard, Pauli escribió un artículo en el que argumentó que el caso 'Plessy contra Ferguson' —el notorio caso en el que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1896 la doctrina jurídica de 'separados pero iguales' que justificaba y permitía la segregación racial— debía ser revocado. Thurgood Marshall, quien tiempo después se convertiría en el primer miembro afroestadounidense de la Corte Suprema, utilizó la tesis jurídica de Pauli cuando argumentó con éxito en el caso “Brown contra la Junta de Educación” ante la Corte Suprema, que terminó con la segregación racial en las escuelas públicas del país. Pauli le escribió al presidente Franklin D. Roosevelt en busca de apoyo para su para su confrontación legal con la política de admisiones de la Universidad de Carolina del Norte, que solo aceptaba estudiantes blancos. Envió una copia de la carta a la primera dama, Eleanor Roosevelt, quien le respondió y dio inicio así a una amistad que duró décadas, descrita en el libro The Firebrand and the First Lady: Portrait of a Friendship (La agitadora y la primera dama: retrato de una amistad). La Facultad de Derecho de Harvard, que en ese momento solo aceptaba hombres, también rechazó a Pauli Murray. Ante esto, Pauli respondió: “Con mucho gusto cambiaría mi sexo para cumplir con sus requisitos, pero como no se me ha revelado el camino hacia ese cambio, no tengo más remedio que pedirles a ustedes que cambien de opinión”. Murray desarrolló teorías legales innovadoras y estrategias de cambio social no violento que marcaron el rumbo del movimiento por los derechos civiles. Pauli coescribió un revolucionario e influyente ensayo, “Jane Crow y la ley”, en el que argumentó que las leyes que prohíben la discriminación por motivos de raza protegen igualmente a las mujeres contra la discriminación por motivos de sexo. Varios años después, como abogada de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Ruth Bader Ginsburg mencionó a Pauli Murray como coautora de un informe trascendental en su argumentación ante la Corte Suprema en un caso que finalmente ganó. En una conferencia sobre feminismo en la Universidad de Harvard en 1966, Pauli Murray contó: “Llegué al tema de la discriminación sexual mucho más tarde que al tema de la discriminación racial. Luego de haber peleado la batalla contra la discriminación racial, comencé a ver lo interconectadas que estaban estas dos discriminaciones. Como no podía dividirme y como tenía que ser un ser humano unificado, decidí que no era yo quien estaba equivocada, sino la sociedad”. En 1973, después de la muerte de su compañera de toda la vida, Irene Barlow, Pauli ingresó al seminario y se convirtió en la primera mujer sacerdote afroestadounidense de la Iglesia episcopal en 1977. Dedicó su vida a asistir a los enfermos en Washington D.C. hasta su muerte, ocurrida en 1985. La Iglesia episcopal santificó a Pauli Murray en 2012. Michael Curry, Obispo Presidente de la Iglesia episcopal, dijo sobre Pauli Murray: “Mucho antes, casi 10 años antes de que Rosa Parks se sentara y se negara a ceder su asiento en ese autobús en Montgomery, Alabama, Pauli Murray se había sentado en un autobús y se había negado a ceder su asiento y sentarse en la sección segregada. Anticipó movimientos que vendrían años después. Sembró las semillas de los cambios que más tarde se cristalizarían. Es una heroína anónima que luchó por los derechos de las mujeres y la equidad entre hombres y mujeres; una heroína anónima que luchó por los derechos y la igualdad y equidad entre todas las personas de Estados Unidos; una heroína anónima que luchó por los derechos de las personas LGBTQ en este país. Ella se anticipó a los cambios. Los vio antes de que sucedieran. Y trabajó para lograr cosas que nunca vería materializarse, pero lo hizo para que algunos de nosotros pudiéramos verlas”. En una época de agitación, división y violencia epidémica contra las personas trans de color, Pauli Murray es un ejemplo notable de lo que se puede lograr a través de la inteligencia, la organización y el coraje. Conozcamos su nombre: Pauli Murray.

Las tribus Lakota piden a Biden que cierre el oleoducto Dakota Access Amy Goodman y Denis Moynihan En idioma lakota, “Oceti Sakowin” quiere decir “consejo de los siete fuegos”, en referencia a las siete tribus que integran el Pueblo Lakota, también llamado Gran Nación Sioux. Cuatro de los siete gobiernos tribales de la Gran Nación Sioux le enviaron una carta a Joe Biden el día previo a su asunción. En ella escribieron: “Desde tiempos inmemoriales, la gente de la Gran Nación Sioux ha vivido, cazado, pescado y organizado ceremonias junto al río Misuri (río Mni Sose en idioma lakota)”. Los gobiernos tribales pidieron “una acción rápida y decisiva en relación con el oleoducto Dakota Access”. El Dakota Access es un oleoducto de casi 1.900 kilómetros de extensión que transporta petróleo crudo extraído mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en el estado de Dakota del Norte, hasta el estado de Illinois, en camino a las refinerías de Texas. Como una de sus primeras medidas en el cargo en 2017, el expresidente Trump dio luz verde tanto al oleoducto Keystone XL como al Dakota Access. En su primer día en el cargo, el presidente Biden revocó el permiso de construcción del Keystone XL, pero dejó intacto al oleoducto Dakota Access. El miércoles, una semana después de su investidura, en el día que la Casa Blanca denomina Día del Clima, Biden anunció medidas radicales para enfrentar la catastrófica alteración climática, pero nuevamente no tomó ninguna medida sobre el oleoducto Dakota Access. La carta de las tribus Lakota enumera los tratados del siglo XIX entre las tribus y el Gobierno de Estados Unidos y agrega que “después de que se descubrió oro en la región de las Colinas Negras, el gobierno violó todos los tratados”, despojando “a la Reserva indígena de vastas áreas de tierra”. Para los habitantes originales de estos territorios, la democracia estadounidense no trajo libertad sino violencia, desplazamiento y genocidio. Sin embargo, las naciones indígenas de este territorio al que llaman Isla Tortuga sobreviven y continúan resistiendo. La tribu sioux de Standing Rock, apoyada por cientos de otras tribus indígenas y aliados a la causa, obligó al Gobierno de Obama-Biden a cerrar el oleoducto Dakota Access en 2016. Con el eslogan en lakota “mni wiconi” (el agua es vida) expresaban su temor de que un derrame de petróleo del Dakota Access contaminara el río Misuri, del que depende la supervivencia de la tribu. La empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer LP, controlada por Kelcy Warren, multimillonario de Texas y megadonante del Partido Republicano, contrató guardias de seguridad privados para combatir a los denominados “protectores del agua”. Durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2016, los guardias golpearon a los manifestantes mientras enormes excavadoras arrasaban con terrenos sagrados para las tribus. Nuestro equipo observó y filmó con horror cómo los guardias soltaban perros de ataque, que mordían a los manifestantes indígenas que se encontraban reclamando en forma pacífica. La sangre goteaba de la boca y la nariz de uno de los perros. Desde la aprobación del Gobierno de Trump, el oleoducto Dakota Access ha transportado cientos de miles de barriles de petróleo por día bajo el lago Oahe, que se formó cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó una presa en el río Misuri en la década de 1950. En su carta a Biden, las tribus señalan que “la presa de Oahe destruyó más tierras indígenas que cualquier otro proyecto de obras públicas en la historia de Estados Unidos”. Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de la ciudad de Washington D. C. falló a favor de las tribus sioux Standing Rock, Cheyenne River, Yankton y Oglala, en su demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El fallo del Tribunal obliga al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a realizar una revisión completa del impacto medioambiental, citando, entre otras razones, el pésimo historial de la empresa Energy Transfer, que en el pasado tuvo varios derrames de petróleo en sus numerosos oleoductos. En la orden judicial, el juez David Tatel cita las palabras de Dave Archambault II, expresidente de la tribu sioux de Standing Rock: “El agua es más que un recurso, es sagrada, ya que el agua conecta toda la naturaleza y sostiene la vida”, escribió Archambault al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en marzo de 2016, un mes antes de que se encendiera la primera fogata de protesta contra el Dakota Access, cerca de la ruta por donde estaba planeada la construcción del oleoducto, ubicada en la confluencia de los ríos Cannonball y Misuri, en territorios tribales no cedidos. Los campamentos de resistencia al Dakota Access pasaron de una decena de personas alrededor de esa única fogata en abril a más de 10.000 “protectores del agua” en octubre de 2016. Las tradiciones del pueblo Lakota fueron claves en la organización de la protesta: oraciones, cantos y un profundo respeto por el liderazgo de los ancianos. Ahora, a medida que la pandemia de la COVID-19 asola a las naciones indígenas en Estados Unidos, hay un temor creciente de que la sabiduría ancestral y los propios idiomas de los diferentes pueblos indígenas perezcan. Jodi Archambault, de la tribu sioux de Standing Rock y ex asesora especial de Asuntos Indígenas del presidente Obama —quien también es hermana de Dave Archambault—, escribió recientemente en el periódico The New York Times: “Los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde se ubican las reservas de las tribus Lakota, lideran en Estados Unidos las tasas de coronavirus per cápita. Estamos perdiendo más que amigos y familiares; estamos perdiendo el idioma que hablan nuestros mayores, la savia de nuestro pueblo y la esencia misma de quiénes somos”. Las órdenes ejecutivas que firmó Biden en el Día del Clima reflejan una importante diferencia con respecto a las políticas ambientales destructivas y negadoras de la ciencia del Gobierno de Trump. Sin embargo, para las naciones indígenas, la crisis climática y la COVID-19 han profundizado la devastación que produjeron siglos de genocidio. Cerrar el oleoducto Dakota Access es un paso vital para reparar el daño ya hecho, un paso que el presidente Biden puede y debe dar sin demoras, con una simple firma.

La investidura de Biden y Harris: cuando el muro se convierte en puerta Amy Goodman y Denis Moynihan El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se lanzaron rápidamente a la acción después de prestar juramento el miércoles. Biden firmó 17 órdenes ejecutivas, que desmantelan muchas de las políticas representativas del gobierno de Donald Trump. Biden reincorporó a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre Cambio Climático y a la Organización Mundial de la Salud; puso fin a la prohibición de ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de países musulmanes; dispuso una suspensión de la mayoría de las deportaciones y detuvo la construcción del muro fronterizo; fortaleció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA; rescindió el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL; implementó en todo el país el uso obligatorio de mascarilla al ingresar a edificios e instalaciones federales y mucho más. Kamala Harris es la primera mujer, la primera afroestadounidense, la primera asiáticaestadounidense, la primera indiaestadounidense y la primera caribeñaestadounidense en ocupar la vicepresidencia. Como presidenta del Senado, Harris tomó juramento a Alex Padilla, quien se convirtió en la primera persona de origen latino en representar en e Senado al estado de California y ocupará el lugar que dejó vacante Harris. La vicepresidenta también tomó juramento a los dos nuevos senadores por el estado de Georgia, ambos demócratas: Jon Ossoff, el primer senador judío de Georgia, y el reverendo Raphael Warnock, el primer afroestadounidense del Partido Demócrata en ser elegido para representar en el Senado a un estado del sur. Los demócratas obtuvieron así el control del Senado, aunque por un margen muy estrecho de 50 a 50, en el que el voto de desempate estará en manos de la vicepresidenta Harris. Todo esto fue posible gracias a los movimientos populares que llevaron a estos políticos al poder. Al igual que los funcionarios electos a los que apoyaron, los organizadores de estos movimientos tampoco perdieron el tiempo y anunciaron campañas de presión para que el Gobierno de Biden-Harris implemente políticas progresistas. Los políticos responden ante la presión. “Oblíguenme a hacerlo”, fue la célebre respuesta del presidente Franklin Delano Roosevelt al sindicalista y activista en defensa de los derechos civiles A. Philip Randolph, que le estaba reclamando ayuda para los afroestadounidenses y la clase trabajadora. Waleed Shahid, portavoz de la organización Demócratas por la Justica, dijo en una entrevista con de Democracy Now!: “Es momento de que Joe Biden cumpla con la mayoría multirracial que lo llevó a la presidencia y muestre resultados. Queremos que Joe Biden cumpla con los cuatro temas sobre los que él mismo dice que tiene un mandato: la pandemia, la economía, la crisis climática y el racismo sistémico”. Un día después de la investidura de Biden, el movimiento por la justicia climática Sunrise Movement realizó un Día de Acción Nacional, que incluyó manifestaciones enfocadas en el ahora líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y en el senador Dick Durbin. La directora ejecutiva de Sunrise Movement, Varshini Prakash, declaró en un comunicado: “En medio de una gran crisis, con el año más caluroso registrado hasta el momento, con una pandemia mundial, una desigualdad récord y una democracia fallida, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada”. Y añadió: “La década del New Deal ecológico debe comenzar ahora”. El movimiento Sunrise Movement está llamando a organizar una campaña masiva para hacer que nuestra sociedad deje de utilizar combustibles fósiles. La ventana para impulsar el cambio es estrecha; los demócratas controlan la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado, pero las elecciones de 2022 pueden devolverle el control del Congreso a los republicanos. El senador Bernie Sanders, cuya campaña presidencial inspiró e involucró a decenas de millones de personas afines a las ideas progresistas, está abogando por una rápida acción y propone utilizar un procedimiento conocido como “reconciliación presupuestaria”, mediante el cual se pueden aprobar leyes importantes en el Senado por mayoría simple, evitando así las dilaciones de las tácticas obstruccionistas. Sanders es ahora el presidente del Comité de Presupuesto del Senado y, por lo tanto, ejercerá una influencia significativa sobre las decisiones que tome el Congreso respecto a temas presupuestales. Los demócratas también esperan que se apruebe el proyecto de ley H.R. 1, conocido como For the People Act, o Ley para el Pueblo, una ley cuyo objetivo es fortalecer aspectos fundamentales de nuestro proceso democrático. Dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2019 y ha languidecido desde entonces en el Senado liderado por el republicano Mitch McConnell. El proyecto de ley terminaría con la manipulación de los distritos electorales, haría mucho más sencillo el proceso de registro en los padrones electorales, declararía el Día de las Elecciones como feriado nacional, y proporcionaría fondos públicos para las campañas, entre otras cosas. En 2021, las legislaturas estatales utilizarán los resultados del censo que se realizó en 2020 en Estados Unidos para volver a trazar los distritos congresionales. Los republicanos controlan el Poder Legislativo en 31 estados, donde se espera que manipulen los distritos electorales para maximizar su poder político, aun cuando representan a una minoría de los votantes estadounidenses. En 2019, la Corte Suprema, en una decisión dividida de 5 votos a favor y 4 en contra, dictaminó que los tribunales federales no tienen competencia para intervenir en demandas contra la manipulación de los distritos electorales. La Ley para el Pueblo podría cambiar esta decisión. En su entrevista con Democracy Now!, Waleed Shahid afirmó: “Este momento es un momento único e inédito para nuestro país: Joe Biden realmente podría ser conocido en el futuro como uno de los presidentes más transformadores en la historia de Estados Unidos, al igual que Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson”. Uno de los momentos más destacados y emotivos de la ceremonia del del miércoles fue la intervención de la joven poeta Amanda Gorman. A sus 22 años se convirtió en la poeta más joven en participar en una investidura presidencial. Amanda Gorman terminó de escribir el poema The Hill We Climb (La colina que escalamos) poco después del violento asalto al Capitolio del 6 de enero. El poema incluye estos conmovedores versos: “No vamos a retroceder ni nos dejaremos intimidar porque sabemos que nuestra inacción y nuestra inercia serán la herencia de las próximas generaciones. Nuestros errores se convierten en sus cargas. Pero una cosa es segura: Si combinamos misericordia con poder, y poder con derechos, entonces el amor se convierte en nuestro legado y esto cambia los derechos con los que nuestros hijos nacen”. Los sectores progresistas se enfrentaron a un muro, tanto en sentido literal como metafórico, con Donald Trump. Con Joe Biden y Kamala Harris, el muro se ha convertido en una puerta. Los esfuerzos y la acción de los movimientos populares serán fundamentales para determinar si esa puerta se cierra de golpe o se abre de par en par.

El racismo, la COVID-19 y el golpe de Estado Amy Goodman y Denis Moynihan El proceso para llevar a cabo un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump fue rápido y enérgico. Se produjo solo una semana después de que Trump incitara un violento ataque de supremacistas blancos contra el Capitolio de Estados Unidos, que dejó cinco muertos, incluido un oficial de policía del Capitolio. Los relatos de varias congresistas de color reflejan el caos del momento y los muchos peligros que enfrentaron. Norma Torres, representante demócrata por el distrito sur de Los Ángeles, brindó su testimonio en una reunión del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes esta semana: “Yo fui una de las doce personas que quedaron atrapadas en la galería de la Cámara de Representantes. Escuché el disparo. Vi el humo del gas lacrimógeno que había sido lanzado y a un oficial sin equipo de protección enfrentarse a una multitud furiosa justo afuera de la Cámara. Respondí la llamada telefónica de mi hijo, Christopher. La llamada duró 27 segundos. Todo lo que pude decirle fue: 'Cariño, estoy bien; estoy tratando de salvar mi vida'. Y colgué”. También atrapada en la galería superior de la Cámara de Representantes estaba Pramila Jayapal, congresista demócrata por el estado de Washington, que escribió en un comunicado: “Los insurrectos eran terroristas domésticos. Muchos estaban armados y muchos estaban relacionados con grupos nacionalistas blancos. La policía lanzó gas lacrimógeno y tuvimos que arrojarnos al suelo para cubrirnos. Los oficiales de policía del Capitolio bloquearon las puertas con muebles y desenfundaron sus armas”. La congresista Alexandria Ocasio-Cortéz, quien ocupa un escaño en la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York, dijo en una transmisión en vivo la noche previa a la votación que dio inicio al proceso de destitución: “Pensé que iba a morir. Ni siquiera me sentí segura cuando me refugié en una habitación junto a otros congresistas para protegernos de la turba, porque, para ser honesta, también en ese lugar se refugiaban colegas que son partidarios de QAnon y de la supremacía blanca, miembros del Congreso que son defensores de la supremacía blanca, a quienes conozco y quienes yo sentía que podrían revelar mi ubicación o que podrían crear oportunidades para que me hirieran o me secuestraran”. Ayanna Pressley es la primera congresista afroestadounidense en representación del estado de Massachusetts. Pressley se refugió inicialmente en una habitación segura junto a otras personas, donde estaban todos aglomerados. El martes publicó en Twitter: “Salí de esa 'habitación segura' que supuestamente nos protegía de la turba supremacista blanca tan pronto como me di cuenta de que en esa habitación también se encontraban miembros del Congreso traidores, que son supremacistas blancos y negacionistas de las mascarillas, y que fueron los que incitaron la insurrección en primer lugar”. Y agregó en su publicación: “Estoy furiosa porque muchos de mis colegas están dando positivo por COVID-19”. El esposo de Pressley, que estaba con ella en el Capitolio, también contrajo la enfermedad. La congresista demócrata Pramila Jayapal también contrajo coronavirus, probablemente por permanecer encerrada durante varias de las horas que duró el asedio en ese mismo cuarto abarrotado junto a congresistas republicanos que no usan mascarilla. En su comunicado, Jayapal manifestó: “Solo horas después de que el presidente Trump incitara a que se lleve a cabo un asalto mortal contra nuestro Congreso, nuestro país y nuestra democracia, muchos republicanos aún se negaban a tomar precauciones mínimas contra la COVID-19 y usar una simple mascarilla en una habitación abarrotada en medio de una pandemia. Esto provocó un evento supercontagiador en medio del ataque terrorista doméstico”. Su esposo, que no estaba en el Capitolio, también dio positivo. El Dr. Brian Monahan, médico del Congreso, dijo en un correo electrónico cuatro días después del ataque, sobre esa habitación segura: “El tiempo en esa habitación fue de varias horas para algunos y más breve para otros. […] Las personas que allí se resguardaron pueden haber estado expuestas a otras ya contagiadas con la enfermedad”. La congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey Bonnie Watson Coleman, también estaba en la habitación segura y luego dio positivo por COVID-19. Watson Coleman es una afroestadounidense de 75 años que recién acaba de superar un cáncer. Esta semana, en un artículo de opinión en el periódico The Washington Post escribió: “Estoy enojada porque después de ser muy cuidadosa y pasar meses aislada, un solo día caótico provocó probablemente mi contagio. Me enoja que el ataque al Capitolio y mi enfermedad posterior tengan la misma causa: la incapacidad de mis colegas republicanos para aceptar los hechos”. Su caso muestra los riesgos potencialmente letales que los negacionistas de las mascarillas plantean en forma egoísta a quienes los rodean. La congresista demócrata Rashida Tlaib, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes en representación de la ciudad de Detroit, no estaba en las instalaciones del Capitolio durante el asalto, ya que acababa de recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y no se sentía muy bien. Luego de que se implementaran nuevas medidas de seguridad en el Capitolio, la congresista Tlaib publicó en Twitter: “Tuve que pasar por un detector de metales antes de ingresar al hemiciclo de la Cámara de Representantes. Algunos colegas están molestos (adivinen quiénes) por este requisito. Ahora saben cómo se sienten los estudiantes de secundaria de mi distrito. Lo tienen merecido. Ustedes provocaron todo esto”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha establecido multas de hasta 10.000 dólares para los congresistas que se nieguen a pasar por los detectores de metales. Las personas de color en Estados Unidos tienen más probabilidades de morir a causa de la violencia con armas de fuego. También son más propensas a contraer la COVID-19 y, cuando se contagian, tienen más probabilidades de sufrir consecuencias más graves, incluida la muerte. La violenta insurrección de los defensores de la supremacía blanca en el Capitolio del 6 de enero desnudó la cruel realidad del racismo y la desigualdad en Estados Unidos. Asumir esa realidad y luchar contra ella sigue siendo uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. La salida de Trump del Despacho Oval es solo el primer paso.