¡Ey, mi devuelta!

Alexandra Marín Acosta, Elizabeth acosta hoy le exigen a la Alcaldía de Medellín una reparación del muro que comparten sus casas con el cementerio universal. Respecto a la necesidad de repara los muros conlindantes, La Jurísdicción Especial para la Paz, en la medida cautelar que decretó al cementerio universal en el mes de julio del 2020, “advierte que en varias zonas del Cementerio Universal existen riesgos físicos que comprometen a la conservación de los cuerpos allí inhumados. Por eso, ordenó a la Alcaldía de Medellín que realice la reparación del muro perimetral del cementerio”. Si es así, ¿por qué el muro del cementerio continua afectando las casas de los vecinos del universal? ¿qué se necesita para que sea reparado?

Después de escuchar a los niños y la niñas de Medellín nos encontramos con Gizell Celis, ella es agente educativa psicosocial de la Fundación Palabra, Pan y Pez, quienes fueron reconocidos en el año 2016 por su Programa de fortalecimiento afectivo de la Fundación, desde allí se  promueve el bienestar de las comunidades menos favorecidas, mediante el desarrollo de programas educativos y la formulación y gestión de proyectos sociales con especial interés en la población infantil. Gizell Celis está hoy para conversar por qué los niños y niñas de primera infancia no se sienten seguros en sus entornos educativos y cuáles son los riesgos que enfrentan.

A las dificultades viales de la vereda El Jardín, se suma la expresada por los líderes de la parte central del corregimiento de Altavista, quienes expresan que durante años se han enfrentado a largas jornadas de viaje en el transporte público, y a dificultades para comunicarse con el resto de la ciudad, por contar con una sola vía de entrada y salida en su territorio. El Alcalde Daniel Quintero, se comprometió la construcción de una vía lateral para mejorar la movilidad en Altavista y hoy sus habitantes se preguntan para cuándo esta obra y el presupuesto que se destinaría. Pues en el Plan de Desarrollo aprobado no encuentran reflejado este futuro.

De acuerdo con información suministrada por la Junta de Acción comunal de la vereda El Jardín, con los habitantes no se ha socializado los resultados del estudio de suelo y tampoco se les ha dado soluciones claras a esta problemática.

Ya van 3 años de hacer peticiones, y solicitudes por parte de los habitantes de la vereda El Jardín manifestando la difícil condición de su principal vía de acceso. Recientemente pusieron un PQRS a la Alcaldía de Medellín (petición, quejas, reclamos y sugerencias), pero la respuesta es que deben seguir esperando. Y ellos se preguntan hasta cuándo?

“Solo nos han permitido presentar tres testigos”, expresa hoy para la Devuelta Fauner Plazas, un líder social que menciona sentirse desprotegido y sin garantías por parte el estado en su proceso judicial. ¿Se garantiza en Colombia la imparcialidad en los fallos judiciales? ¿Se respeta el principio de la imparcialidad en los proceso de judicialización que enfretan los líderes sociales en Colombia?

A Miguel Gaitan ciudadano y líder social del municipio de Yopal le demoraron sin justificación alguna su proceso. Según el informe de Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: una de las características de la criminalización a defensores/as de derechos humanos es la duración irrazonable de los procesos penales a los que están sujetos/as. Luego de que recuperan su libertad, generalmente por vencimiento de los términos procesales, los procesos penales continúan en el tiempo, en una prolongación injustificada, sin que sea definida su situación jurídica o sin que sea dictada una sentencia absolutoria de manera oportuna. Y nos preguntamos ¿es esta una manera de castigar la defensa de los derechos humanos? ¿qué se deja de liderar cuando se enfrenta un proceso judicial? ¿y a quiénes les interesa que esto ocurra?

A Gilberto Vargas, líder del municipio de Yopal-Casanere, le iniciaron un proceso penal tras acusarlo de obstrucción en vía pública y alteraciones del desorden público, proceso que duró tres años. Hoy Gilberto Vargas, cuyo caso se cerró el 31 de julio del 2020, por falta de pruebas y vencimiento de términos, exige se le indemnice por los daños causados durante el tiempo que duró el proceso penal.

El 27 de noviembre de 2018, en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare, hubo un operativo con más de 200 oficiales del Ejército y la Policía. Operativo en el cual varios campesinos habitantes del municipio fueron capturados e implicados en hechos delictivos relacionados con Organizaciones Delincuenciales. Entre las personas estaba Yulibel Leal, mujer campesina y defensora de derechos humanos en el territorio. Ella hoy nos cuenta su historia en relación a este hecho en nuestra sección Ey mi devuelta.

A pesar de que la sentencia T-722 de 2003 de la Corte Constitucional y el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) aclaran parcialmente el uso de la publicidad oficial,es preocupante el desconocimiento de los funcionarios y las entidades públicas respecto a su uso. Dice la Fundación para la libertad de prensa que entre las situaciones más recurrentes es disfrazar la propaganda de publicidad oficial. Pues terminan siendo los gobernantes de turno los protagonistas de la publicidad que es pagada con recursos de todos los ciudadanos. Afectando la libertad de los medios. ¿Es en Medellín la pauta publicitaria oficial una manera sútil pero directa de callar a los medios comuniarios?

Hay muchas formas de censura a los medios de comunicación, y la intimidación es una de ellas. ¿Por qué no se le permitió a la periodista hacer el cubrimiento? ¿por qué no se le brindó la información que requería, incluso si no era cierta la fiesta que se realizaba en la casa del Alcalde Daniel Quintero? ¿Por qué se castiga a quién busca acceder a su derecho y no a quién lo vulnera? Para la periodista Yurany Alzate, los medios alternativos de comunicación, como Morada Stereo, sufren un ataque por parte de la administración municipal, por divulgar información que expresa ideas diferentes a las del gobierno de turno y que cuestiona el accionar del alcalde, quien debe de ser coherente con las normas que se establecen para la ciudad. ¿A quién le incomoda lo que se investiga e informa en los medios comunitarios y alternativos? Que se garantice el derecho al ejercicio periodístico y a la información para los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Medellín, es la devuelta que hoy exige Yurany Alzate.

Al periódico Ciudad Rural en San Antonio de Prado, se vio obligado a cambiar su editorial, ante las presiones generadas por el interventor que acompañaba el proceso del periodico financiado por presupuesto participativo en la Alcaldía de Federico guriterrez, en el periodo 2016-2019. Los medios de comunicación comunitarios son libres de decir y hacer lo que deseen, mientras no vulneren a nadie y respeten los principios periodísticos, porque ellos, están protegidos ante la Constitución y el derecho a la libertad de expresión. No se puede censurar a un medio de comunicación comunitario porque hacerlo es atentar contra la democracia de un país, de un municipio. Que si no se informa de manera precisa no puede ser crítico y tomar decisiones.

En la sociedad existen límites que permiten a cada ciudadano vivir sus libertades sin vulnerar los derechos y libertades de otros. El entorno universitario es un espacio con varios roles que deben contribuir a la formación integral de los estudiantes, que finalmente termina reflejandose en la sociedad. Y debe ser motivo de reflexión sobre la ética, la misión de la docencia universitaria y el espirítu de la humanidad, el hecho de que desde los cargos académicos y administrativos al interior de las universidades se originen situaciones de violencia sexual. ¿Qué pasa hoy en las universidad con el respeto a las libertades humanas y la integridad de las presonas?

¿Están abiertas las directivas de las universidad a hablar de la violencia sexual al interior de los campus? ¿Cuentan las universidad públicas y privadas con rutas y protocolos de atención para los casos de violencia sexual? ¿Tienen los estudiantes suficiente información sobre estas rutas? En lo que respecta a Santiago Restrepo Ossa, en las universidades privadas, como la UPB, hace falta protocolos y procesos que trasciendan lo disciplinario y brinden un acompañamiento a las y los estudiantes que son víctimas de acoso sexual.

¿Cuentan las universidades públicas y privadas con rutas claras e informadas de atención a víctimas de violencia sexual dentro de sus campus universitarios? ¿Hasta donde deben actuar y acompañar las universidades en caso de que estas situaciones se presenten? ¿Existen entidades al interior de las universidades para hacer un acompañamiento ante estas situaciones? Ante estas cuestiones, hoy Luisa Fernanda Arango, exige una cambio en las instituciones con espacios de formación en genero para que mujeres y hombres puedan ser acompañados con mayor diligencia ante los hechos de violencia sexual en instituciones de educación superior.

¿Adopta la fuerza pública las medidas necesarias para proteger y garantizar la libertad de prensa durante la protesta social? Los fotógrafos e integrantes del colectivo Absurdo expresan que fueron víctimas de la retención arbitraria por parte de la policía durante la movilización que se efectuó en época de aislamiento preventivo obligatorio de Colombia. Esto impidió que realizarán su labor de cubrimiento de la marcha y vulnero su derecho a la libertad de prensa.

Todos los derechos deben garantizarse en todas las actuaciones de la Policía, así lo manda la Constitución Política. Y según el artículo 8 son principios del código de policía: - El debido proceso - Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. ¿Está permitido por el código de policía la detención de un ciudadano y que no se le haga el debido proceso? ¿Llevar una camiseta con una postura política es motivo para ser arrestado? Son preguntas que nos quedan después de escuchar a Juan Camilo López, y las cuales retomaremos en nuestra emisión de este viernes 9 de octubre en el análisis que estaremos realizando sobre el tema.

¿Qué impactos tienen estos hechos sobre el derecho a la protesta social en Colombia? ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta la policía para garantizar la movilización social? ¿Cómo lo debe hacer?

Luis Barajas, un joven bogotano de 19 años que salía de su casa para cubrir la marcha del 10 de septiembre fue capturado por parte de la policía, golpeado y llevado a la estación de policía con otros marchantes que hacían uso de su derecho a la protesta social. En el cual se evidencio un abuso de poder por parte de la policía y en consecuencia la vulneración del derecho debido proceso.

Yeraldín Domicó, mujer Embera Chamí, del suroeste antioqueño exige: espacios en los que puedan permanecer unidos. Pues al migrar a las ciudad se corre el riesgo de que sus prácticas culturales, sus lenguas y modos de vida se pierdan. Por eso se hace necesario que la ciudad también se planee y se organice en miras de abrir espacios diferenciales y propios para las comunidades indígenas que la habitan. Pues la ciudad deja de ser un lugar lejano, para ser el lugar donde proyectan sus vidas.

Jackelin Gonzales, mujer, madre y enfermera profesional del pueblo indígena wayuú, nos ha mostrado la difícil situación que viven muchas familias indígenas que hoy buscan en la ciudad de Medellín una mejor calidad de vida. Ella exige hoy se les garantice el derecho al trabajo digno y justo, un derecho que muchas veces se les ha visto vulnerado cuando socialmente se piensa que el indígena no es una persona capacitada profesionalmente, cuando se piensa que solo pueden trabajar en oficios informales. No solo se requieren garantías por parte del Estado, también se requiere el cambio por parte de la sociedad para no continuar con la estigmatización social que durante años han cargado las comunidades indígenas en contextos de ciudad.

Aide Mendoza, una mujer indígena Wayuú que actualmente habita la ciudad de Medellín exige que el derecho a la salud se le garantice por parte de Savia Salud y que le brinden la atención que requiere como ciudadana de Colombia que es. Según la ley 21 de 1991, es deber del Estado velar porque las comunidades étnicas cuenten con servicios de salud adecuados y organizarlo, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. ¿Cuáles son los programas de atención en salud con los que cuentan las comunidades indígenas en Medellín? Esta es una información necesario de conocer, pues hoy las comunidades indígenas que habitan la ciudad de Medellín requieren de esfuerzos mayores para su derecho a la salud se les garantice en su totalidad.

Tener un espacio donde puedan comercializar sus artesanías y productos es indispensable para el desarrollo económico de las personas pertenecientes a los pueblos ancestrales, en este caso la venta de sus artesanías es también una manera de darles un lugar en la ciudad y de reconocer sus prácticas culturales y sus tradiciones. María Tamanesi Tazcón hoy exige su devuelta: que se habiliten de nuevo los espacios para la comercialización de sus artesanías o que se les garantice la manera en que lo puedan continuar haciendo. ¿En este caso, cuál es el acompañamiento que la Alcaldía le hace a la población indígena de la ciudad de Medellín?

¿Es posible que se protejan las actividades económicas de los habitantes de moravia y otros barrios de renovación urbana? ¿Cuáles son las políticas que los protege y con qué mecanismos cuentan los habitantes? Juan Camilo Vallejos y Víctor Manuel Villegas, habitantes del barrio Moravia expresan que tienen temor de los cambios que producirá el Plan Parcial de Moravia y que aún desconocen las garantías con las que contarán para continuar realizando sus trabajos.

“Hace rato que pagamos la tierra con nuestro trabajo”, expresa hoy para la Devuelta Luz Meli Hernández, una afirmación con la que busca se reconozca una historia de más de 60 años, donde la comunidad de Moravia ha construido el barrio y un Tejido social que permanece vivo. A las diferentes entidades que hacen las intervenciones del Plan Parcial de Moravia, exige hoy su devuelta Luz Meli Hernández, lideresa comunitaria, y en su voz representa a una comunidad que exige se le sea reconocido el estatus de propietarios y la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial. ¿De qué derecho a la ciudad hablamos si no se respetan las trayectorias de las comunidades en sus territorios? ¿Cuáles son los instrumentos con los que actualmente cuenta la comunidad para exigir su derecho a la ciudad?

Diana Milena Hernández Cárdenas exige a la administración municipal un mecanismo de protección para los habitantes que se ven vulnerados en sus derechos por este proyecto, pues también exigen garantías para una calidad de vida digna y justa. En las diferentes comunas de Medellín las comunidades que allí existen, han creado sus vidas, futuros, sus patrimonios y así dinamizan los barrios. El proyecto del metro cable Picacho, beneficiará a 160.000 personas directamente y a muchas más de manera indirecta. Construcciones como la realizada en la zona Noroccidental, son originadas por las necesidades que presenta la ciudad.

Los moradores son aquellos propietarios y no propietarios, comerciantes y arrendadores que habitan y han establecido su vida en un territorio determinado. Allí han establecido sus proyectos de vida, creado sus relaciones vecinales, han emprendido sus proyectos productivos. Modos de vida y de subsitencia, saberes que van dando forma al barrio y la ciudad y que hoy necesitan se les reconozca y respete en los procesos de desarrollo de la ciudad. Por eso desde el barrio Carpinelo María Elsy exige se legalice y regularice su barrio como parte del derecho a la ciudad, pero que en ese proceso se les reconozca los derechos que se han ganado en los años de construcción de su barrio.

¿Por qué aún no se ha entregado la Plazoleta Gastronómica de la comuna 9? En un comunicado del Metro de Medellín, emitido en agosto del 2019 la empresa indicaba lo siguiente: Con recursos de la Alcaldía de Medellín, se construye la nueva plazoleta gastronómica, un proyecto gerenciado por el Metro y construido por la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano). Actualmente, se terminan detalles para su apertura a finales de agosto. Pero ya estamos a mediado de septiembre del 2020 y aún no se entrega. Alfonso Restrepo, edil de la comuna 9, exige que la futura plazoleta gastronómica sea entregada lo antes posible para que se pueda reubicar a los vendedores informales que tuvieron que salir para dar paso al Tranvía.

Al Alcalde Daniel Quintero y al Inder, Martha Cardona les exige su devuelta, y exige que si no se construye la UVA, intervengan la cancha, espacio donde estaba destinado construirse el proyecto, lugar que al día de hoy presenta problemáticas que afectan a la comunidad. ¿Reemplazará Parques del Norte la construcción de la Unidad de Vida Articulada? ¿Solucionará este proyecto el déficit de espacios público de la comuna 2?

Ernesto Múnera le hace su exigencia a la Secretaria de Medio Ambiente, debido al fuerte perjuicio que está causando la quebrada, inundaciones, filtraciones, limpieza y estudios pertinentes para el correcto arreglo de la quebrada la Tebaida. Una construcción de 30 metros tiene afectada a varios sectores del barrio Jardín, el sector Montecarlo y Manrique las Granjas. Ante esta situación la comunidad exige su devuelta. ¿Hasta cuándo estarán las comunidades en riesgo debido a los arreglos de la quebrada en el barrio jardín? El consorcio Camilo Obras Quebradas es el contratista de la obra en la Tebaida, una de las muchas obras que hoy se realizan en la comuna 3.

Ante la inconformidad que ha producido la obra hidráulica de La Bermejala en los tramos que corresponde al barrio San José La Cima número uno, diferentes líderes realizaron un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín para exigir que la obra sea culminada en la mayor brevedad para dar cumplimiento al contrato público entre la Alcaldía y el contratista el consorcio Camilo Obras Quebradas. Anoche, líderes del barrio San José La Cima número uno, nos informaron que un tubo de agua se reventó debido a los huecos dejados por la empresa contratista. Una situación que se ha convertido en una constante para los habitantes de esta zona. ¿Quién le responde a la comunidad del barrio San José la cima?

“Derecho a llegar a viejo” a “defender la vida” es lo que nos dicen Anny Roa Pavón y Karen Crisales. Hoy se debe replantear la importancia de la vida y los sueños de los jóvenes de Colombia, una población que continua siendo víctima del conflicto armado y nos deja sin el derecho a soñar un futuro.

Para Tanía Díaz es importante que los jóvenes, tengan más acompañamiento por parte de la institucionalidad a los procesos organizativos juveniles, claridad y mayor acceso a la información referente a la oferta, convocatorias y programas culturales dirigidos a los jóvenes. Una exigencia necesaria de escuchar, si consideramos que para este cuatrenio el presupuesto asignado a la cultural representa el 1.5% del presupuesto total del Plan de Desarrollo. Una cifra baja con relación alas últimas tres administraciones donde el presupuesto fue 1.9% del total de lo proyectado en sus Planes de Desarrollo. Recordemos que han sido los procesos culturales y las iniciativas de los jóvenes, los que han logrado la transformación profunda de Medellín.

En un artículo publicado por la revista vive afro el representante a la cámara Jhon Arley Murillo expresó que “una hoja de vida presentada por un hombre o mujer afrodescendiente ante una empresa, tiene un 8% menos probabilidades de ser tenida en cuenta para ocupar un cargo, así cumpla con el perfil requerido”. Situación que se agrava si el joven es el LGBTI. Por eso hoy, Miller Talel Huila Vasco dice: “Las personas de la comunidad afro tenemos los mismos derechos como cualquier otro ciudadano, nos están vulnerando, que se reivindique la historia con nosotros”. “Yo no tengo las tres maldiciones como me han dicho en cualquier momento, de ser afro, de pertenecer a la comunidad LGBTI y de ser pobre”.

Andrés Vargas, subdirector de la ACJ Medellín y Edward Madrí, líder barrio La Quiebra nos habla sobre la situación que enfrentan los jóvenes de la comuna 13 de Medellín.

Katherin Avella Daza expone la ausencia de oportunidades laborales y de capacitación técnica para las mujeres excombatientes del espacio territorial El negro Eliecer Gaitan, ubicado en la vereda Caño Indio en el Norte de Santander. La participación de las mujeres excombatientes en el proceso de implementación de los acuerdos de paz ha sido fundamental ya que son precursoras de nuevas realidades que benefician la vida de las comunidades. Sin embargo sus reincorporación económica aún no cuenta con garantías por parte del gobierno nacional y de la sociedad civil, pues además de carecer de oportunidades laborales, son estigmatizadas socialmente. Un tema que estaremos conversando en el análisis sobre la situación actual de las y los reincorporados de la extinta guerrilla de las FARC, con Camilo González Posso, Presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación son los espacios donde los excombatientes vienen haciendo el tránsito a la vida civil. Sin embargo ante la falta de garantías en estos territorios, se han creado las Nuevas áreas de reincorporación, lugares espontáneos y de palabra, más no reconocidos por el gobierno nacional ya que no se encuentran contempladas en los acuerdos de paz. Y es justo a una de estas nuevas áreas en Mutatá, a donde se han trasladado reincorporados de las extintas FARC que se encontraban ubicados en Ituango. Desde allí continúan exigiendo garantías para sus vidas y protección.

Desde la vereda Miravalle en San Vicente del Caguan Viergelina Calderon, reincorporada de las extintas FARC exige al gobierno nacional mayor compromiso con el Acuerdo de Paz, garantías de protección y seguridad en el territorio. Exige programas adecuados de educación para los excombatientes, con capacitaciones y acompañamiento permanente. ¿Cuáles son las garantías con las que cuentan los excombatientes para reincorporarse a la vida civil? Para entender mucho mejor la situación y las exigencias de los excombatientes reincorporados, les invitamos a que estén sintonizados esta semana con La Devuelta y el viernes 4 de septiembre en el análisis que tendremos en nuestra emisión central de las cinco de la tarde.

“No estamos exigiendo que nos den nada” , dice Claudia Marcela Cediel, conductora de transporte escolar por más de 15 años, quien hoy exige se le garantice el derecho al trabajo. Claudia Marcela Cediel se suma a la exigencia de oportunidades laborales y del derecho al trabajo que esta semana han realizado en la devuelta los transportadores de servicio escolar.

La estabilidad económica y emocional de las familias se ve afectada por los impactos de la contingencia actual. “Al borde de la quiebra total”, dice Getsaí Mejía al contar su historia que exige reactivación o reasignación laboral para poder juntar de nuevo a su familia y continuar pagando los vehículos con los cuales se ha dedicado durante 25 años, al transporte escolar. ¿Cómo se les garantiza el derecho al trabajo a las personas dedicadas al transporte escolar?

Freddy Martínez junto a su esposa llevan 5 años siendo transportadores de ruta escolar. Y hoy exige que “alguien los escuche” y que se generen medidas efectivas y de más largo aliento que les permita aliviar las obligaciones que tienen como transportadores escolares.Y que no les nieguen el derecho al trabajo, dice Freddy Martínez que hoy necesitan de otras opciones laborales haciendo uso de su vehículo.

Ana Eugenia Sánchez, conductora de transporte escolar. Una mujer de 65 años, madre cabeza de hogar, buscar que su voz sea escuchada y que la prórroga de pago a las entidades bancarias que ella y muchos de sus compañeros requieren le sea otorgada, ya que su vehículo en el cual trabajaba ha estado paralizado desde el mes de marzo.

“Nadie lo vio venir, no vimos señales, no vimos alarmas y simplemente pasó” Juan José Yela Bermúdez recuerda a su amigo José del barrio Robledo Villa Flora, en la comuna 7 de Medellín, quien hace 6 meses se suicidó. Y hace un llamado para que se hable del suicidio de manera abierta y que no sea un tema tabú, para así entender cómo ayudar a las personas y prevenir de manera más asertada.

“¿Cuál es el sentido de la vida?” “¿Para dónde va la vida?” Son algunas de las preguntas que jóvenes de la comuna 3 de Medellín les hacen a Alexandra García y Juan David Villegas, líderes comunitarios que solicitan a la institucionalidad se ejecuten procesos continuos y permanentes que acompañen a los jóvenes de la comuna en el afrontamiento de sus problemas y que ayuden a prevenir el suicidio para que situaciones como las ocurridos con Juan Esteban, un líder comunitario, no se vuelva a repetir.

Hoy las y los líderes comunitarios del barrio Picacho, en la comuna 6, exigen que se hable del suicidio como una problemática de salud pública. ¿Cómo identificar los comportamientos de una persona con conducta suicida? ¿Cuál es el acompañamiento que brindan las instituciones para prevenirlo? ¿Puede acceder fácilmente la población al sistema de salud para recibir acompañamiento? Son diversas las preguntas que se despiertan alrededor de esta problemática que se requiere sea abordado como un asunto de salud pública. El cuidado de la salud mental es un acto de defensa y cuidado de la vida y nos compete a todos y todas como ciudadanos tomar acciones de prevención frente a la conducta suicida, pero es necesario que existan garantías de derecho para acceder a un acompañamiento adecuado de prevención.

El uso y utilización sexual de los menores de edad por parte de los grupos armados, afecta la integridad física, emocional y mental que impide el retorno a una vida con dignidad. Muchas de las familias se ven obligadas a desplazarse de su territorio luego de que el menor logra escapar del grupo armado. Hoy las víctimas de este flagelo exigen garantías de no repetición. ¿ Cuáles son las garantías que ofrece la institucionalidad y cuáles las que ofrece la sociedad? ¿Cuáles son los mecanismos para acceder a una reparación integral cuando se ha sido víctima de reclutamiento forzado?

¿Qué significa ser niño, niña y adolescente en Colombia? ¿A qué riesgos se enfrentan? ¿Cómo recuperar la infancia pérdida de nuestro país? Una de las causas de la desaparición ha sido el reclutamiento, niños, niñas y jóvenes que un día no regresaron a sus casas, a sus veredas y barrios, y que las familias reportaron como desaparecidos. A mucho de ellos y ellas los continúan buscando. La madre que valientemente nos compartió su historia hoy, exige saber la verdad de lo que ocurrió con sus hijos, pero al igual que ella en la devuelta nos preguntamos ¿Cómo se repara este flagelo? ¿Cómo se repara a los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados y que hoy ya son adultos? ¿Cuáles son las garantías de no repetición para los niños y las niñas cuando aún hoy continua vigente el reclutamiento forzado en nuestra ciudad y país?

Kevin Antonio Guarín fue reclutado en el año 2012, luego de su escape y retorno, Hernando Guarín se dirigió a la fiscalía y personería de su municipio, allí logró encontrar el acompañamiento necesario parta la protección y seguridad de su nieto. ¿Pero qué tanto las comunidades tienen claridad de estas rutas de atención? Según el acuerdo 4690 de 2007 existene los equipos de acción inmediata, que se encargan de atender las situaciones de reclutamiento infantil que se presentan en cualquier parte del territorio nacional. Instituciones como:  Personero municipal  Secretario de gobierno  Defensor de familia, comisario de familia, Inspector de policía  Policía de infancia de adolescencia Son algunas de las instituciones encargadas de acompañar a las familias y a los niños, niñas y adolescentes las víctimas, en este proceso.

Hace 17 años a Nelly Del Socorro Santa María, se le llevaron sus dos hijos de 13 años. Hoy exige que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado. Y protección y garantías por parte del gobierno para quienes se encuentran en las zonas veredales, donde se encuentra uno de sus hijos que ya no es el niño de 13 años y que ella desea regrese a su casa para volver abrazarlo. ¿Qué significa ser niño, niña y adolescente en Colombia? ¿Cómo le garantiza este país a Nelly del Socorro para que los hijos que le quedaron no sean de nuevo reclutados? ¿Cómo le garantiza esta país a los niños, niñas y adolescentes un futuro posible lejos de los grupos armados” son alguna de las preguntas que hoy nos debemos hacer.

Claudia Lopera, hace memoria de Norberto Gutiérrez, líder comunitario del municipio de Tarazá, antioquia, asesinado el 2 de septiembre del 2018.