1. Instituciones del Estado repiten el patrón de impunidad

La desaparición forzada es un delito de resultados permanentes. Significa que mientras las personas no son encontradas ni se determina quién es el responsable, el Estado salvadoreño sigue teniendo la obligación de buscarlos.   Una resolución de la Sala de lo Constitucional del año 2016 estableció que se debía investigar la existencia de un aparato organizado de poder desde el Estado que actuó durante la guerra.  Es decir, que el Estado en su conjunto fue utilizado para afectar de manera grave los derechos humanos, opina David Ortiz del Comité Pro-Memoria Histórica. Sin embargo, las instituciones que deben ejercer justicia repiten el patrón de la impunidad, dice Ortiz. Se cuestiona ¿qué está haciendo la Fiscalía para investigar los casos de desaparecidos durante el conflicto armado? Según Ortiz, actualmente se prioriza el Régimen de Excepción. Desde su percepción esto indica que hay una impunidad histórica que se debe a que grupos de poder que han gobernado, y siguen gobernando, acceden a los órganos del gobierno para lucrarse, pero no para resolver los problemas de las víctimas de violaciones de derechos humanos.