2 - Desalojo

Proyectos habitacionales desplazan a familias de Nuevo Cusctlán Nuevo Cuscatlán es uno de los municipios que ha abierto las puertas a las empresas urbanizadoras. El presidente Nayib Bukele cuando era alcalde de ese municipio prometió una millonaria inversión para 10 años. En ese tiempo, Bukele aseguraba que las grandes inversiones en el municipio beneficiarían a las comunidades. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario, las comunidades ahora se ven obligadas a defender su territorio y sus viviendas, debido a los desalojos que han promovido las grandes empresas constructoras. En Nuevo Cuscatlan se construye el mega proyecto Kalamanda, con 100 manzanas de terreno que forma parte de la finca Santa Elena y la finca Suiza. El proyecto lo desarrolla Inversiones Briko de El Salvador. El proyecto consta de 3 fases, solo la primera tendrá 60 viviendas unifamiliares y 39 apartamentos. Inversiones Cayalá El Salvador S.A de C.V. es parte del megaproyecto Kalamanda. Se dedica a la compra, venta, arrendamiento, gravamen y explotación de bienes muebles e inmuebles. Según una nota del medio Malayerba, Inversiones Cayalá en el año 2014, compró la finca Santa Elena y la cooperativa Florencia. El representante legal es Julio Bracamonte Sibrian, una persona muy cercana al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y su esposa Michelle Sol, actual ministra de Vivienda. Desde entonces comenzaron los problemas con las comunidades que habitan las fincas de Nuevo Cuscatlán. En 2022 el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán realizó una inspección que podría dar lugar al desalojo de 18 familias que habitan en la finca Santa Elena. La inspección del juzgado surge por una demanda interpuesta por Inversiones Cayalá S.A de C.V., que reclama los terrenos para el proyecto urbanístico Kalamanda. Quienes viven en la finca aseguran que sus padres eran colonos y por ello, llevan más de 25 años viviendo en ese lugar. No tener alternativas para vivir, les preocupa.