Abogado Joel García sobre liberación de presos políticos en Venezuela

El abogado Joel García, especialista en Derecho Penal y defensor de Derechos Humanos, afirmó que el anuncio de liberación de presos políticos hecho por Jorge Rodríguez no se materializó como fue comunicado. Según su recuento, solo nueve personas han sido excarceladas hasta ahora, entre ellas cuatro ciudadanos españoles, Rocío San Miguel, un ciudadano italiano, un militar y el dirigente Enrique Márquez, mientras cientos de familias siguen esperando. García advirtió que la filtración anticipada de listas con nombres pudo haber abortado nuevas liberaciones, y llamó a la prudencia informativa para no generar falsas expectativas. Subrayó que este no es un momento para protagonismos, sino para acompañar a familias que llevan años en sufrimiento. Desde el punto de vista jurídico, explicó que el hecho de que el anuncio lo haya realizado el Poder Legislativo confirma que no existe separación de poderes en Venezuela y que se trata inequívocamente de presos políticos, cuya libertad depende del criterio del régimen y no de decisiones judiciales autónomas. El abogado precisó que las excarcelaciones no implican libertad plena: los detenidos quedan bajo medidas de coerción, como presentaciones periódicas o prohibición de salida del país, manteniendo los expedientes abiertos. Señaló que la única salida real sería una ley de amnistía general, que elimine el carácter punible de los hechos y evite futuras detenciones por las mismas causas. Sobre el contexto internacional, García observó que los hechos recientes —exportación de petróleo hacia Estados Unidos y liberaciones parciales— muestran que el régimen está cumpliendo pasos previamente anunciados por Washington, lo que da peso al esquema de tres fases explicado por el secretario de Estado Marco Rubio. Aunque se mostró cauteloso, dijo ver este inicio con moderado optimismo. En relación con el marco constitucional, señaló que la actual interinidad en el poder no se ajusta al artículo 233 de la Constitución, ya que no se convocaron elecciones en el plazo establecido. Admitió que enseñar Derecho en Venezuela es hoy complejo, porque existe una brecha profunda entre la norma y la práctica, por lo que utiliza el caso venezolano como ejemplo de mala praxis jurídica. Finalmente, denunció que a muchos defensores legales no se les permite acceso a sus representados y recordó que en Venezuela la prisión política castiga también a las familias, sometidas a angustia permanente, incomunicación y desgaste emocional extremo.