ACERCA DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VICTIMAS. CINCO MINUTOS CON EL TADECO

ACERCA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VICTIMAS Como la habíamos anunciado en capsulas anteriores, el día de ayer entró en vigor la reforma a la Ley General de Víctimas, luego de que el texto fue publicado el día martes 3 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Como ya lo habíamos adelantado, no es nada alentador el resultado de esta reforma pues se siguen centralizando en el Estado las principales decisiones en la materia, sin tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones de las víctimas. Por ejemplo, el Ejecutivo federal deberá realizar las enmiendas al reglamento de esta ley durante los próximos seis meses hábiles, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá emitir lineamientos en un plazo no mayor a 90 días, al margen de las organizaciones de familiares y sus acompañantes. Para nosotros este decreto es insuficiente frente a la profunda crisis humanitaria en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que existe en nuestro país y en particular en nuestro estado. Si bien es cierto que se reduce en parte la estructura y algunos procesos burocráticos para que las victimas puedan ejercer sus derechos, se amplia la proteccion a personas que pueda ser vulneradas y se ordena y aclara los procedimientos a seguir por las victimas del delito, entre otras cosas, esta no modifica la escencia del problema y sigue tratando las necesidades de las victimas como si fuera moneda de cambio, es decir solo cambiaron la envoltura y afinaron su estructura burocratica de control social y la discrecionalidad al tratamiento de los supuestos beneficiarios, pues le dan prioridad a los llamados apoyos y reparación de daños a la garantía de que las familias tengan verdad y justicia.. Lo que se reformó fue lo que tiene que ver con el rediseño de la estructura, distribucion de competencias y mecanismos de desigancion de la CEAV, pues se mantiene el acuerdo de que el Presidente sera quien designe a su titular sin que se tomaran en cuenta las opiniones de familiares y organizaciones de acompañantes que no estuvimos de acuerdo en éste procedimiento pues no garantiza en nada la autonomia de la CEAV y lo siguen manejando como un botín y no un instrumento de servicio a los derechos de las víctimas. Por su parte el Estado de manera maniquea establece que “por única ocasión, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto el titular del Poder Ejecutivo Federal, previa “consulta pública” a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años”, pretendiendo mostrar una concesión a los familiares, cuando en el fondo lo que pretende es enfrentarlos y desgastarlos aún más. Las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma. No sólo hubo una negativa expresa para incluir la definición de este fenómeno y su característica de forzado en el articulado aprobado, sino que persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal. La Ley no reconoce plenamente el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal, tampoco indica que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes independientes elaborados por personas expertas nacionales y extranjeras, así como materiales, instrumental y laboratorios de la sociedad civil y/o instituciones educativas. Limita este derecho a que las víctimas recurran a peritos independientes o internacionales sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado. Esta segunda reforma a la LGV sigue sin dirigirse a extinguir las causas de la violencia social que genera la victimización objeto de la Ley y considera al Estado ajeno a ello, lo cual mantiene un vacío y perfila una nueva estrategia artificial que quedara en la simulación y en la superficialidad y su nueva adecuación no augura resultados positivos para las víctimas pues no termina con los esquemas de impunidad, inmunidad e injusticia que prevalecen en el sistema de justicia nacional y en la demagogia ineficaz de las políticas públicas gubernamentales. Sigue sin privilegiar la búsqueda de verdad y de justicia y castigar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y más bien se enfoca en la reparación de daños como moneda de cambio. Esta ley se encuentra aún muy lejos de cumplir su papel, pues desde su decreto de creación en 2013, nació como una ley muerta y las instancias encargadas de hacerlas cumplir solo simulan y revictimizan a las víctimas de manera constante. Las víctimas y sus organizaciones acompañantes merecen más que esto y la crisis de derechos humanos que impera en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida. Por todo ello, reafirmamos que aún falta mucho por hacer y que esta es una lucha de largo plazo, además seguimos sosteniendo que no será desde arriba, desde los mandamases y verdugos, ni desde los organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos afines al estado que obtendremos verdad y justicia, sino que esta será posible con la organización desde abajo y a la izquierda, con un gobierno que mande obedeciendo, donde lo que desaparezca sea el capitalismo y no las personas.