Adeje detecta un aumento de las chabolas destinadas al alquiler vacacional o como segunda residencia

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) tiene casi 15 millones de euros de multas medioambientales sin cobrar y en riesgo de prescribir. El dato fue revelado por la Audiencia de Cuentas, generando un gran revuelo por la falta de efectividad de la administración pública. Del montante, hasta 6,6 millones de euros corresponden a sanciones anteriores al año 2018, mientras que más de 8 millones figuran entre 2019 y 2023. Esta situación llevó al organismo a poner en marcha un plan de choque. Sin embargo, la incapacidad persiste y ha obligado a la Consejería de Política Territorial a pedir ayuda a la Consejería de Hacienda. Será la Agencia Tributaria Canaria la que intente recaudar el dinero."Hemos llegado a un acuerdo", ha avanzado en la SER el consejero de Política Territorial reconociendo "fallos" en la gestión y carencias de personal. "Es un problema actual en toda la administración española y, en concreto, la canaria. Falta y falla personal", según Manuel Miranda. Sostiene que las sanciones que se imponen actualmente sí se están tramitando. Entre las infracciones que persigue la Agencia Canaria se encuentran los vertidos no autorizados, los residuos descontrolados en barrancos, actuaciones en dominio público marítimo-terrestre o ilegalidades urbanísticas. Chabolas para alquiler vacacional o como segunda residenciaEn las últimas horas, el municipio de Adeje ha alzado la voz para denunciar un aumento del chabolismo. El ayuntamiento ha detectado que buena parte de estas infraviviendas son segundas residencias y alquileres vacacionales. Algunas, incluso, se destinan a arrendamientos de mayor duración y con carácter irregular. Ya se ha celebrado una reunión de urgencia para intentar frenar esta realidad que deja, además, acumulación de residuos y basura que suponen un riesgo para la salud. Al respecto, es la ACPMN la que tramita procedimientos de restablecimiento y sancionadores de carácter individual sobre cada infracción urbanística. Miranda destaca el ánimo lucrativo que tienen algunas personas al levantar estas chabolas ilegales, pero va más allá. Atribuye a la crisis habitacional el aumento de los asentamientos ilegales en Canarias, especialmente en zonas turísticas, "tensionadas". La tendencia, explica, "es intentar buscarte el sitio más barato y rápido posible". Entre las situaciones con las que se encuentran los empleados públicos se encuentran reparcelaciones de suelo rústico o ventas irregulares del mismo para edificar infraviviendas y contenedores o plantar caravanas. "En los ayuntamientos está empezando ha generar problemas", admite. Y pide una "reflexión" porque no pueden atajar este fenómeno únicamente con la actuación de la Agencia Canaria.