Radio Club Tenerife

Pablo Gandía

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para la retirada del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife al incluirlo en el catálogo de símbolos contrarios a la Ley de Memoria Democrática. La resolución, adelantada este martes por la Cadena SER, ordena al Ayuntamiento retirar la escultura de la calle y custodiarla en dependencias públicas sin exhibirla. Ante esta decisión cabe presentar recurso en el plazo de un mes. Además, los seis meses dictados empezarán a contar una vez que se cierre el expediente abierto en Canarias para analizar si el vestigio debe ser declarado Bien de Interés Cultural. Este procedimiento ya cuenta con un posicionamiento desfavorable del Consejo de Patrimonio Cultural del Archipiélago. Según las fuentes consultadas por este medio, el trámite puede concluir en cuestión de 15 días. El Ayuntamiento estudia el coste y las repercusiones legalesEl consistorio ha reaccionado a la resolución del Ministerio de Memoria Democrática. A las pocas horas de conocer su contenido, el gabinete de prensa hizo público un comunicado anunciando que los servicios jurídicos y administrativos van a analizar las repercusiones legales de la decisión del Gobierno central, así como el coste de ejecución. En Hoy Por Hoy Canarias, el alcalde ha ido más allá y ha apostado por resignificar el monumento en lugar de retirarlo. "Es un tema en el que la ideología se impone al sentido común", ha asegurado cuestionando al ministro. Bermúdez ha defendido que la ley "habla de que es posible resignificar, mantener" si se demuestra que el símbolo incluye valores artísticos. "Hay contradicciones", ha proseguido, porque "hay expertos que dicen que no tiene ningún valor. La Real Academia de Bellas Artes de Santa Cruz dice que sí". Sin embargo, se acumulan los posicionamientos que rechazan que el monumento deba ser protegido. Al pronunciamiento del Consejo de Patrimonio se suma otro, igualmente desfavorable, de la comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. ¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática?El artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática es contundente: "Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada (,,,)" de los símbolos contrarios a la normativa. Solo en el caso de que "concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática". El alcalde insiste en la resignificación comparando el monumento a Franco con el campo de concentración de Auschwitz en el que "cada día se mataban 1.100 personas. Se puede visitar, se persigue que no olvidemos el genocidio y que no debe volver a ocurrir". Apuesta por extrapolar este modelo a la polémica escultura de Juan de Ávalos porque "un golpe de estado ilegítimo no debe volver a ocurrir". En cualquier caso, Bermúdez se resigna. Aunque cree que "estamos llevando al absurdo algunas cosas" (en referencia a la retirada de la Hélice del Crucero Canarias, considerada un vestigio franquista), ha asegurado que "haremos lo que marque la ley". 

Javi Pérez se despide del CD Tenerife con gratitud pese a su poca participación por culpa de las lesiones

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

Silvia Pérez

Silvia Pérez

Silvia Pérez

Óscar Herrera

Desde la compañía irlandesa muestran su apoyo a la cogestión de los aeropuertos de las islas: "El gobierno regional es el que mejor conoce las infraestructuras, servicios y necesidades de sus aeródromos"

Pablo Gandía

Pablo Gandía

Este martes, 30 de junio, finaliza el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Es el séptimo proceso de este tipo que se lleva a cabo en el país. Inicialmente, el ejecutivo calculó que unas 500.000 personas podrían beneficiarse, la mayoría de América Latina, aunque finalmente se ha superado el millón de solicitudes según los datos que han cruzado los ministerios implicados. En Canarias, la estimación es que entre 30.000 y 40.000 personas puedan acogerse al proceso. Para poder obtener la regularización es necesario haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 o haber solicitado protección internacional. Es necesario acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y "carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Los beneficiarios acceden a una autorización de residencia legal que tiene una vigencia inicial de un año y que permite trabajar únicamente en España, no en otro estado miembro de la Unión Europea. Tranquilidad y aportar al país: el deseo de muchos solicitantes"No vamos a tener nacionalidad, vamos a tener un NIE y un trabajo digno. Es lo que más anhelo", explica Óscar, un solicitante que vive en Gran Canaria desde hace ocho años con su mujer y tres de sus cuatro hijos. Nacido en Argentina, llegó a las islas para visitar a un cuñado y a su suegra, que les ayudaron a costear los billetes. "Venimos de un país con una seguridad muy complicada", relata. Aquí, tras pasear por Las Canteras una noche con los niños de la mano, "sin que pase nada, con la gente saludándote", llegó a la conclusión de que ya no quería irse. "Lo que tienen aquí es hermoso, seguridad, climatología, gente muy bonita...". Hasta el momento solo ha podido trabajar en la economía sumergida. Señala los miedos que han acompañado a su familia a lo largo de los años, desde salir a la calle y que la policía les requiera documentación hasta no poder alquilar un piso. Agradecido con el proceso de regularización, Óscar insiste en que su deseo de cumplir con las obligaciones fiscales que tiene cualquier otro residente para que "el ayuntamiento haga mejores calles, haga mejor recolección de basura, mantenga los parques...". Rechaza uno de los grandes estigmas que intenta lanzar sobre la inmigración la extrema derecha: "No le vamos a quitar nada a nadie. Queremos estar legales para cotizar". Séptima regularización extraordinariaFue en 2020 cuando se gestó el movimiento 'Regularización Ya', que presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 600.000 firmas y casi un millar de organizaciones sociales. La Cámara aprobó tomarla en consideración en 2024, pero desde entonces ha quedado atrapada en los trámites parlamentarios. Ya en abril de este año el ejecutivo hizo suya la iniciativa y aprobó el proceso de regularización extraordinaria. El primero en 20 años. Antes, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero llevaron a cabo procesos similares que ampararon a 1,2 millones de personas. 

Este martes, 30 de junio, finaliza el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Es el séptimo proceso de este tipo que se lleva a cabo en el país. Inicialmente, el ejecutivo calculó que unas 500.000 personas podrían beneficiarse, la mayoría de América Latina, aunque finalmente se ha superado el millón de solicitudes según los datos que han cruzado los ministerios implicados. En Canarias, la estimación es que entre 30.000 y 40.000 personas puedan acogerse al proceso. Para poder obtener la regularización es necesario haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 o haber solicitado protección internacional. Es necesario acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y "carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Los beneficiarios acceden a una autorización de residencia legal que tiene una vigencia inicial de un año y que permite trabajar únicamente en España, no en otro estado miembro de la Unión Europea. Tranquilidad y aportar al país: el deseo de muchos solicitantes"No vamos a tener nacionalidad, vamos a tener un NIE y un trabajo digno. Es lo que más anhelo", explica Óscar, un solicitante que vive en Gran Canaria desde hace ocho años con su mujer y tres de sus cuatro hijos. Nacido en Argentina, llegó a las islas para visitar a un cuñado y a su suegra, que les ayudaron a costear los billetes. "Venimos de un país con una seguridad muy complicada", relata. Aquí, tras pasear por Las Canteras una noche con los niños de la mano, "sin que pase nada, con la gente saludándote", llegó a la conclusión de que ya no quería irse. "Lo que tienen aquí es hermoso, seguridad, climatología, gente muy bonita...". Hasta el momento solo ha podido trabajar en la economía sumergida. Señala los miedos que han acompañado a su familia a lo largo de los años, desde salir a la calle y que la policía les requiera documentación hasta no poder alquilar un piso. Agradecido con el proceso de regularización, Óscar insiste en que su deseo de cumplir con las obligaciones fiscales que tiene cualquier otro residente para que "el ayuntamiento haga mejores calles, haga mejor recolección de basura, mantenga los parques...". Rechaza uno de los grandes estigmas que intenta lanzar sobre la inmigración la extrema derecha: "No le vamos a quitar nada a nadie. Queremos estar legales para cotizar". Séptima regularización extraordinariaFue en 2020 cuando se gestó el movimiento 'Regularización Ya', que presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 600.000 firmas y casi un millar de organizaciones sociales. La Cámara aprobó tomarla en consideración en 2024, pero desde entonces ha quedado atrapada en los trámites parlamentarios. Ya en abril de este año el ejecutivo hizo suya la iniciativa y aprobó el proceso de regularización extraordinaria. El primero en 20 años. Antes, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero llevaron a cabo procesos similares que ampararon a 1,2 millones de personas. Mónica vive actualmente en Fuerteventura. Llegó al Archipiélago hace 10 años junto a su hija de 15.Durante este tiempo ha sobrevivido limpiando casas, cuidando niños y como artesana en mercadillos. Es diseñadora industrial en su país y sueña con poder tener por fin un contrato legal. Para ella, el proceso de regularización ha sido "muy rápido". La convocatoria se abrió el 15 de abril. Un mes después, y mediante una asociación, ya tenía todos los documentos recopilados. A final de mayo obtuvo un número de la Seguridad Social. "Es una oportunidad extraordinaria para poder vivir bajo la legalidad, tener un trabajo digno y cobertura de salud", recalca. Aunque agradece que el sistema español "nunca me desamparó". Una oportunidad para el mundo empresarial, según UGTDesde UGT califican el proceso como "necesario" pero reconocen que es la consecuencia de que "la regularización ordinaria ha fallado". Su secretario general en las islas cree que será ventajoso tanto para los migrantes como para las empresas, que llevan tiempo denunciando que no logran cubrir todos los puestos disponibles en sectores como el primario o el de la construcción. "En su momento querían contratar en origen, ahora tienen una cantidad de gente a la que pueden contratar", asegura Manuel Navarro. Además, descarta que los regularizados vayan a tensionar aún más el sistema sanitario o los servicios sociales porque "vienen a cotizar y a contribuir (...) En este país las personas migrantes aportan muchísimo más de lo que consumen". 

Miguel Ángel Daswani

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

La Provincia reunió ayer una selecta representación del patio político local, para escuchar a Iván Redondo, ex asesor de Pedro Sánchez, presentar un libro en parte ensayo, en parte memorias. Los asesores políticos suelen vivir en la sombra. Su trabajo consiste en construir personajes públicos para consumo de los electores. Ahora Redondo invierte el mecanismo, y se esfuerza en construirse él ante el público, y vendernos su propio personaje.

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

El algoritmo marca la democracia del sector valorando  la creatividad y calidad del producto 

Pablo Gandía

Miguel Ángel Daswani

Miguel Ángel Daswani

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

Virginia Riezu estará junto con Pere Aznar y Arturo González-Campos el próximo dos de julio en Arona: "Los tinerfeños tenéis salidas para todo"

La búsqueda de supervivientes continúa contrarreloj en Venezuela, donde el número de fallecidos asciende a 1.450 por el doble terremoto que ha sacudido al país. Miles de rescatistas y ciudadanos trabajan entre los escombros, muchos de ellos llegados desde distintos países. Mientras, Canarias ha ofrecido un equipo de 19 especialistas en arquitectura, medicina forense o psicología. Néstor Padrón, jefe de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, dirigió el dispositivo canario desplegado en Valencia durante la DANA. En la SER ha analizado la situación de emergencia que vive el país caribeño.

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

Marta Prieto

Óscar Herrera

Andrea Expósito

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) tiene casi 15 millones de euros de multas medioambientales sin cobrar y en riesgo de prescribir. El dato fue revelado por la Audiencia de Cuentas, generando un gran revuelo por la falta de efectividad de la administración pública. Del montante, hasta 6,6 millones de euros corresponden a sanciones anteriores al año 2018, mientras que más de 8 millones figuran entre 2019 y 2023. Esta situación llevó al organismo a poner en marcha un plan de choque. Sin embargo, la incapacidad persiste y ha obligado a la Consejería de Política Territorial a pedir ayuda a la Consejería de Hacienda. Será la Agencia Tributaria Canaria la que intente recaudar el dinero."Hemos llegado a un acuerdo", ha avanzado en la SER el consejero de Política Territorial reconociendo "fallos" en la gestión y carencias de personal. "Es un problema actual en toda la administración española y, en concreto, la canaria. Falta y falla personal", según Manuel Miranda. Sostiene que las sanciones que se imponen actualmente sí se están tramitando. Entre las infracciones que persigue la Agencia Canaria se encuentran los vertidos no autorizados, los residuos descontrolados en barrancos, actuaciones en dominio público marítimo-terrestre o ilegalidades urbanísticas. Chabolas para alquiler vacacional o como segunda residenciaEn las últimas horas, el municipio de Adeje ha alzado la voz para denunciar un aumento del chabolismo. El ayuntamiento ha detectado que buena parte de estas infraviviendas son segundas residencias y alquileres vacacionales. Algunas, incluso, se destinan a arrendamientos de mayor duración y con carácter irregular. Ya se ha celebrado una reunión de urgencia para intentar frenar esta realidad que deja, además, acumulación de residuos y basura que suponen un riesgo para la salud. Al respecto, es la ACPMN la que tramita procedimientos de restablecimiento y sancionadores de carácter individual sobre cada infracción urbanística. Miranda destaca el ánimo lucrativo que tienen algunas personas al levantar estas chabolas ilegales, pero va más allá. Atribuye a la crisis habitacional el aumento de los asentamientos ilegales en Canarias, especialmente en zonas turísticas, "tensionadas". La tendencia, explica, "es intentar buscarte el sitio más barato y rápido posible". Entre las situaciones con las que se encuentran los empleados públicos se encuentran reparcelaciones de suelo rústico o ventas irregulares del mismo para edificar infraviviendas y contenedores o plantar caravanas. "En los ayuntamientos está empezando ha generar problemas", admite. Y pide una "reflexión" porque no pueden atajar este fenómeno únicamente con la actuación de la Agencia Canaria.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) tiene casi 15 millones de euros de multas medioambientales sin cobrar y en riesgo de prescribir. El dato fue revelado por la Audiencia de Cuentas, generando un gran revuelo por la falta de efectividad de la administración pública. Del montante, hasta 6,6 millones de euros corresponden a sanciones anteriores al año 2018, mientras que más de 8 millones figuran entre 2019 y 2023. Esta situación llevó al organismo a poner en marcha un plan de choque. Sin embargo, la incapacidad persiste y ha obligado a la Consejería de Política Territorial a pedir ayuda a la Consejería de Hacienda. Será la Agencia Tributaria Canaria la que intente recaudar el dinero."Hemos llegado a un acuerdo", ha avanzado en la SER el consejero de Política Territorial reconociendo "fallos" en la gestión y carencias de personal. "Es un problema actual en toda la administración española y, en concreto, la canaria. Falta y falla personal", según Manuel Miranda. Sostiene que las sanciones que se imponen actualmente sí se están tramitando. Entre las infracciones que persigue la Agencia Canaria se encuentran los vertidos no autorizados, los residuos descontrolados en barrancos, actuaciones en dominio público marítimo-terrestre o ilegalidades urbanísticas. Chabolas para alquiler vacacional o como segunda residenciaEn las últimas horas, el municipio de Adeje ha alzado la voz para denunciar un aumento del chabolismo. El ayuntamiento ha detectado que buena parte de estas infraviviendas son segundas residencias y alquileres vacacionales. Algunas, incluso, se destinan a arrendamientos de mayor duración y con carácter irregular. Ya se ha celebrado una reunión de urgencia para intentar frenar esta realidad que deja, además, acumulación de residuos y basura que suponen un riesgo para la salud. Al respecto, es la ACPMN la que tramita procedimientos de restablecimiento y sancionadores de carácter individual sobre cada infracción urbanística. Miranda destaca el ánimo lucrativo que tienen algunas personas al levantar estas chabolas ilegales, pero va más allá. Atribuye a la crisis habitacional el aumento de los asentamientos ilegales en Canarias, especialmente en zonas turísticas, "tensionadas". La tendencia, explica, "es intentar buscarte el sitio más barato y rápido posible". Entre las situaciones con las que se encuentran los empleados públicos se encuentran reparcelaciones de suelo rústico o ventas irregulares del mismo para edificar infraviviendas y contenedores o plantar caravanas. "En los ayuntamientos está empezando ha generar problemas", admite. Y pide una "reflexión" porque no pueden atajar este fenómeno únicamente con la actuación de la Agencia Canaria.

Puchi Mendez

Miguel Ángel Daswani

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

Silvia Pérez

Silvia Pérez

El ciudadano corriente espera que quien se proclama inocente pelee por demostrarlo. Espera explicaciones, argumentos, documentos o aclaraciones. Y lo que ha encontrado hasta ahora -mientras nos pide un acto de fe en la reencarnación de Bambi- es una sucesión de silencios, recursos procesales y rechazo a responder por parte de los presuntos implicados.

Silvia Pérez

Puchi Mendez

Pablo Gandía

Miguel Ángel Daswani

La Actualidad, el debate y el análisis político, económico y social del archipiélago para toda Canarias en Radio Club Tenerife con Miguel Ángel Daswani.

Las sociedades mediterráneas -España entre ellas- siempre han mirado con desconfianza al delator. Desde Viriato hasta la mafia siciliana, existe una tradición cultural según la cual, traicionar a los tuyos resulta despreciable, aunque los tuyos sean una panda de golfos delincuentes. Los anglosajones, en cambio, han sido más pragmáticos: si el soplón permite desmontar la organización, se le premia. No porque sea virtuoso, sino porque es útil. La cuestión es si una democracia puede permitirse el lujo de ser moralmente exquisita cuando combate organizaciones corruptas.

Silvia Pérez

Silvia Pérez

Silvia Pérez

Puchi Mendez

Pablo Gandía