Ana Centeno, coordinadora de asuntos legales Promedehum

Las protestas a lo largo y ancho del país se hicieron sentir en el año 2017. Frente a ello, la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano aunada a la intervención extraoficial de grupos irregulares, fue tan exacerbada que ocasionó la muerte de cientos de jóvenes mientras que algunos sufrieron heridas graves que aún dejan secuelas mortales. Tal es el caso de Anyelo Rafael Quintero Rivas de 28 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza la noche del 28 de junio de 2017 en medio de las manifestaciones que se suscitaron en la calle San Isidro del sector El Trapichito de la ciudad de Ejido, Municipio Campo Elías del Estado Mérida. En el momento del suceso, Anyelo Quintero fue atendido por el grupo de voluntarios de Primeros Auxilios de la Universidad de Los Andes (PAULA) y desde esa fatídica noche estuvo recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), donde recibió la atención médica que lo mantuvo con vida hasta la madrugada de hoy 13 de febrero de 2018 cuando falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas. Y es que Anyelo, como tantos otros jóvenes venezolanos, salió a las calles merideñas a protestar por la difícil situación que atraviesa el país, pero a su vez fue una víctima más de la misma ya que la escasez de alimentos y medicamentos contribuyó en gran medida a su fallecimiento 8 meses después de haber resultado gravemente herido. Es de hacer notar que durante el tiempo en el que estuvo hospitalizado recibió la colaboración de diversas personas y organizaciones sin fines de lucro que de manera solidaria entregaron algunas medicinas e insumos necesarios para atender su complicado estado de salud. Hoy, la muerte de Anyelo lo lleva a engrosar la lista de los cientos de jóvenes que perdieron sus vidas desde febrero de 2017 por la actuación de agentes del Estado venezolano, a quien en reiteradas ocasiones se han realizados llamados contundentes desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evite el uso de armas de fuego en los dispositivos destinados al control de protestas sociales, de modo tal que adopte modelos de seguridad ciudadana y orden público a partir de la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales sin discriminación alguna. Es por ello que a 1 año de los hechos suscitados en Venezuela en medio de las protestas ciudadanas, pedimos al Estado venezolano la investigación oportuna, veraz y transparente tanto de los sucesos acaecidos como de la actuación de las fuerzas de seguridad, para determinar su responsabilidad y debida sanción, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trata de eventos que a todas luces pueden ser calificados de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Asimismo, exigimos el cese de la represión y de la acción de cuerpos armados irregulares, en aras de que situaciones con similares características no se repitan en el futuro. Coordinación de Asuntos Legales/ Promedehum