Carlos Mazón se persona en la causa de la DANA: Un movimiento estratégico que pone en jaque a la instructora

Pulso judicial en Valencia: Mazón reclama su derecho de defensa en la causa de la DANA El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha movido ficha en el tablero judicial. A través de un escrito presentado por su representación legal, el actual diputado del PP ha solicitado formalmente su personación en la instrucción que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. 1. De testigo a parte activa La decisión de Mazón llega después de que la magistrada lo citara a declarar en calidad de testigo. Sin embargo, el exdirigente valenciano —representado por Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante— busca una posición diferente en el proceso: Acceso al sumario: Si se admite su personación, Mazón tendría acceso directo a toda la documentación y actuaciones del procedimiento, permitiéndole conocer al detalle el rumbo de la investigación. Estrategia de defensa: El movimiento se interpreta como una medida de cautela para evitar cualquier tipo de indefensión ante posibles derivaciones de la causa. 2. El dilema de la magistrada La solicitud sitúa a la jueza Ruiz Tobarra en una posición jurídica extremadamente compleja: El factor TSJCV: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya marcó un criterio previo sobre la investigación. Si la jueza acepta ahora la personación de Mazón, estaría reconociendo implícitamente que la investigación ha seguido avanzando sobre su figura a pesar de aquel pronunciamiento. Riesgo de nulidad: Por el contrario, si la magistrada rechaza la solicitud de Mazón, podría estar vulnerando el derecho constitucional de defensa del diputado, lo que abriría la puerta a futuras impugnaciones o incluso a la nulidad de parte del proceso. 3. Las claves del procedimiento La causa trata de depurar responsabilidades sobre la gestión de la catástrofe de la DANA. Con este paso, Mazón deja de ser un espectador pasivo de la instrucción para convertirse en un actor con capacidad de intervención legal, marcando un punto de inflexión en el calendario judicial valenciano.