Caso Blue Apple entre expectativas y un nuevo trato procesal - Entrevista a Giovanni Olmos

Panamá, 21 de agosto de 2023El juicio por el caso Blue Apple, investigación que inició el 30 de octubre de 2017 por una presunta red creada por varios ciudadanos con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” supuestamente obtenido de coimas y sobornos que recibieron en su momento, iniciará este martes 22 de agosto con  muchas expectativas, dada la reciente juramentación de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).De acuerdo con el abogado penalista, Giovanni Olmos, la jueza Segunda Liquidadora de Causa Penales, Baloisa Marquínez ya tiene que tener notificación de la ruptura que se debe decretar con estos diputados suplentes que tienen un tratamiento procesal diferente a los demás y se debe pasar la remisión inmediata al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se le de trámite de los hermanos Martinelli, mientras que los demás señalados siguen su proceso normal.¿Cómo se prueba una coima?La corrupción y la coima son pruebas muy difíciles de acopiar. Según Giovanni Olmos, esto se podría probar con seguimiento, vigilancia, intervenciones telefónicas como lo autoriza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto a un seguimiento que hace el fiscal."No es algo que cualquier persona puede percatarse ya que son pruebas difíciles de obtener y tiene que ser un trabajo de inteligencia policial y de la Fiscalía para lograr comprobar el delito de corrupción", explicó Olmos.No obstante, en el expediente de corrupción se puede dar la prueba trasladada, es decir, que la Fiscalía Anticorrupción solicite pruebas a la Fiscalía que llevó a cabo el expediente de corrupción y lo remite al caso de blanqueo de capital.Acuerdos de colaboraciónEn los acuerdos de colaboración, las personas colaboran con el Ministerio Público, según la información que ellos manejan para que los exima de culpa y de la responsabilidad penal. Aunque también puede darse un acuerdo de pena con el fiscal para que baje los años de prisión."El señalamiento a un tercero tiene que basarse sobre las pruebas que están en el expediente y al fiscal le tocará evaluar si ese señalamiento tiene asidero probatorio o no", indicó el abogado penalista.