¿CONTROL CONSTITUCIONAL O MAYOR CONFUSIÓN?
from PUNTO DE REFERENCIA
La Corte Constitucional es el más alto tribunal de la República; se supone independiente de todo otro poder e interés; compuesto por magistrados insobornables, cuyo compromiso y juramento representan -o tendrían que representar- la mejor garantía del imperio de los valores y principios constitucionales, de la vigencia efectiva de los derechos y de la intangibilidad de la soberanía popular proclamada por el artículo 3 de la Carta Política. Sus fallos obligan a las autoridades y a los particulares. Pero, para que sus sentencias sean acatadas y cumplidas -como debe ser- tienen que existir, ser conocidas oficialmente; entendidos los considerandos y claramente expuestas en la parte resolutiva las decisiones y órdenes de las que se trata, para que sus destinatarios puedan proceder de conformidad. La Corte Constitucional tenía que resolver sobre la primera de varias demandas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, pero aquélla se refería solamente a los artículos 1 y 2, que consagraron el llamado “Fast track” (procedimiento legislativo abreviado) y las facultades super extraordinarias conferidas al Presidente de la República. Según el comunicado, fueron declarados exequibles los artículos impugnados, pero la Corte, mediante lo que se conoce como “obiter dicta”, entró a pronunciarse sobre el sentido de la norma no demandada, cuya exequibilidad no se ha definido.
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