¿Corrupción mata pandemia? | Paulina Recalde, Isabel Ramos y Caroline Ávila

Los últimos reportes sobre la evolución del COVID en Ecuador muestran que no hay nada que celebrar. El paso al semáforo amarillo habría incluso acelerado los ritmos de contagio. En Quito o Cuenca es evidente que los hospitales están sobrepasados. Como a lo largo de la pandemia, el gobierno ha dado muestras de anteponer sus prioridades de ajuste estructural y las presiones de sus socios empresariales por encima de la salud de los y las ecuatorianas.  Al leer la prensa hegemónica o ver la TV dominante es evidente cómo las noticias y reportajes sobre el virus han sido relegados a una segunda o tercera plana mientras ganan estelaridad los escándalos de corrupción. Con una precisión milimétrica el inicio del des-confinamiento coincidió con la visibilización político-mediática de los múltiples casos de corrupción en hospitales públicos y en compra de insumos médicos a nivel nacional, provincial y local. Dichos casos, sin embargo, habían sido ya enunciados por actores políticos y por cierto periodismo desde hace al menos un año atrás (TUIT). En ese momento gobierno, contraloría y fiscalía miraron al cielo.  Su memoria y su interés por dichos casos ganaron inusitada atención entre la votación de la Ley Humanitaria (caso Mendoza) y el semáforo amarillo en buena parte del país. ¿Qué indica semejante coincidencia? ¿Se trata, acaso, de una simple coincidencia? ¿O estamos, más bien ante un replanteo estratégico de la comunicación gubernamental y del bloque de poder en procura de que la sociedad deje de interrogarse por la crisis sanitaria, por la crisis económica y por la debacle de la gestión pública? Todo parece indicar, en efecto, que la comunicación oficial ha encontrado en su tema favorito, la corrupción, el guión con el que tratar de recomponer su imagen, gestionar la triple crisis en curso (sanitaria, económica, política) y abrir nuevas líneas de debate público. El frame anti-corrupción es, después de todo, el único lenguaje que el gobierno ha logrado balbucear con cierta claridad. Recupera, entonces, las primeras palabras que pronunció al llegar a la vida política. Todo un signo de su gestión: en lugar de hablar de testeo, de políticas de salud pública, de cercos epidemiológicos, de protección social a los más vulnerables, Romo y sus capullos vuelven al viejo tango de la lucha anti-corrupción. Suponen las élites políticas que con ese giro, la sociedad hablará más de Bucaram, Morales, Mendoza y los pepudos que de sus sufrimientos cotidianos. Corrupción mata pandemia piensan… En todo caso, la apuesta es arriesgada. La ciudadanía no ha dejado de interrogar el nexo entre los casos de corrupción y el modo en que el gobierno construyó sus acuerdos políticos y la gobernabilidad del ajuste. ¿Quién repartió los hospitales? Es una cuestión que se escucha todo el tiempo. El binomio ROMO-SALAZAR parecen creer que mientras las cárceles alberguen a más sospechosos de corrupción finalmente dejaremos de lado la pregunta por cómo el pactismo y el reparto del estado abrieron la puerta a inescrupulosos actores políticos. Además, haciendo el compás, Wated ya abrió la puerta a las privatizaciones en el IESS como parte de la respuesta estatal a la corrupción. Así, como a lo largo de la pandemia, otra vez la crisis es usada para acelerar el programa neoliberal. Si es así, el frame anti-corrupción no es solo un modo de aplacar el debate sobre el COVID, de construir posibles candidaturas políticas sino de confirmar la sagacidad de la élites para avanzar en su proyecto de devastación de lo público. ¿Se puede leer de este modo el frame oficial que acompaña el desconfinamiento?