Criminalización de la protesta

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, vacía de contenido el derecho de reunión y manifestación, con múltiples requisitos y prohibiciones que hacen impracticable este derecho so pena de multas de hasta 600.000 euros. Lo primero que hay que tener claro es que esta no es una ley aislada, sino que forma parte de una estrategia de este Gobierno, que ha hecho una ley adaptada a cada tipo de movilización que ha surgido en estos años de crisis. Así prohíbe situaciones que pueden identificarse con un escrache, una ocupación de una entidad bancaria o una convocatoria como rodea el Congreso. En definitiva, criminaliza los movimientos sociales, llevándose al ámbito administrativo las sanciones penales, sorteando así los tribunales de justicia. Lo que busca es disuadir a la gente a que salga a manifestarse y agravar la reincidencia –pues habrá hasta un listado de reincidentes-. Esta Ley cuestiona la democracia misma y el Estado de Derecho. Pero además de “injusta” la Ley es una “chapuza”, porque está llena de incertezas, vaguedades e imprecisiones. Una conferencia de David Bondía