Dando Caña | Las familias de los expresidentes Sánchez y Zapatero, IMPUTADAS | 19/06/2026

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso significativo en la causa contra Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha abierto una pieza separada para investigar los contratos públicos adjudicados a empresas del entorno del empresario Juan Carlos Barrabés. El origen inmediato: la Fiscalía Europea, que investigaba esos mismos contratos, ha dejado sin efecto su avocación sobre ese bloque de hechos y ha remitido la documentación, atestado de la UCO incluido, directamente a Peinado. No es un asunto menor. Los contratos en cuestión son dos expedientes de Red.es adjudicados en el verano de 2021 a una UTE. El primero, por más de 7,7 millones de euros. El segundo, por cerca de 4,4 millones. En la tramitación de ambos figuraron cartas de apoyo firmadas por la propia Begoña Gómez. Ese detalle fue el primer núcleo del caso; ahora regresa al juzgado por la puerta de atrás. Lo que hace Peinado con esta pieza separada es recuperar margen de maniobra sobre un bloque que, durante meses, quedó paralizado por la competencia de la Fiscalía Europea. Ahora pide al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la tipicidad de los hechos: en lenguaje llano, que diga si lo que se describe puede encajar o no en algún delito. Dos delitos, en concreto, apuntan las acusaciones en el horizonte: prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. La causa queda así dividida en dos velocidades. Mientras tanto, los sanitarios terminan hoy su huelga contra el estatuto marco y Europa sigue con su claro objetivo de ir contra los coches. Hablamos, además, con Carlos Pollán, vicepresidente de Castilla y León para analizar el rumbo de la legislatura, y con Unai Cano, periodista de La Gaceta, sobre el informe sobre agresiones sexuales a menores británicas. En la mesa de análisis: Álvaro Ballarín, Ignacio de Hoces, Josep Maria Francàs, Enrique Calvet.