El Gobierno argentino busca negociar con las provincias por el gasto público

Representantes del gabinete presidencial se reunieron con los mandatarios provinciales luego de que Javier Milei ordenara un ajuste adicional en el gasto público. En otro orden, se pospone una investigación contra Gustavo Petro por su campaña electoral.El 16 de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se juntaron con los mandatarios provinciales para acercar posiciones luego del pedido de más ajuste del presidente hacia ellos, durante su presentación del presupuesto 2025 en el Congreso.Importantes gobernadores habían rechazado este pedido."Santa Fe ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit; es Nación la que le debe a la Provincia", sostuvo Maximiliano Pullaro, mandatario santafesino."El principio político del anuncio del presidente sobre el presupuesto es el de proponer un equilibrio superávit financiero, donde [primero] tiene que haber plata para pagar la deuda pública y después se asignarán las partidas presupuestarias", dijo en Cara o Ceca el politólogo Gustavo Marangoni."Lo novedoso fue que haya estado Milei presentando el presupuesto. Eso sería como el envase. Ahora, en el packaging, que sería el contenido de su discurso, no hay nada nuevo. En la Argentina, el tema de gastar menos y administrar mejor el país, responde a las lógicas de las necesidades de la coyuntura y a la concepción ideológica", remarcó.Para Marangoni es difícil que las provincias colaboren con el déficit, ya que "los fondos discrecionales y de obra pública que gira la Nación ya se redujeron en un 80%. Si a eso le sumas lo que dijo el presidente en su discurso, donde las provincias tienen que bajar [en conjunto] 60.000 millones de dólares de gastos, tendrían que reducir dos tercios del total del presupuesto".El Consejo Nacional Electoral pospone la investigación contra Gustavo Petro por su campaña electoralLa magistrada del CNE Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, pidió la rotación del expediente que investiga a Gustavo Petro por una posible violación de los topes económicos en las elecciones que lo llevaron a la victoria en 2022. La discusión se pasó para el 30 de septiembre.Hace unos días, el presidente de Colombia había denunciado en redes sociales que el Consejo Nacional Electoral le sacó los fueros constitucionales y que eso significaba querer "iniciar un golpe de Estado". Además, había señalado que el organismo no tiene competencia constitucional para investigarlo."En Colombia hay un límite de gastos que pueden hacer los candidatos presidenciales en sus campañas. Esto es para evitar que haya una intromisión de los poderes económicos en el juego democrático y regular posibles corrupciones. La campaña de Petro superó el tope de gastos en unos 4.000 millones de pesos colombianos [948.000 dólares]. Si bien la proporción no es tan grande, trae consecuencias para el partido presidencial", comentó el periodista colombiano Diego Aretz."Si el CNE falla contra Petro, va a traer sanciones muy negativas al partido oficialista, pero no hará que el presidente termine antes su mandato", destacó.