El saqueo público continúa

Editorial UCA 06/10/2023 La legalización del traspaso de bienes públicos a manos privadas no es nuevo en el país. Ha sido una artimaña clásica de la clase política, realizada casi siempre sin que la gente se dé cuenta o sin que provoque mayor indignación. En una nueva reedición de esa costumbre, el miércoles 4 de octubre, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) transfiera equipos, maquinarias e inmuebles a una sociedad anónima. La cesión de bienes asciende a más de 14 millones de dólares a favor de Constructora El Salvador, una empresa creada el 26 de abril de este año; la identidad de sus accionistas y directivos es un misterio. Esta acción del oficialismo es muy similar a otras de los Gobiernos de Arena. Primero, se presenta el asunto como algo bueno para el país en la medida que, dicen, mejorará la eficiencia de una instancia pública. Segundo, se utiliza una empresa ya constituida o se crea una nuevapara transferir bienes y dinero público. Tercero, los accionistas o dueños de la empresa son prestanombres o gente muy cercana al poder político. Al final, el proyecto no resulta ser lo prometido y el dinero público se evapora. Con la cesión de bienes a la empresa privada se busca evitar la fiscalización de los recursos y disponer de ellos a conveniencia, con lo cual la vía para el aprovechamiento queda despejada. Durante la administración de Antonio Saca, la CEL pasó a funcionar claramente como una especie de caja chica de uso discrecional del Gobierno. Con ese dinero se creó la empresa Inversiones Energéticas (INE), de la cual la CEL era la accionista mayoritaria. De la INE nació la Geo, que, según estimaciones, generaba ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares anuales. De ahí surgió el escándalo por el contrato con la empresa italiana ENEL para que explotara energía geotérmica en Ahuachapán y Usulután. En 2014, durante el juicio por las irregularidades del contrato con esa empresa, la experticia financiera de la Fiscalía General de la República estimó que el acuerdo provocó pérdidas a la CEL por 1,824 millones de dólares. En tiempos del FMLN se creó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), que comenzó a funcionar en 2015. La infraestructura requerida para el Sistema se construyó gracias a un préstamo del Estado por 45 millones de dólares. La administración del proyecto se le otorgó a un grupo de empresarios, que creó el Sistema Integrado Prepago (Sipago). Todo ello sin realizar licitación ni pasar por la Asamblea Legislativa. El conflicto con los empresarios que no fueron incluidos en el paquete derivó en tres demandas ante la Sala de lo Constitucional, que en 2019 declaró inconstitucional el uso privativo de la vía que utilizaba el Sitramss, con lo que el proyecto quedó en punto muerto, perdiéndose así millones de dólares de la hacienda pública. Nada ha cambiado con la administración de Bukele. En 2020, el Gobierno utilizó la empresa Perforadora de Santa Bárbara, propiedad de La Geo, subsidiaria de la CEL, para crear Diario El Salvador. Mientras el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmaba que ese diario no recibiría fondos públicos porque era una empresa, Bukele sostenía que el nuevo periódico sería una empresa propiedad del Estado, cuyas ganancias se utilizarían en obras de beneficio social. Lo cierto es que Diario El Salvador es una marca inscrita por la sociedad anónima El Diario Nacional. La empresa escapa al control de la Corte de Cuentas y su representante legal, al momento de su fundación, trabajaba en el Gobierno y era hombre de confianza de la familia Bukele. El Gobierno de Bukele también transfirió fondos públicos a una empresa privada en el caso de la Chivo Wallet. La billetera electrónica pertenece a una empresa creada hace más de dos décadas por la CEL. El 24 de agosto de 2021, dicha empresa pasó a llamarse Chivo S.A. de C.V. y recibió una inversión inicial de 60 millones de dólares provenientes de Bandesal, destinados exclusivamente a la compra de bitcoin. De nuevo, como en el caso de la INE, del Sitramss y de Diario el Salvador, la empresa de la Chivo Wallet no está obligada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública ni puede ser auditada por la Corte de Cuentas. Esta empresa tiene un administrador único con capacidad legal para disponer de los recursos sin ninguna restricción. Estamos, pues, ante un modo evidentemente corrupto de administrar el dinero público. En la confluencia de Ejecutivo, CEL y empresa privada, el gran perdedor ha sido siempre el pueblo salvadoreño. Así fue y sigue siendo. Lo hicieron Arena y el FMLN; lo hace hoy Nuevas Ideas. El saqueo público continúa.