Editoriales y Opiniones

El descontrol del oficialismo en estos días es llamativo. Un ministro aseguró que un periodista ofreció asilo en México a un líder de las pandillas a cambio de información sobre las negociaciones con el Gobierno (semejante protección es competencia de los Estados, no de los particulares). En contra de la evidencia disponible, uno de sus voceros más destacados negó rotundamente que hubiera habido tal negociación. Otro agregó que entrevistar pandilleros es delito. Un tercero anunció la captura de un sacerdote pandillero de la diócesis de Sonsonate y adujo como prueba un torso tatuado revestido con ornamentos sacerdotales (una creación típica de la inteligencia artificial). El presidente de la legislatura rechazó indignado los señalamientos de que su hijo había cometido homicidio culposo. Otros colegas se sumaron a la protesta y reclamaron respeto y compostura. La cuestionable actuación de la Policía, que inexplicablemente no procesó el hecho tal como ordena el procedimiento establecido, no despejó la incertidumbre sobre la identidad del homicida. La exhibición del presunto responsable no es convincente. Tiene trazas de ser un montaje. El torpe manejo del homicidio, en lugar de aclarar lo sucedido realmente en el accidente de tráfico, da pie para sospechar de la culpabilidad del hijo del funcionario. Reclamar por acusarlo sin pruebas es comprensible, pero es también agraviar a los miles de ciudadanos con familiares detenidos en las cárceles del régimen de excepción sin evidencia en su contra y sin poder reclamar justicia. La iracunda reacción de un padre que ve cómo acusan públicamente a su hijo sin razón está justificada. La experiencia es humillante. Pero también lo es para todos aquellos con parientes encarcelados sin pruebas. El presidente de la legislatura y sus colegas debieran tomar nota. Los miles de ciudadanos con familiares detenidos sin justificación experimentan la misma impotencia y humillación. Pero con una diferencia importante: los funcionarios tienen voz para protestar y autoridades gubernamentales que los amparan, mientras que los demás se consumen en la exasperación y el abandono. Dado que acusar sin pruebas se ha vuelto una práctica común y aceptada, no es extraño lo ocurrido al hijo del presidente de la legislatura. Paradójicamente, este puede presionar para suspender el régimen de excepción y así abrir la posibilidad de hacer justicia a todos los encarcelados sin pruebas. El régimen desconoce la presunción de inocencia de los acusados y además los ha despojado de su derecho a defenderse con la imposición de juicios masivos que imposibilitan individualizar la culpabilidad y la responsabilidad penal. No satisfecho, ordenó a los fiscales y jueces no comprobar los hechos, sino condenar sin más a los acusados. Todo ello en secreto. La humillación personal y familiar experimentada por este funcionario es también una oportunidad para recapacitar en la contradicción de querer para otros lo que no quiere para él y los suyos. Al parecer, algo no va bien en las interioridades del oficialismo. Tal vez comienza a realizar que sus relatos ya no inciden como antes. Tal vez lo inquietan los primeros indicios de la reversión de la tendencia al alza de su popularidad. No es para menos cuando funcionarias como su embajadora en Washington asegura que la mayoría de la diáspora desea regresar a “el nuevo El Salvador”. Si así fuera, por qué no lo ha hecho. Evitaría vivir con miedo a ser capturada y deportada en el momento menos pensado. La diáspora solo viene de visita y solo la documentada. Casa Presidencial debiera encomendar a alguien de su entera confianza, con liderazgo y, sobre todo, con cabeza, imponer cordura en sus filas para detener la deriva de desvarío actual. Además de impedir que sus representantes y voceros digan lo primero que se les ocurra, convendría sofrenar sus arrebatos, ambiciones y arbitrariedades. El oficialismo, en particular, la cúpula, actúa como si fuera imbatible y, por tanto, habilitada para el libertinaje. Hasta ahora, ha contado con la complicidad institucional; en particular, de controladores, fiscales y policías. El único obstáculo que ha encontrado es el periodismo independiente y unas cuantas voces críticas, que se hacen sentir en las redes digitales. Sin embargo, ocultar la corrupción en nombre de la seguridad nacional o la privacidad de los implicados, y desacreditar o callar a los críticos son cada vez menos eficaces. Al traspasar los límites de lo permisible e intentar evadir la responsabilidad, el oficialismo desbarra. Al intentar limpiar su imagen, más la enloda. El más perjudicado es el mismo régimen, que se desacredita a ojos vistas. La crisis demanda un cambio de rumbo radical. En la medida en que el desenfreno campee a sus anchas, el disimulo y el encubrimiento serán cuesta arriba y el descrédito avanzará. Si se actúa apegado a la ley y la ética, y conforme a los compromisos adquiridos con el pueblo, no hay razón para esconder las acciones. Si el hacer gubernamental es tan maravilloso como proclama, por qué lo oculta. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Las dos caras de Nayib Bukele” ha herido susceptibilidades. El oficialismo, encabezado por el mismo Bukele, lo descalificó como un refrito. Pero si el contenido ya era conocido, por qué se enojaron tanto. La desproporcionada reacción dio publicidad gratuita a un documental que pudo haber sido uno más del montón. Si bien los hechos son conocidos, al reunirlos en un documental para exponer la doblez de Bukele, la cadena de televisión estadounidense en español abrió una nueva perspectiva. Otra novedad, también irritante, son las imágenes desconocidas del acto de graduación de bachiller de un desgarbado Bukele, acompañadas de la información sobre la etiqueta al pie de su fotografía en el anuario. Sus compañeros colocaron “El payaso de la clase”, pero Bukele la reemplazó por “El terrorista de la clase” para no pasar vergüenza en el seno familiar. En sentido estricto, no es, pues, un refrito. Ciertamente, la mayoría de los hechos son conocidos, pero estos están estructurados de tal manera que muestran un Bukele de doble cara, una construcción que se le atragantó al oficialismo. A pesar de ello, nadie ha refutado los hechos. Sus voceros restan relevancia al documental por considerarlo un fracaso o producto de la frustración de unos autores que no consiguen reducir la popularidad presidencial. Otro argumento defensivo es el financiamiento, proveniente del crimen organizado o de medios afines a este, olvidando que Univisión milita en el bando contrario. La credibilidad presidencial está por los suelos para que una empresa como esa la ponga en evidencia. Los círculos presidenciales aparentan estar convencidos de que la gente vive tan feliz que no presta atención al documental. Entonces, no tienen por qué preocuparse. Ya se ganaron su mente y su corazón. Por eso tampoco miran las frecuentes cadenas nacionales, ¿o estas sí? El contrargumento de más peso es que los periodistas no entrevistaron a las víctimas de las pandillas y, en consecuencia, al atacar a Bukele, las defenderían. Es la primera vez que el oficialismo explota crudamente las pérdidas, los sufrimientos y las discapacidades de las víctimas de los pandilleros. No porque sienta compasión hacia ellas, sino porque se sirve de ellas para atacar a quienes se atrevieron a enlodar la imagen de Bukele. Descontrolado, el oficialismo olvida que las pandillas no son el tema, sino la doblez de este. El señalamiento es tan embarazoso que hasta el mismo Bukele se sintió obligado a intervenir. Respondió a Univisión con otra producción videográfica que presenta algunas fases de su trayectoria, desde su juventud, incluido su bachillerato, hasta la presidencia. Se muestra a sí mismo inaugurando infraestructuras, presidiendo actos oficiales y compartiendo con su familia. El mensaje es visual, sin texto, ambientado con música gloriosa. El oficialismo tomó nota y transformó una juventud gris en una sucesión de éxitos. Su inteligencia y su esfuerzo, sin mayor formación académica, lo llevaron a la presidencia para salvar al país. Los creadores de estos contenidos omiten que esa trayectoria está determinada también por alianzas inconfesables, negocios sucios y trasiego de dinero ilícito. La confrontación entre los dos Bukele, el ejemplar y el impresentable, puso en crisis un liderazgo cuidadosamente construido. El documental enfoca realidades que se ha empeñado en ocultar y negar. La reacción de la opinión pública interna no preocupa tanto como la externa. El documental profundiza el descrédito de un liderazgo inicialmente interesante y exitoso. Por eso, el refrito resulta muy indigesto. Voces aisladas del oficialismo aceptan los señalamientos del documental, al mismo tiempo que reafirman su lealtad a Bukele. Puede que tenga dos caras, pero ningún presidente se ha preocupado tanto por la seguridad como él. La popularidad más consciente se consuela diciendo que el mal es necesario para alcanzar el bien, un principio inmoral impropio de creyentes fervorosos. El documental sacó de su zona de confort al oficialismo al dejar de lado las pandillas y enfocar la forma de actuar de Bukele. Un presidente que, por un lado, persigue pandilleros con saña, pero, por otro, negocia con ellos y pone en libertad a sus líderes. Un presidente que se dice enemigo de la corrupción, que incluso amenaza con la cárcel a sus colaboradores más cercanos, pero, por otro lado, les tolera toda clase enjuagues. El enfoque resultó perturbador. El oficialismo no se atreve a abundar en él. Alterado, desvaría cada vez más en un intento desesperado por desacreditar el documental. Dejando de lado consideraciones personales, tanto la pieza periodística como las reacciones que desató muestran la falta de consistencia del modelo de Bukele. Un modelo que no es creíble, que descansa en la contradicción y, en ese sentido, en la irracionalidad. En el exterior, el descrédito se refuerza y la imagen se malogra. En un régimen de la imagen, de la apariencia y del disimulo, es denigrante verse desnudado en público. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La larga defensa que la cuenta en X de la presidencia hace de la dictadura es intrigante. Divaga extensamente para sostener que el régimen autoritario del modelo de Bukele es superior a todas las demás formas de gobierno democrático. Es curioso que, a estas alturas, cuando la reelección indefinida está consumada, el mandatario se dedique a destacar su carácter democrático. ¿Acaso se siente inseguro? ¿O tal vez reacción tardíamente a la reprobación de la comunidad internacional? La opinión pública nacional lo acepta sin más. No así en el exterior, donde el hecho, en el mejor de los casos, no es bien visto. La cuenta en X sostiene que la reelección indefinida de un presidente como el salvadoreño es democráticamente superior a la del jefe de Estado o la del primer ministro del régimen parlamentario, porque el pueblo lo elige directamente. En el otro caso, en cambio, elige un congreso o parlamento que, en un segundo momento, elige al ejecutivo. Esta forma de razonar, aparentemente impecable, se basa en una confusión. En efecto, se confunde el régimen presidencialista, el caso salvadoreño, donde el presidente concentra el poder del Estado, con el parlamentario, donde el ejecutivo es controlado por el congreso o el parlamento. Por tanto, este lo cuestiona directa, crítica y duramente. Si le pierde la confianza, lo censura y lo depone. Algo totalmente inaceptable para un presidente como Bukele. El segundo argumento dado es totalmente falso. Ninguna “supermayoría” reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida. Una Sala de lo Constitucional, conformada por representantes de Casa Presidencial, reinterpretó los artículos que prohibían la reelección. Estos fueron introducidos en 1886 para evitar que los presidentes ambiciosos se perpetuaran en el poder. Más todavía, sus autores, conscientes de las intenciones aviesas de los políticos, agregaron un artículo que impedía modificar la prohibición de la reelección. Así fueron entendidas y aplicadas estas disposiciones hasta la llegada de Bukele. Faltando a la verdad, la cuenta en X presenta como normal un acto insólito. La realización de elecciones tampoco legitima la violación de la prohibición constitucional, como se aduce a partir de un concepto heterodoxo de democracia. Según ella, el sufragio es un ejercicio de democracia pura. En consecuencia, la reelección de Bukele por una mayoría aplastante sería indiscutiblemente democrático. De nuevo, se confunde unas elecciones libres y limpias con la observancia de la Constitución. La legitimidad del gobernante no depende solo del voto popular, sino también del apego a la institucionalidad establecida. En cualquier caso, los gobernantes autocráticos no prescinden de las elecciones porque les permiten presumir de gobernar con el consentimiento popular, lo cual les confiere una falsa legitimidad nacional e internacional. Aceptando que “la democracia en su sentido esencial”, como dice la cuenta en X, es “el poder del pueblo”, si el pueblo, en un determinado momento, le pidiera a Bukele redistribuir la riqueza nacional concentrada en una minoría millonaria para establecer un Estado de bienestar que garantice la salud y la educación públicas, pensiones que garanticen el mínimo vital y subsidios para los desempleados y los discapacitados, ¿se concedería? Si el pueblo lo demandara, ¿prescindiría del régimen de excepción? ¿O renunciaría a reelegirse? La respuesta a peticiones como estas es un rotundo no. Entonces, no habría democracia y este pueblo no “elige su propio camino”. Pilato concedió al pueblo la cabeza de Jesús a cambio de liberar a un bandido, un pandillero de hoy. Algo importante falla en el razonamiento de la cuenta presidencial en X. Intuyendo quizás el callejón sin salida donde se ha metido, al final, la argumentación se remite a los resultados para determinar qué sistema político es superior. Un criterio que había descartado al comienzo de sus disquisiciones por considerarlo parte de “otro debate”. Así, pues, los resultados “determinarán si los salvadoreños elegimos un buen camino y, sobre todo, si elegimos uno mejor que el que llevábamos”. Pero, de nuevo, se llega a un punto muerto. Ningún dictador acepta que gobierne mal. Invariablemente, todos proclaman ser la solución que el país necesita, hasta que caen o los derrocan. Los resultados serían de primerísima importancia si el modelo de Bukele se atreviera a impulsar un Estado de bienestar. Las cavilaciones de la cuenta presidencial en X no hacen una defensa jurídica informada, sólida y consistente de la reelección. La tarea que se impuso es imposible. Y de alguna manera lo sabe. Pese a ello, por alguna razón no explicitada se empeña en justificarla. Al defender un hecho consumado que nadie le ha pedido explicar o legitimar, reconoce expresamente su ilegitimidad. Mejor hubiera sido guardar silencio y conformarse con el galimatías constitucional del vicepresidente. Ciertamente, los países modifican sus constituciones. Pero, en el caso de El Salvador, la Constitución prohíbe expresa, clara y terminante la reelección del presidente. Ninguna “fiesta cívica en las urnas” autoriza levantar dicha prohibición. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las pandillas y su régimen de terror no son aún un capítulo cerrado. Los pandilleros fueron expulsados del espacio público, pero, a pesar de ser aborrecidos, están muy presentes en la realidad social del país. Aun encerrados e incomunicados, ejercen una influencia social y política que nunca imaginaron. Las pandillas son la razón de ser del modelo de Bukele. Así lo expresan sus defensores. Si los Bukele llegaran a salir de Casa Presidencial, los pandilleros regresarían a las calles y, con ellos, la inseguridad y la violencia. La lógica oficialista concluye que su permanencia es la mejor garantía para preservar la seguridad de la población. El mensaje ha calado en la opinión pública. La utilización de las pandillas forma parte de la práctica política. En la misma línea que sus predecesores, las pandillas han estado presentes en la vida pública de Bukele desde el comienzo. Primero lo ayudaron a ganar las elecciones de dos alcaldías y le facilitaron su gobernabilidad. Luego lo ayudaron a llegar a la presidencia del poder ejecutivo y redujeron los homicidios para presentarlo como un buen gobernante. Negociaron votos y homicidios, pero no desapariciones. Inesperadamente, el entendimiento se rompió y Bukele arrasó con ellas. Pero no las desapareció. Las pandillas siguen presentes en la vida nacional. Aun encerradas e incomunicadas, influyen de forma determinante en la política oficial. El modelo de Bukele depende de ellas. El régimen de excepción, cuya razón formal son las pandillas, es su columna vertebral. Si estas fueran un caso cerrado, el régimen sería innecesario. Pero, entonces, el modelo se tambalearía. Si el espacio público está libre de pandilleros, el régimen de excepción ya no tendría razón de ser. Sucede, sin embargo, que sobre la marcha dicho régimen legitimó al modelo de Bukele. Entonces, dejó de ser excepcional y pasó a formar parte de la vida nacional. Es así como, desde la cárcel de máxima seguridad, las pandillas determinan el curso de la política. Desde ella legitiman la supresión de la independencia de los poderes del Estado. El cultivo sistemático del miedo por parte de Casa Presidencial mantiene viva su memoria y su actualidad. La aceptación social del modelo de Bukele hace cuesta arriba la consolidación de una oposición política con posibilidades reales en las urnas. El mismo argumento es utilizado para descartar como un despropósito descomunal los repetidos llamados de la comunidad internacional a respetar los derechos humanos. La intercesión por algunos de sus más connotados defensores, encarcelados arbitrariamente, incomunicados, sin defensa y sin justicia, caen en oídos sordos. El oficialismo reacciona indignado que los autores de estos llamados pretenden la libertad de los pandilleros. Todos los detenidos son pandilleros por decisión soberana del régimen de excepción. Todos han sido condenados a cadena perpetua por la misma autoridad. Las órdenes de libertad de los jueces con libertad de criterio son papel mojado. Incluso los enfermos terminales están condenados a morir en soledad y abandono. El régimen no distingue entre culpa e inocencia, ni entre grados de culpabilidad. A todos los trata con la misma brutalidad. Unos por homicidas, extorsionados y violadores. Otros por colaboradores o por haber sido asociados por razones diversas y poco claras. La tranquilidad ciudadana solo es posible si el Estado se reserva la discrecionalidad para encerrar a quien quiera. Muy a pesar del oficialismo, esta manera de entender el derecho y de administrar justicia es cuestionada cada vez más. Los juicios masivos sin defensa real, cuyas acusaciones se basan en afirmaciones no verificadas de un testigo anónimo, y la prisión y la incomunicación perpetua son bien recibidas dentro, por miedo al regreso de los pandilleros. Pero, fuera del país, causan repulsión. Quizás sin ser plenamente consciente, al menos al comienzo, el oficialismo vinculó su destino a las pandillas de tal manera que ahora no puede romper con ellas sin abandonar el modelo de Bukele. Por un lado, ellas son la razón de ser de su indiscutible popularidad. Por otro, no tiene nada más popular que ofrecer que el miedo a las pandillas. La perversión política las hizo imprescindibles. La opinión pública acepta de buen grado el régimen de excepción, aun cuando reconoce el encarcelamiento de miles de inocentes. El oficialismo también lo acepta, pero le resta importancia y los descarta como daños colaterales. Un supuesto bien mayor, una sociedad sin pandilleros, justificaría el sacrificio de varios miles de inocentes. Dicho de otra manera, se acepta la injusticia y lo que conlleva de violencia y crueldad. Este razonamiento puede tranquilizar a conciencias inquietas. Pero es una inmoralidad mayúscula. En ningún caso el fin justifica los medios. Irónicamente, quienes hacen o aplauden el mal para alcanzar un bien supuestamente mayor suelen confesarse también creyentes fervorosos hasta el punto de declarar que Dios guía sus pasos. Ciertamente, no el Dios de Jesús. A Él se llega solo por la misericordia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El oficialismo está satisfecho con “el gran cambio” que lleva a cabo. Las muestras más palpables son el centro de la capital y de algunas cabeceras departamentales, las infraestructuras de gran tamaño, las luminarias led y, sobre todo, la aprobación de una población que no pide cuentas después de siete años de gestión. La descontenta es la oposición, que insiste en la transparencia y la democracia. Las encuestas del Iudop le dan la razón al oficialismo, por ahora. La cuestión es por cuánto tiempo. Planteado de otra manera, qué posibilidades tiene ese “gran cambio” que han dado en llamar “el nuevo El Salvador” para enfatizar las novedades que hacen del país algo único. La pregunta no es ociosa. Existen señales ominosas que debieran inquietar al oficialismo. Pero este prefiere ignorarlas. Se expresa con una seguridad asombrosa sobre sus logros. La certeza de su éxito expresa la confianza, ingenua o ciega, en su líder. Esa seguridad es también inconciencia. Las consecuencias negativas que su proyecto pueda tener para el país y sus habitantes no les quitan el sueño, lo cual es comprensible, hasta cierto punto. No pocos ya han resuelto su vida a costa de la tributación de los ingresos más bajos y de la deuda. Es la misma insensatez de las cúpulas de Arena y del FMLN. Las primeras señales de que “el gran cambio” no es como el oficialismo lo imagina ya están ahí. El relato convence dentro, pero no fuera, donde es cuestionado. La violación sistemática de los derechos humanos hasta el extremo de constituir posibles crímenes de lesa humanidad ya forma parte de la agenda internacional. De puertas afuera, el oficialismo descarta despreciativamente los cuestionamientos. De puertas adentro, lo sacan de quicio. No hace mucho, el mismo vicepresidente amenazó con demandar a la prensa que lo cuestionó. En el interior, el modelo de Bukele todavía es viable gracias a la combinación de propaganda, diversión y terrorismo. Fuera, en concreto, en el sistema de la ONU y en los sectores abiertos del Congreso estadounidense y de Europa, pierde legitimidad y prestigio a ojos vista. Los gobernantes latinoamericanos que anhelaban imitarlo han ido comprendiendo que el modelo no es replicable, porque sus circunstancias son muy diferentes. Otra señal de peligro es el persistente alejamiento de la inversión extranjera directa del país, a pesar de su “gran cambio”. Este hace titulares en el extranjero gracias al turismo, la infraestructura y la seguridad física, pero los grandes inversionistas lo rehúyen y no invierten. La inversión extranjera tiende a disminuir desde hace ya algunos años por la inseguridad jurídica (en cualquier momento, sus empresas, sus inmuebles y sus cuentas pueden ser confiscadas) y por la imprevisibilidad del ordenamiento administrativo, que intempestivamente impone nuevas cargas operativas y prestaciones laborales como el adelanto del aguinaldo y la quincena veinticinco, lo cual reduce la rentabilidad de las inversiones a largo plazo. Otra advertencia de peligro es, curiosamente, el relato de éxito del modelo mismo. Si Trump lo compra, tiene una excusa para no renovar el TPS a los salvadoreños residentes en Estados Unidos y forzarlos a retornar al “nuevo El Salvador” de Bukele. Un regreso masivo desequilibrará “el gran cambio”, cuyo equilibro es ya de por sí inestable. Los retornados pondrán más presión en un país con una elevada tasa de desempleo, bajos salarios y servicios sociales exhaustos. La presión social puede alcanzar niveles peligrosos y amenazar la viabilidad del “gran cambio”. Otra consecuencia de un retorno masivo de la diáspora es la reducción drástica del monto de las remesas, justamente cuando muestran una tendencia ascendente. La disminución de este subsidio directo al consumo de bienes mayoritariamente importados reducirá el nivel de vida de miles de familias y el volumen de la actividad comercial, así como también pondrá en peligro la circulación del dólar como moneda nacional. El hecho de que Washington no se haya pronunciado sobre la renovación del TPS indica que el riesgo es real. Si la diáspora es forzada a volver, ¿qué harán los que han hecho del “gran cambio” la consigna de su reelección? No tienen ningún plan de contingencia. Tal vez ni siquiera tienen conciencia del peligro. Gobiernan el país día a día, como si fuera una tienda de barrio. Como desprecian la contingencia y la prevención, abandonarán a los retornados como a los que ya están, contraerán más deuda para sostener la liquidez y reforzarán el miedo al cambio para contener a los descontentos, que serán más. El contraste entre residir en Estados Unidos y en “el nuevo El Salvador” será brutal. El futuro del “gran cambio”. es reservado. No es claro cómo se concretará “el maravilloso proyecto de transformación del país” con el que sueña el oficialismo. Las construcciones fantasiosas son muy arriesgadas, sus consecuencias suelen ser catastróficas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La respuesta pronta y generosa de El Salvador a Venezuela es encomiable. Los rescatistas han sido un ejemplo de entrega y sacrificio. Las muchas toneladas de medicamentos, de alimentos y de equipos varios enviados son inapreciables en una catástrofe de gran envergadura como la que asuela a Venezuela. De esa manera, El Salvador sumó sus esfuerzos a los de otros países latinoamericanos y europeos. Lamentablemente, la pequeñez humana, siempre presente, enturbió la generosidad de los 300 integrantes del contingente salvadoreño y el altruismo de la ayuda humanitaria. La solidaridad no ha sido desinteresada. Dejando de lado las motivaciones del círculo venezolano que rodea a la familia gobernante, la intervención salvadoreña no ha podido evitar el espectáculo, grotesco, dadas las circunstancias. Casa Presidencial instrumentalizó la catástrofe para exaltar de manera poco elegante el nacionalismo, es decir, a Bukele. Utilizar la desgracia para engrandecer una figura política es repugnante. El primer miembro del contingente que descendió del avión bajó arrebujado en la bandera nacional. A una de las personas rescatadas con vida de entre los escombros también la envolvieron en la bandera, aun antes de prestarle los primeros auxilios. Los miembros del contingente la exhiben ostentosamente. El énfasis no recae en el pueblo salvadoreño, sino en Bukele, proyectado como el héroe de la misión. Durante días, su cuenta en X ha dado seguimiento a las labores de los rescatistas en segunda persona del plural. Así, habla de nosotros, escuchamos, seguimos, entregamos… como si el mismo Bukele dirigiera in situ las actividades del contingente. La cámara omnipresente le dio acceso a las operaciones de rescate, desde el primer contacto con la persona atrapada hasta su liberación. Incluso celebró el hallazgo de una mascota. Todo ello sin olvidar invocar el nombre de Dios a cada paso. Es imposible evitar comparar el interés de la cuenta presidencial en X en el desarrollo de las labores de rescate y de asistencia humanitaria, incluida la psicológica y la atención a los menores, con su total desinterés en la suerte de los damnificados salvadoreños por las recientes lluvias y en la de los desventurados, que se cuentan por decenas de miles. Es incomprensible enviar a los venezolanos alimentos, agua potable, personal sanitario, psicólogos, programas para la primera infancia, incluso veterinarios “para animales afectados”, cuando centenares de comunidades salvadoreñas carecen de ello. Sobreviven en la escasez y la desdicha, necesitadas de todo, de cuidados médicos y psicológicos. Sus hijos menores, víctimas de la desnutrición, el maltrato y el abandono también demandan cuidados especiales, actividades recreativas, espacios seguros y educación. Todo ello “sin pensar en el tiempo, sin pensar en condiciones”. La generosidad con Venezuela es agravio comparativo para las multitudes salvadoreñas desesperadas. Sus angustias y sufrimientos dejan indiferentes a la cuenta en X de Bukele. Casa Presidencial no comparte con los venezolanos desde la pobreza nacional, sino desde una liberalidad que niega a los salvadoreños. La razón de esta doblez es la propaganda. Los indigentes nacionales no son material publicitario. Más bien estorban a un régimen que cuya carta de presentación es la creación de país maravilloso. Los damnificados venezolanos, en cambio, ofrecen una oportunidad única para exhibir la generosidad y la compasión de Bukele. La Venezuela terremoteada es una ventana abierta al mundo desde la cual se proyecta un mandatario humano, magnánimo y sensible. Si en Venezuela “cada vida salvada representa una enorme esperanza”, aquí los descartados no son novedad. Siempre han estado ahí como elemento constitutivo de la realidad nacional. Su presencia molesta y perturbadora es inevitable. Por eso, “el nuevo El Salvador” los oculta detrás de megaestructuras luminosas. “El nuevo El Salvador” no es para todos. La asistencia generosamente prestada a Venezuela no es reprochable, al contrario, debe ser apreciada y agradecida, pero en su justa medida. Es innoble manipular la tragedia para servir intereses egoístas. Es injusto dar a otros lo que se niega a los propios para proyectar una imagen compasiva en un medio que se resiste a aceptar el modelo de Bukele. La tragedia invita a la solidaridad, a compartir desde la propia pobreza y de manera desinteresada. El pueblo salvadoreño ha dado muestras de ello en incontables calamidades. La sabiduría popular atesora una máxima para calificar intervenciones como la del modelo de Bukele. La reprueba por juzgarla candil de la calle y oscuridad de su casa. La coherencia pide ser luz dentro y fuera. Y mucho hay que iluminar en las interioridades de un régimen que se desenvuelve en las tinieblas. El evangelio del reinado de Dios enseña a quienes lo invocan que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha (Mt 6,3). Las buenas obras deben ser realizadas con discreción y humildad, evitando buscar el reconocimiento y la aprobación públicas. El bien debe hacerse de manera desinteresada, sin buscar elogios o recompensas. El Dios de Jesús reprueba la mezquindad y el exhibicionismo.

Las esperanzas y temores de los salvadoreños fueron dos de los aspectos explorados en la más reciente encuesta del Iudop, en la cual la población evaluó el séptimo año de gobierno de Nayib Bukele y el segundo año de la gestión legislativa y municipal. Según el sondeo, 76 de cada 100 ciudadanos sienten esperanza al pensar en el futuro del país, mientras que 19 de cada 100 temen el porvenir. Dentro del grupo que expresa esperanza, una de las razones para sentir esa emoción gira en torno al tema de la seguridad: un tercio de estas personas tienen la expectativa de que se mantenga la situación de seguridad, esperan tener paz y tranquilidad, y vivir en un país sin pandillas, sin violencia ni delincuencia. Otro tercio indicó que su esperanza estaba puesta en aspectos como que haya mejoras en la economía, más empleo y oportunidades, progresos en los temas de vivienda, salud y educación, o que la población más vulnerable reciba ayudas. El resto del grupo hizo alusión a otros puntos: sus expectativas incluyeron poder sentirse libres, que haya continuidad en el trabajo del Gobierno, ver que el país se desarrolle y progrese, y que siga cambiando. En contraste, entre la población que siente temor al pensar en el futuro, una tercera parte dijo que lo que teme es que la economía siga mal y se llegue a una crisis, que haya más desempleo y pobreza, y que continúen aumentando los precios de los alimentos, servicios, medicinas y de la vivienda. Aproximadamente una cuarta parte de este grupo dijo que su temor era que el país regresara a los niveles previos de inseguridad, que volvieran las pandillas o que un cambio de Gobierno hiciera que el país retornara a una situación anterior. Y otra cuarta parte teme que el país se convierta en una dictadura, que haya más autoritarismo y concentración de poder, que se pierda la democracia, o que sigan las violaciones a derechos por parte del Estado. Algo que resulta llamativo en estos resultados es que una parte importante de las personas que sienten esperanza o temor lo asocian más con evitar un retroceso. Sin duda, esto refleja la profunda huella que la violencia y el asedio de los grupos criminales han dejado en la subjetividad de muchos ciudadanos. Además, sugiere que para un sector de la población la continuidad de la seguridad no está garantizada. Incluso hay dentro de este grupo quienes señalan que la tranquilidad que ahora se experimenta es algo que podría cambiar con la llegada de nuevos gobernantes. Comprender estas percepciones de la población es de especial importancia de cara a los comicios de 2027. Ello porque, en línea con lo que señala el especialista en comunicación política Sebastián Valenzuela, los mensajes de las campañas electorales suelen apelar a emociones negativas de los ciudadanos —como miedo, enojo, angustia y frustración— o por el contrario intentan evocar emociones positivas —como esperanza, gratitud, seguridad y orgullo—. La campaña de los meses venideros se desarrollará en un contexto marcado por emociones de signo contrario, esperanza y temor, que confluyen en torno a la seguridad, tema que además se identifica como el logro más destacable de la actual gestión. Los resultados de la encuesta del Iudop sobre los anhelos y temores de la ciudadanía aportan claves para el análisis de los mensajes de la próxima campaña preelectoral; en especial para analizar eventuales narrativas que asocien la preservación de la seguridad con la continuidad del régimen en el poder.

“¿Por qué habla tanto de los gobiernos anteriores?”, preguntaron a Bukele en cierta ocasión. La respuesta es lógica: “Es la única forma de comparar y saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos”. Hasta aquí hace sentido. Más allá, las comparaciones con el pasado son arbitrarias. Indiscutiblemente, en algunos aspectos, el modelo de Bukele lo aventaja. Pero el relato oficialista predica que el presente es superior en todo al pasado para lo cual deja de lado los datos, las estadísticas oficiales e incluso los registros audiovisuales. Muy a su pesar, un examen minucioso encuentra más similitudes que diferencias. Los diputados actuales, igual que los del pasado, se saltan la legislación electoral impunemente. Desde hace días piden el voto abiertamente. En realidad, no lo piden para ellos, sino para Bukele, a quien deben el escaño y la candidatura para reelegirse. Quizás por eso este los deja hacer, a pesar de haber prometido imponer el orden. Hay vicios tan arraigados que es casi imposible erradicarlos. El poder tiende al descarrío, sobre todo cuando está en juego la continuidad. Al igual que sus antecesores, los diputados de hoy se dejan ver en “los territorios” donde falta casi todo. Llegan cargados de pequeños regalos, incluso con calendarios, a pesar de estar ya en la mitad del año. Lo importante no es el paso de los días y los meses, sino la enorme fotografía de Bukele que los preside. Algunos incluso participan en actividades comunitarias. Practican el asistencialismo electoral para congraciarse con el electorado y, de paso, suavizar la miseria, en lugar de introducir reformas estructurales para hacerla retroceder. Sus predecesores repartieron tamales y guaro. Después agregaron gorras, camisetas y dinero. También negociaron votos con las pandillas. Este es un vicio de todos los partidos políticos, más de los oficiales. La coyuntura apremia, dada la posibilidad de perder terreno legislativo. La corrupción es otro vicio bien arraigado, que prospera a la sombra del poder. El oficialismo desmanteló la estructura creada para investigar la corrupción cuando ya había identificado doce casos ocurridos durante la pandemia. Hipócritamente, se rasgó las vestiduras de la honestidad por la administración discrecional de la partida secreta de Casa Presidencial. Pero no tardó en echar un tupido velo sobre su gestión. Más espeso que el de dicho fondo. Hace más de un año, el mismo Bukele reunió a sus colaboradores más cercanos en Casa Presidencial para advertirles severamente que no toleraría la corrupción. La amenaza se diluyó en el tiempo. Hasta ahora, no ha habido ningún avance destacado. A pesar del aviso presidencial, el oficialismo actúa como si la corrupción no existiera. Solo persigue a los corruptos caídos en desgracia, lo cual es más venganza que compromiso con una administración pública sana. Al igual que antes, la justicia del régimen de excepción se ensaña con delincuentes de poca monta mientras comulga con ruedas de molino. La corrupción es tan perniciosa como el poder absoluto. De hecho, los dos vicios van de la mano. El oficialismo necesita controlar la legislatura para impedir cuestionamientos sobre el enriquecimiento ilícito. El interés en un resultado electoral aplastante no es el bien común, sino preservar la posibilidad de desvalijar al Estado sin interferencias. Bukele podría comenzar a instaurar la ley y el orden metiendo en cintura a los suyos. Recursos para combatir la corrupción hay de sobra. El compromiso con la transparencia y la honestidad incluye a quienes se valen del poder para enriquecerse. El imperio de la ley y el orden trata a todos por igual y suele comenzar ahí donde la arbitrariedad es mayor. La experiencia aconseja escepticismo. El disimulo, el encubrimiento y la mentira descarada no perturban al oficialismo. Las estadísticas y la información están al servicio del engrandecimiento de la figura presidencial. De la misma manera que los diputados están convencidos de que legislar es gobernar, los voceros del modelo están persuadidos de que sus relatos adquieren realidad al verbalizarlos. Esta autosuficiencia llevó a la ministra de Educación a pretender ingresar en territorio hondureño luciendo su uniforme de fatiga militar, al margen de la diplomacia y la cortesía. La prepotencia fácilmente hace el ridículo. La administración negligente del Estado socava la institucionalidad y, en esa medida, impide la construcción de lo que han dado en llamar “el nuevo El Salvador”. Los enemigos más perniciosos del proyecto son los responsables de su ejecución, no los defensores de los derechos humanos y del medioambiente, ni los organismos internacionales, ni los fondos externos destinados a fortalecer la actividad de las organizaciones civiles. El enemigo más dañino bulle en las entrañas del modelo de Bukele. Si el único criterio es declarar que los de antes eran peores, el futuro inmediato augura más de lo mismo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Atribuir la crisis medioambiental al subdesarrollo como hace la cuenta en X de Bukele es un error de juicio que solo la empeora. El desarrollo sin más no ofrece ninguna solución. Sin embargo, el mandatario apuesta por esa vía para obtener los miles de millones de dólares que dice necesitar para limpiar los ríos, los lagos y las fuentes de agua, y para garantizar que permanezcan “limpios y brillantes”. Es una típica reacción a las críticas y a las protestas populares por la deforestación de El Espino. Aunque en su simpleza el planteamiento resulta atractivo, no resuelve nada. La crisis medioambiental no es causada solo por el subdesarrollo, ni el desarrollo la soluciona, sino la profundiza. El neoliberalismo es un depredador salvaje. Desde siempre, el capitalismo asumió que los recursos naturales son ilimitados y, por tanto, susceptibles de ser explotados sin contemplaciones. El liberalismo del siglo XIX estaba convencido de que el progreso, una vez empezado, sería incontenible. Reformó el ordenamiento institucional del Estado republicano, pero el progreso no llegó. Eso sí, colocó las bases para la progresiva destrucción del medioambiente. El subdesarrollo es la otra cara de la consolidación de la oligarquía agroexportadora. El desarrollo capitalista genera riqueza abundante, pero no proporciona forzosamente “los recursos necesarios para restaurar y proteger el medioambiente”, tal como asegura la presidencia. No lo hizo antes ni lo hará ahora. Mucho menos si le conceden toda clase de libertades, aun a costa de acrecentar los riesgos existentes en las zonas vulnerables. El desarrollo, entendido como industrialización y diversificación productiva, no superó la marginalidad y el atraso. A mediados del siglo pasado, los países latinoamericanos soñaron con imitar a los países asiáticos. El modelo no era replicable. Hoy, Bukele, pese a advertir que “la clave para salvar el medio ambiente no es mirar atrás”, parece resuelto a recuperar el modelo desarrollista fracasado para imitar a China, Japón y Singapur. Pero El Salvador no dispone del potencial material y humano para imitarlos. Los datos hablan por sí mismos. No solo es el país centroamericano con menor crecimiento económico, sino que la posibilidad de crecer está limitada históricamente por factores estructurales. Asimismo, es el país de la región con menor inversión extranjera directa, la cual más bien tiende a disminuir. A pesar de la propaganda, El Salvador no es atractivo. Además, su economía depende de la estadounidense, dado el peso enorme de las remesas. Ahora bien, el medioambiente y el desarrollo no son excluyentes. Este es necesario, pero debe estar ajustado a las posibilidades reales de un país con más de la tercera parte de su territorio extremadamente vulnerable a los deslizamientos de tierra y las inundaciones. La aproximación a un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo requiere controlar las fuerzas indómitas del capitalismo neoliberal, que prioriza la explotación sobre la sostenibilidad. No obstante, la presidencia piensa el desarrollo en los términos del siglo XIX. Su idea es impulsar un desarrollo tan intenso, es decir, explotador, que arroje los miles de millones de dólares necesarios para invertir en la conservación del medioambiente. Pero para cuando llegue ese momento, habrá poco que restaurar y proteger. Sin embargo, no todo está perdido. Un plan de nación orientado a superar los factores estructurales que entorpecen el crecimiento y una voluntad política visionaria y fuerte, resistente a las protestas y los chantajes del capital, puede controlar sus ambiciones y dirigir un desarrollo sostenible encauzado a reducir la pobreza y la desigualdad, y a elevar el nivel de vida de las mayorías. Por ahora, no hay señales de un cambio de este calibre. La concurrencia tardía de altos funcionarios gubernamentales, incluido el ejército, a un complejo de apartamentos de lujo, cuyas fundaciones quedaron al aire libre por mala construcción, es una muestra de lo que no debe hacerse: remediar el desastre en vez de prevenirlo y ocuparse solícitamente de un edificio donde residen algunos diputados mientras que los habitantes de territorios vulnerables, también castigados por lluvias torrenciales, son abandonados a su suerte. La prevención debiera ser una actividad permanente y universal. Asimismo, es urgente intervenir lúcida y drásticamente dados los efectos cada vez más destructivos del cambio climático. El fenómeno de El Niño que ya hace sentir sus embates es una nueva advertencia. Atribuir los males del país a una sola causa es un paso en falso que solo agrava una crisis ya de por sí aguda. La solución tampoco es simple. Bukele crea la impresión de que la respuesta está al alcance, cuando, en realidad, su aproximación pospone de manera indefinida comenzar a poner manos a la obra. Crea la impresión de que el cambio está en camino para no cambiar. El desarrollo económico seguirá siendo débil y el desgaste ecológico será cada vez más devastador. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La democratización es un proceso y una aspiración colectiva a la que El Salvador no debe renunciar como sociedad. Por el contrario, es necesario insistir en su reactivación y significación antes de asumir propuestas de cambio que puedan desfigurar o desacreditar la democracia como horizonte sociopolítico. En general, a la democracia se le ha evaluado por sus formas, contenidos y resultados en diversas experiencias observadas. Sin dejar de ser objeto de debate y polémica en ámbitos académicos y políticos, es considerada la mejor vía para gestionar conflictos (sociales, económicos, políticos o ambientales), acceder a cargos públicos y ejercer el poder político-institucional con base en la contraloría social, la participación ciudadana, el Estado de derecho, el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Bajo tal presupuesto, la búsqueda y valoración de proyectos sociopolíticos alternativos debería tener a la democratización como criterio básico, dando lugar al cuestionamiento sobre la posibilidad de que en dichos proyectos la contraloría social y la participación ciudadana sean reales y efectivas; que el Estado de derecho sea reconocido y fortalecido; que la inclusión no sea objeto de dudas y cuestionamientos; y que la sociedad tenga como faro normativo el respeto irrestricto a los derechos humanos. Está claro que la democracia, a nivel global, no pasa por su mejor momento. Los informes que cada año evalúan su salud muestran estancamientos y retrocesos en los procesos de democratización en todo el mundo y advierten que su crisis obedece a la desconexión entre los principios democráticos y las condiciones reales de vida de la población. ¿Cómo reconectar la idea de una democracia real y plena con la vida práctica de una sociedad golpeada por desengaños y frustraciones de larga data? Esta es una pregunta sin respuesta fácil. Sin embargo, para no caer en la parálisis ciudadana, en el desencanto y la apatía sociopolítica, es necesario impulsar procesos de formación ciudadana que permitan distinguir entre los proyectos que apuestan honestamente por la democratización y los que utilizan a la democracia como un eslogan al tiempo que ocultan propósitos que la desfiguran y anulan. En este sentido, es fundamental insistir en la importancia de la observación sistemática, ordenada y objetiva de los derechos humanos, porque constituye un ejercicio ciudadano fundamental y hace tomar conciencia de los avances y retrocesos en los procesos de democratización. En mayo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, adscrito al Idhuca, presentó su informe anual correspondiente al año 2025. El documento señala que la crisis actual del proceso de democratización salvadoreño no podrá superarse sin respeto por la vida en todas sus expresiones y dimensiones, sin garantizar el acceso a la justicia con apego al debido proceso, sin proteger la libertad de expresión y sin promover la transparencia en la gestión pública. En el informe se recuerda al padre José María Tojeira, quien en su homilía del XXXV aniversario de los mártires de la UCA, celebrada en 2024, afirmó: “Hoy nos toca sembrar en medio del odio en las redes, en medio de la apariencia fingida de la propaganda falsa y grandiosa presentada como verdad”. Sus palabras interpelan e invitan a examinar críticamente los proyectos y decisiones que orientan al país. En un contexto marcado por el miedo a expresarse públicamente, la polarización, la desinformación y el debilitamiento de los espacios de participación, resulta indispensable preguntarnos hacia dónde conducen las opciones, acciones y apuestas que guían hoy en día a El Salvador. Solo desde ese ejercicio de discernimiento ciudadano será posible avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y en paz.

Las infraestructuras grandes y resplandecientes tan características del modelo de Bukele, por lo general, poco después de inauguradas, presentan fallas de diseño, de ejecución, de seguridad o de funcionalidad. La sala de emergencias del hospital de Santa Ana se inundó recién remodelada. Lo mismo ocurrió en uno de los dos estadios emblemáticos de la capital durante una final del futbol nacional. Una zona comercial recién embellecida tuvo igual suerte. Deshicieron la obra para abrir desagües, que volvieron a fallar. Los habitantes de las zonas de alto riesgo, incluidas más de 450 escuelas, están a merced de las fuerzas geológicas, climatológicas e hidrológicas. Los funcionarios escurren el bulto. Unos acusan a quienes tiran basura al aire libre, una práctica muy común. Pero en siete años no han hecho ningún esfuerzo para educar sobre cómo disponer correctamente de los desperdicios. Tampoco han facilitado basureros funcionales. Los más creativos amenazan con vigilar y castigar. Estos funcionarios no han aprendido aún que los tragantes, las canaletas y los desagües deben ser limpiados periódicamente. Esperan la inundación para remediar. Otros culpan a “los años de abandono” anteriores a 2019. Siete años ha sido poco tiempo para revertir esa herencia. Cierto, la desidia no se supera de un día para otro, pero su ritmo de trabajo no está a la altura de las exigencias de la realidad. Argumentar la fuerza de los fenómenos climatológicos no los exime de responsabilidad. No solo permiten, sino también alientan la deforestación para levantar estructuras majestuosas como manifestación de desarrollo y modernidad. El deterioro del medioambiente hace más violentos los embates del clima. De todas maneras, es incomprensible que, a pesar de ello, se obstinen en construir mal. La primera marea viva se llevó el malecón del parque Sunset, un hito del régimen, por carecer de una barrera que amortiguara la fuerza del oleaje. Una de las escuelas recién remodeladas por un millón y medio de dólares debe ser intervenida de nuevo para reparar los daños causados por las lluvias. Más de un centenar de centros escolares sufrieron daños que pudieron evitarse. No es raro que las intervenciones en las calles secundarias, las escuelas periféricas y las plazas de los pueblos sean abandonadas sin haber sido concluidas. Y aquellas que han sido finalizadas, a veces, deben ser intervenidas de nuevo. El retraso en la reconstrucción de las escuelas públicas y los mercados municipales es proverbial. Los taludes de Los Chorros se resisten a permanecer quietos. Entretanto, las vías de comunicación son malas, los estudiantes asisten a clase en estructuras provisionales inadecuadas y el comercio sufre. Muchas de las nuevas estructuras no reciben el mantenimiento adecuado. El desgaste causado por el uso las despoja del encanto inicial. La estética de la fachada subestima la funcionalidad y la exigencia del mantenimiento adecuado. El recién inaugurado hospital es un buen ejemplo de esa tendencia que estima más la fachada que el uso y la funcionalidad. La invitación general a visitarlo, y a admirarlo, en horas saturó la sala de espera de un centro destinado a enfermedades graves y crónicas. La espera para pasar consulta o concertar una cita es interminable. La obsesión con la apariencia desvirtuó la finalidad de un hospital de tercer nivel con consecuencia graves, incluso fatales, para quienes demandan atención inmediata. El recorrido por las obras del modelo de Bukele puede alargarse, pero lo dicho es suficiente para comprobar que enfrenta un problema muy serio de operatividad. La incompetencia malogra sus mejores proyectos. El modelo tiene poca inteligencia para pensar, planificar y ejecutar. Reemplazó el talento con improvisación, lo cual tiene unos costos humanos y materiales imponderables. Y se deja llevar por impulsos primitivos, ansiosos por la gratificación inmediata sin medir las consecuencias. La incompetencia está también asociada con la corrupción. Las licitaciones y los contratos representan una oportunidad única para lucrarse a costa de un Estado manirroto. Otorga la ejecución de los proyectos a entidades sin experiencia, sin capacidad técnica y sin control de calidad, pero vinculadas a Casa Presidencial. La prioridad no es bienestar general, sino retribuir a los colaboradores leales. La eficacia de la exaltación de la figura presidencial en un hecho comprobado, pero frágil. El edificio del poder carece de fundamentaciones sólidas y sus dependencias, de contenido real. El muro de contención de esa estructura tan deslumbrante no ofrece garantías. Puede ceder en el momento menos pensado. La contradicción entre el encumbramiento de Bukele y la ineficiencia operativa es insostenible a largo plazo. El éxito estético es su peor enemigo, ya que carece de fundamentación sólida. Cuestión abierta es cuánto presión puede soportar antes de derrumbarse. De momento, es claro que con los colaboradores actuales es imposible que El Salvador recorra el camino del desarrollo para llegar a ser como Japón o Singapur. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La primera encíclica del papa León XIV, titulada Magnífica humanitas, versa sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El texto está estructurado en cinco capítulos y 245 párrafos. Uno de sus hilos conductores es la necesidad de construir una civilización del amor que enfrente las graves consecuencias que pueda generar la cultura del poder, potenciada por el paradigma tecnocrático. Otro hilo conductor y presupuesto de la encíclica es hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. En otras palabras, el texto busca responder a tres preguntas esenciales propias del pensamiento social cristiano: ¿cómo hacer más humana a la sociedad?, ¿cómo garantizar un mayor respeto a la persona? y ¿cómo cuidar y potenciar sus derechos? En el quinto capítulo, “La cultura del poder y la civilización del amor”, el papa compara dos lógicas opuestas: por un lado, la tentación de construir la torre de Babel, confiando en el poder y el orgullo; por otro, la paciencia de reconstruir Jerusalén, como en tiempos de Nehemías, “pieza por pieza”, cuidando lo humano y el bien común. Se trata de una elección decisiva que ha de realizar la ciudadanía ética, la “magnífica humanidad”. En los tiempos que vivimos, según León XIV, se está consolidando una cultura del poder en la que la disponibilidad de medios y la capacidad de dominar tienden a dictar la agenda y los criterios de decisión, relegando el bien común a un segundo plano. Más todavía, esa cultura del poder se expande normalizando la guerra, persiguiendo un poder militar cada vez mayor y alimentando un falso realismo, el cual repite que no existen alternativas. Pero la encíclica afirma que sí hay opciones. La propuesta es la civilización del amor. Para el papa, “la civilización del amor no es una utopía ingenua, sino un proyecto exigente. Consiste en traducir la caridad en estructuras de justicia, en dar cuerpo institucional a la fraternidad y en considerar al otro —ya sea persona o pueblo— como un aliado necesario para la construcción del bien común”. En este enfoque, la inteligencia artificial debería estar al servicio del potencial humano y de las más altas aspiraciones, no en competencia con ambos. Ahora bien, el papa advierte que “la civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces, que hacen frente a la deshumanización”. El Papa propone cinco vías de responsabilidad en la consecución de este proyecto. Primero, desarmar las palabras. La primera contribución que podemos hacer a una civilización más humana es prestar atención a nuestras palabras. Desarmando las palabras contribuiremos a desarmar la tierra. El poder de las palabras es enorme y lo experimentamos en la comunicación cotidiana cuando alguien dice algo que cambia el estado de ánimo, ya sea para bien o para mal. Segundo, construir la paz en la justicia. Todos, a cualquier nivel, podemos contribuir al fundamento de la paz, que es la justicia. De hecho, no buscamos una paz cualquiera, una ausencia de conflicto a cualquier precio, sino esa paz verdadera que nace de la justicia. Tercero, asumir la mirada de las víctimas. Hay situaciones en las que, para seguir siendo humanos, debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido. Hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales y no basta pensar en “no ser cómplices”. Cuarto, cultivar un sano realismo. El realismo auténtico no renuncia a cambiar el mundo: comienza por ver con claridad los intereses, los miedos, las limitaciones y las relaciones de poder, precisamente para calcular qué es posible lograr y con qué pasos. Quinto, relanzar el diálogo. Para construir la civilización del amor, debemos ejercitar el diálogo. Este es el principal instrumento de la convivencia entre personas y entre pueblos, y es la alternativa al conflicto abierto. Comentario aparte merecen los números 124 y 125 del tercer capítulo, donde se habla de la grandeza de la persona humana. Ahí se dice que “algunos acontecimientos ayudan a ver que la historia puede cambiar cuando al menos un solo hombre o una sola mujer se toma realmente en serio la dignidad de todos”. En esta línea, se mencionan el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, vinculado al testimonio de Martin Luther King Jr., y el fin del apartheid en Sudáfrica después de la liberación de Nelson Mandela y su decisión de no poner el futuro en manos del odio. Asimismo, se habla de mujeres valientes y generosas como santa Laura Montoya, santa Teresa de Calcuta, Dorothy Day, Maria Sk?odowska-Curie, María Montessori, Elisabeth Elliot, Wangari Maathai, Benazir Bhutto y tantas otras de todos los continentes que con su esfuerzo han contribuido a hacer más humana la historia. Y al referirse a los mártires de la fraternidad y la justicia, se mencionan a san Maximiliano María Kolbe, san Óscar Romero y beato Enrique Angelelli, entre otros. En monseñor Romero tenemos, ciertamente, un ejemplo insigne de constructor abnegado de civilización del amor. Lo hizo en medio del rechazo y la persecución, e inspirado en el Evangelio. Lo hizo fortaleciendo el vínculo entre justicia, verdad y paz, expresiones concretas del amor en su dimensión social. Por eso fue conocido como el “mártir por amor”. Y desde la concreción histórica debemos decir que lo fue por amor a los pobres, al evangelio a la verdad y la justicia, en un mundo sin entrañas. Esa forma de amar constituye fuente de inspiración e interpelación. Inspira a ser humano e interpela nuestros grados de deshumanización. En una de sus homilías proclamó: “¡Esta es la civilización verdadera! La que nos hace verdaderamente hombres humanos, cristianos, hijos de Dios, porque Dios es amor y la civilización que Dios quiere entre los hombres es la civilización del amor, en la cual se involucra también la justicia, la verdad y la libertad”. Para san Óscar Romero, la civilización del amor es una civilización con entrañas, atenta a los grandes clamores que brotan de la realidad. * Carlos Ayala Ramírez, profesor de Cristología y Eclesiología de la Escuela de Liderazgo Pastoral Hispano en la Arquidiócesis de San Francisco, California.

Eludir la rendición anual de cuentas del poder ejecutivo en el pleno legislativo no es ninguna novedad. Todos los presidentes de la posguerra la evadieron, aunque disimuladamente. No faltaron a la cita, pero no rindieron cuentas, sino enumeraron sus logros en largos discursos. Los legisladores de entonces asintieron sin más. La autocrítica y el cuestionamiento no tienen cabida en el régimen presidencialista. Al presidente no se lo cuestiona ni crítica. Este año, Bukele hizo lo mismo que sus antecesores, tampoco rindió cuentas. Pero lo hizo de manera irreverente. No acudió a la cita con los diputados. A último minuto, decidió no comparecer y guardar silencio. En lugar del discurso de estilo, inauguró un hospital resplandeciente, cuya magnificencia bastó para que el presidente de la legislatura declarara en X que daba “por recibido el informe anual de labores”. A diferencia de sus predecesores, Bukele se saltó la formalidad constitucional que ordena al presidente del poder ejecutivo comparecer ante el pleno legislativo para dar cuenta de su gestión. Su ausencia está en consonancia con el poco aprecio que tiene de la Constitución. Su liderazgo no se somete a ninguna reglamentación externa que limite su extraordinaria capacidad creadora. Así lo expresó el vicepresidente al atribuir la violación constitucional a su “liderazgo disruptivo”. Que un fanático del oficialismo se exprese en esos términos es comprensible, pero no que lo haga un reputado constitucionalista. Un vocero del oficialismo calificó la sustitución de la comparecencia presidencial por la inauguración de una megaestructura como una “genialidad”. La adulación pierde a estos voceros de la dictadura. Romper “los cánones tradicionales” no es, en sí mismo, ningún mérito. Los pandilleros, los narcotraficantes, los corruptos y los delincuentes también lo hacen. El ordenamiento constitucional es un elemento fundamental de la república, introducido por sus fundadores para impedir, precisamente, el liderazgo arbitrario y caprichoso del absolutismo monárquico. Ahora bien, el oficialismo tiene un punto a su favor al señalar que Bukele sustituyó “la política de la retórica, de los grandes discursos, a veces muy pomposos, a veces llenos de fraseología” por “la política de los hechos”. Sin embargo, no es una política de “los hechos”, sino de “un hecho único”: un hospital fulgurante, presentado como el logro más grande de sus siete años en el poder. El mérito no es solo suyo. El último gobierno del FMLN lo planificó, lo diseñó y lo financió. Bukele solo debía ejecutar la obra, pero desechó el trabajo hecho y comenzó desde cero. En el camino desaparecieron los 170 millones de dólares prestados por el BID y miles de empleados que durante décadas prestaron sus servicios en el hospital. Si bien no hubo discurso, la cadena nacional exhibió, en una cuidada puesta en escena pregrabada de más de una hora de duración, la inauguración del hospital. Bukele recorrió sus relucientes pasillos, se exhibió al lado de equipo de alta tecnología, habló de robots quirúrgicos y anunció los servicios del nuevo hospital. La mayor parte de la audiencia perdió el interés a los pocos minutos y se desconectó de la transmisión. La elogiada “política de los hechos” no suscitó mayor entusiasmo. Casa Presidencial no las debe tener todas consigo para cancelar intempestivamente el discurso de Bukele. En realidad, pocos logros tiene en su haber. La seguridad está desgastada por tanta repetición. La educación y la salud son más proyectos que realidades. El imperio de la ley y el orden, una promesa periódica, aguarda tiempos mejores. La publicación de los datos gruesos del patrimonio de los funcionarios, aunque forzada por el FMI, es un paso en la dirección correcta, pero fue descartado, ya que removió las aguas turbias de la corrupción. Otros temas de actualidad como la inflación, la deuda, la reforma de las pensiones, la crisis agroalimentaria y ambiental, o la vulnerabilidad ante desastres naturales fueron descartados por desdecir de un discurso destinado a seducir. De todas maneras, las luces led del nuevo hospital no son lo suficientemente deslumbrantes como para despejar los nubarrones que ya se ciernen amenazadores sobre él. En la inauguración se hicieron presentes los síntomas de un sistema de salud colapsado: desabastecimiento crónico de medicamentos, exceso de demanda e insuficiencia de personal, ausencia de planificación técnica y financiera, y falta de proyección sanitaria. Ninguna de estas carencias se supera con tecnología. Los hospitales modernos son indispensables para un buen sistema de salud, pero no son suficientes. Ningún hospital por grande, equipado e iluminado que sea puede satisfacer la demanda de salud de la población sin privilegiar la prevención, la atención primaria y el bienestar general. Un hospital como el inaugurado solo contribuye a que el sistema actual sea menos disfuncional. Inaugurar un hospital de alta complejidad para atender enfermedades graves o raras no es lo mismo que reconstruir un sistema de salud en ruinas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Sepulcros blanqueados” es una expresión que encontramos en la Biblia, una metáfora utilizada en el Evangelio para reprender la hipocresía, la mentira y el doble discurso. De nada sirve una resolución o sentencia dictada en imponentes recintos judiciales y adornada con florituras legales cuando en su interior se alberga injusticia y podredumbre; los centros judiciales se convierten en “sepulcros blanqueados”, pulcros y lustrosos por fuera, pero llenos de descomposición y hedor en el interior de sus salones. “Sepulcros blanqueados” es en lo que podrían convertirse los centros judiciales salvadoreños en la medida que, con leyes injustas, inconstitucionales y violatorias de derechos humanos, sirvan como centros para la condena de cientos de personas inocentes, cuyo único delito es haber sido objeto de denuncias anónimas, fichas inventadas y detenciones arbitrarias para cumplir cuotas. En El Salvador de nuestros días, están dadas las condiciones para que los centros judiciales se conviertan en auténticos centros de barbarie e injusticia. Las reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado y al Código Penal son tantas, tan desequilibradas y negatorias de los más elementales derechos fundamentales que fácilmente el juez puede convertirse en un instrumento de injusticia. Los ejemplos se acumulan por montones, pero, sin ir muy lejos, podemos citar la adición del artículo 6-A de la Ley Contra el Crimen Organizado, aplicable para todos los casos del régimen de excepción. Un artículo que básicamente permite condenar a un ciudadano sin producir mayor prueba durante su juicio. Digámoslo en buen salvadoreño: la declaración que redactó un agente policial en un rincón de su oficina, sin presencia del juzgador, sin el fiscal, sin el defensor y sin ninguna otra persona que un testigo anónimo desconocido, basta con ser leída durante un juicio para condenar a una persona. No estamos hablando de cualquier condena, sino de una pena de prisión que podría durar hasta cuarenta años de encierro en un centro penal, e incluso cadena perpetua con las nuevas modificaciones legales incorporadas en marzo de 2026. Cuando un interés colectivo se erige teniendo como mortero sangre inocente, la seguridad no es tal, los centros judiciales se convierten en trituradoras judiciales, los jueces en verdugos. Así, sobre la justicia cae una maldición, como aquella dictada sobre la higuera estéril, pues es incapaz de producir fruto verdadero, solo miedo, silencio, recelo y sufrimiento. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En 2016, la ciudadanía salvadoreña evaluó el segundo año del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en un ambiente marcado por la desconfianza y el malestar. Según la encuesta del Iudop de aquel año, el Ejecutivo obtuvo una nota promedio de 5.32 sobre 10. Además, el 59.1% de las personas entrevistadas afirmaba que la economía había empeorado, mientras que el 57.6% consideraba que la delincuencia había aumentado. La percepción dominante era la de un país atrapado entre la violencia homicida y la precariedad de las condiciones de vida: dos caras inseparables de una misma inseguridad social. Casi una década después, en mayo de 2025, la evaluación del sexto año del Gobierno de Nayib Bukele —en un segundo mandato marcado por su carácter inconstitucional— reveló un contraste notable. En esta ocasión, la población otorgó una calificación de 8.15 al presidente y de 7.85 al Gobierno, reflejando altos niveles de confianza en la figura presidencial. Dicho respaldo encuentra sustento en la percepción de mejora de la seguridad, directamente vinculada al combate contra las pandillas y a la reducción de homicidios. La comparación entre ambos momentos evidencia un cambio en las principales preocupaciones de la ciudadanía, o, al menos, en la prioridad con la que las expresa. Mientras en 2016 el miedo estaba asociado a la violencia homicida y la criminalidad, en 2025 predominan las preocupaciones económicas y sociales, relacionadas al costo de la vida, la precariedad laboral y la pérdida de derechos por el régimen de excepción. La encuesta de evaluación de gobierno de 2025 también puso en evidencia que el 64.6% de la población identificaba la economía, el desempleo y el alto costo de la vida como los principales problemas del país. En este contexto, el acceso a la vivienda emergió como el punto más débil de la gestión: un 87% de las personas afirmó que conseguir una casa resulta difícil o muy difícil. Esta percepción se confirmó y profundizó en la encuesta nacional realizada por el Iudop en diciembre de 2025. Esto ocurre en un país marcado por crecientes preocupaciones relacionadas con diversos temas, como la accidentalidad vial, la pérdida de reservas naturales y las deportaciones masivas. Un El Salvador donde nueve de cada diez personas cerraron 2025 con la percepción de que “todo está más caro”; donde el 58.2% de los hogares redujo su consumo de carne, leche, huevos y frijoles para sortear la inflación; y donde el salario mínimo presenta una brecha de al menos $180 respecto a lo que las familias consideran necesario para sobrevivir dignamente cada mes, según una encuesta especializada del Iudop. Este panorama no muestra señales de mejora en lo que va de 2026 y, además, se ve agravado por la presión de un contexto internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha encarecido en un 40% el precio del petróleo y, por tanto, los precios de los combustibles y de muchos bienes esenciales. En el país, entre febrero y mayo de 2026, el precio de la gasolina especial aumentó un 25%, el de la regular un 24% y el del diésel un 28%, con un repunte crítico del 14% en abril. Este encarecimiento energético impactó en el costo de la canasta básica alimentaria, que pasó de $250.82 en enero a $256.70 en abril en el área urbana, y de $183.26 a $186.10 en la rural. Lo anterior también se evidencia en la evolución del índice de precios al consumidor, que subió de 130.30 a 133.12 entre abril de 2025 y abril de 2026, lo que representa una variación anual de 2.16%, según el Banco Central de Reserva, que adjudica las alzas en el último mes a los incrementos en los costos de las gasolinas y los alimentos. Ello sin que haya señales de la existencia de una política pública articulada de mejora de la economía familiar o de fomento de la productividad nacional. En definitiva, El Salvador está hoy en una situación paradójica: el bienestar asociado a la reducción de la violencia pandilleril está acompañado de otras inseguridades: financieras, alimentarias, ambientales y sociales. La encuesta nacional que el Iudop cursará este año será clave para comprender cómo evalúa la ciudadanía el costo de la seguridad frente a la fragilidad económica.

El 8 de mayo, UCA Editores presentó el libro Convivir a través de las fronteras, de la estadounidense Lynnette Arnold. Entre las innumerables virtudes del libro hay algunas que conviene remarcar. Por un lado, la obra contribuyen desmontar estigmas sobre la migración; y, por otro, combate narrativas ideologizadas sobre el papel del migrante. En esta línea, Arnold pone en evidencia cómo los discursos dominantes sobre la migración en El Salvador maximizan el rol proveedor de las personas migrantes, otorgándole un significado ético-moral a este rasgo de la identidad migrante. Así, el migrante que envía remesas es un buen salvadoreño que no olvida a su familia, mientras que el que no lo hace es egoísta. Estas narrativas ocultan que las clases dominantes en los países de origen se ven beneficiadas de esta representación. Es decir, ocultan que a través de las remesas se subsidia a Estados que no garantizan derechos sociales básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a una alimentación adecuada. El envío de remesas es premiado socialmente por los discursos dominantes porque evita o reduce el impacto del encarecimiento del costo de la vida, la ausencia de oportunidades de trabajo digno y la precariedad creciente de los sistemas de protección social. Con ello se evita el surgimiento de crisis humanitarias y de conflictividad social que pueden hacer tambalear la estabilidad política. Esto es posible observarlo en la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, aprobada en 2025. La normativa da facilidades administrativas y procesales a los migrantes que traen dinero y bienes materiales, mientras que a aquellos que regresan sin recursos se les dedican muy pocos artículos y no se define con precisión el trato que les brindará el Estado. Por otra parte, las más recientes reformas electorales que le asignan escaños a la diáspora facilitan otra acción unidireccional: los migrantes dan sus votos y con ello suman poder político a un partido. Esto mientras el Estado salvadoreño no se pronuncia sobre la persecución que sufren los migrantes a manos del ICE ni sobre el próximo vencimiento del TPS para nuestros connacionales. Ciertamente, estos discursos sobre la migración no son nuevos, han estado presentes en los últimos treinta años. Ese plazo nos permite entender que, igual que en Estados Unidos, el discurso sobre migración no es consecuencia de una agenda de los partidos políticos, sino de algo más profundo: el beneficio que obtienen las élites globales del trabajo de los migrantes, una mano de obra barata sin beneficios sociales. Lynnette Arnold muestra que la comunicación entre los migrantes y sus familiares que permanecen en el país de origen constituye un espacio de resistencia en el que se combate estos discursos dominantes. Una resistencia que se realiza a través de prácticas de cuido diversas y multidireccionales, en las que el objetivo prioritario es mantener los lazos familiares a través de las fronteras, no el dinero. El abordaje es inspirador porque evidencia, una vez más, que es la gente, las familias y las comunidades las que muestran el camino para resistir y transformar las desigualdades, mientras que las clases dominantes y el Estado las reproducen. * Jorge Rodríguez, coordinador del Servicio Jesuita con Migrantes.

La construcción de un centro de ferias y convenciones en El Espino, una zona de recarga hídrica estratégica y, por eso, protegida, suscitó protestas y polémica. El oficialismo entró al quite. Uno de sus ministros alegó que no deforestarían. Pero las imágenes muestran lo contrario. La embajada de China, patrocinadora del proyecto, especificó que solo afectarían una tercera parte del bosque y prometió zonas verdes. El ministro apareció entonces sembrando arbolitos junto con sus fans. Mientras tanto, las autoridades responsables de cuidar el impacto ambiental declararon que en este caso ese estudio es “inexistente”. El oficialismo, por tanto, reacciona a las protestas de manera improvisada. La intervención de uno de los hermanos de Bukele imprimió un carácter delirante a la polémica. Molesto con unos protestantes incapaces de ver lo que a él le parece evidente, señaló que las milpas y las frijoleras de las laderas han deforestado mucho más y, además, rinden poco. Razón no le falta, pero el argumento se queda en las apariencias. El minifundio de las laderas es un fenómeno generalizado desde que la plantación de café, de caña de azúcar y de algodón despojó a los campesinos de la tierra agrícola y los empujó a la tierra marginal, poco apta para la agricultura de subsistencia. La agroexportación no les dejó otra opción. Otra consecuencia de la concentración de la tierra fértil por la plantación fue la emigración masiva a los suburbios de las ciudades grandes. Aquí tampoco abundaba el empleo formal, pero sí el trabajo informal. Muchos de estos marginados, sobre todo las mujeres, se dedicaron al comercio informal en los antiguos centros de esas ciudades. En la actualidad, la creciente gentrificación de esos espacios los ha vuelto a expulsar. La marginalidad urbana ofreció también la oportunidad de malvivir de la delincuencia, que alcanzó dimensiones insospechadas con la llegada de las pandillas. Los campesinos no ocuparon las laderas y emigraron a los suburbios urbanos, ni los marginados invadieron sus centros por capricho. No les dejaron alternativa. Tampoco se alimentan de maíz y frijoles por gusto. La dieta balanceada recomendada por el hermano de Bukele no está a su alcance. Los grandes favorecidos por estos desplazamientos siempre han sido una minoría, pero el daño humano y medioambiental causado es incalculable. No solo los campesinos han depredado el medioambiente, también y en mucho mayor medida la plantación. Acaparó y sobrexplotó unos recursos escasos para una población en expansión. El insecticida y los fertilizantes empleados para aumentar la producción dejaron como secuela deficiencia renal crónica en sus trabajadores. Destanteado por el alcance de la protesta en vísperas de elecciones, el oficialismo es incapaz de comprender las nocivas consecuencias humanas y medioambientales de la agroexportación. Seducido por una nueva modalidad de desarrollo económico, el oficialismo repite el patrón de los agroexportadores del pasado. Persigue y expulsa a las masas marginadas que se refugiaron en la informalidad sin ofrecerles alternativas reales para vivir dignamente. Su marginalidad le incomoda y estorba por ser la otra cara de ese modelo. Los marginados afean, ensucian y degradan los espacios destinados a ser exhibidos como éxitos del modelo de Bukele. En El Espino o el valle El Ángel se actualiza la exclusión de las mayorías en beneficio de inversionistas deseosos de encontrar nuevas fuentes para aumentar la rentabilidad de sus capitales. El argumento es el mismo de la plantación. El estrés hídrico, las sequías y las inundaciones se ensañarán, tal como suele ocurrir, con las mayorías vulnerables. Todo en nombre del desarrollo, la modernidad y la acumulación acelerada de capital. La solución propuesta por el hermano de Bukele es tan inconsistente como el análisis. En efecto, en primer lugar, pide concentrar la tierra e introducir tecnología para “sembrar bosques de comida”. Pero para eso necesita una reforma agraria, medida que descarta, quizás por ser de un pasado supuestamente superado. En cualquier caso, omite mencionar que en siete años ninguna dependencia gubernamental ha promovido la agricultura y la ganadería nacional. Tal vez por eso, en segundo lugar, se resigna a seguir importando la inmensa mayoría de los alimentos, lo cual hace al país aún más dependiente del exterior. La polémica evidencia la consolidación de la desigualdad y la exclusión social. Cada vez es más claro la existencia de dos países muy diferentes. La discusión sobre El Espino delimita claramente sus fronteras. Los menos concentran los medios para llevar una vida cómoda y despreocupada, mientras que los demás son descartables. Ideal sería que desaparecieran y así dejaran de estorbar. En El Salvador de Bukele no tienen posibilidades para vivir dignamente. Sin embargo, en los tiempos prelectorales que corren, el oficialismo visita sus “territorios” cargado de pequeños obsequios, necesarios porque falta de todo, pero insuficientes, dado que la precariedad es estructural. Busca congraciarse con sus habitantes, pues sus votos son requeridos para mantener la ficción democrática. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El delegado socioambiental de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, padre Agnaldo Junior, advirtió que la minería y la deforestación constituyen algunas de las principales amenazas ambientales que enfrenta la región, en un contexto marcado por el agravamiento del cambio climático y sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables.

Ha llegado el turno de la ley y el orden. Así lo anunció el mismo Bukele en la inauguración de otra infraestructura. Una vez cerrado el capítulo de las pandillas y elevada la educación y la salud pública a niveles nunca vistos, Bukele se dispone ahora a convertir a El Salvador en “el país de la ley y el orden”. Una deuda pendiente con la ciudadanía y una aspiración de muchos, nacionales, expatriados e inversionistas. Pero la experiencia con la retórica presidencial recomienda cautela. Es más fácil proclamar el imperio de la ley y el orden que llevarlo a cabo. Los presupuestos de este imperio aconsejan reserva. Es cierto que el hurto de artículos de poco valor, la estafa, la contaminación ambiental y la corrupción persisten. Pero no es cierto que “el crimen violento” haya sido eliminado. El homicidio, el feminicidio, la violación y la desaparición tienen menos incidencia, pero todavía ocurren. Las estadísticas oficiales y la denuncia pública así lo demuestran. El que hayan sido tratados con displicencia no significa que hayan desaparecido. A veces, los mismos fiscales, a quienes Bukele ha encomendado implantar la ley y el orden, desatienden las denuncias y maltratan a los denunciantes. Tampoco se han esmerado en perseguir las estafas como lo evidencian las cooperativas de ahorro saqueadas, alguna de ellas vinculada a las municipalidades y los funcionarios del régimen. El crimen ambiental lo desconocen. Más aún, el mismo poder ejecutivo facilita la deforestación para abrir espacio al cemento y al asfalto. La contaminación de las aguas y el aire es irrelevante. La corrupción, ya ni se diga. Es difícil pensar que un discurso de ocasión pueda transformar la condescendencia actual en una persecución del delito tan implacable como la desatada contra las pandillas. Si estas son terroristas, los delincuentes en gran escala no están lejos. Sin embargo, Bukele pretende “eliminar todos los delitos”, es decir, recrear el paraíso antes de la caída del país. El deseo responde a una aspiración profundamente humana, pero está fuera de su alcance. Dado que reproducir el paraíso es una quimera, la propuesta puede interpretarse como una licencia retórica, lanzada en un arranque de entusiasmo. Siempre habrá homicidas, estafadores, corruptos y toda clase de crímenes. El desafío consiste, por tanto, en prevenirlos y en perseguirlos. Un primer paso indispensable es levantar el tupido velo que cubre la actividad gubernamental para que reluzca la realidad, lo cual evitaría la especulación y las burlas. La escueta publicación del patrimonio de los altos funcionarios —forzada por el FMI, no por compromiso con la transparencia— ha sido suficiente para suscitar preguntas inquietantes. Algunas de esas declaraciones están claramente maquilladas. En estas declaraciones, los fiscales tienen pistas para poner manos a la obra y cumplir el encargo de Bukele. También encuentran indicios en las investigaciones de la prensa independiente y en las revelaciones que circulan en las redes digitales para abrir expedientes contra algunos de los delincuentes más connotados. Conviene comenzar por los grandes para que no quede duda alguna del compromiso de Bukele con la erradicación del delito. Sin embargo, la ley y el orden solo imperarán si superan dos obstáculos gigantescos. El primero pone a prueba la voluntad política, ya que, sin duda, la lucha contra el delito sentará en el banquillo de los acusados a altos funcionarios y empresarios poderosos. Por lo general, cercanos a la familia gobernante. La exposición pública de sus enredos, intrigas y negocios turbios atenta contra uno de los pilares que la sostienen. ¿Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la imposición de la ley y el orden? La acción policial y fiscal tiene la palabra. El segundo obstáculo es el régimen de excepción, otro de los fundamentos del orden establecido. En sí mismo, el régimen está reñido con la ley y el orden, porque opera de forma arbitraria y violenta. La lucha contra el delito en todas sus formas requiere independencia de poderes, observancia estricta de la institucionalidad y respeto de la dignidad y la libertad humanas. Si el compromiso con la ley y el orden son auténticos, el régimen de excepción debe ser derogado de inmediato y los desaguisados constitucionales y jurídicos introducidos bajo su protección deben ser corregidos. Esto no significa liberar a los criminales detenidos, pero sí cambiar radicalmente la manera de gobernar. Imponer la ley y el orden de forma ejemplar para el mundo es una empresa demasiado radical para ser creíble. Sería el final de la arbitrariedad y del desorden reinantes desde 2019. No sería extraño que Bukele no haya sopesado las consecuencias del contenido de su discurso. Quizás le pareció que el tema de la ley y el orden era sugerente para inaugurar el nuevo edificio de una Fiscalía que fiscaliza poco y retorcidamente. Un acto más de propaganda. Una de tantas promesas de los tiempos preelectorales. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Uno de los poemas más conocidos de Robert Frost, “El camino no elegido”, plantea la imagen de dos vías divergentes. Si bien buena parte de sus lectores interpretaron los versos como una defensa de la decisión de buscar el propio destino, algunos críticos señalan un posible trasfondo irónico: cada camino tiene elementos similares al otro, por lo que siempre permanece la duda sobre lo que se perdió al optar por una ruta y no otra. Este 15 de mayo, el papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica humanitas, en la que señala que, gracias a los avances digitales y la globalización de la inteligencia artificial, la humanidad se encuentra ante dos caminos: uno conduce a Babel, una ciudad deshumanizada y sin Dios, cuando se priorizan las ganancias sobre la equidad y la dignidad, y se reduce a las personas a meros datos. Con voz firme, el papa advierte sobre una dinámica de polarización que divide comunidades, elimina los límites éticos y está al servicio de la concentración del poder. Frente a este camino, el papa señala otro. Lo denomina el camino hacia Jerusalén, una urbe en la que Dios está en el centro, donde se reconocen la diversidad como una riqueza, y el diálogo, la escucha y la fraternidad como dones. Al igual que otros países, El Salvador se enfrenta a esa disyuntiva. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2023), es muy marcada la diferencia de acceso a internet entre el área urbana, donde el 51% de los hogares tiene conexión, y las zonas rurales, en las que apenas el 13% la tiene. Si se considera que buena parte de la educación y de los servicios de salud del futuro dependerán de ese acceso, es necesario que el Estado facilite una conexión gratuita y de calidad; sin ello, se profundizarán las desigualdades en el acceso a la salud y la educación. Pero el camino a Jerusalén, hacia una tecnología que recupera lo mejor de la naturaleza humana, requiere no solo conexión. Implica también una discusión profunda de los recursos naturales necesarios para generar y mantener las tecnologías. La tecnología digital requiere explotar la tierra, minar cobre y tierras raras... El calentamiento global es una muestra de las consecuencias de explotar intensivamente los recursos naturales. Le corresponde a la ciudadanía exigirle a las autoridades que formulen y sometan a debate políticas públicas y cuerpos legales que regulen las tecnologías en función de una sociedad más humana. En los últimos cinco años, El Salvador ha aprobado al menos cinco leyes relacionadas con el ámbito digital y tecnológico: la Ley Bitcoin (2021), la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data (2021), la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (2021), la Ley de Emisión de Activos Digitales (2024) y la Ley de Creación de la Autoridad Nacional Digital (2025). Pese a su aprobación —sin debate multisectorial—, las estafas digitales se han multiplicado y muchos datos personales circulan sin mayor restricción. El papa insiste en el peligro de que las tecnologías del universo digital queden al servicio de los sectores privilegiados, sirvan para explotar a los sectores vulnerables y empeoren la situación de los excluidos por el sistema. León XIV llama a tomar el camino que protege la dignidad humana, no concentra la tecnología en pocas manos y exige construir códigos éticos compartidos en comunidad.

La mayor fortaleza de una autoridad electoral es la credibilidad y la mejor garantía de unos comicios, la integridad electoral. Pero, de momento, ambos elementos están bajo mínimos. Diversas decisiones recientes han debilitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus áreas mejor capacitadas y con más experiencia en la organización de comicios han sido desmanteladas; las escasas voces que ocasionalmente hablan en nombre de la autoridad electoral han evidenciado inconsistencias o vacíos en temas técnicos vinculados a la organización electoral. Por otra parte, desde el fin de la guerra, nunca antes el Plan General de Elecciones había sido objeto de reserva de información. Ahora se ha limitado el acceso a datos específicos del presupuesto y de los participantes en los 24 programas que se pondrán en marcha en las próximas elecciones. Esta información era pública en anteriores administraciones; ahora permanece clasificada, al igual que cientos de documentos de otras carteras de Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. La integridad electoral es característica de todo proceso que garantiza, antes, durante y después de las elecciones, transparencia administrativa, una campaña en igualdad de condiciones para todos los participantes e imparcialidad de la autoridad electoral, de manera que el resultado de los comicios responda a la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. El Salvador se ha alejado de esos estándares. En las elecciones de 2024 se hicieron reformas legales y constitucionales que derivaron en una concentración de poder. Y el proceso para las elecciones de 2027 sigue la misma línea, acentuándola. A menos de un año de las elecciones, se han aplicado reformas al Código Electoral, a la Constitución de la República y a otras leyes. La Asamblea Legislativa reformó el 14 de mayo pasado el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para crear una circunscripción electoral en el extranjero que asigna seis plazas a diputados de la diáspora. De acuerdo con el discurso oficial, esto se hace para darle representación a los compatriotas que viven en el exterior. Para no aumentar el número de curules (60), se le restarán cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad; así, el primero pasará a tener 11 diputados y el segundo, 6. Según se argumenta, esto responde a que son los departamentos más poblados. El derecho a la participación de la diáspora en las decisiones del país no se discute, pero hasta el momento ninguno de los diputados que votaron por la reforma ha explicado cuáles fueron los criterios con base en los cuales se tomó esa decisión. El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales dijo no conocerlos porque no participó en la decisión y el proponente de las reformas, un ministro, ni siquiera fue invitado a la sesión de los diputados para que explicara. Ante esta falta de argumentos técnicos o legales, cabe interpretar que la decisión responde más bien a criterios políticos. La bancada oficialista también reformó el artículo 208 de la Constitución, que contiene el mecanismo de elección de los cinco magistrados del TSE. El argumento fue la despartidización del Tribunal. La reforma establece que ya no serán los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial los que propongan a los tres primeros magistrados (incluyendo al presidente). Ahora será el pleno de la Asamblea Legislativa el que los proponga y elija. A los dos magistrados restantes los seguirá proponiendo la Corte Suprema de Justicia. La despartidización siempre ha sido una aspiración de los actores democráticos de la sociedad civil. El problema es que, por su propia naturaleza, la Asamblea Legislativa es partidaria y la deliberación y el debate plural tienen escasa presencia en su dinámica interna. En definitiva, por efecto de continuas y profundas reformas legales y constitucionales, el sistema político parece avanzar hacia un esquema de partido hegemónico. En este contexto, es poco realista depositar expectativas de cambio en las próximas elecciones.

La canción de amor a la diáspora tiene notas falsas. En vísperas de las elecciones de 2027, Bukele ordenó concederle representación legislativa. La justificación es una declaración de amor. Le otorgó seis escaños en reconocimiento por sus “aportes” para “influir en temas graves como migración, inversión, derechos ciudadanos y vínculos con los países donde reside”. Además de canalizar las demandas de la diáspora, los legisladores que la representen le rendirán cuentas de su gestión. El régimen, según su exposición de motivos, desea que los representantes de la diáspora participen en la elaboración de la legislación. Podrán opinar sobre la gestión gubernamental y discutir, reformar o rechazar los anteproyectos de ley de Casa Presidencial o presentar los propios. Bukele ofrece a la representación de menos de un millón de salvadoreños registrados unas libertades que niega a la de los seis millones residentes en el país. Incluso deberán rendir cuentas a sus electores, cosa que estos últimos no hacen. Ni siquiera tienen la cortesía de recibir sus peticiones. El reconocimiento de la diáspora es una farsa. Es dudoso que el régimen tolere libertad de pensamiento y de expresión a sus diputados. No solo porque el poder absoluto sería puesto en entredicho, sino también porque algunos legisladores locales podrían seguir su ejemplo y, en ese caso, la Asamblea se le saldría de las manos. La diáspora está invitada a participar en “la construcción del futuro del país”. No en la que sus representantes pudieran desear, sino en la de Bukele, el único constructor. Esa es la respuesta a la pregunta por la agenda de los diputados de la diáspora. Prueba de ello es la reforma de la Constitución para crear el llamado “Departamento 15”. La modificación no fue consultada, estudiada, ni mucho menos discutida. La aprobación fue inmediata y desde la ignorancia. Los diputados crearon la circunscripción sin conocer cuántos representantes le asignarían y de dónde procederían. Al final, redujeron la representación de los dos departamentos más poblados. Tampoco consideraron la espinosa cuestión de la representación proporcional. Detalles insignificantes para quienes su cometido es satisfacer los deseos de Bukele. Una prueba adicional es la profundización partidista del órgano rector de las elecciones. Al igual que en la novedad anterior, el partido oficial, el único que cuenta, se adjudicó el control total de dicho órgano. Así, el oficialismo dejó pasar una oportunidad para separar las funciones administrativas y las jurisdiccionales de dicho tribunal, una reforma pedida desde hace tiempo. La institucionalidad no interesa, sino el control total para mantener las riendas del Estado en manos de la familia gobernante. Esta es la razón de fondo de la inclusión de la diáspora en la legislatura. Bukele no tiene ningún interés en “ampliar y profundizar la participación política” de los expatriados. Tampoco aprecia sus experiencias en una sociedad del primer mundo. Desprecia su formación académica y su experticia en las nuevas tecnologías, su capacidad empresarial y su potencial para invertir, y su visión del desarrollo territorial, crucial para el bienestar de la familia que dejaron atrás. A Bukele solo le interesa preservar la mayoría legislativa. La representatividad es una excusa. Prueba de ello es que los seis escaños asignados provienen de los dos únicos departamentos donde la oposición tiene representación en la actualidad. No es extraño tampoco que más de un diputado oficialista, no residente en el exterior, ya haya lanzado su candidatura para ocupar uno de esos escaños. La curul liberada será ocupada por otro alfil de Bukele. Si acaso alguno se siente tentado y acepta la invitación con la idea de introducir novedades políticas, sociales o económicas en el país, pronto descubrirá su error. En todo caso, es poco probable que un expatriado bien establecido, aun con ambiciones políticas, esté dispuesto a abandonar sus comodidades para trasladarse al país y participar en las plenarias semanales solo para puyar un botón. El amor a Bukele no da para tanto. Los salvadoreños residentes en Estados Unidos no necesitan esa representación. A ellos les afecta la legislación estadounidense, no la salvadoreña. Viven, trabajan, ahorran, invierten y pagan impuestos en Estados Unidos, no en El Salvador, a donde vienen de visita o deportados. La mayoría, amenazada por la deportación, que se desvive para sobrevivir y enviar remesas no está interesada en una política que la ignora. A pesar de las mutuas simpatías, Bukele no ha abogado por ella ante Trump. Solo negoció la repatriación de los líderes de las pandillas, esto es, de dirigentes terroristas. En el mejor de los casos, la representación del Departamento 15 será sui generis. Bukele no está interesado en la diáspora, sino es impedir el avance de la oposición en la legislatura. Se ha vuelto hacia ella porque quizás presiente un descenso sensible en la simpatía y un aumento de la abstención. La lejanía la haría más receptiva a los cantos de sirena. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El jueves 30 de abril, un estudiante de bachillerato de un instituto de una zona semiurbana del departamento de Ahuachapán se presentó puntualmente por la mañana a su centro de estudios. Como ya es costumbre, en la entrada se encontraba una maestra revisando a los estudiantes el corte de pelo, que llevaran el cincho, las uñas limpias y el uniforme completo. Cuando tocó el turno a este estudiante, la maestra le llamó la atención porque no llevaba los zapatos que le habían dado como parte del paquete escolar. Según testimonio del muchacho, él le explicó a la maestra que no llevaba dichos zapatos porque eran muy calientes, porque son “como ahulados” y no los aguantaba por el calor. Además, le hizo ver que los que llevaba eran de color negro, de lustrar, como exige el uniforme. Sin embargo, la maestra le replicó que no podía entrar porque no llevaba el uniforme completo. El estudiante, según cuenta, comenzó a replicarle a la maestra y se enfrascaron en una discusión. A continuación, la maestra llamó a un policía que estaba en el lugar —como también se ha vuelto costumbre— y le dijo que el estudiante era un desobediente, que no andaba vestido como se debe y, además, que era un muchacho malcriado. El policía se llevó al estudiante y lo subió a una patrulla, donde lo tuvieron algún tiempo. Posteriormente, lo trasladaron a las bartolinas de la delegación policial, donde lo encerraron con otros detenidos por diversas razones. Al darse cuenta del hecho, los familiares fueron apresurados a la estación y comprobaron que estaba detenido. Desde ese jueves se encargaron de llevarle comida en cada tiempo, como les indicó la policía. Preguntaron varias veces a los agentes cuál era el motivo de tenerlo detenido y la respuesta fue escueta: “Por usar palabras inadecuadas”. Desesperado por la situación de su hijo y temeroso de la suerte que pudiera correr en estos tiempos de incertidumbre, el padre del estudiante buscó el apoyo de un abogado para que le ayudara. El abogado se mostró dispuesto a hacerlo a cambio de una suma de dinero inalcanzable para la familia, de escasos recursos económicos. Además, le dijo que, para comenzar a trabajar en el caso, necesitaba un adelanto del dinero. El padre, desesperado, comenzó a buscar dinero entre amigos y conocidos, pobres como él, pero dispuestos a colaborar de acuerdo con su capacidad. Así logró reunir, de poquito en poquito, los honorarios profesionales que el abogado le había solicitado. Con el adelanto solicitado, el abogado puso manos a la obra. Finalmente, gracias a la gestión del profesional del derecho, el estudiante fue liberado el lunes 4 de mayo por la tarde. La familia recobró la paz, aunque con una deuda que saldar con los amigos que les apoyaron en esos momentos difíciles. Este hecho real es un ejemplo de las arbitrariedades que se pueden cometer en estos tiempos. Seguramente, algunas personas lo aprobarán, siempre y cuando no se trate de algún familiar cercano suyo. Con la ley en la mano y en el plano ideal, lo ocurrido con el estudiante es un abuso de autoridad y una detención ilegal. Ningún reglamento escolar está por encima de la Constitución. No usar los zapatos del paquete escolar no es un delito ni una falta penal. La policía no tiene facultad para detener a una persona por una discusión sobre el uniforme ni por palabras inadecuadas. En el país, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), ahora “Ley Crecer Juntos”, protege a los menores de detenciones arbitrarias. Además, la privación de libertad que sufrió el estudiante sí es un delito contemplado en la legislación nacional. Quizá lo más injusto de todo, además del recurso a la policía por parte de la maestra, es el abuso, por parte del abogado, de la desesperación, el sufrimiento y el desconocimiento de la familia del estudiante, que ahora quedó endeudada. Sin delito, el joven tenía que ser liberado al cumplirse el plazo administrativo o al intervenir una instancia como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, todos estos argumentos serían válidos en un país en el que funcionara la institucionalidad y se respetara la ley. En un país así, la familia del estudiante no tendría que haberse endeudado. El caso del estudiante es un buen ejemplo de los abusos y las injusticias que se cometen amparados en un Régimen de Excepción y en el cuento de que, militarizando la educación, el país avanzará.

Las comunidades rurales que se hacen cargo de conservar en buen estado sus calles de acceso estarían así demostrando su “agradecimiento al presidente”, a quien le estarían enviando el siguiente mensaje: “Nos encargaremos de nuestros problemas, mientras usted se encarga de darnos seguridad”. A primera vista, la actitud de estas comunidades es una muestra de elevado civismo y de confianza total en Bukele. La interpretación de estas iniciativas comunitarias se atribuyó al ministro de Obras Públicas. Sean o no de él estas afirmaciones, expresan fielmente el sentir y el pensar del régimen. En su brevedad, estas líneas dicen más de lo que parece. En primer lugar, el portavoz, claramente progubernamental, acepta que esas calles están abandonadas. La cartera de obras públicas no les ha dado mantenimiento, porque la vida de esas comunidades no figura en la agenda presidencial. Ahí no llegan los turistas. El abandono obliga a estas comunidades a hacerse cargo de la conservación de las vías de acceso al exterior. Ellas son las principales afectadas y, por tanto, las más interesadas en contar con accesos transitables. En segundo lugar, si las comunidades “se encargan de sus problemas” y dado que la seguridad es un hecho consumado, el presidente y sus funcionarios sobran. Asimismo, las comunidades debieran quedar exoneradas de toda clase de impuestos. En un contrasentido que contribuyan con una administración que se ha desentendido de ellas. El dinero liberado lo podrán invertir en su propio bienestar. El abandono de las calles es también abandono de un régimen que no atiende sus demandas ni satisface sus necesidades. En tercer lugar, estas comunidades son un ejemplo de compromiso, de voluntad y de creatividad. En buen salvadoreño, no solo saben rebuscarse, sino también emplear sus escasos recursos de una forma más eficaz y transparente que el régimen. Es una muestra del poder popular al que tanto teme el oficialismo. Sin embargo, este no las olvida del todo. Pronto las visitará para pedirles el voto. Les repartirá baratijas, como el conquistador del siglo XVI, y les hará promesas imposibles de cumplir. Si al menos les proporcionara los medios, esas comunidades harían un mejor trabajo que los funcionarios. Defender lo indefendible lleva a posiciones absurdas y delirantes. En este caso, el vocero del régimen convierte la mala gestión del Ministerio de Obras Públicas en una exaltación de Bukele por parte de unas comunidades que se han levantado para llenar el vacío dejado por los funcionarios del régimen. Todo el quehacer gubernamental, incluida la inutilidad, es para la mayor gloria de Bukele. La misma torpeza equipara abogar por los derechos humanos con defender a terroristas. Según esa lógica surrealista, Mons. Romero sería uno de sus defensores más destacados, ya que abogó por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Clamó contra la tortura, las desapariciones y los asesinatos. Su compromiso es público y notorio. La ONU declaró el 24 de marzo Día Internacional por el Derecho a la Verdad sobre las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y por la Dignidad de las Víctimas. Es el mismo Mons. Romero que preside el salón principal de Casa Presidencial, bajo el cual Bukele dirige reuniones, pronuncia discursos y agasaja a acaudalados inversionistas extranjeros. El papa León XIV se acaba de apuntar en la lista de los defensores de los terroristas del oficialismo, pues en su reciente visita a Camerún declaró que las autoridades están llamadas a ser “un puente, nunca un factor de división, incluso ahí donde parece reinar la inseguridad. La seguridad es una prioridad, pero debe ejercerse siempre respetando los derechos humanos, uniendo rigor y magnanimidad, con especial atención a los más vulnerables”. Y agregó: “La paz auténtica nace cuando cada uno se siente protegido”. Esto no es todo, en el mensaje que dirigió en Illinois con motivo del aniversario de la abolición de la pena de muerte, afirmó “que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera tras la comisión de delitos muy graves”. En consecuencia, pidió “sistemas de detención eficaces que protejan a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no priven por completo a los culpables de la posibilidad de redención”. La tarea de los defensores de lo indefendible es ardua. Les pagan para intentar sellar las fracturas que se abren constantemente en el modelo de Bukele. No paran nunca. Las crisis son repetitivas. Quizás por eso pierden la perspectiva, incluso la sensatez. No puede ser de otra manera, porque la dirección del modelo es reactiva, no proactiva. Esas energías estarían mejor empleadas en emprender una aproximación constructiva a una realidad nacional que hace agua por varios flancos. De momento, las construcciones retóricas infundadas e ilógicas son recibidas por quienes se resisten a aceptar una realidad perturbadora, dura y frustrante. Prefieren soñar despiertos, aun cuando vivan engañados. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador es un país con tradición migrante. Se calcula que solo en Estados Unidos viven alrededor de 1.5 millones de salvadoreños. A pesar de que la migración hacia ese país se ha dificultado en grado sumo, datos de una encuesta realizada por el Iudop a finales del año 2025 muestran que una quinta parte de la población (20.4%) desea migrar y que para el 75.7% de ese grupo la principal motivación para hacerlo es mejorar su economía. Pero la migración no solo apuntala la economía personal o familiar, sino que también es de vital importancia para la economía salvadoreña: para 2025, las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior ascendieron a $9,987 millones de dólares, 17.8% más que en 2024 ($8,479 millones). Relacionado con esto, y según el sondeo del Iudop antes citado, a seis de cada diez salvadoreños les preocupa que el país dependa tanto de las remesas. Esta preocupación podría tener un correlato con las actuales políticas migratorias en Estados Unidos. De hecho, el 77.1% de la población encuestada dijo tener alguna o mucha preocupación de que las deportaciones masivas tengan algún efecto sobre las familias salvadoreñas. Aunque las deportaciones en el país del norte no han alcanzado todavía los niveles registrados durante las dos administraciones Obama, Donald Trump está cumpliendo con su promesa de expulsar migrantes: solo entre enero y junio de 2025, el promedio diario general de personas deportadas ascendió a 810, según datos del Deportation Data Project. En esto hay un matiz clave: si durante las presidencias de Obama y Biden las deportaciones se centraban en personas con antecedentes penales y se procuraba no separar familias, la actual administración estadounidense actúa con muy pocas restricciones, deportando incluso a migrantes que tenían procesos de asilo abiertos y permisos legales de trabajo. Ante ello, y de cara a la dinámica nacional, hay una pregunta que resulta obligatorio plantearse: ¿qué sucede con los compatriotas que son obligados a retornar al país, en especial si eran el principal sostén económico de sus familias a través de las remesas? La relevancia de esta pregunta contrasta con el contenido de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, aprobada en agosto del año pasado. La normativa está más orientada a la promoción del regreso voluntario de los salvadoreños en el exterior que desean invertir en El Salvador. De los 43 artículos de este instrumento legal, solo seis están dirigidos a la reintegración de personas retornadas. Si bien es cierto se plantea un programa de exención de impuestos para las empresas que contraten personas retornadas, esta es la única medida laboral de la Ley a favor de aquellos que regresan de manera no voluntaria y sin mayores recursos. Por otra parte, un estudio que está siendo desarrollado por Sarah C. Bishop, del Baruch College (Nueva York), ha encontrado entre sus hallazgos preliminares que los hombres deportados con antecedentes de arresto (ya sea en Estados Unidos o en El Salvador), tatuados y provenientes de estratos socioeconómicos bajos son propensos a ser detenidos y encarcelados por las autoridades salvadoreñas bajo la figura del régimen de excepción, aun cuando no exista una causa legal para su detención. Los resultados iniciales también sugieren que esta detención puede darse tanto al momento de recibir a las personas retornadas como semanas después. Debido a la figura legal que se usa para la detención, en muchos casos a los arrestados se les priva de contacto con su representación legal (de haberla) y sus familiares no cuentan con información sobre ellos. Debido a esta falta de información, algunos familiares de retornados que han sido encarcelados han buscado amparo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictaminó medidas cautelares en favor de cinco salvadoreños debido a que consideró que las condiciones de aislamiento e incomunicación en las que se encontraban eran graves y de riesgo. Aunque el Estado salvadoreño desestimó la necesidad de las medidas, el requerimiento de la Comisión posibilitó que tres de estas familias lograran saber el paradero de sus familiares, aunque no tengan comunicación con ellos. Lo anterior pone en evidencia que las personas que retornan de manera no voluntaria al país enfrentan condiciones de vulnerabilidad no solo por la falta de esfuerzos estatales para garantizar una reintegración exitosa, sino también porque corren el riesgo de ser apresados por cumplir con características que los ponen bajo la lupa del régimen de excepción: ser hombres de clase baja, poseer tatuajes y tener antecedentes de arresto, aun cuando las faltas cometidas no implicaron en su momento una privación de libertad efectiva. En ese sentido, a la vulneración que supone la deportación forzada se suma la realidad de su país natal, que los discrimina por su perfil socioeconómico y sus antecedentes.

La búsqueda de recetas mágicas que transformen el país en algo nunca visto no cesa. Primero fueron las criptomonedas, ciudad y energía incluidas. Luego vino el régimen de excepción y ahora, conseguida la seguridad más segura del mundo mundial, llegó la apuesta por la inteligencia artificial de una de las multinacionales tecnológicas. La expectativa es la misma, que haga de la educación y la salud públicas algo inédito. La confianza en la tecnología es total. Los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas son más confiables que los trabajadores estatales, volubles, indomeñables y poco confiables. Este juicio negativo tiene cierto fundamento. La inoperancia gubernamental es observable en prácticamente toda la vida nacional. Es común que las obras públicas comiencen acompañadas de despliegues publicitarios para quedar poco después interrumpidas, incluso abandonadas y olvidadas, o que, una vez concluidas, sean intervenidas de nuevo para corregir una ejecución deficiente. Una razón es la falta de financiamiento, pero otra muy común es la incompetencia de los funcionarios para formular y ejecutar las políticas gubernamentales. Aparentemente, la inteligencia artificial evitará estos inconvenientes. La apuesta por la inteligencia artificial es arriesgada. En cierto sentido, peca de ingenuidad. Indudablemente es una herramienta muy útil, pero solo en manos de quien sabe utilizarla. La inteligencia artificial no posee los superpoderes que parecen atribuirle sus comercializadores y sus clientes. La lista de países que restringen el acceso a las redes digitales a los menores, incluso a los adolescentes, se alarga. En Europa, en particular, los países nórdicos han regresado al libro impreso, al papel y al lápiz en el aula. La siniestralidad vial, en ascenso, evidencia los límites de la tecnología. La dirección del transporte terrestre permanece atascada en la convicción decimonónica que sostiene que legislar es gobernar y que endurecer las penas disuade al delincuente. Endureció las normas y elevó los montos de las multas para garantizar la seguridad vial, pero la siniestralidad no baja, sino aumenta. Introdujo la tecnología para acabar de blindar la conducción segura. Colocó cámaras y habló de foto-multas, de pantallas digitales y del control de velocidad, sin obtener los resultados esperados. Si no hay quién haga cumplir la ley e imponga el orden en las calles y carreteras, los conductores campean por sus respetos. Reemplazó la policía de tránsito por gestores, que también desaparecieron. El aumento del parque vehicular y la obsolescencia de una infraestructura inadecuada y mal gestionada reclaman la intervención humana. El DoctorSV es más de lo mismo. Busca aligerar la carga de la consulta externa de la red hospitalaria y ampliar la cobertura con la intervención de médicos anónimos en línea. Sin embargo, no existe ninguna evaluación científica que certifique que los diagnósticos del DoctorSV son confiables, que puede manejar acertadamente las enfermedades crónicas, que plantean situaciones críticas, y que, en efecto, mejorará los servicios de salud. Es decir, el DoctorSV es un experimento cuya eficacia no está debidamente comprobada. La cantidad de consultas que pueda manejar no es todo; el acierto en el diagnóstico y el tratamiento correspondiente son fundamentales. Adoptar el DoctorSV sin mayor verificación objetiva de su desempeño y sus riesgos es usar a la población salvadoreña como un laboratorio de experimentación, financiado con préstamos voluminosos. La fascinación con la tecnología ha colocado a la gente a disposición de los inventos de las tecnológicas sin mayores garantías. Promete mucho, pero los resultados son inciertos y los riesgos, grandes. No se trata de demonizar la telemedicina y la inteligencia artificial, sino de darles su justo lugar. Presentarlas como la respuesta a los graves problemas nacionales es un engaño. Una especie de huida hacia adelante. No está a su alcance resolverlos, pero crea la impresión de que el rumbo emprendido es correcto, que es todo lo que cuenta. En siete años, Bukele solo ha reconfigurado la institucionalidad del Estado para concentrar su poder. El nivel de vida de la mayoría no ha subido; al contrario, se deteriora, sujeto a los avatares de la improvisación y la inoperancia. En esos años, el ejercicio del poder absoluto solo se ha excedido en la seguridad, acompañada de violación de los derechos humanos, en la explotación de la comunicación digital y en la corrupción. Ninguna tecnología ni inteligencia artificial, por muy sofisticadas que sean, tiene capacidad para transformar el país tal como Bukele dice pretende. El único “milagro” constatable hasta ahora es el de las multinacionales tecnológicas, que han conseguido gratuitamente un laboratorio de seis millones de personas para experimentar y engrosar sus bases de datos con la información de la población salvadoreña. Una educación y una salud públicas superiores a las de los países con mayor ingreso per cápita no están al alcance de Bukele. Mucho tendría que cambiar su régimen para comenzar a preparar el camino para alcanzar esas metas. Es hora de poner manos a la obra. No habrá ninguna intervención tecnológica maravillosa que lo saque del atolladero. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La crisis de los derechos humanos se ha agravado y ha adquirido nuevas dimensiones al incluir, inesperadamente, a la primera dama. La reacción de Bukele no se hizo esperar. Insiste en confundir derechos y justicia con terrorismo e inseguridad, un argumento inaceptable, excepto para sus fieles. En un esfuerzo desesperado por sostener una posición cada día más débil, clama, casi implora, ver el video que confirma su postura, ver con claridad, no dejarse engañar, fijarse bien, porque no lo dice él, sino la grabación, que no quede duda alguna. Estas expresiones, reunidas en las pocas líneas de una publicación en X, revelan inquietud e impaciencia ante una crisis que parece inmanejable. La indiscreción de uno de sus hermanos comprometió la imagen de su esposa, al asegurar que su despacho forma parte de la comisión ad hoc que decide la inocencia de los detenidos por el régimen de excepción y, por tanto, quién sale libre y quién no. Aunque no la implica directamente, es difícil que desconozca las actividades de sus colaboradores. La intempestiva imposición de la cadena perpetua a los menores de dieciocho años colocó a la primera dama, por otro lado, en una posición embarazosa. En diversos foros internacionales vinculados al sistema de la ONU, ella ha expuesto sus iniciativas a favor de la familia y los menores. El Movimiento para el Fomento de la Nutrición, patrocinado por dicha organización, la invitó a formar parte de su dirección en reconocimiento de su labor. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) participó activamente en la implementación de sus iniciativas más destacadas: “Nacer con cariño”, “Crecer juntos” y “Amor convertido en alimento”. Dado este historial, Amnistía Internacional recurrió a ella como “interlocutora clave” de su marido para que le pidiera revisar la legislación sobre la cadena perpetua de tal manera que garantice el derecho de los menores a la reintegración social. La organización se permite recordarle que imponer esa pena a los menores está reñido con las directrices internacionales sobre la justicia juvenil y, en particular, con los principios de la Unicef, uno de sus aliados estratégicos. Adicionalmente, le solicitó interceder por aquellas personas cuyos hogares fueron destruidos por las detenciones masivas y arbitrarias del régimen de excepción. Las madres que buscan a sus hijos e hijas piden saber dónde y cómo están. No cuestionan la necesidad de la seguridad; solicitan satisfacer una necesidad básica a la cual no pueden renunciar, porque la maternidad las une indisolublemente con sus hijos e hijas. Amnistía le sugiere a la primera dama abrir un espacio seguro para escucharlas. No es un debate sobre seguridad, sino atender las inquietudes de madres angustiadas por sus hijos, que no han sido condenados por ningún delito, y por las condiciones en que son procesados. La crisis ha colocado a la primera dama ante un dilema. Si decide no darse por aludida, se desprestigia, no tanto dentro del país como fuera. Difícilmente podrá comparecer de nuevo en los foros internacionales donde sus aportes sobre la familia y la niñez han sido aplaudidos. El descrédito no recaerá solo sobre ella, sino también, y sobre todo, en el régimen de su esposo. Un punto muy sensible, tal como muestran las andanadas en X contra la prensa y las organizaciones de derechos humanos, algunas de las cuales mantienen una relación estrecha con su propia esposa. Si aboga por los menores y las madres es probable que choque con su marido, para quien ceder a las peticiones de Amnistía Internacional es una claudicación inaceptable. Si su intercesión es rechazada, será evidente que su influencia es poca. La crisis de los derechos humanos alcanzó un nuevo nivel al llegar a una comisión del Congreso estadounidense, que tomó nota de la larga lista de violaciones y de presuntos crímenes de lesa humanidad. La reacción de Bukele desvela la impotencia de su régimen para contener la propagación de las denuncias y del desprestigio. A esto se suma que juzgar a 486 pandilleros en combo no ha sido recibido como una “genialidad” de la justicia nacional, sino como un hecho reprobable. Muy a su pesar se perfila cada vez más como un típico dictador latinoamericano de los siglos XIX y XX. No todo está perdido. El recurso a la intercesión de su esposa le ofrece una salida elegante. Las peticiones de Amnistía Internacional son fáciles de implementar si hay voluntad política. Aceptarlas en su nombre, una mujer consagrada a la familia y a los menores, realzaría su trabajo como primera dama y a él lo proyectaría como un gobernante magnánimo que sabe escuchar. Un gesto de esta naturaleza es más eficaz para empezar a contener el daño ocasionado por la crisis actual que la proliferación de publicaciones en X provocadoras e insultantes. Estas quizás alivien la presión, pero no convencen. Es claro que la aproximación actual solo desgasta la imagen presidencial. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

De pequeña soñaba con ser maestra, pero solo pudo estudiar hasta segundo grado; la pobreza y la falta de oportunidades se lo negaron, como a muchas niñas de ese tiempo. La vida la llevaría a desempeñar otra tarea. Guadalupe Mejía nació el 26 de mayo de 1943 en el cantón La Ceiba, del municipio de Las Vueltas, Chalatenango. El mundo sufría la Segunda Guerra Mundial y El Salvador el apogeo de la dictadura militar. En este contexto conoció en su tierra natal a quien sería después el padre de sus nueve hijos, Justo Mejía, un muchacho pobre como ella y que hacía honor a su nombre. Era sencillo, buena gente y con gran sensibilidad social. Se desempeñó como catequista y celebraba la Palabra de Dios en aquellos tiempos en los que la Iglesia salió de los templos y la realidad entró en los conventos. Como hoy, en aquellos años decir la verdad era motivo de persecución. La fidelidad al Evangelio de Jesús hizo que Justo diera el salto a la lucha popular. Fue dirigente campesino, se organizó para pelear contra la injusticia y defender los derechos de los campesinos. Por ello le tocó andar itinerante, esquivando los constantes retenes en la zona donde vivían. El 9 de noviembre de 1977 lo capturaron, lo torturaron y lo asesinaron. Su cuerpo fue abandonado en un lugar cerca de Dulce Nombre de María. Guadalupe y tres de sus hijos fueron a recoger el cadáver. A ella siempre le dolió haber negado que él era familiar suyo cuando los guardias nacionales se lo preguntaron. Siempre sintió el amargo sabor de la negación, pero ella misma sabía que lo hizo para salvar la vida de su familia: si los guardias se hubieran enterado de que era la esposa del asesinado, ella y sus hijos habrían corrido la misma suerte que Justo. Este acontecimiento le cambió la vida: viuda a los 34 años y con nueve hijos que criar. Con ellos tuvo que dejar su casa y su cantón, y anduvieron deambulando por varios lugares en la lucha por alimentarlos y sacarlos adelante. En agosto de 1981, las fuerzas gubernamentales desaparecieron a su hermano, Gilberto Mejía, al que nunca pudo encontrar. La Madre Guadalupe, como se le conoció desde entonces, dedicó el resto de su vida a exigir justicia por el asesinato de su esposo Justo y a dar con el paradero de su hermano. Esa mujer sencilla que no pudo estudiar pero que daba cátedra con su vida, sacó fuerza de la debilidad. “La fuerza Dios se la da a uno, porque lo hace uno por buscar la justicia, no por hacer un daño”, dijo ella en una entrevista. El escritor salvadoreño Manlio Argueta reveló en 2014 que de una plática con Madre Guadalupe nació la inspiración para escribir Un día en la vida, que relata violaciones a los derechos humanos sufridas por campesinos salvadoreños a manos de las Fuerzas Armadas. Madre Guadalupe falleció el pasado jueves 16 de abril. Deja un gran legado. En 1981 fundó, junto a otras víctimas del conflicto armado, el Comité de Madres y Familiares de Personas Desaparecidas Marianela García Vilas (Codefam). Desde esa plataforma defendió incansablemente los derechos humanos, denunció las injusticias, intercedió por la liberación de presos políticos y acompañó a víctimas del conflicto con la ternura que solo otra víctima puede transmitir. Desde ahí se convirtió en una referente histórica de la lucha por la verdad, la justicia y el rescate de la memoria histórica. Fue una de las impulsoras del Monumento de la Memoria y la Verdad construido en el parque Cuscatlán, que recoge los nombres de miles de personas desaparecidas y asesinadas en el contexto del conflicto armado. En 2022, la UCA, a través del Idhuca, le otorgó el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes. El dolor que tiñó la vida de la Madre Guadalupe la llevó a luchar por la plena vigencia de los derechos humanos, una tarea difícil y peligrosa en contextos como el nuestro. Madre Guadalupe murió a los 83 años sin encontrar justicia por el asesinato de su esposo Justo y sin haber localizado a su hermano desaparecido, Gilberto, al igual que muchas otras madres que siguen siendo víctimas de las injusticias cometidas durante el conflicto armado. Gracias, Madre Guadalupe, por su testimonio, porque su sola presencia clamaba justicia desde la verdad inapelable de quien ha sufrido. Que su ejemplo nos iluminé para denunciar el mal, a pesar de las adversidades. * Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social.

Primero fue la airada desacreditación de los autores del informe sobre el crítico estado de los derechos humanos en el país. Después vino una especie de venganza con mucho de rabieta. Los legisladores por “instrucciones precisas” de Bukele modificaron la Constitución para introducir la cadena perpetua para los homicidas, los violadores y los terroristas, incluso los menores de edad. En teoría, la pena no es aplicable a las decenas de miles de detenidos, sino solo a quienes cometan tales crímenes una vez aprobada la reforma. En la práctica, el discurso oficial apunta a que la aplicará retroactivamente. Alega que dicha pena, extremadamente dura y cruel, es necesaria para garantizar “la irreversibilidad” de la seguridad, al impedir que los detenidos puedan recuperar la libertad. El régimen les niega el derecho de apelación y asume infundadamente que dicha legislación es irreformable. La cadena perpetua es la respuesta a la recomendación del equipo de juristas internacionales que solicitó revisar el expediente de cada uno de los detenidos para verificar la solidez de la acusación y en caso no encontrar fundamentos válidos, ponerlos inmediatamente en libertad. Al neutralizar uno de los componentes básicos del régimen de excepción, este pierde su razón de ser. Las propuestas no fueron bien recibidas por la cúpula gobernante, que reaccionó impulsivamente, sin considerar las implicaciones para el futuro. Aplicar retroactivamente la cadena perpetua, negar el derecho de apelación y desconocer la presunción de inocencia está reñido con la justicia y coloca al régimen al margen de los grandes consensos internacionales. Una indiscreción en las redes digitales confirma la extensión de la arbitrariedad. Según la fuente, el fiscal, el despacho de la primera dama y el sistema penitenciario deciden la inocencia de los detenidos y, por tanto, quién queda en libertad y quién permanece tras las rejas. Otra torpeza del régimen de excepción es haber exhibido como un logro de su plan de reinserción, que emplea a la fuerza de trabajo encarcelada en las obras públicas, a un condenado por violación que ni siquiera ha cumplido con la mitad de la pena. Revestir al régimen de excepción de una naturaleza inmutable es quimérico. De hecho, ya ha sido modificado en varias ocasiones para responder a situaciones no previstas. Pretender que la legislación que le da vida sea insuperable y eterna es un acto de soberbia similar al de los constructores de la torre de Babel. Cuando estaban a punto de tocar el cielo, Dios los confundió y los dispersó. El modelo de Bukele lucha contra el tiempo y no lleva las de ganar. La implantación de la cadena perpetua para blindar de forma inexpugnable al régimen de excepción forma parte del esfuerzo para perpetuarse en el poder por períodos sin término. Pero toda obra humana es perfectible, por tanto, modificable y, en este sentido, transitoria como la realidad misma. Ningún poderoso es eterno ni puede asumir que su sucesor será un duplicado. Los reemplazos son inevitables y con ellos llegan nuevas maneras de aproximarse a la realidad. La cadena perpetua no impedirá que, en un determinado momento, el legislador de turno la olvide o la suprima y, con ella, caiga también el régimen de excepción. Más aún si viola sistemáticamente la dignidad humana y sus derechos civiles, constitucionales e internacionales. Desconocer la competencia de los organismos internacionales en cuestiones tan cruciales como la dignidad humana e impugnar sus informes críticos con argumentos de autoridad es una simpleza que no desautoriza los señalamientos. En cierto sentido, es un relato contra otro. Pero el gubernamental está en desventaja. Recurre a la autoridad derivada del poder absoluto porque no puede enfrentar la realidad. Diversos formatos de comunicación social han retomado, reproducido y multiplicado dichos informes. Algunos han sacado a la luz nuevos hallazgos. La credibilidad que la opinión pública internacional ha otorgado a las denuncias, pese a los alegatos gubernamentales, ha colocado a la familia gobernante en una posición muy incómoda. La crudeza de lenguaje gubernamental para descalificar a sus críticos es cada vez menos convincente. El relato de la seguridad y, en general, del modelo de Bukele atraviesan una tormenta de credibilidad y, a mediano plazo, de viabilidad. Acusan un desgaste que debiera hacer reflexionar a su dirección. Proclamarse libre de los organismos defensores de los derechos humanos es girar en un círculo viciado. Sin embargo, puede romper con él si se hace cargo de los desafíos del presente. Permanecer anclado en la comodidad del pasado es condenarse a languidecer y, en definitiva, a desaparecer en la irrelevancia. Si la familia gobernante no reacciona, corre el riesgo de encontrarse aislada y repudiada. Una situación difícil de sobrellevar para quienes están excesivamente satisfechos consigo mismos. Recuperar la iniciativa y la credibilidad exige valentía para revisar y rectificar, lucidez para planificar el futuro y voluntad para ejecutar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 8 de abril pasado, el gobierno presentó una nueva ley de alianzas público privadas para ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Este tipo de asocios no son nuevos; desde los años ochenta del siglo pasado y especialmente desde la década de los noventa, los asocios público privados se erigieron como una alternativa para algunos países. Cuando un gobierno licita una obra, la empresa que lo gana asume todos los riesgos de la ejecución de la obra a cambio del pago pactado con el gobierno. En los asocios público privados, los gobiernos que no tienen suficiente dinero para invertir o no quieren hacerlo, entregan la obra o servicio a una empresa privada para que sea ejecutada por ella utilizando su dinero y luego la empresa cobra a la población por los servicios prestados. En estos casos, los riesgos son compartidos, por el Estado y las empresas. En palabras sencillas, los asocios permiten que las empresas privadas usen los bienes públicos y brinde servicios a la gente cobrando el precio o tarifa que les deje ganancias. En América Latina, el Chile de Pinochet fue pionero en estos asocios y en El Salvador ya se implementaron en los casos, por ejemplo, de Nejapa Power, LaGeo, Mides y más recientemente en los aeropuertos. El Salvador ya tiene una ley de asocios público privados que prohíbe aplicarlos a los servicios de salud, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de educación, de la Universidad de El Salvador y de los recursos hídricos. ¿Por qué? Para no permitir que derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la salud, la educación y el agua terminen administrándose con fines de lucro. Sin embargo, la propuesta de ley del actual gobierno elimina esa prohibición y abre las puertas para que empresas privadas puedan prestar servicios de salud, educación y recursos hídricos. El discurso siempre es el mismo de antes, con los asocios público privados mejorarán los servicios, habrá crecimiento económico y más desarrollo para toda la población. Pero la realidad muchas veces contradice este discurso. En países en los que se implementan estas medidas como parte de políticas neoliberales, como es el caso salvadoreño, los asocios público-privados se transforman en una forma de privatización de los servicios. Se anuncian como la gran solución a los deficientes servicios que ofrece el Estado, pero estos proyectos traen consigo la violación de derechos humanos de la población, especialmente los de los sectores más vulnerables. La ley de privatización de los fondos de pensiones se presentó como la panacea para mejorar las pensiones y ha sido lo contrario. La última reforma de 2022 fue publicitada como que con ella se saldaba una deuda histórica con los trabajadores, pero el resultado es que la mayoría de pensionados recibe montos que los orillan a la pobreza y la reforma solo benefició al gobierno y a las AFP. Para colmo más del 80% de los ahorros de los trabajadores para su futura pensión han sido tomados en préstamo por los gobiernos y desde 2023 no honran esa deuda ni pagan intereses. Los asocios público privados, en el mejor de los casos, son una herramienta, no la solución en sí misma. En países como el nuestro los asocios públicos privados sirven para dos cosas: Para descargar al Estado de su compromiso con la satisfacción de derechos de la población y para beneficiar a grupos económicos que intervienen en ellos. Además, un asocio público privado evade la licitación y se le asigna a una empresa que constituye una especie de monopolio y no tiene que cumplir con la ley de compras y adquisiciones que obliga a las instituciones públicas. Según el proyecto de ley presentado, el Estado mantendrá la propiedad de los bienes públicos, pero se los entrega a la empresa privada hasta por 50 años, para que los mejore, los utilice y obtenga ganancias. Es la esencia del modelo neoliberal cuyo objetivo es favorecer a las grandes empresas y posesionarse de los servicios públicos que puedan generar ganancia. Según estudios, la primera víctima de comercializar los servicios de salud es la prevención. Un reportaje de los asocios público privados en Estados Unidos, para muchos el país modelo de la sanidad privada, reveló que los altos costos de los exámenes médicos, hacen que suban de precio los seguros de salud, excluyendo a parte de la población que no alcanza a pagarlos. Se estima que hasta 40 millones de estadounidenses no tienen asistencia sanitaria por no ser tan pobres como para beneficiarse de los programas sociales del gobierno, pero tampoco tan ricos como para pagar el seguro médico. El Centro Canadiense de Alternativas Políticas, determinó en un estudio que, de los 25 miembros de la OCDE, los países con mayores niveles de privatización de la atención médica con fines de lucro tienen mayores niveles de mortalidad. La principal conclusión es clara: existe un vínculo evidente entre una mayor privatización de las salud y mayores tasas de mortalidad. La iniciativa del gobierno solo confirma que los más pobres y los vulnerables, que cada día son más, no ocupan un lugar importante en sus prioridades. Ellos y ellas, serán los que más sufran la implementación de otra política que los excluye.

El oficialismo perdió la compostura con el informe sobre el régimen de excepción elaborado por cinco juristas internacionales y presentado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de los expertos es contundente: bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. El señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores. El régimen perdió los nervios no tanto por esta posibilidad como por el eco que el informe tuvo en la prensa internacional, el cual deja en evidencia que su relato no convence fuera de las fronteras nacionales. El informe de 275 páginas documenta 540 desapariciones y la muerte de 403 detenidos. Comprueba documental y testimonialmente la persecución extrajudicial, la criminalización de inocentes, la acción punitiva no penal, la tortura y el asesinato. Todas ellas, violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, que pueden constituir delitos de lesa humanidad. A estos señalamientos se agrega el del periódico español El País, el cual afirma que más de 33 mil detenidos por el régimen de excepción no son considerados pandilleros; es decir, más de la tercera parte de los encarcelados son inocentes. Estos guardarían prisión no por ser culpables, sino que serían culpables por haber sido detenidos. La reacción de la prensa internacional revela la inutilidad de los cabilderos, los troles y las giras internacionales de los altos funcionarios. Más importante que la pérdida de los estribos del oficialismo es el reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. En efecto, ningún funcionario cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores y el alcance de sus conclusiones. Asesinar al mensajero de malas noticias es una reacción muy antigua. El oficialismo asume que si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz. En este caso, le echa en cara no haber denunciado el genocidio de las pandillas, lo cual no es cierto. Y aunque lo fuera, el régimen de excepción es señalado por otro genocidio. Esta línea de defensa es desatinada. Si las organizaciones de derechos humanos no denunciaron el genocidio de los pandilleros, Bukele negoció con estos genocidas desde el comienzo de su carrera política. Les dio dólares en abundancia, “trato especial” en las cárceles de “máxima seguridad”, incluso puso en libertad a más de alguno de sus líderes. Luego, desairado por sus socios genocidas, enmendó el extravío implantando el régimen de excepción como árbitro del derecho y de la justicia. Si acaso las organizaciones de derechos humanos pecaron por omisión, el modelo de Bukele peca por comisión. Si esas organizaciones son “bufetes legales de los delincuentes”, Bukele legitimó, protegió y fortaleció a esos delincuentes hasta que lo traicionaron. La otra línea de defensa es tan grotesca como la anterior. Bukele intenta desautorizar los hallazgos de los juristas extrapolando sus recomendaciones. Estas no solicitan liberar indiscriminadamente a todos los detenidos por el régimen de excepción, ni mucho menos poner en libertad a los pandilleros. Tampoco defienden asesinos, violadores y terroristas. Por tanto, no promueven el asesinato de inocentes. Más bien, el informe recomienda establecer una comisión con respaldo internacional que la haga creíble para revisar el expediente de cada uno de los detenidos y liberar a los encarcelados sin pruebas, siempre y cuando no representen un riesgo para la sociedad, y garantizar el debido proceso a quienes permanezcan presos. No pretende, pues, engañar a nadie para debilitar el apoyo popular al régimen de excepción y “perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sino hacer justicia, lo cual no está reñido con el respeto de los derechos humanos y la seguridad. Más aún, el informe afirma “el deber ineludible” de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que advierte que esa responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales. Los juristas son claros en su diagnóstico y sus conclusiones. Retorcer sus recomendaciones para reforzar el miedo a las pandillas y mantener el elevado grado de aceptación del régimen de excepción es deshonesto. En realidad, la seguridad ciudadana no interesa tanto como preservar ese nivel de popularidad, vinculado casi exclusivamente a dicho régimen. Bukele no sabría gobernar sin él. De ahí la prórroga indefinida de la excepción. Esta forma de gobernar choca frontalmente con los juristas internacionales que recomiendan poner fin al régimen de excepción. Estos proponen otra posibilidad: cuidar de la seguridad ciudadana sin cometer crímenes de lesa humanidad. El oficialismo reaccionó interpretando maquiavélicamente sus recomendaciones haciéndolas decir lo que no dicen. El régimen se niega a reconocer que resguardar eficazmente la seguridad nacional no está reñido con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pese a ello, Bukele anhela el reconocimiento de la comunidad internacional, el cual, muy a su pesar, no solo no llega, sino que la reprobación es cada vez más amplia y por razones de mayor peso ante las cuales no tiene respuesta.

En cuestión de días la Asamblea Legislativa reformó y ratificó un paquete de reformas penales que incluye la prisión perpetua a menores de edad que se encuentren culpables de delitos de terrorismo, violación y homicidio. La medida se aprobó con 58 de 60 votos y algunos ediles lo celebraron como un triunfo. La justificación más repetida es que la cadena perpetua constituye un disuasivo para los delincuentes. Condenas más largas se traduce en menos violencia, piensan. La misma justificación se da con la pena de muerte. Pero los legisladores y funcionarios actúan dando por sentado que es así, sin un análisis serio de la investigación existente ni considerando alternativas menos arriesgadas. Desde la experiencia histórica los diputados no tienen nada que celebrar. La primera objeción a la medida es que décadas de investigación no han logrado encontrar evidencia científica que confirme que el uso de la cadena perpetua tenga un impacto en las tasas de homicidios. La evidencia encontrada ha sido más bien mixta y a menudo concluye que la cadena perpetua no es más disuasiva que las penas largas de prisión. La conclusión es clara: la prisión perpetua no funciona bajo el principio de prevención, sino de incapacitación. Se incapacita a la misma persona para que no vuelva a delinquir, pero no disuade a otros de hacerlo. La cadena perpetua no trabaja en el origen del delito sino en su consecuencia. La segunda objeción a la medida es que El Salvador ya contempla condenas de hasta 100 o más años. Recientemente se condenó a 50 pandilleros a entre 400 y 1,135 años de prisión por su participación en varios homicidios y desapariciones forzosas y en otro caso, a 62 pandilleros un Juzgado Especializado les impuso 130 años de cárcel por su participación en delitos en las colonias La Campanera y El Pepeto de Soyapango. En realidad, esas condenas son en la práctica cadenas perpetuas y, a juicio de especialistas, la cadena perpetua es una pena de muerte disfrazada. Y una tercera objeción viene desde la doctrina de los derechos humanos. La cadena perpetua despoja a la persona de la esperanza de reintegración en la sociedad. La cadena perpetua como la pena de muerte entran con conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales El Salvador fue firmante de manera voluntaria y que por tanto está obligado a cumplir. Entonces, si no está comprobado que la cadena perpetua sirva como disuasivo, si en El Salvador ya se aplican de facto cadenas perpetuas y si contradice el respeto a los derechos humanos, ¿vale la pena asumir los costos excesivos que implica, los riesgos de cometer errores al imponerla y otros problemas inherentes a su práctica? ¿Por qué aprobarla en El Salvador? La cadena perpetua en el caso salvadoreño es parte del deterioro que vive el sistema de justicia. En el imaginario popular, detrás de la cadena perpetua está el pensamiento “a más años de cárcel, menos delincuentes habrán” originado por la impunidad que se percibe. El endurecimiento de penas es una acción propia de regímenes populistas punitivos que se realizan sin conocimiento de los efectos de esta pena y que no tiene función preventiva. En el país, además, está el agravante de los juicios masivos donde los imputados no tiene derecho a la defensa ni al debido proceso. Es una medida para aparentar firmeza contra los miembros de pandillas, aunque la terminen aplicando a cualquier persona que les incomode como sucede con el Régimen de Excepción. A propósito de que en estos días recordamos el juicio injusto a Jesús de Nazareth que terminó con su condena a muerte, conviene tener presente que la cadena perpetua es una medida de alto impacto, como le gusta a la administración actual, pero de eficacia muy limitada. Es una decisión exprés que no tiene fundamentos criminológicos válidos.

Se suele decir que la historia se repite. La similitud entre los tiempos de Mons. Romero y los actuales parecieran confirmarlo. Entre otras cosas, lo acusaron de meterse en política por denunciar la injusticia y la violencia institucional. Hoy, el oficialismo se ensaña otra vez por la misma razón con el párroco de Apopa, quien alzó su voz para denunciar la ausencia de democracia y de paz, y por afirmar que el país “va para atrás”. Los insultos contra Mons. Romero subieron de tono progresivamente, mientras el odio se enconaba hasta que ya no pudo más y lo asesinó el 24 de marzo de 1980. Hoy, el oficialismo descalifica al párroco de Apopa en términos parecidos. Casi medio siglo después le ordenó no meterse en política y dedicarse a decir misas. Según la lógica oficialista, si el párroco y el pastor bendicen el poder político y económico son fieles a su misión, aun cuando esa bendición es un acto eminentemente político al legitimarlo sin cuestionar su modo de proceder. En este caso, su acción no es política, porque no les corresponde señalar su pecado y llamarlo a la conversión. Si lo hacen como Mons. Romero o el párroco de Apopa, se meten en política, lo cual no les está permitido. Su misión es congeniar con el pecado. Las dos acciones son igualmente políticas. Pero la dificultad no es la política en sí misma, sino al servicio de quién está. Si sirve al orden establecido, la intervención de los ministros es aprobada, aplaudida y recompensada generosamente por el poder. Aquellos que bendicen el régimen de excepción o se desentienden de sus atropellos y violencias son pastores ejemplares. Pero si asumen la defensa del pueblo pobre y violentado son insultados y despreciados, condenados y perseguidos. Jesús ya previno a sus seguidores al final de las bienaventuranzas que esto les sobrevendría por su fidelidad a la justicia del Reino de los Cielos. El poder se empeña en confinar la religión al ámbito de la conciencia y la sacristía, para campar a sus anchas, sin reclamos, restricciones ni normas. La misión de los ministros es predicar respeto y obediencia a su autoridad. Si defienden el derecho y la justicia, traicionan su misión al meterse en política. A pesar de las coincidencias, la historia no se repite. La historia es un proceso abierto, que no regresa al pasado sino avanza hacia el futuro. Sin embargo, el proceso deja estructuras que si no son modificadas en el presente, se convierten en futuro. La época de Mons. Romero y la actual son similares, porque el poder se ha negado a intervenir en las estructuras heredadas para transformarlas. El modelo de Bukele, que alega crear una tierra nueva, ha aceptado pasivamente ese legado de sus predecesores, porque conviene a sus aspiraciones. La pobreza y la desigualdad, la injusticia y la violencia no han desaparecido, dado que la estructura que las genera permanece intacta. Indudablemente, esta ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias y ha adquirido formas nuevas, pero que matan igual. Rápidamente, por las diversas modalidades de la violencia. Lentamente, por el hambre, la enfermedad y el abandono. El mal es tan hábil como perverso. Se reinventa de la mano del poder. Denunciarlo y anunciar proféticamente la justicia del reino de Dios es abominable y perseguido. Ese fue el destino de los profetas del Antiguo Testamento. No es casualidad que el imperio haya acusado y condenado a Jesús por declararse rey de los judíos. La acusación pende en la parte superior de la cruz como razón del asesinato del crucificado. A pesar de que el Estado es constitucionalmente laico y, sobre todo, que sus funcionarios no son un ejemplo de honestidad, el modelo de Bukele no se cansa de apelar a Dios. Su profesión de fe ha encontrado eco en amplios sectores cristianos. Por eso, las voces disonantes son tan irritantes. El poder se revuelve contra ellas como ya lo hizo con Mons. Romero y la multitud de mártires de la Iglesia salvadoreña. El poder necesita lo sagrado para justificarse. El ejercicio del poder crudo y duro es intolerable. En la voluntad divina encuentra la legitimidad necesaria para imponerse de manera totalitaria. El cuadro de Mons. Romero que preside uno de los salones de Casa Presidencial cumple esa función. Bukele se sienta debajo de él como si estuviera bajo su protección. Aunque sabe bien que si el arzobispo viviera, habría denunciado sus injusticias y habría exigido respetar los derechos humanos, no lo baja. La imagen de Mons. Romero es demasiado poderosa como para descartarla. Desde esa posición privilegiada, Mons. Romero es testigo de los desafueros del régimen y es también una invitación a hacer política de la buena, la del bien común, respetuosa de la dignidad humana de todo el pueblo salvadoreño, por el hecho de ser personas, hijas e hijos de Dios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de cuatro años, el régimen de excepción no puede juzgarse solo por la seguridad que consiguió al encerrar a los pandilleros. Ya es hora de valorar críticamente qué país construye. El oficialismo responde impulsivamente que construye uno nunca visto. La declaración es aceptada sin más por quienes han caído en la tentación de pensar que un país nuevo nace de la mano de Bukele. En realidad, el oficialismo está atrapado en el pasado, que limita su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y responder a las necesidades de la ciudadanía. El oficialismo perdió el paso cuando cayó en el error de conformarse con la supresión de las pandillas. El cruce de palabras entre dos diputadas, una vocera del oficialismo y la otra opositora, evidencia la pobreza del modelo de Bukele. El incidente se produjo a raíz de un pronunciamiento legislativo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La diputada opositora propuso ir más allá de una declaración y legislar para prevenir la violencia contra las mujeres. La oficialista saltó en defensa del orden establecido por el régimen de excepción. Según la legiladora, solo Bukele habría defendido a las mujeres y las niñas, puesto que las liberó de la violencia de las pandillas. Encerradas estas, la violencia contra las mujeres desapareció. La estadística gubernamental muestra una realidad muy diferente. En los dos últimos años registro casi tres mil violaciones. Cabe anotar que estas son solo las denunciadas. A pesar de la neutralización de los pandilleros, las mujeres son acosadas y violentadas en su hogar y su comunidad, en los espacios públicos y el sitio de trabajo, incluidas las dependencias gubernamentales. Policías y soldados abusan de ellas; a las que se resisten las encarcelan, acusadas de pertenecer a agrupaciones terroristas. Un francotirador de una fuerza especial asesinó impunemente a una de ellas con un certero disparo en el centro histórico de la capital, uno los sitios “más seguros” del modelo de Bukele, Otras muestras de indiferencia son la desactualización de los datos oficiales sobre la violencia contra la mujer desde 2021 y la baja tasa de condenas conseguidas por la Fiscalía en los procesos judiciales. De poco sirve, pues, condenar a cadena perpetua sin convictos. Reconocer la existencia de esta violencia es incómodo e inoportuno, porque exige ir más allá de confinar pandilleros. Esta operación, que Bukele da por concluida exitosamente, solo fue el comienzo. En el país existen otras formas de violencia que no permiten hablar de una seguridad total. El oficialismo padece del mismo mal que los dos partidos de la guerra civil. Arena y el FMLN gobernaron, tres décadas el primero y una el segundo, inmersos en el legado del conflicto armado. Se resistieron a asumir que los tiempos habían cambiado. No lo hicieron por comodidad y por falta de inteligencia política. Asumir la novedad exigía un esfuerzo que no estaban dispuestos a realizar. Se dejaron atrapar por un pasado más o menos idealizado. Esa fue su perdición y la gran oportunidad que Bukele supo aprovechar. Irónicamente, este se encuentra ahora en una posición similar. Se niega a aceptar que el desafío de las pandillas ya es pasado, que el nuevo país prometido a las mayorías no aparece por ningún lado y que su modelo se enfrenta ahora a desafíos diferentes. Las comunidades que antes sufrieron el terror de las pandillas hoy sufren la represión violenta de los policías y soldados del régimen de excepción, que abusan de ellas, las encarcelan y las asesinan impunemente. Anclado en el pasado, el oficialismo no encuentra motivo para abandonar la comodidad de lo conocido y adentrarse en terrenos que reclaman su atención. Sus troles reflejan esta actitud. Repiten descalificaciones asociadas a un pasado inexistente por pereza e ineptitud. Carecen de formación y talento para enfrentar racionalmente los cuestionamientos del presente. Se refugian en el convencimiento de estar en posesión de la verdad. A su patrón le basta con la descalificación desactualizada. La discusión legislativa sobre la violencia de la mujer revela la parálisis del oficialismo. Al no haber pandillas, tampoco habría violencia. Amenazar con cadena perpetua no detendrá las violaciones. Hace falta prevención eficaz. El oficialismo perdió la conexión con la realidad. La respuesta al cuestionamiento de la diputada de la oposición deja al descubierto su pobreza de pensamiento. La represión de las pandillas, a la cual llegó por mera casualidad, agotó su iniciativa y su eficacia. El oficialismo no ha aprendido la lección. Sigue el mismo camino que sus predecesores. En el momento menos esperado surgirá una fuerza que aglutinará y organizará el descontento popular y pondría fin a su reinado. Lo mismo que hizo con los dos partidos de la guerra. La novedad envejeció. El oficialismo es ahora más viejo, desfasado e inútil. Se quedó sin ideas y sin novedades. Si no reacciona, se encamina lenta, pero inexorablemente al depósito de proyectos fallidos de la historia nacional. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una semana después de que el Estado salvadoreño fuera señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción -el cual está próximo a cumplir cuatro años en vigencia- y de la denuncia de la existencia de la persecución y criminalización política de personas consideradas opositoras al discurso oficial a partir de 2019, el oficialismo eliminó la prohibición de la cadena perpetua en el país, contenida en el inciso N°2 del artículo 27 de la Cn. De la República. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su art. 5 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 10 establecen que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social. En esa misma línea, las Reglas Mandela señalan que el sistema penitenciario no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad y debe orientarse a la rehabilitación, garantizando acceso a la salud, educación y trabajo para contribuir a su resocialización. La jurisprudencia interamericana de la Corte IDH ha sostenido que la finalidad resocializadora tiene objetivos concretos como el favorecer el contacto familiar y condiciones que hagan posible la reinserción. Por su parte el mismo marco legal salvadoreño, ha subrayado la readaptación como el eje central del sistema penitenciario. El día 17 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó con 59 de 60 votos una reforma al art. 27 de la Cn. de la República la cual elimina la prohibición de las penas perpetuas, afectando “solo a los homicidas, violadores y terroristas”. Esta reforma, como es costumbre desde que Nayib Bukele entró al Ejecutivo en 2019 y, particularmente desde mayo de 2021 con la pérdida del sistema de pesos y contrapesos, fue aprobada sin estudio ni debate previo, y aunque aún está pendiente su ratificación, como es de esperar, esta es inminente. Cabe señalar que la pena máxima de varios delitos fue reformada en 2025, llegando a 60 años para el homicidio agravado, de manera que se elevó el enfoque punitivo del sistema judicial previo a este salto de castigo perpetuo. Según la sala de prensa de la Asamblea Legislativa el artículo reformado quedaría de la siguiente forma: “Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”. Además, se agregó también que realizarán los cambios pertinentes al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas y “garantizar que no existan vacíos” (Asamblea Legislativa, 2026). Leyendo entre líneas algunos de los mensajes divulgados por diputados del oficialismo se observan falacias argumentativas que vislumbran el carácter punitivo de la reforma, alejado del orden jurídico respetuoso del Estado de derecho y de derechos humanos, obedeciendo al carácter autoritario del aparataje estatal actual: “al permitir las penas de cadena perpetua en el país se corrigen décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas. Además, se les devuelve a los ciudadanos el derecho a vivir en paz y sin miedo… El Salvador ha dejado atrás esta era de impunidad. Esta reforma constitucional es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles. Se acabó ese desequilibrio donde se protegían más las garantías del criminal que la vida de las personas honradas” (Declaraciones de Suecey Callejas, Asamblea Legislativa, 2026). Una reforma de este tipo, que absolutiza el encierro para siempre, vacía de sentido a los sistemas penitenciarios que en la teoría no deben agravar el sufrimiento inherente a la prisión y que deben de proveer de condiciones para la rehabilitación y resocialización, eliminando cualquier incentivo para el cambio personal, educativo o laboral. Esta reforma superpone el carácter irreversible “que jamás vuelvan a caminar por nuestras calles” y lo eleva al rango constitucional, desdibujando el objetivo resocializador del artículo 27 de la Constitución. Ante este tipo de reformas que se enmarcan aparentemente en la lógica “penal” es necesario ir más allá y obliga a plantearnos cómo se vincula este carácter punitivo vitalicio con la cultura de violencia estructural que ha caracterizado a El Salvador. Si se tiene en cuenta por un lado, que la historia salvadoreña está marcada por la violencia política que ha dejado graves violaciones a derechos humanos impunes hasta la fecha, la violencia social y la perpetrada por los grupos de pandillas, y por otro, una Memoria individual y colectiva debilitada debido a la cultura del negacionismo de la historia muy presente en la actualidad, nos lleva a deducir que la promoción y aceptación de este tipo de reformas, caracterizan a una sociedad que no ha hecho las pases con su pasado violento porque ha preferido “olvidar” aunque esto conlleve más bien, dejar congelada una gran parte de la historia del país la cual requiere de acceso a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Es por ello que, las afirmaciones de los diputados en la medida que contravienen la razón de ser de los mecanismos privativos de libertad, posicionan una cultura del olvido impune, ya que este tipo de medidas nos llevan a preguntarnos, ¿qué se está entiendo por justicia? Y yendo más allá: ¿en qué lugar se encuentran las medidas de reparación? Con todo esto, no se trata de minimizar el daño causado por los homicidios, las violaciones o el terrorismo, sino más bien, cuestionar si este tipo de medidas responden integralmente o no al dolor de las familias y a la necesidad de justicia. En tal sentido, se trata de cuestionarnos qué clase de sociedad queremos ser frente a esos hechos que trastocan las vidas de las poblaciones en condiciones de desigualdad estructural: ¿una abierta a esclarecer la verdad, que protege, previene y repara los daños apegada a los marcos normativos de derechos humanos o, en cambio, una que congela a la persona en su peor acto tanto espacial como temporalmente? Ante el actual contexto por el que transita El Salvador, esta pregunta podría responderse con facilidad: muchas personas pueden aplaudir la segunda opción, pero ésta contraviene el mandato jurídico internacional y despoja de cualquier principio ético al sentido de la prisión y las penas. Decir, que nadie puede cambiar es un acto de política punitiva que renuncia a la esperanza y a las posibilidades de reinserción. Cabe señalar que estas reformas se enmarcan en un contexto en el que las detenciones masivas efectuadas contabilizan más de 91,000 en el marco del régimen de excepción, con un saldo de 8,000 personas liberadas con medidas alternas a la detención provisional. Esto se ve agravado con la implementación de juicios masivos ya que podrían dar lugar a la atribución de delitos y una pena perpetua de manera arbitraria a personas inocentes. La cadena perpetua no es solo una medida punitiva, sobre todo es un indicador de quiénes somos y de qué tipo de sociedad hemos construido pese al histórico de violencia que nos antecede. Si decimos que nadie merece jamás otra oportunidad, se da lugar a la instauración de penas sin horizonte despojando a las personas de su dignidad humana y de su derecho a su rehabilitación a la resocialización. La política criminal puede y debe ser firme, sin embargo, una la firmeza sin horizonte termina llamándose desesperanza. Y ningún Estado que tenga al centro al ser humano, podrá ser respetuoso de los mismos al escoger el castigo vitalicio por sobre la rehabilitación y reinserción social.

En El Salvador, las violaciones de derechos humanos han sido un problema recurrente. Todos los Gobiernos de la posguerra se han resistido de forma sistemática a admitir su existencia, aceptar su responsabilidad directa o indirecta, reconocer sus graves falencias a la hora de proteger a las víctimas y, en suma, asumir su deber de investigar estos graves hechos. En 2014, por ejemplo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, negaba la existencia de grupos de exterminio, integrados por agentes policiales y militares dedicados al asesinato de personas acusadas de pertenecer a pandillas. Afirmaba que dentro de las pandillas había grupos que usaban armas largas y operaban con uniformes de la PNC y el ejército. En los años siguientes, diversas instancias comprobaron la existencia de un patrón de actuación dentro de la PNC que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales. Dos administraciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una relatoría especial de Naciones Unidas confirmaron esta realidad. La misma Fiscalía General de la República desarticuló entre 2016 y 2019 alrededor de 10 estructuras integradas por policías, militares y civiles dedicadas a la eliminación de personas acusadas de ser miembros de pandillas. Algo similar sucedió con el desplazamiento forzado interno. Durante años, Mauricio Ramírez Landaverde, el entonces ministro de Seguridad, argumentó que en El Salvador no se podía usar ese término “porque no se configuran las características del mismo según el derecho humanitario”. El Estado salvadoreño tardó algunos años en reconocer su existencia, obligado por las abundantes pruebas aportadas por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a las víctimas. Su reconocimiento fue gradual: primero, a través de una sentencia de 2017 de la Sala de lo Constitucional; luego, el Ministerio de Justicia en 2018; y finalmente, la Asamblea Legislativa en 2020, a través de la emisión de una ley especial que no fue implementada. Más recientemente, en 2021, el ministro Gustavo Villatoro, el fiscal general y otros funcionarios del oficialismo negaron sistemáticamente la gravedad del problema de la desaparición de personas. Además de negar su importancia, se promovió una narrativa estigmatizante y deslegitimadora: se culpó a las víctimas al decir que la responsabilidad de las desapariciones era de sus padres, se usó el término “ausencias voluntarias” para manipular los datos y se dijo que todo era parte de “una campaña contra las autoridades”. Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue escenario de un nuevo capítulo de negacionismo. Una delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y el procurador general de la República negaron rotundamente que en El Salvador se criminalice la labor de defensa de derechos humanos, se ejerza coerción hacia las organizaciones de derechos humanos y se cometan desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Ambos se suman al listado de funcionarios que han desempeñado esta deshonrosa labor: la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Nayib Bukele y Félix Ulloa, entre otros. Al igual que los del pasado, los actuales funcionarios rechazan la abrumadora evidencia que han aportado las organizaciones de derechos humanos y los señalamientos de los organismos internacionales. Los informes se acumulan a la puerta del Estado, fortaleciendo una verdad que terminará por imponerse. * Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita con Migrantes.

En El Salvador la desaparición forzada ha estado presente en diferentes contextos históricos y ha sido utilizada tanto por el Estado como por el crimen organizado para reprimir disidencias o generar terror en la población. En la década de los setenta y ochenta fue una violación de derechos humanos utilizada principalmente por el Estado y sus estructuras paralelas para perseguir y eliminar a todas aquellas personas con ideas contrarias a las oficiales o que pertenecieran a movimientos sociales considerados subversivos. Este hecho violatorio también fue usado por el FMLN, aunque el número de casos identificados fue menor. El Informe de la Comisión de la Verdad registró cerca de 5,000 denuncias de desaparición forzada entre 1980 y 1991, sin que este número deba interpretarse como el universo completo de personas que fueron desaparecidas en este periodo de la historia. En la posguerra, la desaparición de personas fue usada principalmente por las pandillas como una estrategia de terror ejercida contra la población y también como un mecanismo para evadir la judicialización de los casos de violencia extrema. Funcionó como una válvula de escape en momentos en los que las pandillas tenían un pacto con el gobierno de turno que les comprometía a bajar los homicidios. Solo entre 2009 y 2021, la PNC registró 21,138 denuncias de personas desaparecidas, lo que promedia 1,626 denuncias al año. Aunque se desconoce qué porcentaje de estas personas siguen desaparecidas, actualmente hay muchos colectivos de familiares que siguen en labores de búsqueda. La desaparición de migrantes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos es otro de los flagelos de nuestro país. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) ha registrado 471 casos de migrantes salvadoreños no localizados desde 2010, por otro lado, también reporta 84 personas salvadoreñas localizadas sin vida. Por su parte, la Organización Mundial de Migración (OIM) registra 274 salvadoreños desaparecidos o fallecidos desde 2014 hasta 2025. Sin embargo, por la misma naturaleza del contexto de estas desapariciones, es decir ocurridas en el marco del tránsito irregular donde las personas buscan evadir a las autoridades para evitar ser detenidos, es claro que el número debe ser considerablemente más alto. Más recientemente, el Régimen de Excepción ha sido el escenario en donde el Estado vuelve a asumir un papel activo en esta grave violación de derechos humanos. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) registró en su informe la existencia de 540 casos de desaparición forzada entre marzo de 2022 y febrero de 2025. Al respecto de estos casos, las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas denunciaron que existen diversos patrones de actuación de las autoridades como, por ejemplo, la captura de su familiar, seguida de la negación de información a las familias, el no reconocimiento de la detención, lo que se traduce en la incertidumbre sobre el paradero de la persona detenida. A ello se suma, el régimen de incomunicación al que son sometidas las personas privadas de libertad y sus familias y la existencia de fosas comunes donde son sepultados algunos privados de libertad fallecidos sin que sea informado oportunamente a las familias. Finalmente, la desaparición de migrantes en el retorno ha sido una realidad emergente en los últimos dos años. En un artículo reciente se evidenciaba cómo más de 30 salvadoreños habían sido totalmente invisibilizados en el marco de la deportación y detención arbitraria a la que fueron sometidos los migrantes venezolanos entre marzo y abril del 2025. Sin información clara sobre los procedimientos aplicados con ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba sobre el grave riesgo de daño irreparable en el que se encontraban cinco de estos migrantes detenidos. No faltará quien diga que la mayoría de estas desapariciones “son cosa del pasado”, que ahora en El Salvador “estos problemas han sido superados”. Nada más alejado de la realidad, por definición la desaparición forzada es un delito continuado, perdura en el tiempo mientras la persona no sea localizada, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Independientemente de si la desaparición inició en los setentas como parte de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado, o si fue en los años 2000 fruto de la violencia generalizada ocasionada por las pandillas, o si fue más recientemente en el marco del régimen, existe una responsabilidad compartida entre aquellos que permitieron estas desapariciones al fallar en su deber de protección y quienes ahora fallan por su negligencia a la hora de investigar y esclarecer todos los casos de desaparición forzada. Mientras las víctimas no sean localizadas, los perpetradores no sean juzgados y existan familias incompletas en El Salvador, habrá miles de deudas pendientes con la justicia y la verdad.

Hasta ahora, uno de los principios básicos de Bukele había sido que El Salvador es libre, soberano e independiente. Se vendía, pues, como un nacionalista puro. En Miami, como ya es usual en él, hizo lo contrario. Trump le dictó, junto a otros once mandatarios latinoamericanos, lo que debe hacer y cómo hacerlo. Todos aceptaron sumisamente sus órdenes. Todos son ideológicamente afines a él, es decir, tienden al absolutismo y confían ciegamente en el uso de la violencia pública. Todos sonrieron cuando se mofó del español y guardaron silencio cuando se refirió a América Latina como “nuestra región”. Y todos se alinearon con él desde el comienzo. México, Colombia y Brasil, más dignas e independientes, no fueron invitadas, pese a que las dos primeras han colaborado estrechamente con Washington para combatir los carteles de la droga y que necesitará de todas ellas para alcanzar sus objetivos. Trump impuso tres tareas a sus invitados. En primer lugar, les ordenó integrar una alianza militar para desatar el poder de fuego de sus ejércitos contra los carteles de la droga y sus redes terroristas, en una guerra de aniquilación total. Por su parte, les prometió entrenamiento militar y movilizar a los ejércitos aliados a terceros países. En consecuencia, el ejército salvadoreño ha quedado bajo las órdenes de Trump. Será interesante comprobar cómo combate a las fuerzas armadas de los carteles de Ecuador, las cuales no se entregarán sin luchar tal como lo hicieron las pandillas nacionales. En Haití, no se ha destacado militarmente. En segundo lugar, les exigió detener la emigración y aceptar a los inmigrantes capturados y deportados por la fuerza represiva estadounidense, un trabajo que Bukele ha hecho satisfactoriamente. Frenar la emigración nacional hacia el norte es bastante más complicado, porque para cumplir con el encargo Bukele tendría que dar motivos creíbles a los miles que acarician la idea de abandonar el país, como elevar sustancialmente su nivel de vida e infundirles confianza en unas fuerzas de seguridad que temen tanto como a las pandillas y en una administración de justicia desacreditada. En tercer lugar, les mandó detener la expansión de la inversión y la ayuda de China. En los últimos años, el intercambio de bienes y servicios entre América Latina y China ha alcanzado cotas inéditas. La orden representa un desafío grande para un Bukele que depende de China para construir megaestructuras como la nueva biblioteca, orgullo del centro de la capital, y el estadio más grande de Centroamérica, o de donaciones como dispositivos electrónicos para las escuelas. Las actuales relaciones cercanas y cálidas deberán enfriarse, a pesar de que Washington no es tan generosa como Beijín. Trump dejó claro a sus invitados que “deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, es decir, de China. La entrega de la soberanía nacional fue recompensada con creces. Trump se deshizo en halagos a Bukele. Ninguno de los otros mandatarios presentes, ni siquiera el argentino, fue honrado como él. Lo colocaron a la derecha de Trump en la fotografía oficial de la cumbre, desplazando a un lugar secundario al presidente chileno, y aquel lo llamó “cercano”, “amigo”, “apuesto” y, sobre todo, que gobierna tal como a él le gusta. Tal vez no sea casualidad que Bukele haya sido el primero en proponer la construcción de un escudo de las Américas durante la visita del presidente de Costa Rica en noviembre pasado. Bukele no podía pedir más. En Miami, fue declarado formalmente el presidente ideal del imperialismo de nuevo cuño. El reconocimiento es, sin embargo, exclusivamente personal, una exaltación del ego presidencial. Bukele no ha usado su envidiable posición para abogar por la diáspora vulnerable a una deportación violenta. Quizás por temor a que la reprimenda de Trump haga añicos su imagen ejemplar. Quizás porque él también piensa que estos inmigrantes son gentes malas, criminales y traficantes, que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Por tanto, merecen la deportación y la cárcel. Al parecer, Bukele y los suyos solo se sienten a gusto con la diáspora próspera y legal, que los admira y les da el voto, pero que no tiene la intención de residir en el país. América Latina no se ha librado de la destrucción de su institucionalidad regional. Trump, igual que Bukele, la desprecia. Prefiere rodearse de mandatarios afines y obedientes, como los reunidos en Miami. Los doce mandatarios presentes más los otros cinco que suscribieron la alianza deben tener claro que Trump no la creó para promover el bienestar y la seguridad de sus naciones, sino para servirse de ella según sus conveniencias. El imperio estadounidense está de regreso, pero en una versión más brutal que la del siglo pasado. Y, al igual que entonces, con la colaboración activa de latinoamericanos que ingenuamente se entregan en sus brazos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Según los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al cierre del año 2025, 61 de cada 100 salvadoreños opinaron que el país estaba mejor en comparación con 2024. No obstante, la percepción sobre la situación económica del país muestra otro panorama: solo 32 de cada 100 salvadoreños consideraron que la economía mejoró, 29 de cada 100 opinaron que empeoró y 38 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Ante este escenario es importante preguntarse quiénes se están beneficiando de los actuales planes económicos. Aunque la economía está creciendo a un mayor ritmo que en las administraciones anteriores, la situación de muchas familias apunta a que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera equitativa. Al respecto, la encuesta revela diversidad de percepciones sobre la situación económica familiar. Al cierre de 2025, 31 de cada 100 salvadoreños percibieron mejoras en la economía de su hogar, 14 de cada 100 consideraron que su situación empeoró y 55 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Un hallazgo importante es que incluso entre los que perciben mejoras en la economía del país, solo la mitad considera que su economía familiar también mejoró, mientras que la otra mitad considera que su situación no cambió o incluso empeoró. Además, la encuesta señala diferencias importantes entre los hogares al compararlos según sus ingresos. Entre las familias de mayores ingresos (más de $2,000 al mes), 43 de cada 100 afirmaron que la situación económica familiar había mejorado, mientras que entre los hogares de menores ingresos (menos de $180 al mes), solo 22 de cada 100 consideraron lo mismo. Esta diferencia sugiere que las mejoras en la economía no necesariamente se traducen en beneficios para toda la población y que son los sectores más vulnerables los que menos se benefician. Asimismo, la encuesta muestra que algunos hogares han tenido que recurrir a medidas para mitigar su frágil presupuesto: uno de cada cuatro tiene un negocio de subsistencia; uno de cada cinco cría animales o cultiva algún alimento para consumo del hogar; y uno de cada 10 hogares tiene al menos un miembro con un segundo trabajo para aumentar los ingresos familiares. En este sentido, no sorprende que la economía siga siendo la principal preocupación de la población. Los datos señalan que 48 de cada 100 salvadoreños identificaron el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida y otros aspectos económicos como los principales problemas que enfrenta el país. A lo anterior se suma el hecho de que tres de cada 10 encuestados mencionaron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes. Esta situación es más aguda en el área rural, donde cuatro de cada 10 personas afirmaron que sus ingresos no son suficientes. Y esta realidad es aún más crítica entre los hogares de menores ingresos, que representan un cuarto de todos los hogares encuestados: seis de cada 10 señalaron que no logran cubrir sus gastos mensuales. En buena medida, esta opinión ciudadana está relacionada con el incremento sostenido de los precios. Según la encuesta, 64 de cada 100 entrevistados indicaron que el costo de la vida aumentó durante 2025 y 68 de cada 100 afirmaron que el precio de la canasta básica se incrementó. Esto a pesar de que en 2025, según el Banco Central de Reserva, los precios de los alimentos aumentaron solo 1.29%. Sin embargo, esta percepción puede explicarse en parte por el efecto acumulado de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares, ya que entre 2019 y 2025 los precios de los alimentos acumularon un aumento del 28.6%. En definitiva, la encuesta del Iudop muestra un panorama económico complejo: por un lado, existe una percepción relativamente positiva de la economía del país, pero, por otro, muchas familias continúan afrontando dificultades económicas que comprometen su bienestar. Aunque parte de estas dificultades se inscriben en un contexto internacional complejo, ello no libra al Estado salvadoreño de su deber de garantizar el bienestar económico de toda la población. Ante esto, es importante recordar que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para enfrentar los desafíos estructurales del país. Es clave contar con políticas públicas adecuadamente planificadas que permitan mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas, priorizando a quienes han estado históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo.

Rodolfo Cardenal 05/03/2026 La reducción del impuesto al güisqui, al gin y a la ginebra es desconcertante. Las finanzas del Estado no están para reducir ingresos. Los diputados aprobaron la ley en cuestión de horas, sin análisis ni discusión, lo cual deja el campo libre a la especulación sobre la finalidad de la medida. Aparentemente, acomoda las tasas locales a los estándares internacionales, pero pasa por alto, como si fuera un detalle sin importancia, el impacto en la recaudación. Esta forma de proceder obliga a preguntar para qué y para quién gobierna Bukele. Si el oficialismo hubiera explorado la voluntad del pueblo, probablemente habría encontrado que este preferiría que bajara los impuestos a los licores más populares. Si hubiera ampliado la pregunta, la gente hubiera opinado que sería mucho mejor reducir los impuestos de la canasta básica y los medicamentos. Este es un caso típico de cómo gobierna la familia Bukele. Reducir el impuesto de licores caros no alivia a unas mayorías que pasan apreturas para llegar a fin de mes. Cualquiera que haya sido el porqué, existen razones de mayor peso para reducir la carga tributaria del pueblo agobiado. En El Salvador de Bukele, como en el de antes, pagan más los que menos ingresos perciben con el pretexto de no desincentivar la inversión. La desigualdad tributaria clama por una reforma que la haga menos regresiva. En la actualidad, la recaudación es sostenida por los impuestos indirectos —en especial, el impuesto al valor agregado— y por el impuesto directo sobre el salario del trabajador formal. Aun cuando el año pasado la recaudación aumentó, es insuficiente para cumplir con los compromisos financieros adquiridos, los cuales, además, serán mayores en 2027, al vencer el período de gracia de los millones tomados del sistema de pensiones. Por cada cien dólares producidos, el Estado debe 80. No es necesario aguardar al próximo año para comprobar que la falta de liquidez impide financiar de forma adecuada los servicios públicos. La retórica electoral recién pasada prometió que estos servicios serían mejores que los privados. Esto no es todo. Existen limitaciones internas y externas que reducen aún más el margen de maniobra. Internamente, la economía es más bien pequeña, poco diversificada y muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y de las remesas. Externamente, es muy vulnerable a desastres naturales y a crisis económicas como las que puede provocar la guerra en el Medio Oriente. El Estado no tiene capacidad para absorber estos impactos. Dicho de otra forma, el modelo de Bukele hace equilibrios en una cuerda floja para no caer al vacío. La reforma de sistema de pensiones, inviable a corto plazo en los términos actuales, es particularmente crítica, porque, al golpear a los trabajadores formales, puede repercutir en la popularidad de Bukele y en el resultado de las próximas elecciones. Pero sin ella, el FMI puede retirar el salvavidas financiero que lo mantiene a flote. Es inevitable elevar la edad de jubilación, los años de cotización y el aporte del trabajador para, al final, percibir una pensión que no alcanza para adquirir la canasta básica. El pensionado es el gran perdedor. En 2020-2023, el uno por ciento más rico concentró casi la cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que el 10 por ciento se quedó casi con la mitad. En cambio, la mitad de la población se debió conformar con poco menos del 5 por ciento. Esta desigualdad, indiscutible y escandalosa, es al mismo tiempo una oportunidad para comenzar a sanar las finanzas del Estado y a mejorar los servicios públicos. Gravar, por ejemplo, el patrimonio y los activos superiores a cinco millones de dólares solo afectaría a unas 110 personas y aportaría entre unos 500 y 1,500 millones de dólares. El apoyo popular está garantizado, también la cólera de los “perjudicados”. Los recursos existen; si no se gravan es por falta de voluntad política. La familia Bukele no da el paso porque da por descontado que cuenta con un respaldo popular a toda prueba y porque no puede permitirse que el poder real, enfurecido, decida que ya no la necesita. Sin embargo, este no puede argüir que pagar más ahuyentará la inversión, porque esta no llega, a pesar de que Bukele le ha reducido los impuestos y le ha dado facilidades para operar libremente. Al parecer, el obstáculo no son los impuestos, sino la inseguridad jurídica, la improvisación y la turbiedad de la familia gobernante. El modelo de Bukele se encuentra en un callejón sin salida. No puede esperar grandes inversiones en una realidad incierta e inestable. Tampoco puede decidirse por uno de esos extremos, porque significaría su fin. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos. Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso. El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también. Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional. Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen. Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena. El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas. Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás. Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”. Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados. El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de pensiones. Tal vez incluso subir los impuestos, en concreto, el del valor agregado, el más regresivo. La medicina amarga pasa más fácilmente envuelta en las mieles de un espectáculo como la residencia de la Loba.

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

Rodolfo Cardenal 12/02/2026 La popularidad de Bukele tiene vida útil limitada. La transformación repentina del país es casi imposible a corto y mediano plazo. El territorio es pequeño, no dispone de petróleo ni de tierras raras, el medioambiente está devastado y las finanzas públicas bordean la ruina. Las políticas actuales difícilmente pueden superar esos obstáculos. En el momento menos pensado, el desgaste político y social obligará a reconfigurar el poder. No necesariamente con criterios democráticos. La experiencia de la posguerra es aleccionadora. El desgaste es real, aunque imperceptible para la mayoría confiada en que el rumbo del país es correcto. El deterioro se observa en el sistema educativo y sanitario, según Fudecen, una fundación especializada en el desarrollo regional. El aumento sostenido del gasto en ambos sistemas es innegable, pero no ha redundado en un mejor servicio. Por tanto, el problema no es la inversión, sino la eficiencia. En esto, como en otras áreas, El Salvador muestra un notable retraso en relación con los otros países de la región. En educación, la distribución de los recursos y la política educativa son ineficientes. En la última década, se redujo la inversión en educación básica para privilegiar programas como Mi Nueva Escuela y su administración. Además, la mayor parte del presupuesto está destinada a salarios, lo cual limita invertir en materiales didácticos o en la alimentación de los estudiantes. La propaganda oficial, muy agitada con el comienzo del año escolar, dice otra cosa. Pero el bajo nivel del aprendizaje es indiscutible. La ineficiencia del sistema educativo es clara en el campo tecnológico. El capital digital y el acceso a internet son relativamente altos. Sin embargo, no se usan eficazmente en el proceso de aprendizaje. El acceso a la tecnología no redunda en una educación de calidad. No se trata solo de comprar dispositivos, equipos y plataformas, sino también de integrarlos en el proceso de aprendizaje, de capacitar a los docentes y de actualizar los programas a partir de la evidencia y las mejores prácticas internacionales. En salud ocurre algo parecido. El gasto ha aumentado desde 2017, pero no se refleja en los servicios sanitarios ni en indicadores como la esperanza de vida saludable. El país tiene el sistema más ineficiente de la región, en parte, por la mala asignación del gasto, concentrado en la atención hospitalaria. Mucho más eficaz sería orientarlo a la prevención, la vacunación y la atención primaria, lo cual no requiere aumentar el presupuesto actual. Es una cuestión de eficiencia administrativa. También en el sistema sanitario tiene dificultades para integrar y aprovechar el cambio tecnológico, lo cual incide en su baja productividad. La inversión en tecnología ha aumentado, pero el sistema no ha podido asumirla eficientemente. Si bien la productividad ha caído en todos los sistemas de la región, el salvadoreño combina el rezago tecnológico con la ineficiencia estructural crónica, lo cual profundiza sus debilidades. Así, pues, el problema no es la cantidad de dinero asignada a educación y salud, sino en cómo se usa, cuáles son las prioridades y cómo se decide en qué gastar. En educación, el gasto no incide de forma clara en el aprendizaje, pues no llega a las aulas. Se pierde en la estructura administrativa. En salud, el patrón es similar. El gasto se concentra en la atención hospitalaria, quizás por ser más vistosa, pero el impacto de la prevención, la vacunación y la atención primaria es mucho mayor a largo plazo. Una publicidad inteligente puede destacarlo. Estos datos indican que, suponiendo la existencia de buena voluntad, los responsables de la educación y la salud no están capacitados para desempeñar las responsabilidades asignadas. La inversión óptima requiere organización ágil y uso eficiente de los recursos, incluida la rendición de cuentas. Pero la prioridad del régimen es conservar el poder. Ha sacrificado la eficiencia, inseparable del pensamiento independiente y crítico, en aras de la lealtad incondicional, pese a los elevados costos para la población. La visión de la realidad nacional es cortoplacista y miope. La aceptación de Bukele está amenazada permanentemente por la ineficiencia de su gestión, aun cuando la lealtad sumisa de sus colaboradores hipoteca su futuro a mediano y largo plazo. Cuando la diversión ya no haga tolerable el peso creciente de la pobreza y la exclusión, y cuando los sectores empobrecidos y descartados pierdan el miedo al régimen de excepción, como en el Irán actual, los estallidos de descontento popular pondrán en entredicho la viabilidad de la dictadura familiar. Entonces, el poder que la sostiene deberá decidir si la reemplaza. No por ética política ni por amor al pueblo, sino por su disfuncionalidad. En ese momento, el relato actual cambiará. Los que hoy la aceptan ciegamente, así como lo hicieron con los regímenes anteriores, hablarán, como en Venezuela, de transición, de estabilidad, de institucionalidad, de orden constitucional y de democracia. Así suele ser el final del poder absoluto de una sola persona. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La desaparición de migrantes no es, lamentablemente, algo nuevo ni exclusivo de El Salvador. Históricamente ha sido uno de los más graves riesgos a los que se enfrentan todas aquellas personas que, obligados por diversos factores como la inseguridad y la falta de oportunidades, deciden emigrar de su país, de su hogar, en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias. La desaparición de migrantes en el tránsito hacia el norte, es una grave violación de derechos humanos que es resultado tanto de la acción directa del crimen organizado, y en muchos casos de los actores estatales, así como de la negligencia de los estados de la región en proteger la dignidad y los derechos de nuestros migrantes. Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos han trabajado por años para dar respuesta al grave sufrimiento de las familias que quedan. En El Salvador, organizaciones como COFAMIDE han acompañado a las víctimas y han promovido respuestas integrales y estructurales a este problema, sin que este se haya solucionado debido al insuficiente interés de los gobernantes de turno. Por si esto fuera poco, lastimosamente, un grupo de salvadoreños migrantes han padecido otras violaciones de derechos humanos en 2025: la desaparición forzada de corta duración y la detención arbitraria durante el retorno-deportación. Como es sabido, entre marzo y abril del 2025, unos 288 migrantes venezolanos y salvadoreños fueron deportados a El Salvador y privados de libertad en el CECOT, acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado como el Tren de Aragua y la MS-13. Aunque los 252 migrantes venezolanos fueron repatriados a su país de origen en julio de ese año, no hubo información sobre el paradero o el proceso que se les aplicaría a más de 30 salvadoreños deportados en esos mismos vuelos. Según algunos testimonios de los que salieron, los salvadoreños también fueron trasladados a otros centros penales, pero sin informarle a las familias de estos traslados y sometiéndoles un régimen de incomunicación con sus familias. Posteriormente, entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de cinco de estos migrantes salvadoreños. En el marco de este proceso, el Estado Salvadoreño informó a la Comisión que ellos se encuentran privados de libertad en las cárceles salvadoreñas, pero sin corroborar qué tipo de acusaciones enfrentan en el sistema penal. Es decir, ha sido necesario que un organismo internacional solicite información al Estado para que la familia pueda tener una mínima idea sobre el paradero de su familiar. Sin embargo, no han sido suficientes las pesquisas de la Comisión para que se esclarezca la situación jurídica de dichos migrantes. Sin acusación formal, sin investigaciones, incomunicados, mezclados con otros privados de libertad, los migrantes detenidos arbitrariamente, a juicio de la comisión, “se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”. Ante este escenario parece que ellos no podrán gozar de los beneficios del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029 del Gobierno, todo parece indicar que ellos deberán padecer las arbitrariedades del Régimen de Excepción. Jorge Rodríguez, Coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes. 

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

La más reciente encuesta del el Instituto de opinión pública de la UCA muestra resultados tan desalentadores para el país como positivos para Nayib Bukele, cuya figura sigue gozando de buena salud y envidiables cotas de popularidad. Los resultados de la encuesta son curiosos por donde se los vea. Hay quejas importantes: nueve de cada diez salvadoreños expresan que el costo de vida está estancado o empeoró, además de expresar que un familiar se ha visto en la necesidad de abandonar sus estudios; ocho de cada diez creen que el desempleo se mantiene en las mismas condiciones o ha aumentado; y según la mayoría de la población, el aumento al salario mínimo es poco o nada beneficioso, señalando buena parte de los encuestados que todo está más caro. A todo esto debe sumarse que entre las instituciones que generan menos confianza destaca la Asamblea Legislativa, un órgano orgullosamente servil a la voluntad del presidente de la República, solo superada en su impopularidad por las alcaldías controladas en su mayoría por el partido de Bukele. Ahora bien, nada de lo anterior parece importar. El desempeño o la nota de Bukele es de un sólido 8.39, superior a la del año pasado y la segunda mejor desde el año 2020, solo superada por el 8.54 de 2023. La alta confianza hacia la labor del mandatario es inédita como fenómeno político, un espaldarazo que se ha prologando como nunca antes en nuestro país desde la firma de los Acuerdos de Paz. El éxito de Bukele se debe, sin lugar a duda, a su gestión en materia de seguridad. El 62.7% de los encuestados manifestó que lo mejor que está sucediendo en el país es la seguridad, lo que posiblemente explica que el 70.3% de la población sienta “esperanza” y no “temor”. Este hito en seguridad no puede desconectarse del régimen de excepción, mediante el cual se ha detenido a decenas de miles de salvadoreños, muchos de ellos pandilleros, pero también personas inocentes. Esta es la filosofía del régimen: detener al pandillero, al que parezca pandillero, al que acusen de pandillero y al que esté cerca de todos los anteriores. Buena parte de la población parece intuir esta malévola filosofía, y de ahí que cinco de cada diez salvadoreños sostengan que las personas detenidas deberían ser liberadas o no estar en prisión. Pero esta no es la mayor contradicción, pues si analizamos con detenimiento las condiciones que sostienen al popular Bukele o a su régimen de excepción, descubrimos que son las mismas que vuelven inviable y peligroso dicho poder: un control férreo sobre el ejército, dominio absoluto de la Asamblea Legislativa, anulación del sistema judicial, nulo respeto a los derechos humanos y a las obligaciones mínimas de rendición de cuentas. Un nefasto sistema protegido por un discurso agresivo y divisorio, donde no cabe el disenso o la pregunta, y en el que las exigencias por transparencia, derechos humanos o diálogo son propias de mareros, de los “mismos de siempre”, del “gorgojo”, del enemigo o de la “oposición”. Esta es la tragedia final del modelo Bukele: mientras más pule las condiciones de su permanencia y popularidad, más se condena al fracaso. El país necesita urgentemente diálogo, creatividad, educación, transparencia y respeto a los derechos humanos. Pero el actual modelo no conoce estas palabras, solo sabe de violencia, administra lo que quiere y da cuenta de lo que desea. No hay más voces o protagonistas que una o dos personas, y tampoco hay controles, límites o rendición de cuentas. ¿Qué potencia del primer mundo o país con alto nivel de desarrollo ha crecido en semejante aridez? Por lo que arrojan las cifras y los hechos, el modelo Bukele va para rato. Tal como sucede en la mente de un niño que cree que el mundo gira en torno a su figura infantil, el modelo Bukele seguirá girando para pocas personas, siempre enredado en su tragedia fatal: ser tan perjudicial para las grandes mayorías populares como efectivo para maximizar la popularidad y permanencia en el poder de una sola persona. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

La violencia y la criminalidad están directamente relacionadas con una economía que no proporciona los medios para una vida digna. La encuesta del Iudop registra que la mayoría percibe la precariedad de su economía familiar como el problema mayor. Una opción es resignarse. Otra es emigrar. Dos de cada diez salvadoreños, según la misma encuesta, desean hacer vida en el norte. Prefieren correr los riesgos del viaje a sobrevivir malamente. Y la tercera es delinquir. Está comprobado que la dureza del castigo no detiene la comisión del crimen. Las remesas, que crecieron más del 17 por ciento el año pasado, hacen llevadera la precariedad de sus receptores, pero al mismo tiempo han creado nuevas desigualdades entre las familias beneficiadas y las excluidas, y nuevos patrones de consumo que agudizan las desigualdades existentes. Sin pretenderlo, han fragmentado y despolitizado a la ciudadanía. Probablemente el crecimiento de las remesas es consecuencia de la amenaza que se cierne sobre los inmigrantes, a quienes la embajadora salvadoreña se niega a defender por considerar que su permanencia en Estados Unidos es decisión soberana de Trump. Olvida que ella misma declaró que Bukele fue tajante al demandar la deportación de los líderes de las pandillas. Asimismo, Bukele negoció la suspensión de los aranceles, medida que favorece a las empresas exportadoras, pero no la seguridad de los inmigrantes, entre quienes sus legisladores buscan votos y dólares. La “modernización” de la economía de la posguerra, impulsada por el capital y sus políticos, contribuyó, en gran medida, a consolidar la pobreza y la desigualdad heredadas de las décadas anteriores a la guerra. En nombre de la prosperidad, liberalizaron el comercio, desregularon la economía e incentivaron la inversión reduciendo impuestos. El neoliberalismo abandonó la agroexportación y se concentró en los servicios, las finanzas y la construcción, lo cual provocó la emigración masiva del campo a la ciudad y al exterior. Las ciudades concentraron los desafíos y las oportunidades, y fueron escenario de una competencia feroz y violenta por la sobrevivencia. Una masa demográfica crítica de jóvenes encontró en la pandilla una salida. Los neoliberales pregonaron que la desregulación, el recorte acusado de los impuestos y mayor libertad para el capital traerían bonanza. El capital se ocuparía del bienestar general. Un argumento absurdo, porque quienes prosperaban obscena y escandalosamente con el nuevo orden redistribuirían la riqueza nacional de una forma inequitativa. Todos los gobernantes de la posguerra sin excepción, los neoliberales de la primera hora y los de nuevo cuño, y los revolucionarios, han conservado el ordenamiento neoliberal, pese a generar descontento, criminalidad y violencia. El papa Francisco decía que esa forma de capitalismo mata. El Estado indiferente al bienestar general carece de ciudadanía. La lucha por la sobrevivencia diaria, en un medio cargado de diversas amenazas, imposibilita el surgimiento de una ciudadanía activa y creativa, indispensable para el desarrollo de la democracia. Esta realidad explica el surgimiento y la aceptación de la dictadura. El Iudop registró que la mayoría de la población no se identifica con ningún partido político, ni siquiera con el oficial, pero sí con Bukele. La mano dura de la dictadura es así la opción obvia para unas mayorías frustradas y temerosas de males mayores. Las fuerzas de seguridad militarizadas explotan sus miedos como estrategia política. Sin ellas, los pandilleros retornarían. Ellas son las únicas que pueden garantizar su desaparición. Esta estrategia política ofrece protección contra este temido “enemigo”, donde no solo figuran pandilleros, sino también decenas de miles que no lo son. En efecto, “en menos de una década”, Bukele pondrá en libertad a unos 75,000 de los 107,055 prisioneros actuales. Al conceder libertad total a las fuerzas de seguridad para hacer uso de la violencia extrema, las mayorías se vuelven autoritarias. Aceptan sin más que, como dijo un alto funcionario, capturar solo a los criminales “no tiene gracia”. El Salvador es así una democracia sin ciudadanía, donde las elecciones son absurdas. Por eso, el modelo de Bukele resulta incompatible con la institucionalidad democrática, tal como señaló varias veces el presidente electo de Chile. En realidad, la seguridad de Bukele protege los intereses de los poderosos de siempre. Derrotó a un grupo criminal grande e importante, pero no ha capturado a todos los delincuentes. La economía criminal incrustada en los sectores público y privado goza de buena salud. Los poderosos sacan buen provecho de la debilidad del Estado. Desde esta perspectiva, las pandillas son una construcción ideológica exitosa. Los poderosos cuentan con el uso de la violencia extrema para prevalecer. Consciente de ello, León XIV, en el mensaje para la Jornada de la Paz, afirma que “es necesario denunciar las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros privados que van empujando a los Estados” en “una espiral destructiva, sin precedentes”. Pero eso, continua el papa, “no basta, si al mismo tiempo no se fomenta el despertar de las conciencias y del pensamiento crítico”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) en El Salvador, realizado a finales de 2025, ofrece una radiografía compleja de la realidad nacional. Aunque la población reconoce una disminución significativa de la delincuencia, las preocupaciones en torno a la economía y la calidad de vida cotidiana se intensifican y marcan el pulso de la opinión pública. Más del 95% de las personas afirma no haber sido víctima de delitos en el último año, y los niveles de confianza hacia las instituciones armadas y de seguridad se mantienen elevados. Estos datos consolidan la seguridad como uno de los principales logros de 2025. De hecho, el 69.4% de la población identifica la mejora en seguridad y el combate a las pandillas como los sucesos más positivos del año. Sin embargo, la economía continúa siendo el principal desafío nacional y un verdadero dolor de cabeza para las familias. Nueve de cada diez personas consideran que el costo de vida ha aumentado o se ha mantenido igual, mientras que ocho de cada diez señalan que el desempleo se mantuvo o incluso se incrementó en 2025. Ante esta situación, muchas familias reportan haber reducido el consumo de alimentos básicos o recurrido a préstamos y trabajos adicionales para cubrir sus necesidades, lo que refleja la fragilidad de los ingresos y la persistente vulnerabilidad económica que atraviesa una gran parte de los hogares. El 44% de las personas declara que los alimentos constituyen el principal gasto dentro del presupuesto familiar, seguido por servicios básicos y medicamentos. Resulta alarmante que el 58.2% de la población afirme que el aumento de precios ha afectado su consumo dentro del hogar, especialmente en productos esenciales como carne de res, leche, frijoles y huevos. Esta reducción en el acceso a alimentos básicos amenaza con tener consecuencias graves en la seguridad nutricional de la población si la tendencia se mantiene o se profundiza, generando un impacto directo en la salud y en el bienestar de las familias más vulnerables. A esta problemática se suman tensiones sociales emergentes, como la mala calidad de los servicios públicos, los conflictos y desalojos en el Centro Histórico de San Salvador, y los despidos laborales. En contraste, las medidas de alivio económico más reconocidas por la población (el bono agrícola, los paquetes escolares y el pago de recibos de agua y luz a inicios de 2025) muestran que las acciones puntuales de apoyo tienen un impacto tangible y simbólico en la vida cotidiana. No obstante, el aumento del salario mínimo fue considerado poco o nada beneficioso por el 54.6% de las personas. Además, la población declara que dicho incremento ha sido insuficiente frente a la percepción de un aumento generalizado de precios, especialmente en productos de la canasta básica, lo que termina por erosionar cualquier mejora salarial. También se señala que el salario mínimo debería alcanzar en promedio los $548, lo que evidencia una brecha de al menos $140 respecto al salario mínimo más alto vigente. Este dato subraya la necesidad de respuestas estructurales y sostenibles en el ámbito económico, más allá de medidas coyunturales que, aunque visibles, no logran transformar las condiciones de fondo. El estudio devuelve la imagen de un país que se siente más seguro, pero que sigue luchando contra la precariedad económica y social. La esperanza hacia el futuro, expresada por 7 de cada 10 personas, demanda cada vez más ser acompañada de políticas públicas capaces de traducir esa expectativa en mejoras reales en ingresos, servicios y calidad de vida. Finalmente, el nivel de confianza institucional refleja un panorama desbalanceado que favorece a las instancias que protagonizan el tema de seguridad. La población otorga mayor confianza a Nayib Bukele (77%), al gobierno central (69.6%), a la Fuerza Armada (69.1%) y a la Policía Nacional Civil (68.2%). En un segundo nivel de confianza se encuentran, entre otras, la Iglesia católica (58.4%), la Fiscalía General de la República (56.9%), el sistema penitenciario (56.3%), las Iglesias evangélicas (55.9%) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (50.9%). En contraste, la Asamblea Legislativa (43.3%), los empresarios (42.6%), las alcaldías (40.6%) y los partidos políticos (31.4%) reciben los niveles más bajos de confianza. Estos datos muestran una profundización de la fractura entre la ciudadanía y una parte de las instituciones tradicionales, lo que plantea un reto adicional para la gobernabilidad democrática. En definitiva, el sondeo desnuda los dilemas de un país que reconoce positivamente los avances en seguridad mientras enfrenta una economía venida a menos. La confianza depositada en las instituciones de seguridad y en el liderazgo presidencial contrasta con la desafección hacia los partidos y las instancias territoriales, lo que evidencia un vacío de representación política. En este contexto, la narrativa de estabilidad basada en la seguridad corre el riesgo de debilitarse frente a la persistente precariedad que marca la mesa y el bolsillo de las familias salvadoreñas.