Entrevista con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura

La mitad de las personas que ingresaron al sistema penitenciario en 2022 son analfabetos, según detectó un estudio del Ministerio de Educación y Cultura financiado por Unesco con fondos del gobierno de Corea del Sur. Estos datos contrastan con la realidad general del país: el 1,6% de la población de varones mayores de 17 años no sabe leer ni escribir ni hacer cálculos básicos.   Este informe es el resultado del trabajo conjunto del Programa Nacional de Educación en Cárceles (PNEC) del Área de Innovación Educativa y la División de Investigación y Estadística de la Dirección Nacional de Educación.   El documento concluye que “empíricamente, docentes, educadores y funcionarios penitenciarios constatan que, generalizadamente, las personas privadas de libertad tienen dificultades para resolver situaciones cotidianas que requieren el uso de la lectoescritura o el cálculo”. El mismo informe arroja otros datos sobre la población carcelaria: que es una población masculina joven (29 años de mediana) que alcanzó como máximo nivel educativo, la educación primaria y además de joven, es una población vulnerable, donde el 81,3% participó de algún programa o recibió alguna prestación social en los últimos 10 años y durante un lapso prolongado. Sobre el final de las conclusiones el documento ofrece un dato alentador: el 94,4% de los consultados afirmó que quisiera seguir estudiando. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Qué políticas se deben aplicar ante esta realidad?