Entrevista con Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras

En marzo del año pasado, el instituto Ceres presentó un informe sobre el sector pesquero en Uruguay. Señalaba que, disminuyendo la alta conflictividad laboral, aplicando cambios normativos y generando ciertas condiciones, el sector de la pesca industrial tiene el potencial de más que duplicar su captura actual, tener un impacto de 200 millones cada año por la mayor producción, lo que derivaría en mayor empleo y masa salarial. Pero la realidad, hoy, es completamente diferente. Según un comunicado del 6 de mayo, las cámaras empresariales de la pesca hablan de una “catástrofe” en el sector, con 54 buques y las plantas paradas y 3000 empleos directos afectados. En el documento se explica advirtieron en su momento al Poder Ejecutivo, pero que las medidas tomadas por el gobierno “no modifican la situación actual”, por lo cual el sector no estaría en condiciones de retomar la actividad, “más allá de las decisiones que tome cada empresa”. La misiva señala, a modo de conclusión, que el Poder Ejecutivo está “firmando el acta de defunción de la pesca en Uruguay”, y “condenando a la parálisis” al “60% de la flota” y a “casi todas las plantas pesqueras”. ¿Como se configuró este escenario? ¿Qué medidas urgentes se deberían adoptar?