Escucha la conferencia completa

Tras de seis meses de investigaciones sobre denuncias en la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, el Gobierno del Estado anunció que se procederá penalmente contra el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y nueve colaboradores de primer nivel, dos alcaldes en funciones, diputados federales y empresarios del ramo de la construcción. Ante la investigación, el Ministerio Público presentó cargos contra un total de 30 personas, por lo que se ejecutó orden de embargo de bienes de 11 ex funcionarios, incluyendo Medina de la Cruz, para que respondan por las imputaciones de presuntos delitos como peculado, delitos patrimoniales, ejercicios indebidos y abuso de funciones, así como facturación duplicada y pagos no confirmados. La contralora General, Nora Cantú Suárez, informó que existen 117 casos integrados a partir de quejas y denuncias recibidas en la Fiscalía Anticorrupción, así como por revisiones de la actual autoridad estatal, de los cuales 28 están en procedimiento y 47 advierten responsabilidad penal de los implicados. Las dependencias donde se encontraron algunos de los delitos son la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Tesorería, Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Caminos, Agua y Drenaje, Metrorrey y la Secretaría General de Gobierno. El Fiscal Anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, señaló que en algunos casos se detectó destrucción de documentación, por lo que se buscará la recuperación económica por daños al erario. Fasci Zuazua explicó que el embargo precautorio otorgado por un Juez tiene la finalidad de garantizar 3 mil 600 millones de pesos derivados de la compra y venta de terrenos en los que además de ex servidores públicos de primer nivel hay involucrados familiares y socios de ex funcionarios.