ESTAMOS EN MANOS DEL HAMPA.

Últimamente, casi a diario son muchos los casos sobre hechos de sangre que ocurren en todas partes y a toda hora en la ciudad de Bucaramanga, convertida en escenario de sicariatos, feminicidios, fleteos, asaltos a mano armada y toda clase de casos violentos que nos tienen convertidos en territorio peligrosamente inseguro. Es tan delicada la situación, que el asunto pareciera no tener doliente, toda vez que la administración municipal ni las autoridades policiales, se han pronunciado al respecto, dejando que el devenir violento absorba la cotidianidad de este pujante poblado, caracterizado por la cordialidad de nuestras gentes. Varios son los factores que inciden en la inseguridad padecida por Bucaramanga como el “pandillismo”, la delincuencia común y la convivencia ciudadana, pues aquí impera la intolerancia y la falta de civismo, y eso hace que una discusión termine con un muerto. Esto quiere decir que además de hacerles frente a los delincuentes, se requieren políticas integrales de cultura y convivencia ciudadana, orientadas hacia la niñez y la juventud. En consecuencia es urgente que las autoridades civiles y policiales actúen con firmeza ante la oleada violenta que atraviesa Bucaramanga, convertida en diario escenario de asaltos, fleteos, atracos y sicariato a plena luz del día. Creemos que ha faltado contundencia para combatir cualquier foco de delincuencia. Hay que crear capital social para que las comunidades se organicen, pues su participación es esencial para en efecto mejorar las condiciones de seguridad y bienestar. El Estado, debe elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a una Política Criminal que comprometa a todos sus miembros y que involucre a los gobernantes de todos los niveles territoriales, yendo de la prevención del delito, el control policial y judicial y el fortalecimiento de los sistemas de privación de la libertad de adultos y adolescentes. Para esto hoy se cuenta con el “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano”, elaborado por la Comisión Asesora de Política Criminal, y con el borrador del Plan Nacional de Política Criminal 2017 - 2021.