Germán Teruel, experto en derecho constitucional: "La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía crea una paradoja, si malversa dinero de los españoles, eso puede quedar amnistiado"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, una decisión que ha generado un torrente de reacciones. Mientras el expresidente catalán, Carles Puigdemont, celebra lo que considera un paso más hacia su regreso, y el Gobierno pide su aplicación inmediata, expertos juristas advierten de las complejidades y paradojas que introduce el fallo. El análisis de la sentencia ha sido uno de los temas centrales en el programa 'La Linterna' de COPE, dirigido por el comunicador Ángel Expósito.Para analizar las claves de la resolución, Expósito ha contado con Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, quien ha calificado la sentencia de tener una "importancia muy relativa". Según Teruel, el TJUE se ha limitado a señalar que la amnistía es una cuestión de "derecho nacional" y solo ha entrado en los aspectos que tenían un "enganche" con la normativa europea, como la malversación y el terrorismo.El experto ha explicado que el tribunal europeo "ha sido más bien quitarse del medio", devolviendo la responsabilidad a los tribunales españoles. "Cuestión distinta es que si hubiera resuelto el tribunal [...] que era contraria al derecho de la Unión Europea, pues lógicamente el panorama hubiera sido totalmente distinto", ha matizado Teruel.Uno de los puntos más llamativos que ha destacado el profesor Teruel es la "paradoja" que se crea con el delito de malversación. El TJUE establece que la malversación de fondos públicos para financiar el 'procés' puede ser amnistiada porque no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. "Lo cual nos sitúa además en una paradoja, ¿no? Es decir, si usted ha malversado dinero de los españoles, eso puede quedar amnistiado. Ahora bien, si usted ha malversado dinero que viene de los españoles, de los alemanes, no, eso no se puede malversar", ha señalado.En cuanto al terrorismo, la corte de Luxemburgo avala que la ley perdone estos delitos siempre que no se trate de los "hechos más graves", como los relacionados con el derecho a la vida o la prohibición de la tortura. Esta decisión ha llevado a la defensa de los 12 miembros de los CDR procesados por terrorismo a exigir el "archivo inmediato de las actuaciones".La noticia ha sido recibida con euforia por el independentismo. Carles Puigdemont ha asegurado en redes sociales que "el partido de la amnistía sigue en marcha, y que ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu". Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado su deseo de "poder abrazar muy pronto al presidente Puigdemont en las calles de Girona o de Barcelona".Desde el Gobierno, tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el ministro Félix Bolaños, han celebrado la decisión y han pedido aplicar la ley de amnistía cuanto antes a todos. En la oposición, el PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha remarcado que el fallo "no examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley", aunque ha reiterado que la norma otorga privilegios a los independentistas.A pesar del fallo del TJUE, el regreso de Carles Puigdemont no es inminente. Germán Teruel ha aclarado que la decisión europea es "irrelevante" para la situación procesal del expresidente, ya que sobre él pesa una orden de detención nacional dictada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal considera que el delito de malversación que se le atribuye no es amnistiable al existir un "beneficio personal".La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, que tiene previsto empezar a deliberar en octubre sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Puigdemont. "Nos tendremos que plantear si existirá un choque de trenes", ha advertido Teruel, refiriéndose a la posible colisión entre la interpretación del Supremo sobre la legalidad ordinaria y la decisión que pueda tomar el Constitucional sobre la vulneración de derechos fundamentales.