La dictadura de los Ortega-Murillo

Daniel Ortega ha firmado el certificado de defunción de la democracia nicaragüense. Eso dice él, aunque sus declaraciones sorprenden. En realidad, el régimen de los Ortega-Murillo no es en ningún caso y bajo ningún concepto una democracia. La oposición nicaragüense ya sabía que la alternancia era impracticable, que el pluralismo de las ideas políticas no cabía en el país y que todo aquel que se atreviera a reivindicarlo sería acusado de golpista y vendepatrias. En el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega, lejos de Sandino, prefiere asemejarse a Somoza. Nicaragua es una dictadura en la que, si hay que atender a las amenazas del presidente, nunca volverá a haber elecciones. A la oposición, Ortega le acusa de querer atrapar el poder y, para evitarlo, somete a la Asamblea Nacional, a la que obliga a levantar un muro legal para frenar a los que él llama golpistas.Desde hace 19 años Ortega gobierna con mano de hierro. Ha perseguido a banqueros, periodistas y políticos, encarcelado a sindicalistas y líderes juveniles, clausurado cientos de organizaciones no gubernamentales y perseguido a la Iglesia en todas sus manifestaciones, forzando al exilio a varios obispos. Ortega impidió que la expresidenta Violeta Chamorro fuera enterrada en su país y ha revocado cientos de licencias para el ejercicio de la abogacía. La purga se ha convertido en la estrategia de un presidente octogenario que pareció asustarse tras la detención de Maduro y que en su última arenga pretende blindar una dictadura que, junto a la cubana, está irremediablemente llamada a la extinción. El problema, es que, mientras tanto, el pueblo de Nicaragua no tiene otra salida que la resistencia.