La ilegalidad del poder en tiempos de crisis

El Derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponerse, una actuación policial o un programa de ajuste económico necesitan de la fuerza. Pero también de su ca­pa­cidad para apelar al Derecho, a la legalidad, como fuente de justificación. Tras la derrota del fascismo, la legalidad que los propios estados invocan en sus actuaciones se ha vuelto exigente. Se ha enriquecido con tratados, constituciones y cartas que re­conocen derechos humanos y principios garantistas. Estos principios entrañan límites y controles a poderes de todo tipo, públicos y privados, de Estado y de mercado. En tiempos de crisis y movilizaciones, esta legalidad garantista se con­vierte en un espejo incómodo. Porque refleja la arbitrarie­dad jurí­dica, además de ético-política, de muchas actuaciones del po­der realizadas en nombre del Derecho. Pero también porque per­mite juzgar de otro modo los actos de protesta y de desobediencia ciu­da­dana que se alzan contra ellas. No ya como actos delictivos, objeto de criminalización, sino como herramientas legítimas, in­clu­­so necesarias, para forzar al poder a cumplir su propia legalidad y para fundar marcos jurídicos más igualitarios y libres de violencia. Gerardo Pisarello es profesor de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona.Pertenece al Observatorio de Derechos Eco­nómicos, Sociales y Culturales (DESC).