Los agricultores europeos advierten del riesgo de colapso alimentario tras la falta de energía

El sector agroalimentario europeo ha lanzado una advertencia clara a la Unión Europea: necesita acceso prioritario a la energía para evitar un posible colapso en la cadena de suministro de alimentos.  Cinco grandes asociaciones que representan a toda la cadena alimentaria han unido fuerzas y han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea para reclamar que el sector sea considerado “crítico”, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y el conflicto en Oriente Medio. La preocupación en el campo europeo es creciente, tanto por las consecuencias inmediatas como por las que podrían darse a largo plazo. La guerra en Irán, advierten, podría tener un fuerte impacto en la economía global. “Se avecina una crisis alimentaria y no podemos permitirnos esperar”, señaló el presidente de Copa-Cogeca, la principal organización que representa a agricultores y cooperativas agrarias en la Unión Europea. En este escenario, organizaciones como CEJA, Copa-Cogeca, CELCAA, FoodDrinkEurope y EuroCommerce piden a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que actúen con rapidez. Su objetivo es garantizar que el sector agroalimentario tenga acceso a energía y recursos clave a precios asequibles, para asegurar el suministro de alimentos y mantenerlos a un coste razonable para los consumidores. Caos con los mozos en los institutos catalanes Al menos ocho de los 14 institutos que participaban en la prueba piloto para incorporar de forma estable a agentes de los Mossos d’Esquadra han solicitado abandonar el plan. En la mayoría de los casos, los claustros han votado en contra de la iniciativa; en otros, han sido las propias direcciones las que han pedido salir tras constatar el rechazo del profesorado. La cifra podría aumentar en los próximos días, ya que al menos dos centros más decidirán esta semana si continúan. El Gobierno catalán, sin embargo, evita concretar el alcance de esta oposición y no ofrecerá datos hasta diciembre. El proyecto preveía desplegar agentes de paisano y sin arma en 14 institutos para colaborar en la prevención y mediación de conflictos y mejorar la convivencia. La iniciativa surgió a petición de algunos centros, pero en varios de ellos los docentes han impulsado votaciones para forzar su salida ante el amplio rechazo generado.