Los expertos reclaman un sistema de verificación de edad que blinde la privacidad de los menores en las redes sociales

El Congreso de los Diputados avanza en la tramitación del proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, una normativa que pretende fijar en los 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales en España. Sin embargo, la comunidad técnica y jurídica advierte de que el texto legislativo mantiene importantes vacíos sobre cómo articular los controles técnicos sin vulnerar la privacidad de los usuarios.El director de Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, ha explicado en COPE que la clave reside en implementar una tecnología que garantice la verificación de edad sin recopilar información personal innecesaria. El experto recuerda que exigir documentos de identidad o sistemas invasivos puede derivar en una vulneración de la privacidad. Es el motivo esgrimido por el Consejo Constitucional de Francia para suspender a mediados de agosto la prohibición del uso de redes en menores de 15 años  que debía de entrar hoy en vigor.  Para resolver este conflicto, Álvarez Marañón defiende la adopción de la verificación basada en atributos, un estándar vinculado a iniciativas como la cartera de identidad digital europea EUDI Wallet o Cartera Europea de Identidad Digital. Con esta fórmula, una autoridad emisora certifica de forma criptográfica si el usuario cumple la condición requerida sin revelar su identidad: "Sería una oportunidad fantástica para adelantarse a todas las demás legislaciones del mundo".La futura norma impulsada por ministros como Félix Bolaños y Sira Rego incluye la obligación para los fabricantes de incorporar control parental activado por defecto y tipifica delitos vinculados a los deepfakes sexuales. No obstante, Álvarez Marañón señala que la ley española adolece de una definición precisa de red social, lo que genera incertidumbre sobre plataformas como YouTube o canales de mensajería.Del mismo modo, el tecnólogo critica que la redacción legal no regule de forma estricta el diseño adictivo, a diferencia de lo establecido en Reino Unido, donde se restringen funciones concretas como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones push. Según Álvarez Marañón, dejar abierto este concepto crea vulnerabilidad jurídica porque "la empresa, la plataforma puede alegar que no es diseño adictivo", al tiempo que echa en falta una protección gradual para los usuarios de 16 y 17 años.Respecto a fijar un veto legal por edad, Álvarez Marañón sostiene que "la prohibición es la respuesta más fácil a un problema complejo" y afirma que resulta una medida efectista. Estudios recientes cifran en el 80 por ciento los menores que siguen accediendo a las plataformas 6 meses después del veto. Según la plataforma Qustodio, el uso de TikTok está en niveles similares a los de antes de la prohibición y la utilización de WhatsApp ha crecido del 27,44% al 35,98%. Ante este escenario, Álvarez Marañón defiende que la verdadera respuesta pasa por la formación y el acompañamiento familiar: "Enseñarles cómo funcionan los algoritmos, qué hacen las plataformas con los datos y a reconocer la manipulación produce ciudadanos más resilientes que cualquier prohibición de acceso". Para el experto, intervenir en el diseño adictivo de gigantes como Meta y fomentar la supervisión resulta mucho más eficaz que un bloqueo de acceso.En España, donde los menores pasan una media de 77 minutos diarios en plataformas digitales, los expertos recuerdan que prohibir el registro no transforma el modelo operativo de la industria digital. Por ello, insisten en dotar a la norma de soluciones de verificación eficaces y respetuosas con los derechos individuales, combinadas con una sólida alfabetización digital en las aulas.