Luz Marina Canas, dirigente indígena del norte del Cauca.

Para iniciar el general Naranjo recordó las funciones atribuidas a la Vicepresidencia y que estará cumpliendo decididamente: Primero, coordinar y empujar la implementación del Acuerdo de Terminación del Conflicto con las FARC; segundo, coordinar el trabajo para garantizar la protección de los exguerrilleros que se reincorporan a la sociedad y, en general, de los defensores de derechos humanos y líderes sociales; tercero, coordinar el tema de la seguridad –y en especial la seguridad ciudadana– para profundizar los buenos resultados y terminar con los focos de delito en los centros urbanos; y cuarto, impulsar la aplicación de una política antinarcóticos más eficiente, que ataque los principales eslabones de la cadena del narcotráfico y que reduzca drásticamente los cultivos ilícitos en nuestro suelo. Con base en esas premisas y compromisos, la comisión de alto nivel escuchó una a una las 27 intervenciones que hicieron los dirigentes sociales del departamento del Cauca, destacándose en ellas una evidente desconfianza de las comunidades por las gestiones del Gobierno Nacional en favor de las comunidades regionales, el reiterado incumplimiento en los compromisos adquiridos con anterioridad y una especial incertidumbre sobre el futuro de las mismas y la implementación de los acuerdos de paz. Destacamos las siguientes propuestas que serán estudiadas por la Vicepresidencia y respondidas a las comunidades en 45 días, cuando el vicepresidente Naranjo vuelva a la región a rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos: • Soluciones a conflictos de tierras. • Soluciones a conflictos interétnicos • Reconocimiento de reservas campesinas • Sustitución cultivos ilícitos (Indemnización), aplicación nuevo decreto sobre la marihuana, tratamiento diferencial a presos por comercialización de marihuana. • Ocupación de territorios antes controlados por las Farc por otros actores armados que están realizando nuevos reclutamientos y violaciones a los derechos humanos. • Tratamiento a las afectaciones sociales y ambientales por la minería ilegal. • Reforzamiento de las atribuciones de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. • Definiciones en torno a efectos sobre la Jurisdicción especial indígena en la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz. • Exigencia para que se otorguen competencias ambientales a la autoridad indígena. • Reclamos sobre ausencia de reparación individual y colectiva a víctimas del conflicto armado.