Mentes Dementes de 19 de junio de 2026

En pleno siglo XXI, en democracia y en un mundo hiperconectado, estamos asistiendo a una transformación silenciosa que afecta directamente a algo esencial: quién puede acceder al conocimiento y en qué condiciones. Hace pocos meses debatíamos acerca de cómo España, y en el marco europeo, avanzaba en la regulación de la inteligencia artificial y en los mecanismos de identificación y supervisión digital, que incluyen sistemas de control, verificación de edad y trazabilidad en el uso de determinadas herramientas. Esta semana hemos conocido que el Reino Unido ha anunciado una próxima prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Una medida que se presenta, una vez más, como protección de la infancia, pero que reabre el debate sobre el control del acceso a los espacios digitales. La prohibición incluiría, entre otras medidas, toques de queda nocturnos, restricciones a los chatbots, así como al uso de VPN. La propuesta plantea que la verificación de edad se realice desde el propio sistema operativo del móvil, de modo que Apple y Google controlen el acceso a redes sociales antes incluso de su instalación, bloqueando además el uso de VPN al actuar desde el origen del dispositivo. Esto implicaría una identificación digital obligatoria y la posibilidad de vincular toda la actividad online a la identidad de su propietario, lo que puede interpretarse como un posible sistema de control y supervisión de la comunicación. A esta noticia se suma la de que Estados Unidos ha restringido el acceso de ciudadanos extranjeros a determinados modelos avanzados de inteligencia artificial, alegando razones de seguridad nacional. Es decir, ya no se trata solo de regular el uso de la tecnología, sino de decidir quién puede utilizarla. Todo ello avanza en una misma dirección de fondo: el control del acceso a la información y a las herramientas que la transforman en poder. Y esto nos lleva inevitablemente a lo que ya debatimos hace unos meses en este mismo espacio, cuando nos preguntábamos hasta qué punto la libertad digital estaba siendo condicionada por la verificación obligatoria de edad, la identificación de los usuarios y la supervisión de los contenidos en redes sociales. Entonces, el debate giraba en torno a la libertad de expresión, el anonimato y los límites de la intervención del Estado en internet. Hoy el escenario ha evolucionado. Ya no hablamos solo de quién puede expresarse, sino de quién puede acceder al conocimiento, a la inteligencia artificial y a los sistemas que modelan la información. El problema es si existe una voluntad de limitar el acceso a determinadas ideas u opiniones que no coinciden con las del gobierno de turno. El miedo no sería tanto a la tecnología en sí, sino a lo que esta hace posible: que cualquier ciudadano, con un teléfono móvil, pueda acceder a información sin intermediarios. La información es poder, y el conocimiento siempre ha sido una forma de poder. Los gobernantes lo han sabido siempre: un ciudadano informado es un ciudadano más difícil de dirigir. Por ello, a lo largo de la historia, el acceso al conocimiento ha estado regulado o filtrado de una u otra forma. Los defensores de estas medidas restrictivas hablan de protección y seguridad, pero también hay quien advierte de que el resultado puede ser una arquitectura digital cada vez más cerrada, donde el acceso al conocimiento esté condicionado por múltiples filtros técnicos y administrativos. Esta noche nos preguntamos: ¿Quién decide quién puede acceder al conocimiento? Porque si la información es poder, la cuestión ya no es quién la posee, sino quién decide quién puede acceder a ella.