Olaya Salardón (AUGC): "Hay preocupación por parte de los agentes; la imagen de la institución puede verse dañada por actuaciones que están afectando a la cúpula. Día a día nos levantamos con una investigación nueva"

La declaración en la Audiencia Nacional de la cúpula de la Guardia Civil, con la directora general, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, como investigados, ha generado una profunda "preocupación" dentro del cuerpo. Así lo ha manifestado Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), quien señala el impacto que las noticias sobre la presunta implicación de los altos mandos en el 'caso Leire Díez' está teniendo en el ánimo de los agentes. Salardón ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que "la inmensa mayoría de los compañeros trabaja con profesionalidad y con neutralidad, y precisamente por eso duele que la imagen de la institución pueda verse dañada por actuaciones que están afectando a la cúpula". Según la portavoz de la AUGC, los agentes se levantan "día a día con una noticia nueva, con una investigación nueva, y eso, lógicamente, afecta al estado de ánimo de todos". Especialmente delicada es la situación para la Unidad Central Operativa (UCO), sobre la que recae la presión de las investigaciones de corrupción. Salardón ha admitido que, aunque "son unidades que están acostumbradas a trabajar bajo presión", son "conocedores de que no se encuentran en su mejor momento de trabajo". Ha destacado, no obstante, la "neutralidad que estamos viendo que en las altas esferas y en la cúpula de la Guardia Civil no existe". La directora general, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, declaran como investigados por presuntos delitos continuados de prevaricación y obstrucción a la justicia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ambos se mantienen en sus puestos a pesar de la imputación. Son los primeros altos cargos en declarar en una causa en la que hasta ahora solo lo habían hecho Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, y personas de su entorno. Según ha detallado la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, la investigación de la UCO apunta a que González conocía la actividad de Díez, con quien mantuvo tres encuentros y varias comunicaciones. Se sospecha que la directora general pudo estar detrás de la apertura de hasta tres expedientes internos a la UCO para investigar filtraciones, unas pesquisas que los agentes vivieron como "formas de intimidación y coacción" para obstruir las investigaciones que afectaban a sus "patrones políticos". Por su parte, los informes de la UCO señalan que el teniente general Manuel Llamas pidió a los agentes "ponerse de perfil y no ser proactivos en causas que afectaban al PSOE y al gobierno". Uno de los casos mencionados era el del hermano de Pedro Sánchez, sobre el que les habría instado a "elaborar el informe cuanto antes y que dijeran que no había nada". Olaya Salardón también ha reaccionado a la noticia sobre la denuncia de un general por supuestas coacciones para boicotear a Ayuso, ordenándole no acudir a los actos del 2 de mayo. "En el caso de ser cierta, pues la verdad que estaríamos hablando de más coacciones dentro de la cúpula de la Guardia Civil", ha afirmado, mostrando su preocupación por que se hable de estos mecanismos en lugar de mejoras para los agentes. Ante esta situación, la portavoz de la AUGC ha sido clara: "La mejor forma de proteger el prestigio de la institución, creemos que en este caso debe ser actuar con transparencia". Ha añadido que están "expectantes" por conocer el contenido de las declaraciones y por si "se asumen responsabilidades cuando tiene que corresponder y evitar cualquier investigación que proyecte una sombra sobre todos los guardias civiles". La periodista Ángela Martialay ha recordado que la trama no comenzó por el 'caso cloacas', sino por los amaños en el grupo Iruroc a través de la SEPI. Fue al analizar las comunicaciones de los implicados cuando la UCO descubrió una "presunta organización criminal cuyo objetivo era desestabilizar aquellas causas judiciales que afectaban al PSOE, al gobierno y a la familia del presidente del gobierno". En esta causa de corrupción se encuentra imputada la gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, por presuntamente "avalar facturas mendaces que no se correspondían con servicios que se prestaban al partido". Según Martialay, estos pagos, camuflados a través de sociedades interpuestas por personas como el abogado Ismael Oliver o el histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías, ocultaban en realidad un "intento de boicotear las causas judiciales".