Opinion 05-11-20 tiburones

La sentencia de la Sala de lo Penal ratificando el sobreseimiento definitivo del año 2000 a los acusados de autoría mediata en el asesinato de los seis jesuitas, Elba y Celina Ramos requiere nuestra atención. Es tan irregular que resulta lógico que nos preguntemos si hay alguna relación entre la exigencia constitucional de “moralidad notoria” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y las posibilidades de caer en el delito de prevaricato. La respuesta es evidente: cuanta menos moralidad “notoria”, más fácil será caer en el prevaricato. Pero los diputados no parecen entender bien el término “notoria” aplicado a la moralidad. En el caso del magistrado Juan Manuel Bolaños, da la impresión que los diputados le calificaron “de moralidad notoria” por haber salido bien parado en ocho causas en su contra, incluidas dos acusaciones de estafa. La inocencia decretada en los tribunales siempre es positiva para quien la recibe, pero no es la mejor recomendación para convertirse posteriormente en juez, en especial si tanto las acusaciones como las absoluciones son excesivamente reiterativas. Si “notoria” significa una realidad conocida por todos, debe interpretarse que los diputados que eligieron a este magistrado habían quedado positivamente impresionados por la moralidad de una persona que ocho veces ha sido declarada inocente por la justicia. De todos modos, no conviene escandalizarse. La Constitución pide moralidad notoria también para los diputados, y ya conocemos notoriamente las incursiones desastrosas en el campo de la ética de un buen número de ellos. No es raro que la moralidad de algunos diputados borrachos, narcos, pistoleros o insensibles ante el homicidio determine moralidades dudosas, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Hasta resulta extraño que al magistrado José Roberto Argueta le hayan elegido como tal con una sola manifestación de inocencia ante la justicia. Con esas moralidades notorias, no es raro que se llegue al prevaricato. Y pasamos así a la reciente sentencia de la Sala de lo Penal. Los magistrados Bolaños y Argueta decidieron hacer caso omiso de la sentencia de 2016 sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sentencia en la que se afirma con claridad de que son judicializables todos los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Y que elimina, además, la prescripción, pues no podía esta correr apoyada en una ley inconstitucional que impedía enjuiciar crímenes imprescriptibles. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional impide invocar normas cuya vigencia dependiera de la ley de amnistía y pudieran “entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos en las normas constitucionales e internacionales analizadas”. No tener en cuenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional equivale a violar la Constitución, pues se deja de lado la interpretación normativa de la Carta Magna. Y este tipo de violación en la sentencia de cualquier tribunal convierte en prevaricadores a quienes la firman. Al menos en los últimos meses, continuamente hablamos con preocupación del Estado de derecho en El Salvador. Nos fijamos en el poder ejecutivo como fuente de violación y debilidad de las leyes. Es normal y positivo que lo hagamos. Pero tener jueces en la Corte Suprema de Justicia que caen en el prevaricato es todavía mucho más grave para el Estado de derecho. Es imprescindible que la Sala de lo Constitucional tenga el control de constitucionalidad sobre las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo. Pero también debería tenerlo sobre las sentencias de otras salas de la Corte Suprema. Hace ya unos cuantos años, el entonces presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, hablando en un auditorio de la UCA a estudiantes de derecho, preguntaba y respondía a una pregunta supuestamente jocosa: “¿En qué se parecen los abogados a los tiburones?”. Y respondía: “En que tiburón no come tiburón”. Gracias a Dios, en el país hay muchos abogados decentes, fuera y dentro del sistema judicial. Pero dados los acontecimientos, esperemos que la “sustancia” del chiste no se imponga como realidad al interior de la Corte Suprema de Justicia. * José María Tojeira, director del Idhuca.