Panel debate on Cannabis Social Clubs Cannabidioles

En los últimos años el debate mundial sobre la regulación del cannabis se ha intensificado y cada vez son más las jurisdicciones que han modificado sus legislaciones para permitir el uso medicinal o terapéutico de la planta. En las Américas, varios países han habilitado políticas que permiten a los pacientes acceder a determinados tipos de preparaciones, ya sea para aliviar sus síntomas, reducir sus dolencias o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, pese a que todas las experiencias disponibles se pueden considerar avances, no todos los regímenes regulatorios disponibles son iguales y en definitiva no todas las reformas tendrán el mismo impacto. El presente documento busca tanto mejorar nuestro entendimiento sobre el estado de las reformas y su potencial, así como esbozar algunas recomendaciones generales con el ánimo de mejorar las políticas públicas donde la legislación ya cambió, e informar los procesos de toma de decisión donde la reforma está aún pendiente. Introducción. A pesar de que, a nivel mundial, el cannabis es todavía una sustancia prohibida, las últimas décadas han sido testigo de la inauguración de una serie de procesos políticos, legislativos y judiciales en distintas partes del mundo, de los que han emergido varias formas de regular legalmente su uso para fines médicos y terapéuticos. Dicha tendencia parece estar consolidándose en las Américas y particularmente en la región latinoamericana y del Caribe, donde se concentran la mayor cantidad de experiencias disponibles y donde los cambios normativos se suceden el uno al otro en una especie de efecto domino. Si bien es cierto que estos avances no son exclusivos de la región latinoamericana, y que su consolidación dista mucho de ser una conquista ganada, también es cierto que los términos del debate global sobre política de drogas, y en particular sobre cannabis, están cambiando. En ello, parecen jugar un rol importante factores tan diversos como la creciente disponibilidad de evidencia científica, la incapacidad del régimen internacional de fiscalización para acomodar y responder adecuadamente a dicha evidencia, la gestación de un nuevo paradigma de salud pública en materia de drogas, la adopción de políticas alternativas en el ámbito local –a veces a costa del marco normativo internacional–, y la creciente percepción de que los costos de la “guerra contra las drogas” superan por mucho sus beneficios.Lamentablemente, y aunque el número de experiencias regulatorias se multiplica, el mundo aún no ha alcanzado un consenso sobre cómo proceder con ellas y aún se niega la posibilidad de activar los mecanismos legales e institucionales al alcance de las Naciones Unidas para adecuar el marco convencional vigente y responder a la nueva realidad. El ejemplo más claro de esta reticencia a hablar sin tapujos del cannabis y su regulación fue la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el “problema mundial de las drogas” en 20165 .Pese a haber ocurrido en un momento histórico donde la legalización del cannabis medicinal era ya una realidad en 16 países (o 40 jurisdicciones si se cuentan individualmente los estados de Estados Unidos), el documento final de esta cumbre global6 no hizo ni una sola mención sobre el tema, ni siquiera para reconocer su existencia.Es en medio de esta contradicción que la regulación legal del cannabis medicinal está actualmente avanzando. Sin embargo, al igual que con todos los enfoques innovadores, siguen existiendo obstáculos importantes en cuanto a su aceptación y a las restricciones impuestas por el rígido marco jurídico internacional. De hecho, aunque el cannabis medicinal per se no está prohibido por las convenciones de control de drogas de la ONU, la inclusión de la sustancia en la Lista IV de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes restringe la investigación médica y se deben seguir reglas estrictas para permitir el uso medicinal y científico de la substancia. La falta de consenso científico sancionado internacionalmente sobre el cannabis medicinal también es un problema importante, ya que no se utilizan productos estandarizados o consistentes en todo el mundo. Estos y otros factores que se describirán en este documento han dado lugar a políticas de gran alcance, que requieren un cierto grado de compromiso (cuando se hace a nivel subnacional, por ejemplo), y se rigen por una diversidad de normas e instituciones. Inevitablemente, el alcance y el impacto de estas políticas varían mucho.Como se verá a continuación, ninguna experiencia es igual a la otra y no existen todavía estándares nacionales o internacionales. Y mientras en Uruguay la regulación del uso medicinal del cannabis es fruto de una política de gobierno y coexiste con el uso recreativo lícito en un claro objetivo de mejorar la salud pública, en países como Argentina, Brasil y México las tímidas reformas legislativas responden a iniciativas ciudadanas que, por su falta de apoyo político, sólo lograron abrir el mínimo espacio necesario para acatar las sentencias de los tribunales y permitir la importación de medicamentos farmacológicos producidos en el exterior. Entre tanto, Norteamérica avanza silenciosamente hacia la consolidación de modelos regulatorios de corte industrial-comercial que, pese a no permanecer ajenos al juego político y las decisiones de los tribunales, colocan a Canadá y Estados Unidos a la vanguardia de la innovación científica cumpliendo además con objetivos recaudatorios claros y ofreciendo una base sólida para la ampliación de sistemas recreativos e industriales.Este informe busca tanto mejorar nuestro entendimiento sobre el estado de las reformas en materia de cannabis medicinal y su potencial, así como esbozar algunas recomendaciones generales con el ánimo de mejorar las políticas públicas donde la legislación ya cambió, e informar los procesos de toma de decisión donde la reforma está aún pendiente.Sobre el IDPC El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial de organizaciones no gubernamentales especializada en cuestiones relacionadas con la producción y el uso ilegales de drogas. El Consorcio trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas. La red elabora informes periódicos, difunde los informes de sus organizaciones miembro y ofrece servicios de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo.