PROLIFERACIÓN NORMATIVA
from PUNTO DE REFERENCIA
Que los pactos de La Habana no eran perfectos y que mal se hizo en confundirlos con el valor inapreciable de la paz ha quedado demostrado, y de manera contundente, ya que, en los meses transcurridos desde la segunda firma del Acuerdo Final (Bogotá, 24 de noviembre de 2016), han sido muchas las inquietudes suscitadas acerca de su cumplimiento y desarrollo, particularmente en lo relativo a la entrega de las armas, los términos y la forma de ella, la puesta en libertad de los ex combatientes de las Farc, la Jurisdicción Especial de Paz, el procedimiento especial denominado “Fast track”, las disposiciones dictadas a su amparo, y las decisiones judiciales hasta ahora adoptadas, sin que todavía se haya conformado tribunal alguno que la integre. Las controversias han girado, sobre todo, alrededor de la interpretación del texto definitivo del Acuerdo, y en especial han surgido polémicas de orden jurídico sobre el alcance y aplicación de las normas, tanto constitucionales como de carácter legislativo que se han expedido por el Congreso y el Presidente de la República. Entre ellas, las referentes a la Ley 1820 de 2016, sobre amnistía y los decretos leyes que la han desarrollado. Con independencia de los fallos de la Corte Constitucional acerca de tales normas -que, para decirlo de una vez y con todo respeto, no han sido coherentes, y, con algunas salvedades, han confundido más de lo que han aclarado-, lo cierto es que el panorama jurídico posterior a la firma de los acuerdos no es nada claro.
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