¿Quién merece votar?

En días recientes, Natalia Torres, abogada y profesora de teoría constitucional, generó una fuerte polémica al afirmar que “no todos deberían votar”. Durante su participación en el pódcast Leo y Nacho, propuso que al tramitar la credencial del INE se impartiera una sesión informativa de aproximadamente una hora sobre las funciones del presidente, legisladores y otras autoridades. Tras la reacción, Torres aclaró que no buscaba excluir a nadie por nivel educativo o condición económica, y que su idea consistía en una clase informativa impartida por el propio INE, sin que el voto dependiera de aprobar ningún examen. Aun así, la controversia dejó una pregunta de fondo: ¿es legítimo condicionar de alguna manera el ejercicio del voto al conocimiento de las personas?La respuesta importa, porque detrás de esta discusión hay una tensión más profunda entre dos formas de entender la democracia. El voto no es una licencia La idea de exigir conocimientos para votar suele surgir cuando una elección produce resultados que consideramos desastrosos. Es comprensible la frustración. Lo que no es comprensible es la conclusión de que el problema está en la “falta de preparación” de quienes votaron. La democracia no promete que los electores siempre tomarán buenas decisiones. Tampoco garantiza que las mayorías serán prudentes o estarán bien informadas. Lo que sí establece es algo más elemental: quienes están sometidos al poder público deben tener el mismo derecho a participar en su conformación. Una persona no vota porque haya demostrado conocimientos especializados de economía o derecho constitucional. Vota porque las decisiones del Estado afectan su trabajo, sus impuestos, su seguridad, su familia y su libertad. Por eso, el voto no es comparable con una licencia para conducir ni constituye una especie de acreditación profesional para “operar” el gobierno. Es el instrumento mediante el cual la ciudadanía autoriza el ejercicio del poder público, le impone límites y, llegado el momento, decide reemplazar a quienes lo ejercen. ¿Qué requisitos son legítimos? Todas las democracias establecen requisitos para votar: edad mínima, ciudadanía o residencia, inscripción en el padrón e identificación. Estas reglas buscan definir quién pertenece al cuerpo político y evitar fraudes. Ninguna democracia contemporánea exige aprobar un examen de conocimientos políticos para ejercer el voto. Los requisitos de alfabetización, propiedad o educación pertenecen a una etapa anterior de la historia democrática, cuando el sufragio se entendía como un privilegio de ciertos grupos. Una democracia puede presumir la capacidad política de todos los ciudadanos a partir de cierta edad. Lo que no puede hacer es someter el derecho al voto a una evaluación individual de conocimientos u opiniones. Además de ser antidemocrática, una medida así sería irracional y extremadamente costosa: los ciudadanos tendrían que financiar una enorme estructura burocrática para decidir si ellos mismos merecen participar en la democracia que les pertenece. ¿Quién elaboraría el examen? Aunque aceptáramos por un momento la legitimidad de la idea, surgen problemas prácticos muy graves. ¿Quién redactaría las preguntas: el INE, el Congreso, el gobierno en turno o las universidades? ¿Qué conocimientos se considerarían indispensables y quién tendría autoridad para decidirlo? La posibilidad de encomendar cursos instructivos a la señora Torres tampoco resulta particularmente atractiva, dicho sea de paso. ¿Cómo se garantizarían, además, los derechos de quienes no saben leer, viven con alguna discapacidad o no tuvieron acceso a una educación de calidad? Más importante aún: ¿quién vigilaría a la autoridad encargada de decidir quién está “suficientemente preparado” para vigilar al poder? Incluso un examen aparentemente neutral tendría sesgos. Una persona con educación universitaria tendría más probabilidades de aprobarlo que alguien a quien el Estado le negó una educación adecuada. Los habitantes de las ciudades estarían en ventaja frente a comunidades rurales. Quienes hablan español como primera lengua obtendrían mejores resultados que muchos ciudadanos indígenas. El examen no mediría solo conocimientos. Convertiría las desigualdades educativas, económicas y territoriales en desigualdades políticas. Saber más no garantiza votar mejor La propuesta parte, además, de una suposición tan cuestionable como arrogante: que una mayor formación académica se traduce necesariamente en mejores decisiones políticas. Una persona con varios títulos puede estar desinformada, defender intereses particulares o respaldar opciones autoritarias. Una persona sin educación formal puede comprender perfectamente cómo afectan a su comunidad la violencia, el desempleo o la ausencia de servicios públicos. Conocer las atribuciones de un senador no determina qué políticas fiscales preferirá alguien, ni qué riesgos estará dispuesto a tolerar. En una sociedad plural (y en la vida real) no existe una sola respuesta correcta a esas preguntas. La política comienza precisamente cuando personas con experiencias e intereses distintos deben decidir cómo convivir. Un examen podría medir información. No podría medir buen juicio político. La experiencia histórica Los exámenes electorales no son una idea nueva. En Estados Unidos se utilizaron durante décadas para impedir que la población negra ejerciera el voto tras la abolición de la esclavitud. Aunque en teoría se aplicaban a todos, en la práctica los funcionarios decidían a quién examinar y qué respuestas considerar aceptables. La legislación federal terminó prohibiendo estas pruebas. En América Latina también se abandonaron las restricciones basadas en alfabetización. Chile las eliminó en 1970, Perú reconoció el voto de las personas analfabetas en 1979 y Brasil lo hizo en 1985. El movimiento histórico de la democratización ha sido claro: pasar de un electorado restringido por propiedad, raza o educación hacia la igualdad política de todos los ciudadanos adultos. Proponer un examen hoy no moderniza la democracia. Recupera una herramienta que se abandonó por buenas razones. Las mujeres ya escucharon este argumento Durante décadas se negó el voto a las mujeres con argumentos muy similares a los que ahora se usan para cuestionar a otros grupos: que no comprendían las leyes, que decidían por emociones o influencias religiosas, que carecían de independencia de juicio. La respuesta nunca fue examinar individualmente a cada mujer para ver quién “merecía” votar. Fue reconocer que el estándar mismo era discriminatorio. En México también existió el temor de que las mujeres votaran influenciadas por la Iglesia. Esa posible influencia se trataba como incapacidad política, mientras que las influencias que ejercían caciques, patrones o partidos sobre los hombres nunca generaron propuestas de retirarles el voto. La señora Torres es beneficiaria directa de la lucha que permitió a las mujeres ejercer plenamente el sufragio. Resulta profundamente irónico que ahora pretenda condicionar ese mismo derecho para otras mujeres a la aprobación de un curso de civismo. Ella puede votar porque generaciones anteriores rechazaron que alguien tuviera la facultad de decidir si las mujeres estaban suficientemente preparadas para hacerlo. ¿Se advierte la contradicción? El problema no es la ignorancia, sino su uso político Nada de esto significa que la desinformación sea irrelevante. Es un problema real, al igual que la propaganda, las noticias falsas y el clientelismo. Pero la respuesta democrática es ampliar la educación cívica, no reducir el electorado. El INE puede producir materiales claros y accesibles. Las escuelas pueden enseñar cómo funciona el Estado. Los medios pueden verificar promesas. Los debates pueden mejorar. Las autoridades pueden perseguir la compra de votos. Informar al ciudadano aumenta su libertad. Examinarlo para decidir si conserva sus derechos la coloca bajo autorización. Cuando la provocación se convierte en influencia La controversia no se explica solo por el contenido de la propuesta. También importa el contexto en el que se formuló. Natalia Torres es profesora, abogada y figura mediática. Sabe cómo funcionan las redes. Una afirmación fuerte genera clips, indignación y alcance. Luego llega la aclaración y se genera una segunda ronda de contenido. Todo el sistema recompensa tanto el incendio como la explicación posterior. No pretendo afirmar que la controversia haya sido deliberadamente planeada, aunque tampoco puede descartarse esa posibilidad. Lo indudable es que el entorno digital recompensa la estridencia, la simplificación y el conflicto. Academia, análisis e influencia Cuando una misma persona combina el rol de académica con el de influencer, recibe la autoridad de la primera y la libertad provocadora de la segunda. Esa combinación genera responsabilidad. Una profesora de teoría constitucional no está obligada a defender posiciones convencionales. Sí tiene, en cambio, el deber profesional que corresponde a todo abogado y, especialmente, la responsabilidad intelectual y ética de quien forma a jóvenes estudiantes de derecho: examinar con rigor la historia del sufragio y las consecuencias jurídicas, políticas y sociales de cualquier propuesta destinada a restringirlo. La coincidencia con Salinas Pliego Meses antes, Ricardo Salinas Pliego propuso que quienes recibieran apoyos económicos financiados con recursos públicos no pudieran votar. Aunque los mecanismos son distintos, ambas ideas comparten una misma operación: convertir la preocupación por ciertos resultados electorales en una razón para reducir el número de personas autorizadas a decidir. En el caso de los programas sociales, el problema que se identifica es real: no deben usarse como instrumentos de coacción electoral. Pero el remedio propuesto castiga al beneficiario en lugar de al funcionario que intenta manipularlo. Una advertencia para una posible alternativa presidencial Salinas Pliego posee cualidades que otros dirigentes opositores no han conseguido reunir: enorme visibilidad nacional, independencia respecto de las estructuras partidistas tradicionales y capacidad para confrontar directamente al oficialismo. Ha construido, además, una relación cotidiana con millones de mexicanos mediante sus empresas, medios y servicios. Precisamente por ello, le convendría abandonar cualquier propuesta que permita presentarlo como enemigo de quienes reciben programas sociales y ofrecerse, en cambio, como una alternativa capaz de sustituir el clientelismo por apoyos más eficaces, transparentes y respetuosos de la libertad de sus beneficiarios. Una agenda semejante combatiría el clientelismo sin combatir al elector. Javier Milei entendió esa diferencia en Argentina: para disputar el poder al oficialismo no necesitaba privar de derechos a quienes recibían ayudas públicas, sino convencerlos de que podían conservar la protección social sin permanecer sometidos a sus intermediarios políticos. Por qué esta idea le regala munición a Morena La propuesta del examen (o de cualquier restricción similar) es un regalo político para Morena. El oficialismo puede dejar de responder por inseguridad, corrupción o debilitamiento institucional y limitarse a decir: “Ellos creen que ustedes no deberían votar”. Una oposición responsable no puede combatir a Morena culpando al electorado que votó por Morena. Puede denunciar el clientelismo y la manipulación, pero no puede convertir el desacuerdo con sus decisiones en una razón para reducir derechos. El proyecto opositor que México necesita debe decirles a los electores: “pueden elegir algo mejor”. No: “si siguen eligiendo mal, quizá no deberían elegir”. Los likes no forman una mayoría Las posiciones extremas generan audiencias intensas en internet. Las elecciones exigen amplitud. Lo que produce visibilidad en redes puede convertirse en una carga para cualquier proyecto político serio. Ideas que deberían reconocerse como ataques contra el sufragio universal empiezan a presentarse como “preguntas audaces que alguien tenía que hacer”. La pregunta ya no es si debemos educar mejor a los ciudadanos. Por supuesto que debemos hacerlo. La pregunta es si la falta de educación puede convertirse en una razón para privar a las personas de influencia política. La respuesta democrática debe ser inequívoca. Los ciudadanos pueden equivocarse. Pueden actuar por miedo, interés, lealtad o resentimiento. Todo eso forma parte del problema permanente de gobernarnos colectivamente. Pero el derecho al voto no existe porque cada ciudadano sea infalible. Existe porque ninguna persona, institución ni grupo social puede reclamar para sí la autoridad de decidir cuáles ciudadanos merecen ser políticamente iguales. Cuando una democracia empieza a discutir quién es suficientemente capaz para conservar sus derechos, la pregunta verdaderamente urgente ya no es quién aprobaría el examen. Es quién tendría el poder de elaborarlo. Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder. This is a public episode. 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