Derechos humanos

El caso de la cárcel de Uribana ha puesto los ojos de las organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela. Una vez más, una crisis de violencia se desata en un penal del país. Yolima Arellano, Coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres Núcleo Trujillo, conversó en Contraseña sobre este tema, resaltando que las medidas que ha tomado el gobierno no ayudan a mejorar la situación, la complican. La especialista en DDHH explica que es evidente que en las cárceles venezolanas quienes tienen el control son los llamados "pranes" y los reos, no el gobierno; y que aunque el problema penitenciario es de larga data, el Estado sigue descargando su responsabilidad a gobiernos anteriores. "En Uribana existía según el Observatorio de Prisiones un 200% de hacinamiento. Este caso es una negación evidente de los derechos humanos de los privados de libertad. Hay falta de voluntad política y conocimiento sobre el tema para dar soluciones viables al problema penitenciario", dijo. Destaco que no cree que lleguemos a conocer las cifras reales en esta masacre. "En Uribana el saldo indica que fue más una resistencia que un enfrentamiento. Por cada 10 reclusos debe haber un custodio; y eso no se cumple en el país, no se cumplió en Uribana". Arellano informó que varias cárceles del país tienen medidas cautelares dictadas por la CIDH y el gobierno debe cumplirlas, aunque no se explica qué espera. Además, que el artículo 272 de la Constitución Nacional es claro, en cómo debe ser el sistema penitenciario nacional. "Las organizaciones de DDHH exigimos que se busquen soluciones a futuro y se investigue de forma imparcial el caso Uribana", puntualizó.

"Retrocedimos 15 años en materia de aplicación de justicia". Así definió la mas reciente reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el abogado Francisco Conte Capozzoli, quien participó este miércoles en el programa Contraseña. Conte señala que la eliminación de la figura de los escabinos, la realización del juicio sin presencia del imputado y la propia exposición de motivos del decreto, muestran que la motivación de esta reforma que se realizó en el marco de la Ley Habilitante, no es realmente la eficiencia del sistema judicial, sino un interés político. "Un gran avance q hizo el COPP del año 98 fue la participación ciudadana, es ilógico que sea ahora cuando el gobierno diga que ello retrasa el proceso, cuando realmente no es así, y ello lo demuestran las estadísticas que deberían estudiarse", dijo. Agregó que los Consejos Comunales participarán como control social para designación de jueces, y como medidas alternas de cumplimiento de la pena. Asimismo indicó, que el juicio en ausencia es también un lamentable retroceso y violación al derecho de un juicio justo, pues el imputado aun cuando mantiene su derecho a la defensa, no puede participar del proceso de manera directa. "Esto solo busca poder sancionar a quienes no se presentan a un juicio como medida de protesta, o para aquello políticos o banqueros que huyeron del país por no confiar en la justicia venezolana". Finalizó diciendo que la reforma del COPP no agilizará los procesos judiciales, "eso necesita medidas estructurales".

Recientemente ha habido una serie de protestas, que han incluido toma de algunas instalaciones de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida y Trujillo, por parte de los obreros eventuales de esta casa de estudios, quienes reclaman su reenganche, luego de haber sido despedidos por las autoridades universitarias. La actual Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT), establece que queda prohibida la tercerización laboral, por lo que muchas empresas e instituciones, entre ellas la ULA, han suspendido los contratos realizado bajo esta figura, para así no violentar la más reciente legislación laboral. Sin embargo, los empleados consideran que esta decisión violenta su derecho al trabajo. En este sentido, Gilberto Rosales y Luis Montilla, integrantes del Sindicato de Obreros de la ULA, conversaron en el programa Contraseña, sobre los reclamos que consideran justos, y emplazan a las autoridades universitarias (su patrono), a que se les devuelvan sus puestos de trabajo, siendo asumidos como trabajadores en la nómina de la Universidad.

Gilber Caro, Yadira Silva y Vladimir Ramírez, tres ex pesidiarios venezolanos, son la inspiración de un documental titulado "Voluntas y Paz", donde se intenta dar una visión del sistema carcelario venezolano, a través de la experiencia de estos protagonistas. El documental se ha convertido en una herramienta para prevenir en nuestros jóvenes las acciones delictivas, por lo que hoy forma parte de charlas y eventos comunitarios. Caro, Silva y Ramírez, explican que quienes han cometido un error tienen derecho a una segunda oportunidad y que depende de cada uno de quienes hoy son penados, para encontrar su camino. Señalan además, que solo con educación, cultura y deporte dentro de las cárceles, se podrá verdaderamente redimir a los privados de libertad.

En el Día Internacional de la Mujer, conversamos con Hilda Pérez, directora fundadora de Cisfem y miembro del Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres. Explicó que desde las organizaciones de trabajo en pro de la Mujer, se ha venido realizando un gran esfuerzo en promover su autoestima, indicando que "las mujeres debemos unirnos, ya que somos fomentadoras del amor". Señaló que el tema de violencia es uno de los de mayor preocupación, ya que "a pesar de las leyes que tenemos, poco se hace para proteger a las mujeres de la violencia. La violencia es un círculo que comienza desde el noviazgo, con los primeros signos de celos", pero recalcó que el Observatorio está muy vigilante con lo que pasa en la violencia en el país, no solo en el ámbito femenino, en vista de que 30% de los hogares venezolanos han sido víctimas de algún tipo de delito. En cuanto a la protección que el gobierno debe hace de los derechos fundamentales del género femenino, aseguró que es lamentable que mujeres en altos cargos administrativos no velen por ellos. Destacó también la participación política de la mujer en el mundo y Venezuela, resaltando que aunque la mujer tiene poca participación en cargos políticos, es la mujer quien hace el trabajo en la defensa de los derechos políticos. "Las mujeres hemos tenido un gran papel protagonista en los cambios políticos del mundo. (Es por ello que) debemos dejar el miedo en la participación política. La barrera no la ponen los hombres sino nosotras mismas", dijo. Finalmente Pérez dijo, que "sin embargo las mujeres hemos tenido grandes avances a nivel internacional, pero debemos empoderarnos mucho más".

Luis Carrero, Defensor del Pueblo del estado Trujillo, estuvo en Contraseña. Habló sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo y su responsabilidad en mediar soluciones a los ciudadanos, en especial cuando es el propio Estado quien incumple o violenta los derechos. Por una cultura de respeto a los Derechos Humanos, Carrero abogó por el conocimiento de nuestros derechos, y la vigilancia de parte de cada uno de los ciudadanos en la defensa de los mismos. Destacó la importancia de la denuncia, y para ello puso a disposición de los oyentes diversos medios para contactar a estos funcionarios.

Carmen Cano, directora del Consejo Municipal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescente, del municipio Trujillo, conversó sobre la Ley que resguarda estos derechos, así como sobre los deberes que todos los padres, maestros y en especial, los niños y jóvenes deben conocer. Destacó el trabajo en orientación que se viene realizando desde el Consejo, y los mecanismos de participación y formación que ofrecen a la comunidad.

El 7 de octubre Venezuela será evaluado por un grupo de representantes de la ONU, en lo que se ha denominado la Evaluación Periódica Universal, en el marco de la 12ava Sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, Suiza. Allí Estado venezolano será examinado sobre la situación de los derechos humanos. Allí, tendrá lugar un diálogo interactivo entre el Estado venezolano y 47 Estados miembros y no miembros del CDH, quienes harán recomendaciones sobre medidas que garanticen los derechos humanos en el país. También podrán estar presentes las organizaciones de la sociedad civil como observadoras. Yolima Arellano, es miembro del Observatorio de DDHH de las Mujeres, y será una de las representantes en este acto. Con ella conversamos hoy en el programa Contraseña. Para la activista de DDHH, son varias las preguntas que deberá responder el Estado venezolano a las ONG que trabajan por los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. "?144 ONG presentaron un informe ante la ONU y pedirán que sea analizado y se de respuesta por parte del gobierno a las observaciones realizadas", dijo. La comparecencia de funcionarios del Estado venezolano en esta sesión, los obliga a cumplir las recomendaciones que haga el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos; "de Venezuela no cumplir con las recomendaciones podrá tener sanciones morales", dijo Arellano.

Luis Francisco Cabezas, Director General de la Asociación Civil Convite, organización creada en 2006 para trabajar por la garantía y ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales, la inclusión social, la equidad y la participación, fue el invitado de Contraseña, durante la mañana de este miércoles. Cabezas indicó que recientemente, Convite, estuvo en el estado Trujillo ofreciendo una serie de talleres a las comunidades del municipio Valera, en temas relativos a la defensa y exigencia de los derechos humanos, así como sobre la Formación de Promotores en Estrategias para la Protección de la Vida. Este trabajo se realizó en conjunto con organizaciones locales, tales como, el Centro de Animación Juvenil, el Observatorio de Mujeres, la Federación Venezolana de Politólogos de Trujillo y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva). Para Noviembre próximo, Convite regresa a Trujillo para dar continuidad a la jornada de formación a las comunidades, ofreciendo herramientas que permitan mayor y mejor participación de los ciudadanos.

Con una protesta pacífica este martes los miembros de las asociaciones y cooperativas del volqueteros del estado Trujillo, manifestaron a las puertas de la gobernación del estado, exigiendo el pago de deudas pendientes desde el año 2008. Emiro Matheus, Alberto Quintero y Natividad Araujo, voceros del grupo protestante, expresaron en el program Contraseña de este martes, que aunque han realizado gestiones ante el organismo gubernamental, hasta ahora no han sido escuchadas sus demandas, y por ello decidieron tomar las calles. Explican estos trabajadores, que no solo el tema de las deudas está en discusión, sino también su derecho a trabajar, ya que desde que el Ejecutivo Regional creó su propia empresa de transporte, ellos se han quedado sin trabajo, "hemos sido desplazados totalmente. Por más de 30 años hemos trabajado con la gobernación y ahora no tenemos oportunidad de hacerlo", dijo Quintero. Asimismo, destacan los volqueteros que unas 2 mil familias están siendo afectadas con estas medidas del gobierno regional, así como por la gran deuda pendiente, ya que no pueden llevar el sustento a sus hogares.