El Reporte Delfino

Bueno, vamos otra vez con la Caja, mi tema eterno. Ya sé, ya sé. Muchos de ustedes esperan abrir el Reporte Delfino y disfrutar de una vez de intrigas palaciegas, diputados diciendo barbaridades y ministros creyéndose protagonistas de Taken. Y entonces yo los recibo con Centro Nacional de Imágenes Médicas. Lo angustiante es que como seguramente ya habrán adivinado el problema con las cosas pendientes no termina en las resonancias... 

Pueblo Soberano perdió ayer por primera vez una votación en este periodo legislativo y no fue por una reforma constitucional, un presupuesto, un crédito internacional ni alguna de esas broncas que normalmente parten un congreso en dos. Fue por Cindy. Ay Cindy, bendita Cindy. ¡Qué personaje! Además, ¿se acuerdan de la tecnología del Mossad? El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, informó oficialmente que Hacienda se encuentra apenas en una “etapa de análisis de alternativas tecnológicas” y que la iniciativa permanece en fase de “exploración y análisis”... 

Tengo una buena noticia para arrancar: cambiar de opinión está permitido. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, ojalá lo recuerden. Lo que sí complica un poquito la jugada es cambiar de opinión en exactamente una semana y, al momento de anunciar el nuevo criterio, aprovechar para recordarle al país que una cosa que jamás podrán reprocharle a uno es ser incoherente.

Hay días que nos regalan noticias que vienen listas para el Reporte. Un ministro se enoja, un diputado monta un zafarrancho, alguien dice una barbaridad en conferencia de prensa y uno simplemente se sienta a escribir. Luego tenemos jornadas como la de este martes, en la que el universo decide regalarnos una disputa sobre las competencias de la Tesorería Nacional, una medida cautelar provisionalísima, la liquidación presupuestaria del Gobierno Central y un fideicomiso. Suave ahí, ¡no se me vayan! Tal vez el Reporte de hoy no será La Odisea en IMAX, pero les prometo que debajo de semejante montaña de palabras diseñadas para inducir el sueño hay temitas muy interesantes a los que deberíamos prestar atención. Recuerden: esta plata es suya. 

Arranquemos subrayando lo obvio: un Estado necesita secretos. No queremos saber dónde duerme un testigo protegido, quién infiltra una organización criminal, qué ruta utilizará una escolta presidencial ni cuáles son las vulnerabilidades detectadas por un cuerpo de inteligencia. Tampoco sería particularmente brillante publicar antes del operativo cuántos policías van, con qué equipo y por dónde piensan entrar. Hasta ahí, creo, podemos ponernos de acuerdo sin demasiado esfuerzo. El asunto se complica cuando la palabra secreto empieza a crecer, crecer y crecer hasta terminar tragándose también presupuestos, ofertas, adjudicaciones, contratos, proveedores y ejecución contractual. Bue... justamente eso ocurrió ayer. 

Bueno, al final los “güichos”, “masoquistas” e “ingenuos” eran bastantillos. Miles de personas se movilizaron ayer en San José y diferentes puntos del país en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la institucionalidad democrática, apenas 24 horas después de que Rodrigo Chaves descalificara por adelantado a quienes pensaban asistir a la convocatoria. Además, mientras miles de personas discutían en la calle sobre límites, controles e independencia de poderes, la Fiscalía General abrió el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para determinar si hubo alguna actuación contraria a la ley en el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal. 

Había bastante material para discutir después de la conferencia: el IVA que ya no se discutió aunque sí se discutió, la pensión que ahora merece una defensa comprensiva y una oposición que supuestamente solo bloquea, y una acusación gravísima contra la administración anterior del propio movimiento político que hoy gobierna. Y zaz: llegó la Asamblea Legislativa y le regaló al Ejecutivo la distracción perfecta. El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya dijo en el plenario que la presidenta “se hace la tontita”. Hay que decirlo con todas las letras: fue una expresión inaceptable. 

El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna. Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. 

Todos conocimos de peques al vecinito pudiente dueño de la bola. Mientras el partido avanzara como él quería, todo era armonía, deporte y sana convivencia. Pero bastaba con que Leito le hiciera un par de fintas y apague y vámonos: bola debajo del brazo, mejenga cancelada y calabaza calabaza cada quien para su casa. Ayer el Gobierno nos ofreció la versión institucional del berrinche, en dos actos perfectamente coordinados. 

Hay una palabra espléndida en ajedrez para describir la situación incómoda en la que un jugador no quisiera mover, porque la posición actual le conviene, pero las reglas lo obligan a hacerlo. Se llama zugzwang. No es jaque mate. No es derrota automática. No significa que la partida terminó. Significa algo más sutil y más cruel: usted tiene turno, tiene piezas, tiene opciones... pero ya no puede quedarse quieto sin pagar un costo.  Pues bien: bienvenidos a la situación de Pueblo Soberano tras un fallo de la Sala Constitucional que cayó ayer por la noche. 

Primero fue “Operación Chiripa”. Luego vinieron las dudas sobre el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales de Justicia. Después apareció la explicación de la Fiscalía: reunión con agentes de la DEA, interés de Estados Unidos en extraditarlo y la diligencia sensible de cooperación internacional. Más tarde, el propio fiscal general reveló que “Diablo” habría dicho espontáneamente que contó durante años con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Y ayer, finalmente, Zapote dio el siguiente paso: pedir que la cúpula judicial vaya a rendir cuentas al congreso.

El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde. Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil. Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA. 

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Si están buscando un reporte entretenido, les adelanto: no será este. Les prometo que esta noche, en Café Para Tres, nos distraeremos un rato con un poco de humor, pero hoy toca saldar una deuda y presentar una entrega en modalidad “cómo se come eso” para atender el bendito tema de los aranceles. 

Endulcemos el café porque hoy hay que matizar un potencial trago amargo. Este miércoles, el Ejecutivo salió a decir algo que ningún gobierno quiere decir en voz alta: necesitamos recaudar más. Lo dijo con otro vocabulario, claro. Habló de combatir la evasión, perseguir facturas falsas, golpear el contrabando, ordenar exoneraciones, fortalecer Tributación, revisar renta, controlar el endeudamiento y “socarse la faja”. Pero el mensaje de fondo es bastante sencillo: al Estado no le alcanza solo con recortar el gasto. 

Este martes la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, en una nueva derivación del larguísimo expediente institucional alrededor del caso Barrenador. También tuvimos a personal técnico del MEP diciéndole a Costa Rica, con más evidencia que pirotecnia, que llevar estudiantes a cárceles para “prevenir” delincuencia juvenil no es precisamente una idea respaldada por la ciencia. 

Ayer tuvimos otro episodio del ya larguísimo pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, otro. Ya sé. A estas alturas uno siente que estamos viendo la temporada 7 de una serie que debió terminar antes de que Daenerys gritara Dracarys sobre la capital de los Siete Reinos. Esta vez, sin embargo, la discusión dejó de estar en el terreno cómodo de las grandes frases y cayó al piso, donde las instituciones más nos duelen, en los servicios concretos. 

Como saben, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió esta semana a cargar contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Patricia Solano Castro. Lo hizo con una frase que, por supuesto, no pasó desapercibida: "Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”. El pulso sumó un nuevo episodio este jueves, cuando doña Patricia compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Feliz jueves, Costa Rica. Agárrense que el Gobierno anunció este miércoles que el 22 de julio presentará su plan para aumentar ingresos fiscales. La presidenta Laura Fernández Delgado adelantó que la propuesta buscará “cobrar mejor los impuestos”, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, retomó el temita sensible de modificar el trato tributario de la canasta básica. Además, ayer también tuvimos otro episodio institucional digno del anuario de anécdotas decembrinas: la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, restringió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos durante la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. 

La Caja Costarricense de Seguro Social volvió ayer a ser noticia por tres frentes distintos que, vistos por separado, parecen temas burocráticos, lejanos y administrativos. Pero vistos juntos dibujan algo bastante más serio: la Caja está atrapada entre presión financiera, bloqueo político y una disputa sobre qué cargas debe seguir administrando. 

El Gobierno anunció ayer que la Policía de Control de Drogas volverá a tener presencia permanente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida implica el regreso de once oficiales especializados de la PCD a la principal terminal aérea del país, incluido un analista antidrogas, después de que durante la administración Chaves, ejem, se redujera esa presencia fija como parte de un criticado cambio en el modelo de vigilancia. 

Buenos días Costa Rica. Cerramos la semana con un tema que, a juzgar por el ruido —precisamente—, tiene a media capital hablando: el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos que impulsa la Municipalidad de San José y que encendió las alarmas de bares, restaurantes, artistas, músicos, DJs, productores de eventos y hasta cámaras empresariales. 

Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente. 

¿Qué pasó este martes? Previsiblemente: no mucho. El sector público de vacaciones, el congreso descansando y el país en modo Messi. Pero siempre algo se mueve y como ayer se movió el “Caso Rocío Alfaro” pues aprovechamos para ponerlos al día. 

La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos. Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas. 

¿Qué pasó ayer? Algo inesperado. Pueblo Soberano se dio cuenta de que no había forma de sostener que encontró un problema concreto con alguno de los 18 candidatos enviados por la Corte Suprema de Justicia para llenar las plazas vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Luego de presentarle a Costa Rica un caleidoscopio de excusas distintas quedó en evidencia que ninguna se sostenía, así que finalmente fueron honestos y aceptaron el verdadero motivo por el cual están aflojándole las roscas a la Sala Constitucional.

Que el Poder Judicial explique sus decisiones. Sí. Que la UCR responda por una carrera que abrió sin tener las condiciones necesarias. Sí. Que la Caja actualice sus estados financieros. Sí. Que la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier institución pública justifiquen cada colón. También. Pero que Casa Presidencial explique cómo revisa a las personas que nombra para representar al país, diay, también. 

Cuando se habla de “plataformas” Raymundo y todo el mundo piensa en Uber así que para mayor facilidad nos colgaremos de ese término hoy y en adelante, porque el tema, finalmente, agarró ruedas. Estamos claros: Tiquicia quiere imponer el récord intergaláctico de la inoperancia y ya se comió 11 años “regulando” Uber. Además, la diputada oficialista Marta Esquivel presentó ayer una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nombre a la persona fiscal general de la República y a su suplente. 

Buenos días, sobrellevamos un lunes “mundialista” de pocas novedades porque la Asamblea Legislativa se dio libre. No llegaron los 38 necesarios así que Sorbeticos, Frescoleche y para la casa todo el mundo. Rescato la frase de la presidenta del congreso, Yara Jiménez: "Espero que esta sea la primera y última vez que pase”... En fin, la noticia más relevante del día llegó vía Corte Plena. A ver, como recordarán, Chaves le pidió al Poder Judicial un recorte de unos ₡27.000 millones para lo que queda de este año. Pues bien, la Corte Plena respondió este lunes que puede rebajar ₡13.242 millones.

Hay deudas que son privadas y hay deudas que inevitablemente pasan a ser asunto público cuando quien las arrastra fue designado embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, o bien, es diputado de la república. Hoy toca hablar de eso... de estándares, de transparencia y de esa incómoda pregunta que siempre aparece cuando alguien exige austeridad, orden y rendición de cuentas para los demás pero guarda la escoba (y el micrófono) cuando se trata de su propio corredor. 

Ayer hablamos del caso Riverside y de la dimensión que ha alcanzado el crimen organizado en Costa Rica: 146 allanamientos, rutas internacionales, patrimonio multimillonario, negocios de fachada, contactos en cárceles y una estructura que siguió operando aun después de que extraditaran a su presunto jefe.  Hoy el Gobierno respondió a ese panorama con un mensaje que, digamos, viene cargado de matices: vienen recortes para todos. Y en particular, para el Poder Judicial. 

Ayer tocó hablar de polígrafos, directores policiales removidos y una promesa presidencial de “limpiar a Costa Rica”. Hoy toca hablar del tamaño del problema que hay que limpiar. Como es sabido los sucesos no son el hábitat natural de este Reporte, pero el caso Riverside es demasiado grande como para pasarlo por alto y no dedicarle esta entrega.

Caramba. Casi 10 años en esto y no recuerdo un día tan “muerto” como este lunes. No news is good news dice el proverbio anglo. Diay, de pronto. A falta de movimiento en cualquiera de los frentes usuales la jornada transcurrió con calma, con medio mundo comentando el doblete de Messi y algunos cuantos la noticia de la presidenta Laura Fernández “removiendo” a siete jefes policiales por no pasar la prueba del polígrafo.

El jueves previo a la gira de hoy por Crucitas vino flojito, sí, pero en Tiquicia siempre hay anécdotas de color para seguir midiendo el pulso político. Hoy nos toca entonces hablar de una seguidilla de nombramientos incómodos y una nueva cruzada del diputado José Miguel Villalobos, esta vez contra ACAM. Costa Rica: donde hasta los derechos de autor tienen control político con frase de tráiler. 

La conferencia de prensa de ayer vino cargada. Doña Laura Fernández Delgado repartió contra la Corte Suprema de Justicia, el PLN, críticos de su posición sobre Nicaragua y los diputados que no van a Crucitas. Mientras tanto su ministro de Justicia se fue a denunciar al fiscal general y a 33 fiscales más. Miércoles de paz, evidentemente. Y eso que no menciono la agresiva conferencia de prensa que preparó Pueblo Soberano para criticar al TSE, el recuento de ese episodio se lo dejamos a Lucho en Barra de Prensa. 

Esta no la vimos venir. Ayer trascendió que el Gobierno echó reversa en una de las piezas más polémicas del reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La administración de Laura Fernández Delgado eliminó, vía decreto ejecutivo, la figura de compensación de densidad y cobertura, que permitía trasladar derechos constructivos entre concesiones de un mismo desarrollador, incluso si los terrenos no eran colindantes. 

La presidenta Laura Fernández Delgado arrancó la semana llevando a la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad. Mano firme, penas más duras, nuevas herramientas contra estructuras criminales, cambios en legítima defensa, pistas clandestinas, cárceles productivas y antecedentes judiciales por más tiempo. Mieeeeentras tanto ayer la Corte Plena le devolvió a la Asamblea Legislativa la misma nómina de 18 nombres para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Intacta. Sin cambios. Sin concurso nuevo. Sin “tomen, aquí va otra para ver si esta sí les gusta”. 

La jornada de ayer no nos trató tan mal. La anécdota del día llegó desde el campamento de Pueblo Soberano (PPSO) pues la diputada Mayuli Ortega, actual presidenta del partido, denunció que un asambleista la retó a pelear el domingo pasado, durante la fallida Asamblea Nacional de la agrupación. 

La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez no se lo pensó dos veces y se rajó a calificar como “ticos con corona” a las personas que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la CCSS por listas de espera. Sí, dijo eso. 

La jornada de ayer nos recordó una vez más que la cobija fiscal se está quedando corta y que la institucionalidad sigue crujiendo. Presupuesto, TSE, Sala IV, CCSS y hasta Miguel Ángel Rodríguez en modo “no aguanto nada” con Pilar Cisneros. Temas de conversación, claramente, no faltaron.

Arrancamos semana con un lunes más bien tranquilo. Como siempre, se agradece. Ya irá calentando la semana. Resumiendo, fue un lunes de Fuerza Élite, pasos de fauna, Crucitas y, de rebote, “todo el país consume”. El hilo no es tan extraño como parece. Estamos hablando, al final, de presencia del Estado: en seguridad, en carreteras, en fronteras, en territorios abandonados y también en una política de drogas que hace rato necesita menos confusión, menos moralina y más seriedad. 

Empecemos con seguimiento al tema del Colegio de Abogados, porque el 1,15% de aprobación en el examen de incorporación sigue dando vueltas; segundo tema: Punta Leona y playa Blanca... pleito de larga data; ¿Qué más? Control de daños y pipa de la paz con Canal 7. 

Ayer hablamos de la cuenta que nadie quiere pagar. Bueno, este miércoles la cuenta no solo siguió sobre la mesa: Hacienda confirmó que ya está preparando el menú, aunque todavía no quiere enseñar los precios. Además, si la parte fiscal (más espontánea que planeada) de la conferencia tuvo neblina y brumas, la parte diplomática tuvo humo... de cocina. 

Este martes recibimos varios recordatorios incómodos al mismo tiempo. No fue una jornada tensa, nada de fuegos artificiales, nada de “comunistas” y “vagabundos”, nada de conferencias con voltaje nuclear. Solo datos duros. Y a veces los datos cansan más que los gritos porque diay, no traen opción de “mute”. 

Hasta que al fin: un reporte breve. El arranque de la semana estuvo tan frío que hoy no tengo mucho que contarles. Diay, tras las encíclicas papales de la semana pasada estoy seguro de que nuestro querido locutor lo agradece. 

 Ayer bajó un poquito el volumen de la semana, lo cual agradecemos porque uno también tiene derecho constitucional a no vivir permanentemente en modo licuadora. Pero que bajara el ruido no significa que faltara la pirotecnia: el show en Costa Rica nunca falta. 

 Bue. Todo apunta a que serán cuatro años más de lo mismo. Empiezo desde ya a prender velitas a ver si a partir del 2030 podemos pensar en una democracia de debate intenso centrado en ideas y no en descalificaciones. Por lo pronto la luna de miel con el enojo y los extremos parece que seguirá siendo el patrón ineludible de la realidad política costarricense. 

Martes de jornada movida y pintoresca: armonización desarmonizada, nombramientos a la carta, resbalones en turismo, control de daños con Panamá, El Niño asomándose feo y el Colegio de Abogados diciendo “suave un toque”. Un delicioso molomix institucional, como para recordarnos que gobernar no consiste únicamente en apretar el acelerador y esperar que todo mundo se quite. 

Si usted leyó el Repaso Dominical del domingo, ayer pudo ver la película con subtítulos. En esa extensa previa procuramos explicar todo el rollo detrás del proyecto que unos llaman “armonización eléctrica", otros "Combo ICE 2" y otros, más creativos en tiempos de TikTok “Ley apagón”. Dado que en ese ensayo abordamos el tema técnico detrás del documento así como la polémica previa a su “reactivación” podemos hoy dedicarnos de lleno a comentar la jornada de este lunes. En frío podemos resumirla diciendo que el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, arrancó la mañana como un proyecto técnico y salió por la tarde como un campo político minado. 

Ayer decíamos que el relojito suizo de Laura Fernández ya estaba andando. Bueno, ayer mismo alguien del otro lado de la frontera le metió un destornillador al engranaje... Diay, es que una cosa es usar la conferencia de prensa para bombardear al Poder Judicial, a la oposición o a la prensa local. Otra, bastante distinta, es usar ese mismo tono cuando el destinatario es un país vecino que, además, participa en un mercado regional del que Costa Rica puede depender cuando la lluvia no acompaña.