Claves sobre la primera sentencia del Subcaso Costa Caribe de la JEP en el Caso 03

¿Qué otras órdenes emitió el Tribunal para la Paz?    En esta sentencia, la JEP emitió 77 órdenes judiciales orientadas a garantizar la ejecución de las Sanciones Propias y a asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición de los crímenes.Estas órdenes fueron dirigidas a 52 entidades del Estado y se agrupan en tres grandes categorías:1.    Reparación integral.2.    Búsqueda de las personas desaparecidas3.    Garantías institucionales de no repetición y seguridad jurídica. 

Los proyectos restaurativos incluidos en esta sentencia se organizan en cuatro ejes temáticos:1.    Memoria y Dignificación. 2.    Sanación, Armonización Territorial y Fortalecimiento Organizativo. 3.    Infraestructura Comunitaria. 4.    Productividad y Generación de Ingresos.  El cumplimiento de la sanción es verificado por el Tribunal para la Paz, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia como componente internacional.

Solo quienes aportan verdad y reconocen responsabilidad pueden acceder a las Sanciones Propias que impone la JEP.Estas sanciones buscan que, con sus propias manos, los responsables de graves crímenes contribuyan a reparar y restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios.De los tres tipos de sanciones que impone la JEP, las Sanciones Propias son las únicas que no conducen a la cárcel, pero sí implican restricción efectiva de derechos y libertades durante el desarrollo de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR).

La JEP trabaja bajo un modelo distinto de justicia: la Justicia Transicional Restaurativa. En este modelo, las víctimas están en el centro.No se trata solo de abordar el crimen como una violación a la ley, sino de comprender cómo estos hechos afectaron a las personas, a sus familias, a sus comunidades y a sus territorios.Por eso, las Sanciones Propias que impone la Sección de Reconocimiento de Verdad buscan contribuir a reparar y restaurar, en la mayor medida posible, el daño causado durante el conflicto armado.

La JEP impuso ocho años de Sanciones Propias a 12 antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe.Para llegar a esta decisión —y con ella, a la imposición de las sanciones—, la JEP adelantó un proceso riguroso: escuchó a decenas de víctimas, contrastó sus relatos con los de quienes reconocieron haberles causado daño y analizó una gran cantidad de información.   En total, doce miembros retirados de la fuerza pública fueron sancionados. Todos pertenecían a esa unidad militar y fueron declarados máximos responsables, porque sin su participación estos crímenes no habrían ocurrido.

La JEP no investiga hechos aislados, sino que agrupa cientos de casos individuales en patrones de conducta que permiten comprender la magnitud de los delitos atribuidos a los comparecientes, la evolución de esas prácticas criminales y las dinámicas que las hicieron posibles.Este análisis también permite dimensionar los impactos físicos, psicológicos y sociales que esos crímenes dejaron en las víctimas, las comunidades y los territorios.La investigación judicial estableció que existió un fenómeno criminal sistemático: los asesinatos y desapariciones no fueron acciones individuales, sino una práctica organizada, continua y repetitiva dirigida contra la población civil.