Noticiero La Devuelta

Les damos la bienvenida a la última emisión en el 2020 del noticiero La Devuelta, el noticiero que escuchó a la comunidad y abrió puentes de interlocución con la institucionalidad.

Desde diversos territorios las voces de líderes y lideresas enunciaron las problemáticas y exigencias que tienen las comunidades y territorios que habitan. Fue el caso de la Comuna 90, corregimiento de Santa Elena, desde donde los campesinos y agricultores el 6 de abril expresaron las dificultades para comercializar sus productos en tiempos de la COVID-19. Así mismo, en el mes de noviembre, desde la Comuna 70, corregimiento de Altavista, sus líderes evidenciaron a través de La Devuelta las condiciones de abandono que tienen las vías de acceso a la vereda El Jardín. Hoy escuchamos la devuelta que estas comunidades le entregan al noticiero de La Esquina Radio.

Al Nororiente de Medellín nos encontramos con la comuna 3 Manrique conformada por 19 barrios, entre los que nos encontramos a los barrios Bello Oriente, San José La Cima número 1 y 2 y el barrio El Jardín. Territorios de la ciudad que hicieron del noticiero La Devuelta su canal de comunicación para exigir respuestas por parte de la institucionalidad. En Bello Oriente en el mes de mayo sus voces se alzaron para exigir condiciones dignas en salud y alimentación. Y en el mes de septiembre, los barrios San José La Cima 1 y El Jardín visibilizan en La Devuelta el abandono a obras públicas en sus quebradas La Bermejala y La Tebaida, respectivamente. Hoy desde la comuna 3, le entregan la devuelta a la esquina radio y nos cuentan de qué les sirvió este noticiero.

El sector Sinaí está ubicado en la comuna 2 Santa Cruz, fue uno de los sectores de la ciudad que vivió los impactos de la pandemia en factores sociales y económicos. Éste sector, considerado como un barrio de invasión o asentamiento, ubicado a las orillas del río Aburrá, cuenta con un número cercano a 900 familias que en su gran mayoría viven del trabajo informal, familias que se vieron impactadas por las medidas de aislamiento obligatorio que la administración municipal tomó ante la identificación de personas con Covid-19. Ante las dificultades que esta situación generó entre los habitantes del barrio Sinaí, que en su mayoría son personas con trabajos informales, ellos levantaron su voz en este noticiero para exigir el derecho a no ser estigmatizados, al igual que el derecho al trabajo y a ser reconocidos en igualdad de condiciones. La Devuelta acompañó las exigencias que la comunidad del territorio el Sinaí le hizo en ese momento a la administración municipal y en general a la ciudad. Y hoy escuchamos de nuevo sus voces para conocer de qué les sirvió este noticiero en la gestión de sus exigencias.

Ante la llegada del Covid-19 a Colombia, en el mes de marzo, la vida en el país se transformó por el aislamiento obligatorio que vivimos, sacando a flote la desigualdad y diferentes problemáticas sociales de los territorios del país. Medellín no fue la excepción. Zonas como la Nororiental que acoge territorios de la ciudad y comunidades vulnerables, vivió el aislamiento diferente, ya que gran parte de sus habitantes tiene oficios informales y trabajan para el diario vivir. Es así como desde la zona Nororiental de Medellín 123 organizaciones sociales, colectivos y procesos sociales y comunitarios de esta zona, así como actores académicos de la ciudad crearon un pronunciamiento público de alerta temprana ante la falta de condiciones socioeconómicas y de prevención para afrontar la COVID–19. La alerta que poseía un pliego de peticiones a la Alcaldía de Medellín para afrontar la emergencia sanitaria fue noticia en La Devuelta en arás de acompañar las exigencias de las comunidades y servir de puente de interlocución con la administración municipal.

Esta semana hemos escuchado a distintas personas que pasarón por las emisiones de la Devuelta durante este año 2020; sus voces se escucharon en el contexto de temáticias coyunturales que la ciudad y el país vivían en su momento y que siguen estando latentes. Escuchamos las voces de los campesinos en la ruralidad, durante la emergencia sanitaria por covid-19; de las víctimas del conflicto armado con inquietudes sobre sus procesos de reparación administrativa cuando en todo el país solo se hablaba de las cifras por covid-19; las voces de los líderes y lideresas sociales de diferentes partes del país exigiendo se les garantice la vida; escuchamos a la población trans quienes evidenciaron las diferencias situaciones de discriminación y odío a las que se enfrentan; a la niñez y la adolescencia, a las comunidades indígenas en contexto urbanos para reconocerlas como parte de la ciudad; escuchamos a los transportadores de servicio escolar mientras en la ciudad el tema eran las restricciones y el aislamiento social; a las mujeres migrantes venezolanas que requerían información sobre las rutas de atención, mientras muchos de sus compatriotas regresaban a su país; del reclutamiento de menores de edad, cuando la noticia en Colombia era el asesinato colectivo de jóvenes en Cali y Nariño y el gobierno no daba respuestas. Y también en la devuelta escuchamos las voces de las personas que han vivido afectaciones en la salud mental y exigian acciones inmediatas ante el aumento de la coducta suicida de los jóvenes en la ciudad. El suicidio, fue uno de esos temas de nuestra agenda, una situación que según la Secretaria de Salud de Medellín aumento considerablemente entre los años de 2014 y 2020, en cifras cercanas al 6,4 por ciento por cada 100.000 habitantes. Por tal razón, en el mes de agosto la Devuelta irradio historias de ciudadanos y ciudadanas que tuvieron experiencias personales y familiares con la conducta suicida.

En este noticiero, hemos escuchado a hombres, mujeres, líderes sociales, funcionarios públicos, excombatientes, organizaciones sociales y también a los niños, niñas y adolescentes. Quienes, de mano de sus padres, adultos cuidadores u organizaciones sociales que trabajan en la defensa de sus derechos, han resaltado la importancia de escucharlos y reconocerlos como ciudadanos activos en la construcción social del país. En Colombia y el mundo existen diferentes fechas que resaltan los derechos de la niñez. Entre las conmemoraciones está la que realiza Colombia como el Día de la Niñez y la Recreación, el último sábado de abril, que este año fue el día 25 del mes. A nivel internacional, todos los países del mundo (excepto Estados Unidos) celebran el Día Mundial de la Infancia, el cual tiene lugar el 20 de noviembre. Y justo durante estos meses el noticiero La Devuelta dio paso a escuchar a los niños y las niñas, no para celebrar una fecha sino para poner en la agenda pública sus voces y exigencias. En abril fue fundamental escuchar a qué se enfrentaban durante la emergencia sanitaria y los protocolos de aislamiento. Y en noviembre, visibilizar por qué no se sienten seguros en sus espacios de socialización, un tema que acompañó diferentes organizaciones sociales de la ciudad de Medellín, que trabaja en pro de la infancia.

Son muchos los asesinatos de mujeres trans que cada año se presentan en las principales ciudades del país. Por sólo mencionar un ejemplo, en Colombia en el mes de junio de este año, tres mujeres transgénero fueron asesinadas. Las cifras en la ciudad de Medellín día a día registran más de una víctima de violencia, de discriminación u otras formas lesivas a la vida e integridad de las personas LGBTI, y según información de diferentes organizaciones LGBTI el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años, ¿por qué? Por las situaciones de riesgo y peligro que enfrentan, entre éstas por la intolerancia y el odio. Por eso durante los meses de abril y julio el noticiero La Devuelta, escuchó las voces e historias de las mujeres trans que exigieron garantías durante la emergencia sanitaria por covid-19 y que fueran reconocidas como ciudadanas, lejos de los señalamientos y estigmatizaciones que les siguen marcando sus vidas.

En Medellín habitan aproximadamente 4 mil 500 personas indígenas, según datos de la Organización Indígena de Antioquia. Y muchas de éstas laboran de manera informal, especialmente en la venta de productos y haciendo uso de sus conocimientos artesanales. Ante la invisibilización que ha hecho la ciudad a los pueblos originarios, a sus costumbres ancestrales y al acceso de sus derechos, en el mes de septiembre conversamos con algunas personas indígena que habitan la ciudad de Medellín. En la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, escuchamos historias de personas indígenas que exigían una garantía plena de sus derechos como pueblos originarios de Colombia. Conversamos de nuevo con Yaqueline Gonzáles y Aide Mendoza del pueblo Wayuú y con María Tamanesí del pueblo Embera Chamí. Ellas en su momento, exigieron el derecho a la salud, acceso al trabajo digno y al derecho de tener un espacio donde puedan ofrecer las artesanías que producen. Así que hoy sus voces regresan para conocer de qué les sirvió dar a conocer sus historias en el noticiero La Devuelta.

En La Devuelta las exigiencias de las víctimas del conflicto armado fueron noticia. Luz Aida Manco Serna, Angi González, Luz Zapata y Ana Murillo, víctimas de diferentes hechos del conflicto armado alzaron sus voces en este noticiero para exigir la garantía de sus derechos y la reparación integral. Y en esa ocasión la devuelta fue una asesoría jurídica con la abogada Patricia Aristizabal que les permitió conocer más sobre sus derechos.

El Jardín Cementerio Universal ha ocupado la agenda de la devuelta esta semana. Y a través de los vecinos aledaños a este campo santo y de las organizaciones sociales conocimos algunas de sus problemáticas de infraestructura y de administración que hoy exigen del actuar inmediato de las instituciones públicas. Diferentes informes de prensa y de instituciones como el Concejo de Medellín, señalan que el jardín Cementerio Universal presenta problemas de alcantarillado, filtraciones de agua, fallas en las estructuras de algunos mausoleos, daños en los muros que lo rodean. Así como problemas administrativos que han dificultado el registro e identificación debida de los cuerpos allí enterrados. Ante estas situaciones, esta semana en la devuelta Alexandra Marín y Elizabeth Acosta exigieron a la Alcaldía de Medellín la reparación de uno de los muros que comparten sus casas con el Cementerio Universal y que actualmente se encuentra agrietado, generando un riesgo. Y desde la Corporación Jurídica Libertad exigieron se establezca un proceso de diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones sociales para darle solución a las problemáticas que actualemente afronta del Cementerio Universal.

Seguimos recorriendo a Medellín para conocer las voces que reclaman el cuidado del único cementerio público de la ciudad, el Jardín Cementerio Universal, un lugar que durante más de 80 años no ha distinguido entre estratos sociales para abrir sus puertas. En julio del 2020 al Cementerio Universal llegó la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP- para asegurar la protección de por lo menos 140 cuerpos de personas no identificadas. La llegada sacó a flote las problemáticas que afronta el cementerio universal. Entre estas que tiene copadas todas sus bovedas y tumbas, que son aproximadamente 5.016, lo que no lleva a preguntarnos si el cementerio podrá continuar prestando sus servicio. También sacó aflote diferentes problemas de mantenimiento y administrativos que durante años han dificultado que el cementerio pueda responder a los retos de registro e identificación organizada de los cuerpos allí enterrados.

Comenzamos una nueva emisión del noticiero La Devuelta. Esta semana las historias que se cuentan para ser escuchadas, están alrdedor de las condiciones que actualmente presenta el Cementerio Universal, el cementerio público de la ciudad de Medellín, un lugar que es patrimonio cultural de la ciudad y que alberga memorias precisas para no olvidar. El Jardín Cementerio Universal es el cementerio público de la ciudad de Medellín, fue fundado en 1933, diseñado por el pintor Pedro Nel Gómez, un lugar con más de 80 años de historia que presta el servicio fúnebre, principalmente a las familias de escasos recursos de la ciudad, y que guarda bajo sus lápidas memorias que no pueden quedar en el olvido. Se reconoce que en las dos últimas administraciones el Cementerio Universal ha tenido una mayor inversión, aunque el deterioros y la falta de recursos que solucione las diferentes problemáticas del Cementerio son evidentes. En el período de 2016-2019 el Concejo de Medellín realizó la comisión accidental 127, en la que analizó las diversas problemáticas del Cementerio Universal. Éste lugar patrimonial no cuenta con un sistema de alcantarillado adecuado, tiene filtraciones de agua, fallas en las estructuras de algunos mausoleos y daños en los muros que lo rodean, situaciones que pone en riesgo su permanencia y el cumplimiento de su misión como cementerio público. Dichas problemáticas aún imperan en la actualidad y afectan la vida de vecinos y del cementerio mismo.

Esta semana en la devuelta los niños y las niñas con sus historias interpelaron a la familia, a la comunidad, a las organizaciones sociales e instituciones públicas. Sus historias nos permitieron preguntarnos sobre por qué no se sienten seguros en sus espacios de socialización y el compromiso que requieren de todos y todas para contar con espacios seguros para habitar y crecer en condiciones dignas y seguras. Y en La Devuelta esta semana cuatro organizaciones sociales de la ciudad escucharon a los niños y las niñas sobre sus lugares favoritos, pero también, sobre qué no los hace sentir seguros en ellos. Estas organizaciones sociales exigieron las devueltas para los niños y las niñas.

En palabras de la Directora Ejecutiva de Save de Children Maria Paula Martinez: “el panorama en Colombia”, para los niños y las niñas “no es alentador y ello es corroborado por los más de 55.000 (CINCUENTA Y CINCO MIL) Casos que se han presentado entre el 2015 y 2020” hechos de vulneración que ocurren en diferentes espacios, entre ellos la casa, el barrio o la vereda, y que son generados algunas veces por sus padres y otras veces por agentes armados, incluyendo la fuerza pública. El barrio es uno de los territorios y lugares vitales para los niños y las niñas. Allí está el mundo fuera de casa, ¿pero encuentran allí espacios seguros para habitar? ¿en sus barrios a dónde acueden cuando los lobos aparecen?

En la revista internacional Magisterio en su edición número 61 encontramos esta descripción: “El juego y lo público tendrían que ser inseparables. Son contenido y recipiente, cara y sello, acción y lugar donde realizarla, fenómeno y espacio donde la infancia crece para convertirse, día a día, en un proceso de vida, en un ciudadano creativo y feliz. En el jugar hay libre elección, el niño vive el ‘convivir con los otros’ con sabor a libertad interior y color a autonomía, con sentido integrador, participativo y creativo, en un entretejido poético maravilloso que la infancia emana.” Y por esto y otras razones el espacio público es vital para los niños y las niñas, pensar en espacios públicos para ellos y ellas hace parte de sus derechos como ciudadanos y de su inclusión a la ciudad. Las calles, los parques, los andenes, las canchas son lugares a los que cualquier persona puede acudir para desarrollar diferentes actividades, pero ¿son estos lugares seguros para los niños y las niñas? Hoy Ey mi devuelta, escucharemos a Kevin y a Emmanuel, ellos nos comparten cuál es su lugar favorito fuera de su casa.

En la ciudad de Medellín se han implementado estrategias como el Colegio cuenta con vos, programa que permitió que más de 4.272 niños, niñas y adolescentes regresaran a las instituciones educativas entre 2016 y 2018. Así mismo, con el programa Rutas Seguras se motivaba a que a los estudiantes fueran a clase. También se brindó acompañamiento a más de 12.812 estudiantes de 14 instituciones educativas, especialmente en las comunas 7 (Robledo), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier), al igual que en el corregimiento Altavista. Y entre 2016 y 2018 se invirtió más de $183 mil millones en programas como transporte escolar, PAE (alimentación escolar), etno - educación y  cultura, entre otros. Pero esto no ha sido suficiente y existen otros factores que hacen que los niños y las niñas no se sientan seguros en la escuela.

Esta semana en la devuelta escucharemos a los niños y las niñas de la ciudad de Medellín. A través de sus historias y voces nos invitarán a preguntarnos qué pasa en sus lugares vitales de socialización como la casa, la escuela o el barrio que no encuentran la seguridad y protección que necesitan. Para comprender y analizar las realidades de sus espacios vitales y entornos protectores nos acompañaran organizaciones sociales que desde distintos enfoques vienen acompañando a los niños y las niñas en las garantias de sus derechos y que esta semana exigen se les devuelva espacios más seguros. Según un reportaje realizado por la agencia PANDI, en el año 2019, Medicina Legal examinó 10.468 casos de violencia intrafamiliar en contra de la infancia y la adolescencia. Y en los primeros 7 meses de 2020, esta entidad registró 3.014 casos, con una disminución del 28.7% respecto al mismo periodo en 2019. Mientras tanto, durante este periodo del 2020, la Policía de Infancia y Adolescencia reportó 7.018 casos y las cifras del ICBF, que reúnen todo tipo de violencia registro apróximadamente 10.000 hechos de violencia en contra de la niñez. Y aunque no hay un consenso en las cifras estás son una alerta y que debería llevar a la sociedad colombiana a preguntarse ¿qué está pasando con los niños y las niñas al interior de sus casas? ¿si no es allí entonces dónde pueden estar seguros? La casa es uno de los espacios más vitales para los niños y las niñas, un espacio incuestionable, donde creemos que están seguros, protegidos, pero ¿se sienten ellos y ellas seguras?¿encuentran allí un entorno protector?

Contar con territorios dignos, equipados con espacios públicos, con vías de conexión en buenas condiciones, en igualdad material como lo reza la Constitución Política de Colombia, es un derecho que tenemos como ciudadanos.

Apróximadamente a una hora en carro desde La Alpujarra, centro administrativo del poder civil y judicial, se encuentra el corregimiento de Altavista, al suroccidente de Medellín. Desde donde esta semana líderes y habitantes han narrado diferentes problemáticas de acceso vial que hoy les impide acceder y circular por su territorio, un derecho de todos y todas. Desde varios puntos del corregimiento sus voces se unen para que la administración municipalidad los escuche y parar el olvido institucional en el que expresan han estado durante años. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 entre las barreras físicas y comunicacionales más comunes identificadas por los habitantes de Medellín que les impide desarrollar actividades de su vida diaria están: las calles y vías; el transporte público y escaleras. Por eso este mismo plan señala como un reto el diseñar la ciudad y sus calles para las personas, siguiendo criterios de accesibilidad universal, seguridad y comodidad. Y también señala que las zonas donde son necesarias intervenciones viales para sus mejoramientos son la Ladera Urbana Noroccidental y Río Norte. Pero hoy a través de la devuelta los habitantes del corregimiento de Altavista le dicen a la Alcaldía que ellos también necesitan ese mejoramiento y que necesitan que alce la vista hacia ellos. Pues recordemos que una vía pública hace parte de los derechos al espacio público y al territorio.

Reconocer y actuar sobre las necesidades de un territorio, es reivindicar a sus habitantes en el propio territorio que habitan, entendiendo que ese lugar es el espacio geográfico vital donde se desarrollan y proyectan sus vidas. Por ello, hoy conoceremos más historias que son noticia en la vereda El Jardín una de las ocho veredas del Corregimiento Altavista, vereda donde el deterioro de la vía principales afectan la movilidad, el entramado social de su comunidad y la calidad de vida de sus habitantes. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes realizada en el año 2004, proclama “El Derecho al Territorio, el Derecho a un Lugar, como un derecho emergente”. Aquellas personas que han nacido y crecido en un territorio determinado, lo sienten como propio, pues es allí donde han construido sus relaciones humanas, sus costumbres y formas de vida. Y hace parte de su derecho al territorio contar con las codiciones necesarias para habitarlo de manera plena, desarrollando sus vida de manera digna en él. Lo cual pasa por el contar con vías de acceso en óptimas condiciones que les permita movilizarse por el territorio sin riesgo alguno. El Plan de Desarrollo del corregimiento de Altavista señala que entre las principales problemáticas de movilidad que tiene el corregimiento se encuentra: Los pasos peatonales y andenes son nulos en tramos de vías donde se observa presencia de camiones y vehículos de transporte público, las vías carecen de andenes, y no existen vías adecuadas para el paso de bicicletas o ciclorrutas. Situaciones que se presentan en la vereda El Jardín y a la que se le suma la problemática de un talud de tierra que desde hace tres años viene poniendo en riesgo a sus habitantes.

Las noticias esta semana serán desde la vereda el Jardín en el corregimiento Altavista, uno de los 5 corregimientos que integran la ciudad de Medellín. El noticiero La Devuelta estuvo acompañando a varios líderes comunitarios que esta semana exigen de vuelta su derecho al territorio, con condiciones adecuadas para habitarlo. Vivimos en ciudades con una fuerte segregación social, donde quienes tienen menores ingresos viven en un entorno con menos obras, menos ofertas educativas, menos pavimentación, menos transporte público, menos gestión de las basuras, menos iluminación pública y menor calidad de los servicios básicos de salud y educación. Situaciones que enfrentan tanto las comunidades de zonas urbanas como rurales. En el caso particular de las zonas rurales, según la declaración de las Naciones Unidas en mayo de 2017 los Estados deberán consultar y cooperar de buena fe con las personas que habitan la ruralidad para definir y desarrollar prioridades y estrategias que les permitan el ejercicio de su propio desarrollo. Desde la veredas El Jardín, en el corregimiento de Altavista hoy sus comunidades levantan la voz para exigir mayor atención por parte de la institucionalidad, para poder tener el derecho a disfrutar de su territorio en condiciones de equidad y que les permita hacer parte sin obstrucción alguna del desarrollo de la ciudad.

En un Estado Social de Derecho, la Justicia debe ser un valor fundamental para garantizar el disfrutre de la democracia y el acceso pleno a los derechos. Así mismo, el reconocimiento de los derechos humanos en un proceso jurídico debe garantizar la dignidad humana y la naturaleza de toda persona. En Colombia, existen muchas personas que ven vulnerados su derecho al acceso a la administración de justicia. Durante esta semana hemos estado escuchando historias de personas defensoras de derechos humanos, particularmente del territorio y el medio ambiente, que exigen se les devuelva el derecho a la justicia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, enuncia que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia pena”. De lo anterior, la dilatación o aplazamiento de los procesos judiciales, la no aceptación en igualdad condiciones de testigos en un hecho judicial, implican una vulneración directa en la administración del derecho de la justicia que toda persona tiene.

El artículo 229 de la Constitución Política Colombiana de 1991 establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia, sin embargo se presentan hechos de abuso de poder, de obstrucción al debido proceso y de participación de actores económicos y políticos que terminan influyendo en el ejercicio de quienes imparten la justicia. Situaciones que tienen como consecuencia la vulneración a los Colombianos del derecho a una justicia efectiva y garante de otros derechos. Una vulneración a la que hoy también se enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes en los últimos años encaran procesos judiciales derivados de sus acciones por la defensa de los derechos de las comunidades y territoriorios donde ejercen sus liderazgos. El debido proceso es uno de los elementos que hace parte del derecho que todo ciudadano tiene a la justicia. En el Articulo 29 de la constitución política de Colombia, dice que toda persona tiene el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. ¿Será que el artículo 29 se lleva a cabo o solo se queda en el papel?

Según la Estructura del Proceso Penal Acusatorio, este “tiene dos etapas claramente definidas: una es la investigación, que contiene una fase de indagación; y la otra es la de juicio”. Es decir, “la fase de indagación comienza con la denuncia y termina con la formulación de la imputación, con la que se da lugar a la investigación, que concluye con la presentación del escrito de acusación, que da inicio a la etapa de juicio, la que termina con la sentencia que pone fin al proceso”. Pero ¿qué pasa en Colombia cuando este procedimiento no se lleva a cabo, cómo dicta la ley, y cuándo en el proceso jurídico se presentan situaciones de abuso de poder que le pone trabas al derecho? El día de hoy, nos trasladamos al municipio de Yopal en el departamento de Casanare para conocer otra historia que es noticia.

Esta semana estaremos abordando historias que dan cuenta del abuso del poder que dificulta el acceso al derecho a la administración de justicia de todo ciudadano colombiano. En este sentido, en Colombia el derecho penal determina los hechos o actos que son considerados como ilegales y su vez determina las sanciones correspondientes al delito. De acuerdo con el Código Penal Colombiano, el Artículo 1, determina que “el derecho penal tendrá como fundamento el respeto de la dignidad humana”. Si es así, ¿Qué pasa en Colombia cuando hay un uso indebido del derecho penal? ¿Cómo la ciudadanía se ve afecta en el acceso a la administración de la justicia cuando están en un proceso jurídico y existe un abuso del poder? Las afectaciones pueden ser nivel físico, mental y emocional, de la misma manera, se afecta la integridad, honra y buen nombre de las personas implicadas cuando se vulnera el debido proceso. De igual modo, se genera una estigmatización a nivel social que pone en riesgo la vida personal y familiar de las personas, incluso, hasta llegar a la vulneración del derecho a la vida. En la Constitución Política colombiana, existe el Artículo 229, el cual dice que: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”. Si es así, ¿Qué pasa cuando a una persona le vulneren su derecho a la justicia de acuerdo a lo establecido en la norma? Yulivel Leal es una campesina, ciudadana y defensora de derechos humanos del departamento de Casanere, a ella se le vulnero su derecho a la justicia.

Dice Omar Rincón que “Gobernar es ganar la batalla de la información y que por eso tener a los medios de comunicación del lado del gobierno es indispensable para la gobernabilidad de éxito en las encuestas” y para lograrlo “el gobierno tiene que orientar el “mercado de la opinión pública” a través de incentivos, el monitoreo de lo que los medios informan, diseño estratégico de la propaganda, manejo discrecional de la publicidad oficial, creación de redes de comunicadores populares como producción controlada de información a través de un Centro de Información o una agencia de noticias”. Y así lo que ocurre es que el gobierno se convierte en “un productor de información, no responde las preguntas de los periodistas, pero acusa y crítica, persigue legal e ilegalmente al que piensa distinto, realiza campañas de difamación contra los medios que no están con el gobierno, usan la publicidad oficial para premiar/castigar/cooptar a periodistas y medios”. Y si es así se busca “la dictadura mediática y el control de la libertad de información” pero no garantizar el derecho a la libre expresión. ¿Será que en Medellín ocurre algo de esto? Esta semana los medios de comunicación comunitarios y alternativos han contando en La Devuelta diferentes situaciones en que han sido callados, censurados. Hoy las respuestas a sus preguntas y exigencias.

Los medios comunitarios de Medellín han revelado, en lo que va corrido de la semana, diferentes casos en los que se vulnera su derecho a la libre expresión. Hoy seguimos escuchando sus voces y exigecias. La pauta publicitaria funciona como un canal de comunicación entre el Estado y el ciudadano. Y debe servir para que las entidades públicas impulsen las políticas públicas, fomenten los valores entre los ciudadanos así como sus derechos y obligaciones, informen sobre los servicios inherentes al ejercicio de sus funciones y publicar los anuncios que la ley los obligue. ¿Pero se usa la pauta publicitaria oficial para esto? O más bien se ha convertido en una manera de presionar a los medios de comunicación sobre qué informar, especialmente a los medios comunitarios? Vulnerando así el derecho a la libertad de expresión. Por la pandemia de la COVID-19 muchos medios de comunicación comunitarios se vieron en una difícil situación económica, por ello y como deber de la Alcaldía de Medellín, se originó una estrategia de salvamento que consistía en la contratación de pauta publicitaria oficial con estos medios. Lo cual está bien. Lo que preocupó a los medios de comunicación comunitaria, fue el contenido y la intención de esta propuesta. Y lo que les preocupa hoy es que se utilice la pauta oficial como un mecanismo de censura indirecta, que disfraza la propaganda de publicidad oficial.

¿Qué se pierde o que se deja de saber cuándo callan a un medio de comunicación alternativo o comunitario? La Organización de las Naciones Unidas ONU, en su carta de la declaración de los Derechos Humanos, expresa en su Artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Pero ¿qué pasa en la ciudad de Medellín que no se respeta este derecho?, ¿cómo se afecta la democracia cuándo un medio de comunicación alternativo o comunitario no puede realizar el cubrimiento periodístico sobre el accionar de una figura pública, como el Alcalde de la ciudad de Medellín?

En La Devuelta iniciamos una nueva semana preguntándonos por la democracia en la ciudad de Medellín y quién quiere callar a los medios de comunicación comunitaria, fundamentales para el fortalecimiento de la participación social, propia de una democracia participativa como lo dicta el Estado de derecho que somos en Colombia. No sólo es el derechos a recibir información de la administración municipal en igualdad de condiciones a los medios comerciales, es también el derechos a que se nos respete nuestras agendas informativas, y el derecho a las comunidades de expresarse libremente como actores sociales y políticos que actúan a través de los medios de comunicación comunitaria. Pero, ¿de qué democracia hablamos cuando se vulnera el derecho a la libertad de expresión de los medios comunitarios? La Constitución colombiana en el artículo 20 dicta el derecho a la libertad de expresión y a la No censura de los medios de comunicación. Sin discriminación alguna. En Medellín a 2019 existían aproximadamente 200 procesos y medios de comunicación comunitaria, según el directorio de medios de la Alcaldía de Medellín. Entre estos se encuentran los periódicos comunitarios de los 5 corregimientos de la ciudad, a través de los cuales las comunidades se expresan y se narran las realidades locales. ¿Pero qué dejan de saber las comunidades cuando se censura al medio de comunicación comunitaria de su territorio?

Esta semana en la devuelta, escuchamos a Luisa Fernanda Arango, a Santiago Restrepo Ossa y a Natalia. Tres estudiantes universitarios de Medellín que exigen: - Mejores canales de comunicación y rutas de atención claras e informadas al interior de las universidades. - Más formación en genero para los funcionarios públicos que reciben las denuncias por violencia sexual y el presonal de las universidades.

En lo que va corrido de la semana, hemos escuchado las voces de estudiantes universitarios que a través de La Devuelta han contado sus casos de acoso y abuso sexual al interior de sus instituciones de educación superior. Lo cuál genera diferentes preguntas y reflexiones entorno al papel de las universidades y los protocolos con los que cuentan para afrontar esta problemática social, que también se expresa en los campus universitarios. “Mamasita rica” – “tan linda ¿y sin novio?” – “deberíamos ser novios” . “déjese querer” “princesa, muñeca” o miradas incomodas son también formas de acoso sexual si no son consentidas por la personas y vulneran las libertades humanas. Actos que la sociedad colombiana, en su día a día, a normalizado en los diferentes espacios, incluso en los entornos universitarios donde la defensa de los derechos y las libertades humanas a decidir han sido las principales banderas.

El acoso sexual no es nuevo en Colombia, sin embargo solo hasta 2008 y gracias a la Ley (1257) de no violencia contra la mujer fue establecido como delito. Anteriormente el acoso sexual solo tenía un tratamiento disciplinario en los reglamentos del sector educativo y en la normatividad laboral, que incluía la modalidad de acoso laboral sexual. ¿Pero solo las mujeres son acosadas sexualmente? Los hombres también son víctimas, solo que las denuncias son menos frecuentes. Las mujeres pueden acosar sexualmente a los hombres, los hombres pueden acosar sexualmente a otros hombres y las mujeres pueden acosar sexualmente a otras mujeres. No existe un sesgo de género en acosadores. Una encuesta liderada por la Universidad Central, realizada en cinco centros de educación superior del país, indicó que el 27 por ciento de las personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo conocen casos de acoso sexual en el ámbito universitario. No obstante, otro estudio de la Universidad Nacional encontró que el 42 por ciento de las y los jóvenes ha sufrido algún tipo de acoso sexual.

El acoso sexual en Colombia es considerado una acción delictiva según lo expresa la Ley 1257 de 2008 en su artículo 210A del Código Penal, y puede presentarse de manera verbal o física cuando una persona por su posición de poder, acosa, hostiga o persigue a una determinada persona con fines sexuales no consentidos. Las instituciones de educación superior no escapan a esta situación. Durante esta semana, escucharemos historias de mujeres y hombres que han sido víctimas de violencia sexual en ambientes universitarios y que exigen devuelta sus derechos. La Corte Suprema de Justicia en Colombia, define a los acosadores como esas personas que persiguen, hostigan o asedian física o verbalmente a otra persona con “una suerte de continuidad o reiteración, que no necesariamente demanda días o de un tiempo prolongado, pero sí de persistencia por parte del acosador”. Este tipo de acosos se puede dar de diferentes maneras: llamadas telefónicas, mensajes texto o vía correo electrónico, utilización de las redes sociales para asediar a la persona, persecuciones, intimidaciones verbales. A diferencia del abuso sexual, que según la misma Corte Suprema de Justicia, especifica que el abuso incluye “el uso de la fuerza, la amenaza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, el abuso de poder, la utilización de entornos y circunstancias que impidan a las víctimas dar su libre consentimiento”.  En algunas instituciones de educación superior, se han conocido a lo largo de los últimos año sucesos relacionados con el acoso sexual. Nuestro corresponsal Edwin Gómez, conversó con una estudiante de la universidad Pontificia Bolivariana, víctima de acoso sexual al interior de la institución.

Durante esta semana hemos escuchado las historias de ciudadanos y colectivos que han sido agredidos y vulnerados por parte de la policía durante la protesta social. Hoy estaremos llevando la devuelta a las exigencias de quienes compartieron sus historias, a través de un análisis para responder y comprender los impactos de estos hechos sobre la democracia y la garantía de derechos en Colombia. ¿Para qué la fuerza pública en Colombia? ¿Cumple la policía su deber de proteger los derechos de los ciudadanos durante la protesta social? ¿Qué tanto estos hechos de vulneración por parte de la policía ponen en riesgo el derecho a la protesta social y la democracia del país? ¿Cuáles son los mecanismos de la ciudadanía para protegerse de los actos de vulneración por parte de la fuerza pública? ¿Es posible una reforma institucional a la policía? Fueron algunas de las preguntas y exigencias realizadas por los protagonistas de las noticias esta semana en la devuelta. Camilo Carmona, habitante del corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, marchante de la movilización del 9 de septiembre. Luis Barajas, joven bogotano de 19 años marchante en la protesta del 10 de septiembre. Juan Camilo López, habitante de la ciudad de Medellín y el colectivo Absurdo, de prensa independiente.

“Cuando callan a un medio de comunicación es una oportunidad menos que tiene el ciudadano de enterarse de la verdad y de tomar decisiones con libertad” dice el profesor Juan Camilo Hernández de la Universidad La Sabana. Y en Colombia la libertad de expresión y de prensa es un derecho fundamental consagrado en los artículos 20 y 73 de la constitución política. ¿Pero se puede ejercer la libertad de prensa sin miedo durante la protesta social, protege y garantiza la fuerza pública este derecho durante la movilización social? Para hacer valer nuestros derechos los Colombianos contamos con la Constitución Política, que en temas relacionados a la prensa, dice en el artículo 73: “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”. Sin embargo, en este país de derechos, este mandato sigue sin garantizarse totalmente. Solo entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa por parte de uniformados que, han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, (ONU). En nuestro país, existe el Artículo 20, consagrado en la Constitución Política colombiana, el cual expresa que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”. Y en Colombia la Constitución Política es el principal código que regula la convivencia. Entre el 4 y 5 de agosto del 2020, en algunas ciudades del país se realizaron movilizaciones y caravanas por parte de ciudadanos que exigían la libertad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, escenario que generó la confrontación entre ciudadanos con diferentes posturas y opiniones. Y en el que también algunos ciudadanos vivieron situaciones de vulneración por parte de la policía.

Organizaciones como Temblores ONG en Colombia, han revelado que del 9 al 11 de septiembre del 2020 al menos 11 personas fueron asesinadas por la Policía Nacional y otras como la Human Rights Watch, entidad internacional de defensa de los DDHH, ha reportado diferentes situaciones de abuso y maltrato físico por parte de militares y policías. Cuando según la Constitucional Política de Colombia, están al servicio y protección de los colombianos. Creadas para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y asegurar la paz en los habitantes colombianos”. Las protestas sociales realizadas entre el 9 y 10 de septiembre han sido el escenario reciente donde la ciudadanía a reportado de manera altiva hechos de vulneración por parte de la policía nacional.

¿Qué significa en Colombia portar un uniforme de la policía nacional o de las fuerzas militares como el ejercito? ¿Hasta dónde es su poder? ¿Qué representa para la ciudadanía estos uniformados? La Fuerza pública de Colombia, establecida por la Constitución Política en su Capítulo Séptimo se encuentra integrada por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía Nacional. Y de acuerdo con la Constitución ha sido creada para “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. También para asegurar la paz en los colombianos”. Y es justo sobre su papel y responsabilidad “en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” que los hechos de vulneración por parte de uniformados en el último año y especialmente en el mes de septiembre de este año, abre de nuevo en Colombia la necesidad del debate y la reflexión sobre ¿para qué la fuerza pública en Colombia? ¿cumplen su función de protegen y garantizan los derechos de los ciudadanos? ¿hasta donde son sus alcances? Y ¿quién protege a los ciudadanos ante las agresiones y abusos por parte de uniformados? ¿Qué tanto estos hechos ponen en riesgo la democracia y la confianza ciudadana en la institucionalidad? La vulneración de derechos humanos por parte de uniformados un tema que invitamos a reflexionar y a analizar esta semana en la devuelta, para comprender mejor lo que viene ocurriendo en las calles de nuestro país.

Desde noviembre del 2019 Medellín adopta la política pública para la protección de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la ciudad, a través del acuerdo 130. Que busca proporcionar los lineamientos, estrategias y mecanismos para garantizar el respeto, protección y materialización de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Medellín. Una política que responde a las difíciles situaciones que enfrentan los pueblos indígenas que habitan la ciudad y que las comunidades espera inicie pronto su implementación para contar con mecanismos diferenciales de exigencia de sus derechos.

Ser indígena es estar conectado física y espiritualmente con la tierra y la naturaleza, así se definen algunas de las personas que pertenecen a una etnia indígena. ¿Pero qué ocurre con esa conexión cultural y ancestral con el territorio cuando migran hacia las ciudades? ¿Es la ciudad de Medellín lo suficientemente incluyente como para pensarse su desarrollo urbano a la luz de las necesidades de las comunidades indígenas?. Es necesario que en las ciudades escuchemos a las comunidades indígenas que las habitan y que se generen las condiciones suficientes que les garanticen sus derechos de manera diferencial, considerando su diversidad y pluralidad étnica. En Medellín habitan personas de 34 pueblos indígenas y esta semana exigen devuelta sus derechos. Los indígenas son los grupos humanos más vulnerables a las violencias. Según informes de Acnur aproximadamente el 2% de la población desplazada por el conflicto armado en Colombia, pertenece a alguna etnia indígena. Pero no sólo el desplazamiento por el conflicto armado es motivo de su migración a las ciudad, también lo es la búsqueda de oportunidades laborales y educativas. ¿Qué ocurre con sus saberes, tradiciones y prácticas culturales al migrar a las ciudades? ¿Les abre la ciudad espacios físicos para sus prácticas culturales?

En Medellín habitan aproximadamente 4 mil 500 personas indígenas, según datos de la Organización Indígena de Antioquia. Y muchas de éstas laboran de manera informal, especialmente en la venta de productos y haciendo uso de sus conocimientos artesanales. El trabajo informal es en muchas veces la única forma de empleo en Medellín, incluso para quienes se han formado académicamente. Por mucho que la Constitución Política de Colombia y el artículo 19, de los derechos laborales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaren: dar oportunidades, proteger, garantizar y mejorar las condiciones laborales de las comunidades indígenas, se hace necesario que este derecho traspase el papel y sea garantizado por los gobiernos nacionales y locales. En Medellín las personas indígenas formadas profesionalmente se enfrentan a la difícil situación de hallar un trabajo que les garanticen sus derechos laborales.

Según el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), existen 115 pueblos nativos en Colombia y los cuatro pueblos indígenas más numerosos del país son: Los Wayuú, Zenú, Nasa y Pastos que concentran el 58,1% de la población indígena de la nación. En la historia del estado colombiano, las comunidades indígenas han librado diversas luchas políticas y sociales para lograr la garantía de sus derechos fundamentales como la dignidad, la honra, el derecho sobre la tierra, la educación, la salud, entre otros. Luchas que continúan en las ciudades, cuando lejos de sus territorios de origen siguen exigiendo la dignificación de sus historias y la garantías de sus derechos. Hoy las comunidades indígenas que habitan la ciudad de Medellín exigen ser escuchadas y recibir respuestas oportunas. Según la ley 21 de 1991 Colombia aprueba todos los principios que las Naciones Unidas plantea en relación con los derechos de los indígenas, y aprueba: - Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. - Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la salud, como un derecho fundamental de todos los colombianos se ha convertido es un escenario de permanente tensión para las personas de las comunidades indígenas que habitan la ciudad de Medellín.

En Medellín habitan personas de 34 pueblos indígenas de Colombia con una población que ronda las 4 mil 500 personas apróximadamente. Razones como más oportunidades laborales y el escape a las formas de violencia en sus territorios, han hecho que busquen en Medellín un lugar para habitar. Y aquí en la ciudad, se enfrentan a múltiples situaciones de vulneración de sus derechos, como dificultades de acceso a la salud, la educación, a un empleo digno y a espacios adecuados para el desarrollo de sus prácticas culturales. Y porque es necesario que Medellín escuche a la población indígena que habita hacia generar mejores condiciones de vida, durante esta semana escucharemos sus historias y las devueltas que hoy necesitan de Medellín para habitarla con dignidad. El Acuerdo 130 de 2019, a través del cual el concejo de Medellín adopta “la Política Pública para la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en la ciudad. expresa en uno de sus objetivos que busca  “Materializar el goce efectivo de los derechos a los pueblos indígenas como sujeto colectivo de derecho”. Y dice en su artículo 7, que se diseñaran e implementaran planes y programas en relación con “la inclusión laboral y el derecho al trabajo digno”, entre otras acciones en concertación con los pueblos ancestrales. ¿Pero cuenta la población indígena que habita al ciudad de Medellin espacios suficientes para la comercialización de sus artesanías, una de sus formas de trabajo? ¿Cuál es la realidad laboral de los pueblos indígenas en Medellín?

El desarrollo de la ciudad de Medellín se viene pensando desde diferentes proyectos de renovación urbana que impactan directamente a las comunidades y territorios. Y es frecuente que durante el desarrollo de estas obras se desconozcan los procesos de autoconstrucción y de planeación del territorio generados por las comunidades, así como sus modos de vida. Ante esta situación esta semana escuchamos las voces de María Elsy Usuga desde el barrio Carpinelo; Diana Milena Hernández Cárdenas del barrio La Paralela; de Luz Mila Hernández, Juan Camilo Vallejos y Víctor Manuel Villegas habitantes de Moravia. Quienes actualmente se enfrentan a obras públicas en sus barrios como es el caso de La Paralela y otros como el caso de Moravia que será intervenido por el Plan Parcial ligado al megaproyecto Río Norte. Ellos y ellas exigen la protección de sus derechos ante las obras de desarrollo. ¿Cuáles son las políticas que los protege y con qué mecanismos cuentan?

Continuamos escuchando a los moradores, habitantes de los barrio con intervenciones urbanísticas que exigen se les garantice sus derechos ante los proyectos de ciudad. Las tiendas barriales, las ventas de alimentos caseros, las ventas de frutas en carretas, el reciclaje hacen parte de la cultura económica de los barrios, de las formas en que sus habitantes dinamizan la economía de la ciudad. En el barrio Moravia, el cual tiene más de 40 mil habitantes en un área de 42 hectáreas con la imaginación y el ímpetu sus habitantes han originado un desarrollo económico sostenible, a partir de actividades diversas. Por eso, en Moravia ante la implementación del Plan Parcial, aprobado en el decreto 0321 de 2018, y que cambiará las dinámicas barriales creadas por los moravitas durante años, sus habitantes temen por lo que pasará con las actividades econónicas y productivas que durante años han realizado en su barrio.

Las comunidades de los barrios intervenidos por las obras de desarrollo urbano, temen no se les reconozca la gestión que durante años han hecho de sus territorios y perder su permanencia en ellos. Una situación que comparten los barrios de laderas, como los barrios que se encuentran a la orilla del río Aburrá. En La Devuelta continuamos escuchando sus historias como una manera de acompañarlos en su exigencia de garantías del derecho a la ciudad. La comunidad moravita, como se les llama a los habitantes del barrio Moravia, en la comuna 4 de Medellín, es una comunidad que ha autoconstruido y autogestionado su propio barrio y que acoge a diversas poblaciones provenientes de muchas regiones de Colombia, haciendo de Moravia un barrio multicultural. Por eso, cuando se aprobó el decreto 0321 de 2018 que “adopta el Plan Parcial Moravia, y que considera en su punto 3, que “el barrio Moravia se encuentra ubicado dentro de las áreas de intervención estratégicas del ámbito del río… con oportunidades para la renovación urbana” la comunidad moravita se preocupó por lo que esto implicaría para la permanencia en su territorio. Y expresa que encuentra amenazado el tejido social de Moravia, un barrio con desarrollo social, cultural y económico generado por sus mismos habitantes.

La ciudad de la Eterna Primavera es una de las capitales del país con una constante transformación urbanística en mira de mejorar la calidad de vida de sus más de 3.000 millones de habitantes. Una de las prioridades ha sido una movilidad sostenible ambientalmente e integral, ceñida al sistema de transporte masivo metro, el cual transporta a 1.800 personas en cada viaje. En el Plan Rector de Expansión del Metro De Medellín hacia el 2030, se contempla la construcción de 16 líneas nuevas, de las cuales 5 son de cable como la que actualmente se construye en la zona Noroccidental de la ciudad, con el metrocable Picacho. El proyecto tiene un presupuesto aproximado de $300 mil millones pesos, los cuales serán aportados por el Municipio de Medellín en busca de mejorar la calidad de vida de más de 420 mil personas. Y aunque se reconoce la importancia de este proyecto para la ciudad, es importante decir que también ha generado inconformidad en las comunidades de las comunas 5 y 6, especialmente entre los habitantes del barrios La Paralela de la comuna 5, que muchos han tenido que dejar sus viviendas sin las garantías suficientes.

¿De quién y para quién es la ciudad? son algunas de las preguntas que nos haremos esta semana en La Devuelta, porque hablaremos del derecho a la ciudad, que comprende no sólo acceder a su oferta de bienes y servicios , sino también a participar como ciudadanos en las decisiones sobre la manera en que se urbaniza e interviene a través de la obras de infraestructura y renovación urbana. ¿Cómo se protegen los derechos de quienes habitan los barrios y veredas que por el Plan de Ordenamiento Territorial han sido definidos para la intervención de obras de desarrollo urbano? ¿Esta el desarrollo urbano por encima de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y comunidades? Al respecto, esta semana escucharemos las voces de quienes exigen se les garantice sus derecho durante los procesos de renovación urbana de Medellín. Una de las 10 áreas de Intervención Estratégica definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, se denomina el Borde Urbano Rural Nororiental, que comprende los barrios de ladera de las comunas 1, 3 y 8, y que se han originado a partir de los procesos comunitarios de autoconstrucción. Para estos barrios se contempla el mejoramiento integral de barrios. Un conjunto de proyectos dirigidos a la legalización y regularización urbanística, el mejoramiento de la vivienda y del entorno a través de diferentes obras de infraestructura. Un mejoramiento necesario y urgente, que los habitantes de los barrios de ladera exigen se realice pero reconociendo sus procesos comunitarios y sus derechos como moradores. En el barrio el Carpinelo al Nororiente de la ciudad, sus habitantes que buscaron un refugio debido al desplazamiento forzado provocado por la violencia que se vivía en Colombia y otros sectores de la ciudad nos narran por qué necesitan que se les garantice su derecho a la ciudad.

Hoy llevamos las devueltas sobre las preguntas y exigencias que esta semana realizaron líderes y habitantes sobre los perjuicios de algunas obras de infraestructura que se vienen desarrollando en sus comunas o sobre las que aún no han iniciado.