Agobio económico

En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la economía aparece como la mayor preocupación de la población. Y ello no es casual. La canasta básica alimentaria se ha encarecido notablemente. Los productos lácteos, el frijol, los huevos, los vegetales y otros alimentos esenciales han subido de precio mes tras mes. En paralelo, hay una crisis en el Estado: despido de trabajadores, atrasos en la entrega de salarios en algunas alcaldías, falta de pago de las pensiones compensatorias para ancianos, escasez de medicinas en los hospitales públicos…, factores que refuerzan la preocupación por la situación económica. Asimismo, las detenciones masivas y prolongadas a raíz del estado de excepción golpean la economía familiar de un gran número de hogares. A todo esto se añade que tanto el Banco Mundial como el ministro de Hacienda han dicho que 2023 será un año aún más complicado que 2022. En este contexto resultan preocupantes la ausencia de inversión estatal en el sector productivo y el desinterés gubernamental por una reforma fiscal progresiva que haga que paguen más quienes más tienen. Se sigue apostando, más bien, por el endeudamiento —que está llegando ya a niveles próximos al impago—, el bitcoin y proyectos que benefician a unos pocos en lugar de favorecer el desarrollo del país en su conjunto (Surf City, por ejemplo) o que solo buscan generar expectativas e ilusiones de progreso (el tren costero y el aeropuerto de La Unión). La falta de diálogo en torno a los problemas nacionales añade un plus de pesimismo a la inexistencia de un plan económico serio y verificable. Las angustias y dificultades ciudadanas en torno a la economía son siempre fuente de desgaste para los Gobiernos. De ellas suelen surgir protestas, pero también propuestas de cambio. Por el momento, la administración Bukele parece contentarse con obtener buenas notas en las encuestas, gozar de un fuerte apoyo ciudadano y haber logrado destruir cualquier oposición política que pudiera presentarse como alternativa. Pero el descontento social por la situación económica no se soluciona con aplausos. Dialogar con la sociedad civil, no encerrarse en los propios planteamientos, analizar con objetividad las críticas al manejo del país son tareas gubernamentales necesarias para un desarrollo equitativo. Salir de la autorreferencia y el autoritarismo, respetar los derechos humanos e invertir más en la gente haría más llevadera la actual crisis y beneficiaría el ambiente social y político de El Salvador.