Agua: una ley que no ha cambiado nada

En el contexto del día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) publicó su más reciente encuesta sobre la temática del agua en El Salvador. El sondeo fue realizado en el mes de febrero a una muestra nacional de 1,270 personas representativas del territorio, la edad y del sexo. Hace tres años, el instituto realizó otra encuesta similar. La diferencia aparente entre ambas es el contexto jurídico. En el año 2020, después de varios años de lucha, la población organizada logró consensuar una propuesta de Ley General de Aguas y se luchó por su aprobación. Sin embargo, al año siguiente, en el 2021, esa propuesta fue desechada sin ninguna argumentación por la nueva legislatura, bajo dominio absoluto del oficialismo. En cambio, la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, aprobó una Ley General de Recursos Hídricos que copió conceptos y principios de la propuesta ciudadana, mas no aspectos importantes de su contenido, como el reconocimiento de las Juntas de Agua, el derecho de la ciudadanía a la participación en las decisiones en torno al vital líquido y la gestión del agua con enfoque de cuenca hidrográfica. El reciente sondeo ratifica la conciencia de la población acerca de lo estratégico del bien hídrico para la vida humana y para el futuro del país. El 99.6% de los encuestados consideran que el agua es un derecho humano, una décima más, que el porcentaje que manifestó lo mismo en el 2020. Sin embargo, han disminuido las personas que piensan que el país está sumergido en una crisis del agua. Ocho de cada 10 salvadoreños piensan así (79.8%), frente a un 90.6% que pensaba así hace tres años. Sin embargo, esta disminución no se debe a que la población perciba que ha mejorado la situación del agua. Al contrario, 73 de cada 100 salvadoreños (72.8%) piensan que, a pesar de haberse aprobado la Ley General de Recursos Hídricos, el acceso al agua en el país sigue igual que antes o ha empeorado. Más de la mitad de la población, el 62%, manifestó que ni siquiera se dio cuenta de la aprobación de dicha ley. Como siempre, los sectores más afectados por la escasez del agua son los mismos. Los que opinan que en el país se vive una crisis hídrica son aquellos que disponen de menos días de agua a la semana, menos horas diarias y que pagan más por el servicio. Quienes desconocen que el país cuenta con una ley de aguas son aquellos con menor nivel educativo y las mujeres. Por otro lado, ha crecido la población que no bebe del agua que le llega a la casa a través de cañería. En el 2020, 41 de cada 100 personas manifestaron eso. En el sondeo de este año ese porcentaje creció hasta el 44%. Sin embargo, casi el 11% de la población que se abastece de agua por medio de cantareras, chorros públicos, pozos o directamente de una fuente natural como ojos de agua, ríos o manantiales, manifestaron que sí beben de esas fuentes. Estos sectores son los que reportan ingresos familiares inferiores a los $240 dólares mensuales. Es decir, beben agua de esas fuentes porque no tienen recursos para consumir otra. De acuerdo a la declaración de la población encuestada, más de la mitad de la población (58.3%) recibe el servicio de parte de ANDA, arriba de una quinta parte (22%) recibe el servicio de una Junta de Agua, 11% de alcaldías y un 8.6% declaró recibir el servicio de parte de una empresa privada. El servicio de ANDA se concentra en las ciudades (80.7%) mientras que, en el área rural son las alcaldías las que cubren la demanda para una quinta parte de la población (18.6%), un 13.4% es cubierto por empresas privadas y la mitad de la población lo recibe de las juntas de agua. Una revelación de esta encuesta indica que, entre los distribuidores de agua que ofrecen el servicio cinco días a la semana y más de 300 horas al mes, son las Juntas de Agua las que ofrecen un servicio más barato, mientras que ANDA registra el costo más alto por un servicio similar. La encuesta revela que la población sigue esperando que mejore el servicio del agua, que la ley no ha cambiado la realidad y que las Juntas de Agua cumplen una función social fundamental, que la población aprecia, pero que no ha sido valorado por las autoridades ni reconocido en la ley que se aprobó. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 118.