Artífices de esperanza

Una sociedad justa y civilizada es aquella que garantiza y promueve los derechos humanos. Una sociedad donde se respeta la vida en todas sus formas, en la que se garantiza la integridad física y moral, donde el derecho a la educación, al trabajo digno y a la salud son prioridades, y en la que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes es una que ha puesto en el centro de su quehacer a la persona humana. Independientemente de la denominación ideológica de sus gobernantes, la meta de toda sociedad debería ser la dignificación de la vida de sus miembros, sin exclusión alguna. Este es el objetivo que buscan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tendrían que orientar la acción de cualquier Gobierno que pretenda servir en verdad a su país y sus habitantes. La historia de la humanidad, sin embargo, ha discurrido en sentido contrario. La norma general ha sido la violación a los derechos humanos; respetarlos ha dependido más bien de la raza, la religión, el sexo, la ideología, el poder económico y otra serie de variables. Por ello, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos ha sido una de las más difíciles y peligrosas, motivo de encierro, de destierro o de entierro. Entre menor justicia haya en una sociedad, a más desigualdad y exclusión, peor será la respuesta del poder establecido contra quienes denuncien atropellos, abusos e ilegalidades. Los mártires de la UCA, monseñor Romero y tantas otras personas generosas, conscientes y valientes que fueron asesinadas durante la guerra civil entendieron que la clave para que una sociedad sea justa es que se respeten los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental a la vida. Decirlo y comprometerse con esa causa les llevó a la muerte, pero también a su resurrección en la memoria del pueblo. En vida, los mártires son humillados y los poderosos enaltecidos. Pero luego, aquellos se mantienen vivos en los ideales de la gente, mientras que los segundos son olvidados o caen en la ignominia. Y esta verdad evidente no conduce a la resignación y la pasividad, sino que anima a seguir adelante con la seguridad de que la lucha por los derechos humanos es justa, hoy y siempre. En la actualidad, El Salvador vive de nuevo tiempos difíciles, en los que el poco camino democrático recorrido desde los Acuerdos de Paz está siendo desmontado pieza a pieza. Tiempos en los que,entre aplausos, se violan los derechos humanos; en los que se ensalza el odio y se atiza la división. Tiempos en que defender los derechos humanos es causa de denigración, amenazas y persecución, como lo fue en el pasado. Por este momento histórico que atraviesa el país, la UCA instauró el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes, a fin de reconocer públicamente a organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Los ganadores de esta primera edición del Premio fueron Guadalupe Mejía, “Madre Guadalupe”, y el colectivo Salvemos Valle El Ángel, conformado por mujeres y hombres de diversas denominaciones religiosas que luchan contra un Goliat impune que atenta contra la sostenibilidad ambiental y, por tanto, la vida de la población. Desde este espacio, la UCA les felicita y les agradece, porque su valentía alientan la esperanza en la construcción de un país más inclusivo, democrático y solidario.