Aumento del salario mínimo: cuestión de justicia

El origen del salario mínimo se remonta a 1790 en Nueva Zelanda y Australia. Previamente, los empleadores les pagaban tan poco a los trabajadores, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, que estos no podían satisfacer ni lo básico para sobrevivir. El salario mínimo nació con el fin de corregir esa injusticia y garantizar una vida digna para la clase trabajadora. La medida se fue extendiendo por el resto de países. El salario mínimo debe permitir que el trabajador y su núcleo familiar cubran las necesidades básicas de alimentación, salud, educación vivienda y esparcimiento, entre otras. Por ello es entendido como un derecho humano que posibilita el goce de otros derechos. Además, constituye una herramienta fundamental de los Estados para combatir la pobreza y la desigualdad entre la población. ¿Cómo se define el salario mínimo? Primero, se toman en cuenta el costo de la vida y la inflación de modo que la paga permita vivir con dignidad. La Constitución de la República establece que el salario mínimo debe ser revisado de forma periódica; el Código de Trabajo manda a revisarlo cada 3 años. La autoridad responsable de ello es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, adscrito al Ministerio del Trabajo, que está compuesto por representantes de los trabajadores, de la empresa privada y del Gobierno. La última revisión fue en agosto de 2021, cuando se fijó el salario mínimo en $365 mensuales para el sector de industria, comercio y servicios. Han pasado, pues, tres años y el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre el asunto. Lamentablemente, la fijación del salario mínimo se ha desvirtuado. En la actualidad, el salario mínimo se define como la cantidad más baja que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, ya sea por hora o por jornada de trabajo. El salario mínimo es absolutamente insuficiente para llevar una vida digna, pues su monto se define de espaldas a los intereses de los trabajadores y ha devenido en una manera de perpetuar un modelo dañino para sus intereses. Si una persona trabaja 8 horas diarias y lo que gana apenas le alcanza para comer y pagar los servicios, su situación es similar a la de un esclavo. Según el Centro para la Defensa del Consumidor, el costo de la vida para una familia promedio salvadoreña supera los 500 dólares mensuales, lejos del actual salario mínimo. Además, El Salvador tiene el salario mínimo más bajo de los países centroamericanos, exceptuando Nicaragua. Agrava la situación el tremendo aumento del costo de la vida, mientras los salarios se mantienen estáticos. Al no subir, el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo. Las encuestas confirman que es cada vez más difícil para las familias de menos ingresos llegar a fin de mes. Que la pobreza haya aumentado 4.4% en los últimos 5 años (2019-2023) y que el país tenga cerca de dos millones de salvadoreños (1,923,303) viviendo en la pobreza son datos que confirman que la gente no está en el centro de la preocupación de los gobernantes. Darle largas a la revisión del salario mínimo es perpetuar una injusticia estructurada y legalizada que solo favorece a los empleadores. Para ser realistas hay que decir que un aumento al salario mínimo legal solo beneficiaría directamente a una cuarta parte de la población económicamente activa, que es la que goza de un empleo formal. Pero el salario mínimo, al igual que las pensiones (solo la tiene y la tendrá un pequeño porcentaje de los trabajadores), tiene un efecto multiplicador en la economía nacional y en el resto de la población. Salarios y pensiones dignas ayudan a que se dignifique la vida de la población en general. La indiferencia a la situación que viven los y las trabajadores solo es otra confirmación de que las condiciones de vida del pueblo salvadoreño no son prioridad para la presente administración del país, obsesionada por proyectar una buena imagen hacia el exterior, como quien embellece su casa por fuera y esconde la suciedad, pobreza y precariedad en la que vive puertas adentro. Por justicia, por ética, incluso por la imagen que proyectamos, urge revisar y aumentar el salario mínimo. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.