Cadena perpetua, perpetuidad de la excepción

Primero fue la airada desacreditación de los autores del informe sobre el crítico estado de los derechos humanos en el país. Después vino una especie de venganza con mucho de rabieta. Los legisladores por “instrucciones precisas” de Bukele modificaron la Constitución para introducir la cadena perpetua para los homicidas, los violadores y los terroristas, incluso los menores de edad. En teoría, la pena no es aplicable a las decenas de miles de detenidos, sino solo a quienes cometan tales crímenes una vez aprobada la reforma. En la práctica, el discurso oficial apunta a que la aplicará retroactivamente. Alega que dicha pena, extremadamente dura y cruel, es necesaria para garantizar “la irreversibilidad” de la seguridad, al impedir que los detenidos puedan recuperar la libertad. El régimen les niega el derecho de apelación y asume infundadamente que dicha legislación es irreformable. La cadena perpetua es la respuesta a la recomendación del equipo de juristas internacionales que solicitó revisar el expediente de cada uno de los detenidos para verificar la solidez de la acusación y en caso no encontrar fundamentos válidos, ponerlos inmediatamente en libertad. Al neutralizar uno de los componentes básicos del régimen de excepción, este pierde su razón de ser. Las propuestas no fueron bien recibidas por la cúpula gobernante, que reaccionó impulsivamente, sin considerar las implicaciones para el futuro. Aplicar retroactivamente la cadena perpetua, negar el derecho de apelación y desconocer la presunción de inocencia está reñido con la justicia y coloca al régimen al margen de los grandes consensos internacionales. Una indiscreción en las redes digitales confirma la extensión de la arbitrariedad. Según la fuente, el fiscal, el despacho de la primera dama y el sistema penitenciario deciden la inocencia de los detenidos y, por tanto, quién queda en libertad y quién permanece tras las rejas. Otra torpeza del régimen de excepción es haber exhibido como un logro de su plan de reinserción, que emplea a la fuerza de trabajo encarcelada en las obras públicas, a un condenado por violación que ni siquiera ha cumplido con la mitad de la pena. Revestir al régimen de excepción de una naturaleza inmutable es quimérico. De hecho, ya ha sido modificado en varias ocasiones para responder a situaciones no previstas. Pretender que la legislación que le da vida sea insuperable y eterna es un acto de soberbia similar al de los constructores de la torre de Babel. Cuando estaban a punto de tocar el cielo, Dios los confundió y los dispersó. El modelo de Bukele lucha contra el tiempo y no lleva las de ganar. La implantación de la cadena perpetua para blindar de forma inexpugnable al régimen de excepción forma parte del esfuerzo para perpetuarse en el poder por períodos sin término. Pero toda obra humana es perfectible, por tanto, modificable y, en este sentido, transitoria como la realidad misma. Ningún poderoso es eterno ni puede asumir que su sucesor será un duplicado. Los reemplazos son inevitables y con ellos llegan nuevas maneras de aproximarse a la realidad. La cadena perpetua no impedirá que, en un determinado momento, el legislador de turno la olvide o la suprima y, con ella, caiga también el régimen de excepción. Más aún si viola sistemáticamente la dignidad humana y sus derechos civiles, constitucionales e internacionales. Desconocer la competencia de los organismos internacionales en cuestiones tan cruciales como la dignidad humana e impugnar sus informes críticos con argumentos de autoridad es una simpleza que no desautoriza los señalamientos. En cierto sentido, es un relato contra otro. Pero el gubernamental está en desventaja. Recurre a la autoridad derivada del poder absoluto porque no puede enfrentar la realidad. Diversos formatos de comunicación social han retomado, reproducido y multiplicado dichos informes. Algunos han sacado a la luz nuevos hallazgos. La credibilidad que la opinión pública internacional ha otorgado a las denuncias, pese a los alegatos gubernamentales, ha colocado a la familia gobernante en una posición muy incómoda. La crudeza de lenguaje gubernamental para descalificar a sus críticos es cada vez menos convincente. El relato de la seguridad y, en general, del modelo de Bukele atraviesan una tormenta de credibilidad y, a mediano plazo, de viabilidad. Acusan un desgaste que debiera hacer reflexionar a su dirección. Proclamarse libre de los organismos defensores de los derechos humanos es girar en un círculo viciado. Sin embargo, puede romper con él si se hace cargo de los desafíos del presente. Permanecer anclado en la comodidad del pasado es condenarse a languidecer y, en definitiva, a desaparecer en la irrelevancia. Si la familia gobernante no reacciona, corre el riesgo de encontrarse aislada y repudiada. Una situación difícil de sobrellevar para quienes están excesivamente satisfechos consigo mismos. Recuperar la iniciativa y la credibilidad exige valentía para revisar y rectificar, lucidez para planificar el futuro y voluntad para ejecutar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.