Cerco militar para la fanaticada

El cerco militar de Soyapango exhibe fracturas comprometedoras. Al parecer, el rotundo éxito del régimen de excepción, que transformó ese municipio en el más seguro del mundo o del país, según se escuche a Bukele o a la alcaldesa, y por cuyas calles paseaba satisfecho el diputado jefe del oficialismo, no es tal, pues ha debido ser cercado por diez mil efectivos. Una movilización nunca vista, anunció exultante un Bukele orgulloso de la capacidad de despliegue de sus fuerzas represivas. Pero esa satisfacción solo se explica si el régimen de excepción fracasó en Soyapango. O bien, la finalidad del cerco es otra. El oficialismo anunció campante que sabe “quiénes son los objetivos que andamos buscando”, que tiene “las direcciones y los datos”, y, en consecuencia, “vamos directo con ellos”, y “el grado de error es ‘cero’, porque [tenemos] una lista de todos los delincuentes […] que pueden vivir en ese sector [y eso] nos permite ir a extraer con nombre y apellido”. El vicepresidente, en su grandilocuencia, se remonta a la época del FMLN para remachar la existencia de “un trabajo de inteligencia de cinco años, que permite hacer la extracción sin afectar al cuerpo social”. Si solo era de “ir a traer”, para qué un cerco militar con un enorme desgaste humano, un elevado costo económico y, de paso, con graves fallos logísticos. El oficialismo reniega de sus decires. Los hechos también lo desdicen. Los pandilleros no están enlistados, ni identificados, ni localizados. Si así fuera, los soldados y los policías no batirían casa por casa para hurgar, identificar a sus habitantes y verificar los recibos de los servicios básicos. Inteligencia no hay ninguna, ni reciente, ni antigua. La seguridad de Bukele camina a ciegas. Así lo confirmó, inadvertidamente, uno de sus mandamases, al advertir que la duración del cerco de Soyapango depende de que los habitantes colaboren y denuncien a los pandilleros. Por tanto, la posibilidad de errar es altísima, dado que las denuncias son tomadas tal como vienen, sin comprobar su veracidad. Más aún, el criterio operativo del cerco militar, y, en general, de la seguridad, es extremadamente vago como para alcanzar sus objetivos. El oficialismo repite que la ciudadanía “común” y “honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo. Perezoso o escaso de entendederas, contrapone “común” y “honrado” a pandillero, y deja a juicio de sus agentes distinguir sobre el terreno uno del otro. Sin mayores luces, estos deciden según la vestimenta, el corte de pelo y los tatuajes. La similitud de la vestimenta y del pelo del “común” y “honrado”, y del pandillero no es mayor dificultad. Capturan a quienes se les antoja. Los tatuajes, excepto los explícitamente referidos a una pandilla, no equivalen a delincuente. Los hay muy variados y están generalizados. La identificación es caprichosa. La extracción depende del parecer y del humor del soldado o del policía de turno. En definitiva, la represión actúa por las apariencias. De hecho, el cerco militar de Soyapango ha extraído a muy pocos pandilleros. Al caer en la cuenta de que el operativo no llenaba las expectativas de la retórica presidencial, el régimen informó de la captura de 140 pandilleros. Aun así, desplegar diez mil efectivos para tan pocas extracciones es desorbitado. Tal vez no puede ser de otra manera, porque si el régimen de excepción es tan exitoso, pocos pandilleros deben quedar en libertad. Aunque los traficantes, los corruptos y otros delincuentes gozan de libertad y buena salud. Si el cerco pretende suscitar la aprobación de la fanaticada, el éxito es total. Si, en realidad, persigue pandilleros, tendrá que capturar para llenar “la cuota” y abultar números. La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal”, expresó con gran realismo una buena mujer. Y, enseguida, advirtió a su interlocutor, “ahora, usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo, porque se lo puede llevar la Policía, y, peor a usted, que anda tatuado”. Difícilmente se puede expresar más reveladoramente en qué consiste la seguridad de Bukele. La militarización de la sociedad entusiasma a la fanaticada, aunque no coma suficiente, ni tenga acceso a la salud, a un empleo y un salario dignos, y a una pensión decente, ni sus hijos reciban la educación que merecen. La negación de la vida durará hasta que el pueblo se canse, se ponga en pie y decida dar por concluido el régimen de los Bukele.   * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.