Cinco ambientalistas a la espera de verdadera justicia

Mientras a cinco líderes comunitarios de Cabañas se les procesa por su presunta participación en un asesinato cometido en 1989 durante la guerra civil, la gran mayoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que conmocionaron al país y al mundo duermen bajo el manto de la impunidad. Todo asesinato o desaparición merece ser investigada y aclarada, por supuesto, pero en El Salvador hay crímenes de guerra que, pese a haber sido investigados y documentados, incluso con declaraciones de testigos fiables, permanecen impunes. El magnicidio de monseñor Romero sigue sin justicia, al igual los asesinatos durante el conflicto de sacerdotes, pastores evangélicos, alcaldes y defensores de derechos humanos, entre otros. ¿Por qué el sistema judicial se empeña en mantener presos a unos líderes comunitarios acusados por un testigo protegido que primero dijo que presenció el crimen y después, que le habían contado? En El Salvador, la destrucción del medioambiente está a la orden del día. La contaminación de ríos y lagos es cosa ordinaria. Grandes proyectos urbanísticos y de turismo arrasan con bosques, destruyen zonas de recarga hídrica y desalojan comunidades y personas. Todo ello sin que las autoridades digan algo. En ese marco, el caso de los ambientalistas de Cabañas ha despertado la solidaridad nacional e internacional. Cientos de organizaciones de todo el mundo, comunidades, instituciones de la sociedad civil, congresistas y senadores estadounidenses, relatorías especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, incluyendo a la relatora para Defensores de Derechos Humanos, han exigido la liberación de los cinco de Cabañas ante la debilidad de la acusación. Que a estos líderes comunitarios les dediquen tiempo, fiscales, jueces y magistrados para lograr que sean condenados solo es explicable por su trayectoria organizativa y su liderazgo en la lucha contra la minería metálica; una lucha que culminó con la prohibición de dicha industria en 2017. Las comunidades y organizaciones que apoyan a los líderes campesinos están convencidas de que la verdadera razón de la persecución es quitarlos de en medio ante un posible retorno de la minería metálica en el país. En El Salvador de estos tiempos, a los victimarios se les protege con la impunidad y se condena al olvido a las víctimas; a los corruptos se les premia y a los honrados se les margina o despide; a los que denuncian los crímenes se les encarcela; a los que defienden la tierra y el agua se les procesa; y a los que destruyen la naturaleza se les alaba. En este momento del país, mentir es la norma y decir la verdad es motivo de escarnio. El desenlace del caso demostrará si la justicia, como en los tiempos de monseñor Romero, solo muerde a los descalzos o si es capaz de resistir los designios de los poderosos, ceñirse a ley y a las pruebas, y en base a ello, liberar a los cinco de Cabañas.