Comisionados juegan a investigadores

Las comisiones legislativas no son el sitio idóneo para investigar la corrupción. Sus integrantes carecen de los conocimientos, la experiencia y los instrumentos para identificar el delito y deslindar las responsabilidades, de tal manera que los culpables puedan ser sancionados conforme a la ley. Las audiencias realizadas hasta ahora no han revelado nada que la prensa no haya publicado antes. Por tanto, el aporte de los comisionados es nulo. Pierden el tiempo y gastan en naderías un dinero que hace mucha falta. Las comparecencias solo sirven para restregarles públicamente a algunos exfuncionarios la recepción de sobresueldos y de fondos públicos para ciertas organizaciones. No a todos, solo a los que figuran en la lista de Bukele. Por tanto, aunque fuera seria, la investigación es arbitraria. Los comisionados no tienen datos sólidos para acusar, sino un guion que seguir, facilitado por Casa Presidencial. Por tanto, la investigación es extremadamente subjetiva. Los comisionados pretenden que los acusados se inculpen voluntariamente. Desconocen la presunción de inocencia, porque se trata de vejar a algunos adversarios políticos para que no decaiga la popularidad del régimen. Por tanto, intentar aclarar los hechos o demostrar la inocencia es inútil. La mejor opción es poner en evidencia la ridícula posición de los comisionados, tal como hizo un antiguo dirigente de un partido, que los colocó en una situación incómoda al usar sus mismos argumentos. La arbitrariedad subjetiva no hace avanzar la verdad, imposibilita la justicia y no repara el daño causado. Los comisionados no convocan a todos los beneficiados con los sobresueldos; en su lista no figuran los funcionarios actuales que los perciben como nombramiento ad honorem. Ni se interesan en todas las organizaciones subsidiadas por el Estado. GANA, el socio de Bukele, y Alba Petróleos, una de sus fuentes de financiamiento, han sido exoneradas. Los nuevos abanderados de la honradez no hace mucho cerraron la posibilidad de someter a escrutinio público los millonarios fondos asignados a la crisis sanitaria. La aprobación expedita del contrato para ampliar la terminal de carga aérea a favor de una multinacional que donó un millón de dólares a GANA es un dato más de la arbitrariedad legislativa. Si el objetivo fuera erradicar la corrupción, los comisionados, en lugar de jugar a jueces implacables de la integridad, revisarían la estructura salarial del Estado para no recurrir a la partida secreta ni a los nombramientos ad honorem, y regularían mejor los requisitos para asignar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Asimismo, eliminarían, de una vez por todas, la partida secreta y levantaría el secreto impuesto sobre las finanzas y las operaciones gubernamentales. Nada de esto sucederá. La labor de las comisiones no pretende combatir la corrupción, sino complacer al amo que les dio el escaño. Es indudable que muchos de los exfuncionarios y sus partidos políticos son responsables directos de malversar el dinero público, de evadir impuestos, de tráfico de influencias, de corrupción y de deshonestidad general. Estas han sido, y continúan siendo, prácticas habituales en la gestión gubernamental. Una diferencia importante entre el ayer y el hoy es que ahora el hermetismo es mucho más férreo, porque Bukele presume de rectitud. En cualquier caso, no compete a los diputados investigar estos delitos ni mucho menos acusar; esas son tareas del fiscal general. Sí les compete interpelar a este funcionario para que explique por qué la judicialización de los casos de corrupción, y también de las desapariciones y de los crímenes de guerra, y las condenas son tan pocas. Semanalmente, Hacienda amontona en la oficina del fiscal expedientes sobre evasión de impuestos, sin que hasta ahora haya aumentado de forma sensible el dinero recuperado. Ni siquiera ha podido concluir el peritaje financiero del proceso contra el expresidente Funes y treinta imputados más. Un caso, por otro lado, de sumo interés para el régimen. La evidente ineptitud fiscal obliga a interpelar a su responsable para que explique al país por qué, como ha dicho, no aceptará “entes, comisiones o lo que sea que pretendan suplantar facultades institucionales”. Las comisiones legislativas no pueden llenar el vacío causado por la inoperancia de Hacienda y del fiscal. Mucho menos cuando la incompetencia es deliberada. Si no, cómo se pueden entender el nombramiento de estos funcionarios. El régimen de Bukele no está interesado en la honestidad, sino en la comparecencia de los presuntos culpables para que, en el mejor estilo de la vieja inquisición, se declaren culpables y así someterlos luego, a modo de penitencia, a la humillación pública. La corrupción es, en gran medida, la causa del descalabro de la hacienda nacional, de la infraestructura de los servicios sociales, de la desigualdad, de la violencia social y de la inmigración. Sin embargo, el régimen de los Bukele, por la cuenta que le trae, no la erradicará. El hermetismo tras el cual se atrinchera es el argumento más categórico. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.