Compromiso empresarial con los derechos humanos

En otros países, muchas empresas priorizan el tema de los derechos humanos en sus planes de responsabilidad social empresarial, pues saben que no es suficiente con la legislación que impone multas y diversos tipos de sanciones. En esa línea, desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene trabajando un tratado vinculante internacional que garantice que las grandes empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Ello implicaría que las personas afectadas en sus derechos por la actividad empresarial sean indemnizadas y exista la posibilidad de abrir juicios contra las transnacionales. Esto último posibilitaría que las naciones en vías de desarrollo, que con frecuencia contratan empresas transnacionales para el desarrollo de sus obras, prefieran a las que pertenecen a países que haya firmado el tratado, para tener así más garantías de obtener mejores resultados en caso de realizar un reclamo. En El Salvador se logró prohibir la minería metálica ante el riesgo de daños ecológicos. Eso es positivo y no se debe cambiar. Los constantes accidentes de las empresas mineras y las condiciones geográficas de nuestro territorio justifican totalmente la decisión. Pero existen otros riesgos vinculados a empresas transnacionales; por ejemplo, vertidos de petróleo, derrames de industrias cañeras y contaminación de fuentes de agua. Los grandes proyectos que promete el actual Gobierno suponen la contratación de empresas transnacionales, las cuales podrían afectar derechos básicos de los pobladores del entorno al construir viaductos, aeropuertos, trenes o potabilizadoras de agua de lagos volcánicos contaminada con minerales pesados. Dado que en la Constitución se reconoce el derecho a la indemnización, la violación del derecho básico a una vida sana por parte de una empresa debería estar sujeto a indemnización. El país se ha negado sistemáticamente a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que ha hecho pensar a muchos en una regresión en el cuidado del medioambiente. Una regresión igual de nociva que la tendencia a declarar reserva de información en muchas de las actividades en las que se contrata a empresas transnacionales. El propio mundo empresarial debería ser consciente de que, más allá de posibles sanciones en un futuro no muy lejano, aprovecharse de tratos con el Gobierno para lucrarse ilegalmente o evadir responsabilidad es fuente de enorme desprestigio social. La apertura de la empresa privada a la transparencia, el desarrollo sustentable y al respeto de la dignidad humana debe ser una cuestión de principios. Exigirlo es ineludible para la ciudadanía que anhela una convivencia sana e incluyente.