Conflicto jurídico y técnico en torno a la implantación de la baliza V16 en España

La implantación obligatoria de la baliza V16 en España plantea un conflicto tanto jurídico como técnico. Desde el punto de vista legal, se cuestiona que el Gobierno español no notificara previamente a la Comisión Europea su intención de imponer este dispositivo como obligatorio, pese a tratarse de una norma técnica con impacto en el mercado interior. Esa omisión podría dar lugar a un procedimiento de infracción por parte de la Unión Europea y, además, abrir la puerta a que los tribunales españoles dejaran de aplicar la norma por no haberse seguido el procedimiento comunitario exigido. En el plano técnico y de seguridad vial, se señalan varias deficiencias relevantes. La orografía española, con abundancia de curvas y cambios de rasante, limita la visibilidad real de una luz situada en el techo del vehículo. También se cuestiona su eficacia durante el día, ya que la señal luminosa perdería capacidad de advertencia bajo luz solar intensa. Frente a ello, el triángulo ofrece una preseñalización física del peligro a mayor distancia, mientras que la baliza únicamente marca la posición del vehículo cuando ya existe contacto visual directo. A ello se suma una importante disparidad normativa internacional. En la mayor parte de Europa el triángulo de emergencia sigue siendo el dispositivo obligatorio, por lo que un conductor español que circule en otros países sin triángulos podría encontrarse en situación irregular, dado que la V16 no está reconocida como sustituto fuera de España. En conjunto, se critica que la gestión legislativa de esta medida ha sido deficiente, con escaso respaldo técnico y sin suficiente coordinación con expertos ni con las instituciones europeas. Según esta visión, gran parte del problema se habría evitado si la baliza V16 se hubiese regulado como elemento complementario del triángulo, y no como sustitutivo.